Mario López Valdez (Malova), gobernador del estado de Sinaloa, emitió un decreto el 2 mayo de 2011 mediante el cual reformaba diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de Alcoholes de esa entidad. Específicamente, en el artículo 16 se adicionaban en las fracciones I y VI, la facultad del poder ejecutivo estatal de revocar, bajo criterios poco claros, licencias para la venta de alcohol en aquellos establecimientos públicos que difundieran música, videos o imágenes “tendientes a enaltecer criminales, conductas antisociales o actividades ilícitas”.

La decisión, replicada rápidamente en Chihuahua, vigente en Tijuana y presentada, en la anterior legislatura, como iniciativa en la comisión de justicia de la Cámara de Diputados, se produjo en un entorno caracterizado por el incontrolable aumento de la violencia, la incapacidad gubernamental para instrumentar políticas rentables en el corto plazo y, sobre todo, por el desgaste mediático y político del tema del narcotráfico. En este contexto, la tendencia prohibitiva se utilizó principalmente para aumentar la popularidad o incrementar la legitimidad de algunos gobiernos locales, a pesar de correr el riesgo de vulnerar derechos fundamentales o establecer límites inaceptables a la libertad de expresión.

Así, el pasado 14 de febrero, el pleno de la Suprema Corte resolvió una controversia constitucional presentada por el poder legislativo del estado de Sinaloa, mediante la cual se impugnaba que algunos artículos de este decreto emitido por el ejecutivo estatal invadían la facultad legislativa del Congreso local y violaba el principio de división de poderes, establecidos en la Constitución.

La Corte, en respuesta, declaró la invalidez del artículo16, fracción VI del Reglamento de la Ley de Alcoholes, con el argumento de que prohibir la difusión de música que enaltezca actividades ilícitas no constituye una medida para el combate al alcoholismo, sino que se inserta en el ámbito de la moral pública y el respeto a las buenas costumbres. Lo cual es materia de los Bandos de Policía y Buen Gobierno, competencia exclusiva de los Ayuntamientos. La posible vulneración de la libertad de expresión derivada de la prohibición, estuvo ausente en la discusión ya que el recurso presentado- controversia constitucional- es una figura diseñada para dirimir conflictos entre poderes surgidos por la distribución de competencias. Sin tener la posibilidad de abordar temas sobre los alcances y límites de los derechos fundamentales.

Ahora bien, la ruta pública del proceso que siguió la iniciativa de Malova desde su publicación, su defensa pública, hasta la declaración de invalidez, fue muy distinta a la ruta legal. En los medios de comunicación, el decreto y la declaración de invalidez, fueron interpretados como un revés de la Corte a favor de libertad de expresión y, por otro lado, representantes del gobierno de Sinaloa declararon respetar el fallo, pero no estar de acuerdo con la decisión, ya que el gobierno lo único que buscaba era disminuir y frenar la creciente llamada “narcocultura”.

Por una parte, en la defensa pública que hizo Malova de su decreto, su posición sobre la libertad de expresión fue ambigua y, por otro lado, el decreto reivindicaba, sin mencionarlo, la idea de que la difusión de la música era una de las razones principales del aumento de la violencia. De esta forma, a través de su discurso público estableció que la sociedad y el Estado tenían los mismos objetivos, medios y responsabilidades por los resultados obtenidos de cualquier decisión. Lo que le permitió construir un apoyo social y mediático, a partir del rechazo y criminalización de los intérpretes musicales, frente a la defensa del bien común.

La decisión de Malova negó la existencia de un conjunto de reglas y principios propios de un gobierno democrático, pues a pesar de que ya existían leyes encargadas de garantizar la seguridad de los centros nocturnos, bares y restaurantes, decidió invadir facultades de otros poderes para promulgar nuevas reglas.

Según el sociólogo Robert K. Merton, este tipo de comportamiento se llama anomia: el desprecio de los medios empleados y el énfasis en los fines perseguidos. Es decir, la disociación entre los objetivos que una sociedad esparce entre sus miembros y las capacidades que desarrolla para alcanzarlos. En este sentido, al privilegiar los fines sobre los medios, las reglas pierden toda importancia y son violadas constantemente. El deseo por alcanzar ciertos fines, mediante el uso de cualquier medio para alcanzarlo, sin detenerse en establecer cuáles son los medios adecuados. Por ejemplo, promulgar o derogar una ley para obtener legitimidad, sin respetar la división de poderes o excediendo facultades reglamentarias.

El paradigma del éxito que Malova privilegió a partir de la promulgación su decreto, se define por la aversión a lo institucional, la indiferencia frente al Estado de Derecho y la total negación de la política. De acuerdo con Merton, esto equivale a descuidar lo público, que es el espíritu mismo del Estado.

De ahí la importancia de conocer los fundamentos sobre los que un gobierno construye su concepción sobre el derecho y sus valores democráticos. En este sentido, mientras no se contribuya, mediante el ejercicio del gobierno, a fortalecer la cultura de la legalidad, la batalla cultural que libra el Estado por defender sus principios, ideas y actitudes políticas, va a estar rebasado por las expresiones alrededor del narcotráfico.

El ejercicio de gobierno es lo que define lo permisible y no permisible, lo aceptable y lo inaceptable. A partir de eso, se puede fortalecer la confianza, el sentido de pertenencia y el reconocimiento de la diversidad en una comunidad.

El éxito y transformación de las expresiones culturales del narcotráfico, dependen en buena medida de la victoria o derrota de las construcciones culturales y jurídicas de nuestros gobiernos. Uno de los más influyentes estudiosos de la violencia en Colombia, Daniel Pécault, señala que las expresiones culturales relacionadas con la violencia permanecen, entre otras razones, porque un país no termina de construirse como una sociedad que acepta un Estado con leyes que se respeten.

El narcotráfico y sus expresiones culturales son posibles no por que no exista una ley que las castigue, sino por que cubren necesidades, generan estructuras estéticas, cohesión social y lenguajes deseados, medianamente compartidos entre muchos integrantes de la sociedad.

La posibilidad de que se difunda música que exalte conductas ilícitas o la amenaza de que se tomen decisiones gubernamentales bajo concepciones erróneas de los derechos fundamentales, siempre van a existir. Sin embargo, es posible también que medios, universidades, partidos políticos o sociedad civil contribuyan a reivindicar las decisiones de la Corte donde ubique como pilar del estado de derecho la responsabilidad del Estado por sus actos frente a los ciudadanos.

 

Luis Sánchez Barbosa. Licenciado en derecho por el ITAM y maestro en políticas públicas por la Universidad de Londres. Twitter: @luismoderno

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