El establecimiento de un Consejo Rector como órgano encargado de concretar los compromisos asumidos en el Pacto por México es una posible amenaza al ideal del autogobierno y exige de nuestra parte un análisis desde el punto de vista democrático. Para algunos esto es algo intrascendente, mientras que para otros es mejor que pase desapercibido. Y es que si es el Consejo Rector, integrado por parlamentarios pero también por políticos que en este momento no tiene legitimidad democrática alguna –pues no han sido electos a través del voto-, el que termina decidiendo cómo se van a llevar a la práctica los compromisos estipulados en el Pacto por México (incluso redactando las iniciativas de ley), se estaría afectando gravemente la función que tiene asignada el Congreso en nuestra democracia.

Veamos. Más allá de que el Consejo Rector esté integrado por algunos parlamentarios, esto no le dota de legitimidad democrática para tomar las decisiones que se están dejando en sus manos. Se me dirá que dicho Consejo no va a “legislar” y, en esa medida, no hay afrenta al Congreso. Y claro, sólo faltaba que el Consejo “legisle”, lo cual a todas luces es un sinsentido. Sin embargo, no por ello la crítica a la posible usurpación de funciones deja de ser importante.

El Pacto por México es una agenda política que se han fijado las tres principales fuerzas políticas del país -recalco las tres principales más no todas las fuerzas representadas en el Congreso- con la cual podemos estar más o menos de acuerdo o en total desacuerdo, y con ello no hay ningún problema. El problema se puede dar si es que el Consejo Rector termina discutiendo y redactando las iniciativas de ley para que éstas sean sólo aprobadas por el Congreso. Es decir, si se vacía de sentido a la función que tiene éste en una democracia. ¿Cuál es esa función? Ser un espacio en el que todas las fuerzas políticas –y no sólo unas cuantas- puedan deliberar siguiendo ciertas reglas y decidir a través de la regla de la mayoría sobre la forma más adecuada –desde su punto de vista- de cumplir con los principios y reglas establecidos en la Constitución. Ahora bien, la diferencia con el Consejo Rector es que en el Congreso existen reglas sobre el procedimiento de discusión y votación, en el que las minorías pueden hacer valer su punto de vista aun cuando su voz no sea la que al final obtenga el mayor número de votos. En efecto, el número de parlamentarios, el sistema de mayorías y representación proporcional, las reglas del debate etc., tienen como fin que todos los diferentes intereses que existen en nuestra sociedad plural –por una cuestión de respeto y con el objetivo de obtener mejores resultados- se vean plenamente representados, es decir, tengan voz y voto, y sean  directamente confrontados. Además, se trata de discusiones que son públicas, lo que permite al ciudadano conocer la posición de cada unos de los partidos y así tener mayor información a la hora de emitir su voto en la próxima elección. Desde este punto de vista, el establecimiento y cumplimiento de las reglas procedimentales no es una cuestión baladí.

Aquí conecto con mi segundo punto. Algunos partidarios de la “eficacia gubernamental” me dirán que todo esto es una buena teoría, pero que al fin y al cabo las decisiones en el Congreso también se toman sin deliberación pública y por las cúpulas partidarias. Y sí, es verdad que la crisis de la representación parece ser que ha llegado para quedarse. Sin embargo, eso no nos obliga a bajar la puerta del constitucionalismo e irnos a hacer alguna otra cosa que sea más “efectiva”, sino al contrario. Una situación como la que nos presenta el Consejo Rector nos obliga a seguir insistiendo, aunque sea una mera “utopía”, en que el autogobierno es algo que debe tomarse en serio y que si hemos establecido procedimientos para ello, estos deben ser respetados y sustancialmente cumplidos. De igual forma, nos invita a seguir pensando en diseñar mecanismos directos y semi directos de participación popular que no dejen inerme al electorado entre una elección y otra. Desafortunadamente ahora no puedo detenerme en eso.

Llegó al tercer punto. Es cierto que para muchos ciudadanos el país ha estado estancado durante los últimos años y que no logramos obtener lo que quisiéramos. En este contexto decir que “México tiene que avanzar” apela a nuestros deseos más profundos. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, el problema es que “avanzar” significa cosas distintas según la persona de que se trate. Pongo un ejemplo muy sencillo. Para algunos, la democratización de los medios de comunicación pasa por crear una tercera cadena televisiva, sin importar quiénes sean los dueños ni cual sea la línea que sigan. Por el contrario, hay quienes consideran que dicha reforma exige además de la desconcentración, la apertura del espectro a una pluralidad de voces, la creación de una televisión pública y el subsidio de aquellos que muy difícilmente puede acceder a los medios de comunicación, como podrían ser los pueblos indígenas, entre otras cosas. Por ello es que para hacer que “México avance” nuestra mejor solución es el government by discussion. Lo que implica, en primer término, que seamos nosotros (todos) los que discutamos y decidamos. En segundo lugar, que si hemos elegido a ciertos representantes, sean éstos y no otras élites las que lo hagan. Finalmente, que si nuestros representantes no cumplen su cometido existan mecanismos para exigirles que así sea.

Última reflexión. ¿Existe algún mecanismo para exigir que el Congreso cumpla con el proceso deliberativo? En mi opinión sí, aunque en nuestro entorno, hasta donde tengo conocimiento, ha sido poco explorado. Como lo manifesté en algún otro trabajo[1] una de las tareas –entre otras- de la justicia constitucional en una democracia que aspira a tomar las decisiones a través de procedimientos participativos y deliberativos es garantizar que la deliberación parlamentaria se lleve a cabo conforme a los procedimientos y las reglas establecidas en la Constitución y en las leyes respectivas. Esta no es una novedad en otras prácticas constitucionales, tal y como sucede en España. En términos generales, como lo ha manifestado el magistrado del Tribunal Constitucional Manuel Aragón: “al analizar la calidad del procedimiento legislativo es necesario distinguir dos planos diferentes: por un lado, el de la adopción de decisiones parlamentarias, que es donde cabalmente rige el principio mayoritario; por otro, el del procedimiento deliberativo previo a la adopción de la decisión o acuerdo parlamentario, que es donde tiene su cabal asiento el principio de pluralismo democrático” (Voto particular STC 136/2011). Para el logro de estas tareas los tribunales constitucionales tienen en sus manos diferentes instrumentos –comunicativos y coercitivos-. El uso que hagan de éstos dependerá del vicio “deliberativo” que afecte a la disposición impugnada, buscando en la mayor medida posible, que sea el legislador quien remedie sus errores[2].

Roberto Niembro O. Investigador de la ELD. www.analistastc.com Twitter: @rniembro1


[1] Niembro Ortega, Roberto, “Una aproximación a la justicia constitucional deliberativa”, en Juan Pablo Pampillo Baliño (coord.), Obra Jurídica Enciclopédica en Homenaje a la Escuela Libre de Derecho en su Primer Centenario, Tomo de Derecho Procesal Constitucional, México, Porrúa, 2012.

[2] Ibidem.

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