En 2009, se instaló la primera corte de drogas del país en Nuevo León, bajo el nombre de Tribunal para el Tratamiento de Adicciones (TTA). Durante 2014, el programa se extendió a otros cuatro estados de la República: Morelos, Estado de México, Chihuahua y Durango. De acuerdo con el gobierno federal, para 2018 debe haber TTA instalados en todas las entidades.

Pese a este ambicioso plan, la información de las autoridades es escasa, por lo que surgen muchas preguntas: ¿En qué consisten las cortes de drogas? ¿Qué hay detrás de este modelo? ¿Cuál es su origen y los objetivos para los que fue creado? ¿Por qué se decidió instalarlo -y expandirlo- en México? Y lo más importante: ¿cómo está operando en nuestro país?

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A lo largo de este texto trataré de responder de manera breve cada una de estas interrogantes que, por supuesto, son objeto de un estudio mucho más amplio. Además mostraré algunos hallazgos respecto a las cortes de drogas mexicanas que indican que están operando como un mecanismo criminalizador en contra de los simples usuarios de drogas, en particular de los usuarios de mariguana.

¿Qué son las cortes de drogas?

Son un tipo de mecanismo de derivación para usuarios de drogas en conflicto con la ley. Surgieron en los años ochenta del siglo XX en Estados Unidos a raíz de la gran cantidad de personas arrestadas y procesadas por delitos de drogas como una vía para canalizar su atención. Los objetivos de las cortes de drogas eran despresurizar el sistema carcelario, evitar la reincidencia y reducir la criminalidad.

Para ello, el mecanismo utilizado es otorgar a la persona sujeta a proceso por la comisión de un delito la opción de ingresar a la corte de drogas en lugar de que se le imponga la sanción que normalmente se le asignaría por el ilícito cometido (cárcel, por ejemplo). A cambio, debe entrar en un tratamiento bajo supervisión judicial constante.

Actualmente, en Estados Unidos hay más de 2,800 cortes de drogas y se han extendido a países como Australia, Nueva Zelanda, Noruega, Inglaterra, Escocia e Irlanda. En América Latina, región en donde existe un grave problema de encarcelamiento masivo de personas por delitos de drogas, también se han expandido, en gran medida, gracias al impulso de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de Estados Americanos (OEA).

¿Cómo se han adoptado en México?

El antecedente de la instauración del programa piloto de cortes de drogas en México fue justamente producto de una iniciativa de la CICAD para promover este modelo en distintas ciudades de Europa, América Latina y el Caribe (EU-LAC “Alianza de ciudades en tratamiento de drogas”). Así se dio el contacto de las autoridades de Nuevo León con los organismos internacionales que brindaron sensibilización y capacitación para la instalación del primer TTA en 2009. La etapa de expansión, en cambio, ha sido impulsada durante este sexenio principalmente por el gobierno federal desde la Subsecretaría de Prevención y Atención Ciudadana de la Secretaría de Gobernación en coordinación con las respectivas autoridades locales. De esta forma, tan sólo durante el año pasado se instalaron TTA en otros cuatro estados de la República.

El programa de TTA en México tiene como objetivos utilizar nuevos mecanismos para resolver conflictos penales, reducir el consumo de drogas y disminuir la reincidencia delictiva.1 Únicamente está dirigido a personas que por primera cometieron un delito no grave, siempre y cuando exista un vínculo entre el consumo problemático de drogas y la comisión del delito, y se cuente con la participación voluntaria de la persona procesada. El procedimiento siempre debe ser bajo la modalidad de juicio oral y debe contemplar un plan de reparación del daño.2 Además, funcionarios del gobierno federal encargados de promover el modelo han reiterado que el programa, a diferencia del modelo original de cortes de drogas de EE.UU., no se enfocaría en los simples usuarios de drogas, sino en las personas que hayan cometido un delito bajo la influencia de sustancias o con el fin de adquirirlas.3

Las cortes de drogas no son tribunales especializados. En México funcionan como un programa dentro de los tribunales ordinarios bajo la figura de suspensión condicional del proceso a prueba. Esto significa que el juicio se suspende durante el tiempo en que el juez determine que el imputado debe estar dentro del programa de TTA (18 meses, por lo general). El programa consiste en someterse a tratamiento (ambulatorio o residencial) para mantenerse en abstinencia de la sustancia que supuestamente lo llevó a cometer la conducta delictiva. El participante se somete a constante revisión del juez y es éste quien determina si está o no cumpliendo con el programa. Si el imputado tiene alguna recaída, el juez lo puede sancionar ampliando el tiempo de tratamiento, aumentando la frecuencia de las revisiones, ordenando su arresto administrativo por algunos días o incluso expulsándolo del programa. Si la persona concluye exitosamente el programa, entonces el proceso se da por terminado; de lo contrario, debe continuar.

