Imagine que usted es un abogado litigante. Su profesión le exige conseguir clientes, estudiar sus casos y hacer todo lo necesario para llevar a buen puerto los litigios de quienes lo contratan. Pero su reputación depende, en última instancia, de cuán efectivo es ante los tribunales. Un día recibe una llamada. Se trata del presidente de un tribunal donde usted frecuentemente litiga. Después de saludarlo, el magistrado comienza con un largo discurso, en el cual le dice a usted lo mucho que valora su trabajo, la dicha que le provoca ser juez en el tribunal y lo mucho que desea continuar aportando al desarrollo de la justicia. Terminado el discurso, el magistrado va al punto: le pide que, por favor, le haga una pequeña “contribución”, pues usted ya sabe que sin ellas es imposible “sobrevivir” en estos tiempos.

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Un observador ingenuo podría pensar que usted está siendo objeto de una vil extorsión judicial. Pero usted sabe que esto no es así. La llamada del magistrado es simplemente parte de su rutina como litigante. Lo que sucede es que usted vive en Estados Unidos, donde en 21 estados los jueces son elegidos mediante elecciones (algunas de ellas, partidistas), donde el dinero privado reina en las campañas y donde dar dinero a los candidatos se considera como parte del ejercicio de la libertad de expresión.  Que un juez pida dinero a los abogados que litigan en su corte puede ser, a lo sumo, una violación al código de ética. Y enfatizo el “a lo sumo”, pues en nueve estados este tipo de solicitudes es perfectamente legal.

Es en este contexto que cobra importancia la sentencia del caso Williams-Yulee v. Florida Bar, en la cual la Corte Suprema de los Estados Unidos –en una cerrada votación de cinco votos a favor y cuatro en contra– declaró como constitucional el Canon 7C(1) del Código de Conducta Judicial del estado de Florida, el cual establece, entre otras cosas, que los candidatos judiciales no podrán solicitar personalmente donativos para sus campañas. La sentencia es relevante no sólo por tratarse de uno de los pocos casos en los que la corte estadounidense ha validado la constitucionalidad de restricciones “de contenido” a la libertad de expresión, sino también porque ilustra muchos de los males relacionados con las elecciones judiciales. En las siguientes líneas sintetizo los hechos del caso, analizo críticamente los argumentos de la mayoría, y termino con una breve reflexión sobre lo que el caso Yulee nos dice sobre las elecciones judiciales.

Los antecedentes de caso: la candidata Yulee y la carta de la discordia

En septiembre de 2009, Lanell Williams-Yulee, una abogada residente en Florida, decidió competir por un lugar en la Corte del Condado de Hillsborough, que en ese momento ocupaba el juez Dick Greco Jr. La primera barrera que Yulee debía pasar eran las elecciones primaras. Como parte de su campaña, Yulee publicó en internet y envió a los votantes del condado una carta en la que describió su experiencia y su deseo de “llevar ideas frescas y soluciones positivas a la rama judicial”. Asimismo, en la carta señaló que “una contribución temprana de $25, $50, $100, $250 o $500 [dólares] […] ayudará a reunir los fondos necesarios para el lanzamiento de la campaña y para hacer escuchar nuestro mensaje”.

Yulee fue derrotada en la elección primaria por Greco Jr., quien obtuvo el 79.9% de los votos. A pesar de ello, la barra de abogados de Florida presentó una queja en su contra por violar la prohibición consistente en no solicitar contribuciones de manera personal.1 La Corte Suprema de Justicia de Florida decidió amonestar públicamente a Yulee y la condenó a pagar los costos del proceso ($1,860 dólares). Para llegar a esta conclusión, la corte estatal consideró que el Canon 7C(1) claramente restringía la libertad de expresión de los candidatos judiciales, pero que dicha medida cumplía con los parámetros del escrutinio estricto (strict scrutiny).2 Esta sería, pues, la decisión que la Corte Suprema de Estados Unidos revisaría en Williams-Yulee v. Florida Bar.

