El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estudiará este lunes 17 de junio un amparo en revisión que plantea si se debe hacer de conocimiento público las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de los 500 diputados federales. Técnicamente, la Corte tendrá que decidir sobre la constitucionalidad del artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP), el cual establece una regla discrecional para la entrega de dicha información. Materialmente, la Corte tiene la oportunidad de pronunciarse sobre los límites a la vida privada de servidores públicos, el interés público detrás de esta información y cuáles pueden ser los alcances de la actividad fiscalizadora ejercida por la ciudadanía.

De esta manera, además de detectar cambios sustanciales en el patrimonio de un funcionario del Estado, la revisión ciudadana de las declaraciones de situación patrimonial, sirve para identificar conflictos de interés o verificar, incluso, la inexistencia de fraudes fiscales; funge también como un elemento para corroborar la honorabilidad de muchos funcionarios y en el caso contrario, evitar la inelegibilidad al servicio público de personas que han sido condenadas por delitos de corrupción.

La posibilidad de conocer públicamente ciertas declaraciones patrimoniales es un debate pertinente que ha alcanzado umbrales fascinantes. En países con contextos similares al nuestro, como Colombia, ha trascendido el conflicto sobre la inseguridad y se ha obligado a través de la Ley 5ta de 1992 a hacer público el registro de intereses privados de los congresistas; por su parte en Argentina existe una Ley de Ética Pública que permite el acceso ciudadano a declaraciones juradas de los gobernantes. El caso de Estados Unidos es similar al respecto.

Como se aprecia, este caso no carece de contexto, de actualidad ni de pertinencia social o política. De hecho, surge a raíz de una estrategia integral de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C., para impulsar la transparencia en el ejercicio de la función pública. La información sobre las versiones públicas de las declaraciones de situación patrimonial de los 500 diputados federales se requirió vía solicitudes de acceso a la información (artículo 6º constitucional) y vía derecho de petición (artículo 8º constitucional), con respuestas poco alentadoras[1].

transparenciaDesde nuestra perspectiva, permitir que sean los propios servidores públicos quienes decidan si se entrega cierta información implica que la publicidad de la misma, a pesar de ser de interés público, esté sujeta a la autorización de una persona quien podría decidir arbitrariamente y en pleno conflicto de interés. Lo anterior es contrario a nuestra Constitución y legislación sobre transparencia, que obligan a cubrir una serie de requisitos antes de catalogar como reservada o confidencial la información. La información gubernamental es pública en tanto no exista una causa de interés público descrita en ley que lo desvirtúe. A través  de la prueba de daño y la prueba de interés público, la autoridad debe demostrar fehacientemente la existencia de elementos tangibles que repercuten y se ven vulnerados por la liberación de información; en un test de interés público se ponderan valores y derechos fundamentales en función del interés público. Incluso, en casos de reserva, las autoridades están constreñidas a elaborar versiones públicas del documento en los que se protegen datos confidenciales y reservados.

Asimismo, es preciso mencionar que México tiene obligaciones internacionales puntuales en el combate a la corrupción. Nuestro país ha ratificado instrumentos internacionales de carácter vinculatorio que lo constriñen a hacer público el contenido de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios al servicio del Estado.  

¿Qué se argumenta para impedir el acceso?

Alegar la protección a la privacidad y la vida íntima de los diputados federales es la  principal razón por la cual el Comité de Transparencia de la Cámara de Diputados, el Comité Resolutor de los Recursos de Revisión de la Auditoría Superior de la Federación y el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa (instancia judicial que albergó el caso) niegan el acceso a la información.

Lo que dejan de lado estas negativas es que el derecho de acceso a la información pública y el derecho a la protección de datos personales son complementarios. Existen numerosos ejemplos de aparentes contradicciones entre ellos; no obstante, esta exclusión desdibuja el espíritu conciliador de nuestra Constitución. Ambos derechos fundamentales encuentran límites a su goce absoluto según la legislación secundaria.

Además, olvidan el argumento sobre el doble estándar de la protección de la vida privada de todo funcionario del Estado. Los funcionarios del Estado tienen una naturaleza pública por las actividades que realizan y, por ende, están obligados a permitir un control ciudadano de ellas en función del interés público.

Sus labores repercuten directamente en la vida cotidiana, por lo que el desarrollo de sus actividades debe regirse por el principio republicano de la transparencia en los actos gubernamentales y, por tanto, estar sujetas a escrutinio público.

¿Qué está, entonces, en juego con la decisión de la SCJN?

Ante casos de litigio estratégico como este, el Poder Judicial emerge como un actor activo en el proceso de impulsar una democracia sustantiva en nuestro país. Su rol es clave para lograr cambios estructurales. En otras latitudes, los jueces constitucionales han sido muy enfáticos al resolver las tensiones derivadas de la interpretación de derechos fundamentales. En el caso Duplantier v. United States (1979), la Cámara de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos conoció un caso en el que varios jueces federales impugnaron una ley que obliga a la divulgación de información relacionada con su patrimonio porque la consideran violatoria del principio de separación de poderes y de su derecho a la intimidad. La Cámara de Apelaciones consideró que el interés público superaba cualquier noción de interés privado vulnerado por la información revelada y que la división de mandatos en nada se ve trastocada por la legislación disputada.

En Plant v. González (1978), la Suprema Corte del Estado de Florida estableció que el Sunshine Amendment – el cual requería apertura extensiva financiera a todos los oficiales del gobierno electos incluyendo jueces- no intervenía de manera ilegal con la privacidad familiar[2].

En Francia la discusión actual se centra en la moralización de la vida pública; en Colombia se trascendieron falsos argumentos sobre seguridad y publicación de datos patrimoniales. En nuestro país ¿qué tan amplio será el debate de nuestros jueces constitucionales?

Gabriela Aguirre. Investigadora del área de Transparencia y Rendición de Cuentas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C.


[1] Las solicitudes se hicieron en diversas ocasiones a la Cámara de Diputados y a la Auditoría Superior de la Federación con respuestasnegativas. En el caso del derecho de petición, el porcentaje de respuesta fue del 10% (aproximadamente 55 respuestas); de este porcentaje, sólo 1 diputado del Partido Acción Nacional respondió favorablemente.

[2]Entre otras cosas, la Corte concluyó que la apertura financiera (financial disclosure) puede llegar a afectar a la familia, pero lo mismo puede decirse de cualquier acción gubernamental. Dicha apertura no transgrede la armonía constitucional.

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