No recuerdo si en alguna etapa reciente de la joven democracia mexicana se ha hablado tanto de corrupción como en estos días. La discusión sobre conflictos de interés y corrupción está en todos lados, ha inundado la agenda pública: en cafés, bares, restaurantes, aulas universitarias, (algunos) periódicos, blogs de Internet, debates televisivos, artículos de opinión, comidas familiares, todos hablamos de lo mismo. Y es que no hay semana o día en que no se destape una cloaca más que evidencie la enorme penetración de la corrupción en nuestro sistema político, alimentando con cada vez más ingredientes este tema de conversación pública.

De ahí que los partidos de oposición hayan aprovechado este momentum para proponer distintas iniciativas sobre el tema. Aunque su actuación frente a las casas adquiridas por el presidente Peña a distintos contratistas del gobierno, lo mismo que su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, fue una de las más tibias y vergonzosas en la historia de nuestra democracia, la oposición ha decidido que puede recuperar algo de credibilidad pública legislando sobre el tema.

El Partido Acción Nacional (PAN), por ejemplo, presentó el 4 de noviembre pasado su iniciativa en materia de combate a la corrupción en la Cámara de Diputados. Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó la suya el pasado 12 de febrero. Una parte significativa e importante de la sociedad civil, por otro lado, se ha pronunciado sobre las iniciativas de ambos partidos e incluso ha presentado una propia.

Como lo ha dicho en varias ocasiones el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, la iniciativa de este Partido se trabajó intensamente con diferentes organismos de la sociedad civil, como Red por la Rendición de Cuentas y el Instituto Mexicano de la Competitividad, por lo que la iniciativa del PAN y de estos organismos de la sociedad civil no difiere en mucho.

¿Qué tienen en común la iniciativa de Acción Nacional y el llamado “modelo ideal” elaborado por distintos organismos y personalidades de la sociedad civil? Ambas adoptan el Sistema Nacional Anticorrupción. Es llamado así porque no se trata de un solo órgano o instancia (como propuso Peña Nieto durante la campaña electoral a la presidencia de la República con la famosa Comisión Anticorrupción) que resuelva quejas e investigue, sino de un complejo entramado de instituciones coordinadas y vinculadas que colaboran para prevenir, detectar, investigar y sancionar conductas relacionadas con actos de corrupción.

Ahora bien, las distintas iniciativas prevén mecanismos tanto de control interno como de control externo. En materia de control interno, la iniciativa del PAN busca “revivir” a la Secretaría de la Función Pública[1] (SFP) con todas sus anteriores facultades, además de algunas adicionales. Se busca que su titular sea ratificado por el Senado de la República. La SFP será la responsable de todo el control interno de todas las dependencias del gobierno federal. Cuando detecte faltas menores o no graves, será ella misma quien substancie y sancione; cuando las faltas sean graves, hará la investigación y la remitirá el expediente al Tribunal de Cuentas para que éste sancione la conducta grave.

corruption1En materia de control externo, la iniciativa del PAN busca empoderar a la Auditoría Superior de la Federación. ¿Cómo? Busca eliminar los principios constitucionales de anualidad y posterioridad. Con esto, la Auditoría podría auditar en tiempo real un mal manejo de recursos o podría investigar si se presentara una denuncia sobre alguna desviación en el uso de los recursos públicos. Como se encuentra su diseño actual, la Auditoría Superior es prácticamente inoperante. En estos momentos, está terminando de revisar la cuenta pública de 2013 por lo que, si detectara desviaciones de recursos públicos, sería demasiado tarde para emitir recomendaciones o realizar otro tipo de acciones. Con el esquema propuesto, podría realizar investigaciones y fiscalizaciones en tiempo real, además de emitir recomendaciones para evitar que dichos actos se repitan en un futuro. Contaría también con la facultad de atracción y revisión, lo que quiere decir que si detecta un desvío de recursos grave en una entidad federativa, podría atraer el caso para revisarlo.

Sin embargo, la iniciativa sólo deja a la ASF como un órgano de investigación y deja de ser un órgano de sanción. La ASF elaboraría el expediente cuando encontrara una irregularidad y lo remitiría al Tribunal de Cuentas.

