justicia-electoralLa reciente reforma política ha traído nuevas formas, reglas y estructuras en relación con la organización electoral que tradicionalmente conocíamos. Hay temas que saltan a la vista como las candidaturas independientes, el voto de los mexicanos en el extranjero, la nueva fiscalización, la nueva organización electoral nacional comandada por el Instituto Nacional Electoral que es dotada, entre otras, de facultades para que atraiga a su esfera de competencia casi cualquier actividad electoral del ámbito de elecciones locales organizadas por los organismos públicos locales.

Sin embargo, dentro de otros aspectos de la reforma política electoral, sin ser menos importante, nos encontramos con lo relativo a la administración de justicia electoral. Tema más que mediático en días pasados fue, sin duda, lo relativo a los haberes de retiro de los magistrados. Pero en temas de administración de justicia electoral hallamos también lo referente a la nueva organización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ahora contará con siete Salas Regionales y una Sala Regional Especializada con sede en el Distrito Federal.

Con este cambio vemos el aumento de dos salas regionales, además de la creación de la Sala Regional Especializada que conocerá y resolverá de los procedimientos especiales sancionadores, lo cual es una innovación dentro de la competencia jurisdiccional. Si bien es cierto que las Salas Superior y Regionales resolvían en definitiva según el caso estos procedimientos, la resolución primigenia no era producto de ningún órgano jurisdiccional, sino de una autoridad administrativa como el IFE o los consejos electorales locales. Ahora, con las nuevas disposiciones ya ninguna autoridad administrativa emitirá resolución alguna, sólo se encargarán del procedimiento respectivo para dictaminarlo y remitirlo a la nueva Sala Especializada.

Tal asunto no es lo único novedoso de la reforma, respecto la organización de las autoridades jurisdiccionales locales, llama también la atención la naturaleza que se les asigna a éstas en la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en las dos fracciones del artículo 105 que señalan lo siguiente:

I. Las autoridades electorales jurisdiccionales locales son los órganos jurisdiccionales especializados en materia electoral de cada entidad federativa, que gozarán de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. […] II. Estos órganos jurisdiccionales no estarán adscritos a los poderes judiciales de las entidades federativas.

Lo anterior nos obliga a cuestionar cuál es entonces la naturaleza de estas autoridades jurisdiccionales. Antes de la reforma, los tribunales electorales locales formaban parte de los poderes judiciales de cada entidad. Precisamente porque su ámbito de competencia eran las elecciones locales y actuaban como instancia jurisdiccional revisora de la actuación administrativa de los institutos locales. La reciente reforma, sin embargo, no dice que ya no sea una autoridad revisora de esa actuación administrativa, pero sí señala que “ya no están adscritos a los poderes judiciales estatales”. Ahora bien, si no están adscritos a los poderes judiciales locales, entonces a quién estarán adscritos. Es una interrogante que nos debemos de hacer porque con la reforma política tampoco se dijo que estuvieran adscritos al poder judicial de la federación.

Necesariamente tendrá que discutirse, entre otros, aspectos como la dependencia presupuestal, organización estructural, capacitación y si dependerá de una ley orgánica que deberán tener estos tribunales locales o bien si se aplicarán las leyes orgánicas de los poderes judiciales locales como anteriormente sucedía. Otro tema no menor a considerar es que los existentes tribunales y salas electorales locales en su generalidad están integrados por personal administrativo regido por el servicio profesional de carrera, derivado de la judicatura local, y hasta el momento no queda claro si por no estar adscritos a los poderes judiciales locales también cambia su naturaleza en este punto.

Ante la duda fundada del valor que se le dé a la palabra “adscrito”, las dos fracciones del artículo mencionado, al menos en el plano literal, encuentran cierta contradicción. Ya que, por un lado, señala que las autoridades electorales jurisdiccionales locales son los órganos “jurisdiccionales” especializados en la materia electoral y, por el otro, la siguiente fracción señala que no están adscritos a los poderes judiciales de las entidades federativas. Ante esto es válido cuestionar si pertenecerán al poder judicial federal o local, así como la connotación que se le dé al concepto de “autoridad jurisdiccional” ya que la jurisdicción, es la actividad de juzgar y los facultados constitucionalmente para emitir juicios de orden legal son los poderes judiciales.

Es cierto que esta reforma exige que se tengan que adecuar las legislaciones locales y quizá a través de ellas se hagan las aclaraciones pertinentes de acuerdo a la naturaleza propia de una autoridad jurisdiccional. El derecho debe ir respondiendo a la realidad y no al revés. Es necesario entonces adecuar y legislar de la mejor manera para llevar a buen puerto la reforma política electoral y generar certeza en la ciudadanía, confianza en las instituciones y consolidar el nuevo sistema electoral. La reforma política debe continuar tomando puntual nota de las sentencias y criterios que a partir de ahora emitan y formulen las salas y tribunales electorales, ya que éstos serán el termómetro que darán cuenta de los errores y aciertos que deban aclararse en la ley.

Sandor Hernández. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con estudios en Maestría por la Universidad Panamericana. Se desempeña actualmente como Secretario Técnico del Consejo General del Instituto Electoral de Aguascalientes. Twitter: @SandorHdz