sidhLos órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Comisión y Corte) han tenido oportunidad de pronunciarse en reiteradas oportunidades sobre las obligaciones de los Estados con el fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia por violaciones a derechos humanos. Dicha obligación, en el caso de los países que son parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva de los artículos 8 (garantías judiciales[1]) y 25 (protección judicial[2]), los cuales imponen a los Estados la obligación de proporcionar un recurso idóneo y efectivo para la protección de los derechos de las personas que se tramite en respeto de las garantías del debido proceso y en un plazo razonable. Según se desprende del artículo 1,.1 de la Convención, los Estados están obligados a respetar y garantizar dicho derecho. Además, según el artículo 2 de la Convención, los Estados deben establecer las medidas legislativas, administrativas o de cualquier índole con el objetivo de garantizar tales recursos.

La jurisprudencia de la Corte Interamericana se ha referido al contenido de tales obligaciones en sentencias de numerosos casos. Por su parte, la Comisión Interamericana también ha hecho diversos desarrollos tanto en sus informes de fondo como en informes temáticos especializados. La jurisprudencia ha analizado diversos aspectos que van desde graves violaciones como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas, hasta otro tipo de casos en los cuales existe el incumplimiento del deber de proveer un recurso efectivo, por ejemplo, cuando no se han logrado ejecutar sentencias que reconocen el pago de pensiones, o bien, no se adoptan prácticas judiciales que posibiliten de manera adecuada el acceso a la justicia para determinados sectores. Cabe señalar que gran parte de la jurisprudencia del sistema interamericano, se ha referido al acceso a la justicia por violaciones a derechos como la vida e integridad personal, mientras que un número más reducido de casos se refiere a cuestiones de que tienen relación con el derecho de propiedad, la progresividad de derechos económicos, sociales y culturales o el estado civil de las personas.

Tomando el enfoque propuesto para el tema de Justicia Cotidiana,[3] a continuación se señalan algunas sentencias e informes de fondo o temáticos que podrían contribuir al desarrollo del tema desde la perspectiva del sistema interamericano. En varios de los informes temáticos de la Comisión, además de establecerse estándares específicos, se han identificado algunos obstáculos al acceso a la justicia común en varios Estados de la región, por lo cual también se incluyeron en el listado de materiales. Asimismo, se incorporaron aquellos materiales que analizan la perspectiva específica que deben adoptar las prácticas judiciales para garantizar el acceso a la justicia de determinados grupos en situación de vulnerabilidad, la cual resulta aplicable de manera transversal al tema de acceso a la justicia, sea que se trate de un proceso penal o no penal.

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Jesús de Jesús Orozco Henríquez. Vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Huamnos.

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[1] El artículo 8.1 de la Convención Americana prescribe: “1.    Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.

[2] El artículo 25.1 de la Convención Americana establece: “1.    Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.

[3] Según el portal del CIDE: “Todas aquellas situaciones jurídicas que están presentes a lo largo de la vida de las personas, y que no tienen que ver con temas penales. Es decir, un divorcio, una multa, un despido injustificado, un conflicto vecinal, un cobro de comisiones indebidas, todos son temas que, de alguna u otra manera, requieren de la intervención del sistema de justicia” http://www.justiciacotidiana.mx/swb/JusticiaCotidiana/que_es_justicia_cotidiana