Por otra parte, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (creada en la última reforma política como parte de la Fiscalía General de la República) investigaría presuntos actos de corrupción y los consignaría ante los jueces federales.

La parte sancionatoria del Sistema Nacional Anticorrupción estaría a cargo tanto del Poder Judicial de la Federación como del Tribunal de Cuentas –que es una transformación del actual Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Este Tribunal podría sancionar a funcionarios públicos federales cuyas faltas son graves, a funcionarios públicos locales por irregularidades en el manejo de recursos provenientes de la federación e incluso podría sancionar a particulares que cometan actos de corrupción.  El Poder Judicial de la Federación sancionaría las conductas que impliquen la comisión de algún delito.

Finalmente, la propuesta de Acción Nacional prevé un Comité Coordinador que estaría integrado por un representante de cada una de las instancias que integran el Sistema (incluido el ejecutivo federal y gobernadores de las entidades federativas) más cinco representantes ciudadanos elegidos por el Senado. Dicho Comité coordinaría al Sistema Nacional y a los sistemas locales anticorrupción.

Las diferencias de fondo entre la iniciativa panista y “el modelo ideal” son pocas, pero no poco profundas. La iniciativa del “modelo ideal” (lanzada por 32 organizaciones sociales y distintos actores de la opinión pública en diciembre pasado) rechaza categóricamente la idea del Comité Coordinador, pues está en contra de “que se imponga un Consejo formado por los integrantes de la clase política con el pretexto de promover la ética pública”. También prevé un Tribunal de Cuentas (que sería un órgano constitucional autónomo)  con más facultades que las que plantea la iniciativa del PAN. Entre ellas estaría la de “emitir recomendaciones vinculatorias para corregir problemas estructurales de corrupción” y tendría “acceso irrestricto a todos los sistemas informáticos y bancarios que le permitan  conocer y determinar la información patrimonial de los servidores públicos a nivel nacional”.

La iniciativa del PRD plantea un esquema similar aunque con algunas variantes. En este esquema, sería la ASF quien encabezaría el Sistema Nacional Anticorrupción, pero tendría prácticamente las mismas atribuciones que se le otorgan en las otras iniciativas. Sus integrantes serían nombrados por la Cámara de Diputados. Adicionalmente, propone que el presidente de la República pueda ser acusado por violaciones graves a la Constitución y a las leyes federales, conflicto de interés, entre otros supuestos.

Todas las iniciativas, desde luego, requerirían reformas secundarias a disposiciones existentes y la creación de leyes generales para combatir la corrupción.

Como puede apreciarse, existe una cantidad significativa de coincidencias entre las distintas iniciativas y las diferencias –de forma y de fondo- no son sobre el modelo en sí, sino sobre algunas particularidades (como el Comité Coordinador, que posiblemente terminará no estando en el dictamen final).

No deja de ser al menos curioso que el Partido Revolucionario Institucional no haya tenido prisa por debatir las iniciativas de los otros partidos en el Congreso –como sí la tuvo con todas las demás reformas constitucionales de la presente legislatura. Cabe decir que tampoco ha habido un posicionamiento o pronunciamiento institucional sobre las iniciativas presentadas. Los próximos días serán decisivos para saber el grado de compromiso que guardan los partidos con el combate a la corrupción.

El desencanto actual con el proyecto democrático se explica en gran medida por el hartazgo social de la corrupción de la clase política. La casa blanca, la casa de Malinalco, las casas de los Murat, las deudas de Moreira, los departamentos de lujo de distintos miembros de la clase política, el caso de Oceanografía y los hijos de Martha Sahagún, los permanentes y ofensivos conflictos de interés; todo ello abona al creciente clima de desencanto con nuestra democracia.

Combatir la corrupción no es sólo un mandato constitucional y una exigencia legal; es también una necesidad para reivindicar a la democracia y la credibilidad de nuestra vida pública.

Juan I. ZavalaEstudiante de la licenciatura en Derecho en el ITAM. Twitter: @jzavalagt

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[1] Cabe recordar que con la reforma del 15 de noviembre de 2012, la existencia de la SFP se envió a un transitorio en lo que la Comisión Anticorrupción se aprobaba.