Los argumentos de Corte: intereses estatales apremiantes y estrecha confección

En una votación por demás cerrada, la mayoría conformada por los cuatro jueces liberales de la Corte (Breyer, Ginsburg, Kagan y Sotomayor) y su presidente (Roberts, conservador) estimó que el Canon 7C(1) era constitucional. El razonamiento de la mayoría puede sintetizarse de la siguiente manera. En primer lugar, se estimó que el canon imponía una restricción a la libertad de expresión con base en su contenido y que, por ende, procedía realizar un escrutinio estricto (esto es, el mayor nivel de protección de la primera enmienda).3

Segundo, la mayoría de la Corte estimó que la restricción del Canon 7C(1) buscaba proteger dos intereses estatales apremiantes: mantener la integridad de los jueces y la confianza de la ciudadanía en una judicatura imparcial. En ese sentido, razonaron que los jueces se encuentran obligados a actuar con estricta neutralidad e independencia, por lo que “no pueden suplicar a los donadores sin que esto suponga una disminución de la confianza del público en la integridad judicial”. Después de recordar que la mayoría de las donaciones a las campañas judiciales provienen de litigantes, la mayoría de la Corte enfatizó que la solicitud directa de dinero por parte de los jueces “inevitablemente pone a los individuos a quienes se les solicita dinero en la posición de temer una represalia si es que no apoyan financieramente al candidato.”

En tercer lugar, la mayoría de la Corte Suprema concluyó que la restricción se encontraba “estrechamente confeccionada”, es decir, que no era ni sub-inclusiva (underinclusive) ni sobre-inclusiva (overinclusive). Y es precisamente aquí donde la argumentación de la Corte es menos convincente. Por una parte, Yulee argumentó que la restricción era sub-inclusiva ya que no se restringían otros tipos de actividades que eran igualmente dañinas para la integridad de la Corte: (a) la solicitud indirecta de dinero, esto es, a través de los comités de apoyo a los candidatos y (b) el envío de cartas de agradecimiento por parte de los candidatos a sus contribuyentes.

Sobre lo primero, la mayoría de la Corte razonó que la solicitud directa de dinero por parte del candidato creaba “un riesgo categóricamente diferente y más severo”, pues con ellos se generaba la apariencia de que los jueces sabrían quiénes los apoyaron y quiénes no. Sobre lo segundo, la mayoría reconoció que –como planteaba Yulee– el envío de cartas de agradecimiento le permitía a los candidatos saber quiénes habían donado dinero a sus campañas. Sin embargo, rechazaron este planteamiento al señalar, de manera por demás ambigua, que los intereses del estado de Florida “se encontraban implicados más directamente mediante las solicitudes personales.”

Igualmente cuestionables fueron los argumentos de la mayoría para sostener que el canon no era sobre-inclusivo. En ese sentido, razonaron que la prohibición era la medida menos restrictiva para proteger los intereses señalados, pues sólo se restringía una “pequeña porción” del discurso de los candidatos judiciales y se les dejaban abiertas amplias alternativas para hacer campaña. En palabras de la mayoría: “Los candidatos pueden escribir cartas, dar discursos y poner anuncios publicitarios. Pueden contactar a posibles simpatizantes en persona, por teléfono o por medios electrónicos. Pueden promover sus campañas en radio, televisión u otros medios. No pueden decir ‘por favor, dame dinero.’ Pero pueden, sin embargo, ordenar a sus comités para que lo hagan.”

Finalmente, también rechazaron el argumento consistente en que las reglas de recusación y los límites a las aportaciones de dinero constituían medidas menos restrictivas a la libertad de expresión de los candidatos judiciales. Al respecto, la mayoría argumentó que el funcionamiento de los tribunales se entorpecería si los jueces tuvieran que excusarse de todos los asuntos que involucraran a alguno de sus contribuyentes, amén de una oleada de solicitudes de recusación terminaría por erosionar la integridad de la judicatura. Y, sobre los límites a las contribuciones, la Corte  apuntó que la apariencia de corrupción generada por la solicitud de dinero generaba un problema por sí mismo, independientemente del monto de las contribuciones.

