En las últimas dos semanas, la Suprema Corte atrajo los reflectores debido a dos contradicciones de tesis que llevaron a los ministros a discutir el tema de derechos humanos y el alcance del nuevo artículo 1º constitucional. Lo que estuvo en juego en esta discusión fue una decisión que podría echar para atrás tal reforma o, por el contrario, asegurar su cabal cumplimiento en lo que respecta al Poder Judicial. Los que se decidió, finalmente, fue lo siguiente:

  • Se aceptó el bloque de constitucionalidad (10 votos a 1).
  • Se votó que los límites a ese bloque son las restricciones constitucionales expresas a los derechos ya sean de fuente nacional o internacional (10 a 1).
  • Se aceptó que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) es vinculante para el Estado mexicano, sea o no éste parte en el juicio (6 a 5).

CoIDH

Se ha discutido bastante los primeros dos puntos en la opinión pública, sobre todo que las decisiones adoptadas al respecto podrían llevar a una contrarreforma judicial a la reforma en derechos humanos de 2011. Opinión que, hasta cierto, punto comparto. Es probable que los jueces, sobre todo los jueces renuentes a la recepción e incorporación del derecho internacional, interpreten la constitución de forma restrictiva. No obstante, me parece que las opiniones de Geraldina González y Pedro Salazar son acertadas: al interpretar las restricciones constitucionales no debe suponerse que su validez reside en el criterio de jerarquía normativa sino que éstas sólo prevalecerán cuando resistan un examen de legitimidad. Es decir, que la restricción constitucional, antes de su aplicación, debe pasar por un test de proporcionalidad en cada caso concreto.

Pero considero que el tercer punto que decidió la Suprema Corte esta semana es también bastante relevante y se le ha prestado menos atención. Veamos. Esta decisión amplifica lo decidido en el expediente Varios/912 por la propia Corte en el que se discutió la vinculatoriedad de la sentencia Radilla Pacheco v. México dictada por la CoIDH; la obligación de realizar un cotejo de las normas internas con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y la interpretación que le ha dado la CoIDH a dicha convención, el llamado control de convencionalidad. Lo que resolvió entonces fue que únicamente era vinculante la jurisprudencia interamericana en los casos en los que México fuese parte del proceso contencioso –dejando el resto de las sentencias de la CoIDH como criterios orientadores- y estableció la forma en la que los jueces debían realizar el control de convencionalidad.

En este contexto, entonces, la decisión que tomaron los ministros el martes pasado de reconocer la vinculatoriedad de la jurisprudencia interamericana, es verdaderamente relevante. No se trata sólo de una decisión lógica con una agenda comprometida con los derechos, sino también una que se debió tomar desde hace tiempo. Si nos ponemos estrictos se debió tomar en 1998, cuando se reconoció la competencia contenciosa de la CoIDH. Sin embargo, es hasta ahora que se tomó y existen diversas implicaciones que vale la pena resaltar.

Es importante recordar que la CoIDH es un tribunal internacional y que, como tal, determina si un Estado parte de algún tratado o convención (en este caso de la Convención Americana y los tratados que le reconocen expresamente competencia) ha cumplido o no con alguna de sus obligaciones y en consecuencia declara la responsabilidad internacional de ese Estado. En otras palabras, a pesar de que se pronuncie sobre hechos y procesos que ocurren en el territorio o jurisdicción de los Estados, lo que hace la CoIDH es analizar la conducta de un Estado frente a sus obligaciones convencionales a partir de los tratados de los cuales es competente. No obstante, lo anterior no es suficiente para que la CoIDH se pronuncie sobre la responsabilidad o no de un Estado porque, para ello, es necesario el reconocimiento expreso de la competencia contenciosa de este órgano jurisdiccional. Es decir, un Estado parte de la CADH, que además reconoce la competencia contenciosa de la CoIDH, se obliga no sólo a cumplir con las obligaciones que establece dicha convención sino también la forma en la que ésta se ha interpretado por el órgano máximo de interpretación de ese tratado. Situación que en el caso mexicano se presentó el 2 de marzo de 1981y el 16 de diciembre de 1998 respectivamente.

De esta forma, la CoIDH tiene y tendrá, mientras México sea parte de la CADH, competencia para conocer sobre las posibles violaciones a los derechos contenidos en la Convención en México y nuestro país tendrá la obligación de cumplir con lo establecido en la CADH (que contiene esencialmente normas de derechos humanos y las obligaciones de los Estados para con las personas bajo su jurisdicción). Ahora bien, la jurisprudencia de la Corte Interamericana comprende todas y cada una de las sentencias de la Corte, así como las opiniones consultivas que le sean solicitadas. Dicho esto, este reconocimiento de la vinculatoriedad de la jurisprudencia de la CoIDH en nuestro ordenamiento jurídico interno, establece un sistema de precedentes para los jueces mexicanos al momento de tomar decisiones en materia de derechos humanos.

Esto ayuda a entender por qué esta última decisión de la Suprema Corte es lógica y pertinente. Si México está obligado por la CADH y reconoció la competencia de la CoIDH, es fundamental que tome en cuenta no sólo el texto de la propia Convención sino toda su jurisprudencia a fin de poder realizar interpretaciones de acuerdo tanto con sus obligaciones convencionales a nivel interamericano como con las interpretaciones sobre su contenido y alcance a nivel internacional e interno para poder tener un verdadero y completo bloque de derechos.

Lo anterior me lleva a una reflexión final: al tomar en cuenta el texto de los instrumentos internacionales y su jurisprudencia, probablemente lejos de enfrentar un retroceso estamos ante un avance mayor en el tema del bloque de derechos. La incorporación de esta fuente de derecho internacional puede abrir la puerta para que fuentes distintas a los tratados, que sean igualmente vinculantes para el Estado mexicano, sean incorporadas en nuestro bloque de constitucionalidad (ello sin importar cuál sea su origen).  Esperemos que este sea el tipo de decisiones que orienten a la jurisprudencia en materia de derechos humanos de la Suprema Corte y no las que se abrazan a la jerarquía, la soberanía y las restricciones.

Paulina Barrera Rosales. Estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM y asistente de investigación del SNI. Twitter: @noibaatwittear.