Las lecciones de Williams-Yulee v. Florida Bar

No es difícil advertir las complicaciones que presenta la argumentación de la mayoría.  Los votos de los jueces disidentes (los conservadores Alito, Kennedy, Scalia y Thomas) dan cuenta de ello. Por ejemplo, no queda claro que la restricción en efecto se encuentre estrechamente confeccionada, pues el Canon 7C(1) prohíbe que los jueces soliciten dinero a cualquier persona –no solo a litigantes o individuos que podrían ser parte en un juicio–. Asimismo, si la restricción busca evitar la impresión de que los jueces recordarán quiénes fueron (o no) sus contribuyentes, parecería que también debería prohibirse el envío de cartas de agradecimiento a los contribuyentes. Finalmente, no hay una argumentación sólida de por qué, en los hechos, la solicitud de dinero por parte de los comités de campaña de los candidatos no tendría un efecto similar (o de plano idéntico) a una solicitud personal por parte del juez.

Pero más allá de las deficiencias argumentativas, el caso Williams-Yulee v. Florida Bar muestra que es casi imposible encontrar un balance entre la independencia judicial y la elección popular de los jueces. Parecería que, por más loables que sean, regulaciones como el Canon 7C(1) pretenden tapar el sol con un dedo. Como bien apuntó el juez Scalia: para que haya elecciones judiciales tiene que haber campañas judiciales, y para que haya campañas debe haber financiamiento, y para que haya financiamiento alguien tiene que pedirlo. Resulta absurdo meter de lleno a los jueces al juego electoral (y partidista), pero al mismo tiempo esperar que los candidatos judiciales no sigan las estrategias de quienes aspiran a un cargo legislativo o ejecutivo. La democracia electoral tiene sus virtudes, pero también sus defectos. Por eso creo que, si valoramos la independencia judicial y pensamos que el poder judicial debe jugar cierto papel contra-mayoritario, las elección popular de los jueces es una mala idea.

Javier Martín Reyes. Abogado por la UNAM y politólogo por el CIDE. Actualmente realiza estudios doctorales en la Universidad de Columbia. Twitter: @jmartinreyes


1 Específicamente, la barra acusó a Yulee de incumplir con la Regla 4-8.2(b) de la normativa que regula a la barra de abogados Florida. Dicha regla establece que los candidatos judiciales deben cumplir las reglas aplicables del Código de Conducta Judicial de la Suprema Corte de Justicia de Florida, entre las que se encuentra, por supuesto, el mencionado canon 7C(1).

2 En general, son tres los niveles de escrutinio que emplean las cortes estadounidenses: (1) el escrutinio de base racional, (2) el escrutinio intermedio y (3) el escrutinio estricto. En este último caso, la medida bajo análisis debe buscar salvaguardar un “interés estatal apremiante” y, además, estar “estrechamente confeccionada.” En el caso particular, la corte de Florida concluyó que la prohibición (a) buscaba proteger intereses estatales apremiantes, esto es, mantener la integridad de los jueces y la confianza de la ciudadanía hacia ellos, y  (b) estaba estrechamente confeccionada, pues aislaba a los candidatos de las actividades consistentes en solicitar y recibir fondos, pero al mismo tiempo les daba amplias alternativas para recabar los recursos necesarios para sus campañas.

3 En la parte que nos interesa, la Primera Enmienda establece que “El Congreso no hará ley alguna por la que […] coarte la libertad de palabra o de imprenta”. En sentido estricto, sólo dos jueces de la mayoría (Kagan y Sotomayor) compartieron la argumentación relativa a la pertinencia del escrutinio estricto. En un voto concurrente (al que se unió Breyer), Ginsburg señaló que, desde su perspectiva, no era correcto realizar un escrutinio estricto, pues las elecciones judiciales son “sensiblemente diferentes” a las elecciones por otros cargos de elección popular. Roberts, por su parte, simplemente indicó que no compartía el apartado donde se razona la pertinencia de realizar este tipo de escrutinio.

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