Si bien es necesario crear alternativas, este modelo dista mucho de ser el mecanismo idóneo para usuarios de sustancias en conflicto con la ley por varias razones. Por ejemplo, el hecho de que sea el juez quien decida sobre el tratamiento; que éste se base siempre en la abstinencia; que se tienda a incrementar la persecución de los casos en aras de mostrar que el TTA funciona; o que se elijan asuntos con mayor probabilidad de éxito (personas que presentan consumos menos problemáticos) en perjuicio de casos de usuarios con problemas más graves y, por ello, se les dificulte más cumplir con el programa.

Resultados de la operación de las cortes de drogas en México

El principal criterio que se ha utilizado para determinar la conveniencia de instalar o no un TTA en determinado estado es el avance de la entidad en la implementación de la reforma penal. Si bien es un criterio fundamental dada la figura procesal bajo la que operan, no se ha hecho un diagnóstico acerca de otros factores relevantes, como información acerca de los patrones de consumo y la relación entre éste y la comisión de delitos en cada entidad, así como la oferta de tratamiento con la que cuentan.

De acuerdo con las autoridades locales y el gobierno federal, se trata de un programa que opera sin recursos adicionales.4 Por su parte, la embajada de EE.UU. afirma que desde 2009 la Iniciativa Mérida ha proporcionado asistencia técnica para la creación y expansión de los TTA y contribuyó con $2.5 millones de dólares de la Iniciativa Mérida a la OEA para la implementación nuevos tribunales en otros estados.5

Todos los estados han firmado un convenio de participación entre las autoridades locales de procuración e impartición de justicia, las autoridades en materia de salud y las instancias correspondientes del gobierno federal. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el manual de operaciones. Por ejemplo, Chihuahua y el Estado de México no contaban con uno al momento de iniciar sus trabajos y hasta marzo de este año seguían sin tenerlo. Esto pese a que, por ejemplo, el programa del Estado de México comenzó en agosto de 2014. Es decir, ambos TTA llevan meses trabajando y atendiendo casos sin un manual de operaciones.

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Los resultados son aún menos alentadores. El TTA de Morelos reportó que las primeras personas que entraron al programa fueron cuatro hombres, de los cuales tres están acusados por posesión simple de mariguana; dos tienen 22 años y el otro 24. La otra persona fue derivada por robo de tubería de cobre. Además, se determinó que todos son adictos a la mariguana.6

De igual manera, en sus primeros ocho meses de operación, el programa del Estado de México contaba con nueve participantes, todos ellos hombres cuyas edades van de los 21 a los 34 años de edad que fueron enviados por el “delito daños contra la salud (sic) en la modalidad posesión simple, por la sustancia cannabis”.7 Mientras tanto, los participantes de Chihuahua son cinco, también derivados al TTA por la posesión simple de mariguana; sus edades van de los 18 a los 36 años.8

El programa en Nuevo León parece operar de manera distinta, pues durante estos años se ha dedicado a atender, en su mayoría, casos de consumo problemático de alcohol vinculados con violencia intrafamiliar, aunque también hay un TTA especializado en adolescentes del que no existen datos. En tanto, hasta la fecha el Poder Judicial de Durango no ha proporcionado información de su TTA.

Estos resultados contradicen la manera en que el gobierno aseguró que operarían los TTA. No están atendiendo a personas que hayan cometido un delito no grave bajo el influjo de alguna sustancia o para obtenerla. Las cortes de drogas mexicanas, al menos las que se han instalado durante la etapa de expansión, están enfocadas en atender jóvenes usuarios de mariguana (el promedio de edad de los participantes es de 24.7 años) por el sólo hecho de ser poseedores sin que hayan incurrido ninguna otra conducta delictiva. Esto asimila más a los TTA con las cortes de drogas estadounidenses, que se crearon para atender a los simples consumidores de drogas, que al modelo que el gobierno mexicano promueve.

Cabe recordar que aunque en México el consumo no está penado, en la práctica quienes rebasan -aunque sea mínimamente- las cantidades permitidas por la Ley General de Salud son acusados por el delito de posesión simple.9 Es justo a estas personas a quienes dichos Tribunales están dirigidos. Esto significa que los TTA están reforzando una lógica de criminalización10 hacia los consumidores, especialmente a los más jóvenes, quienes son castigados y sobre los que se ejerce la fuerza punitiva del Estado por el simple hecho de ser poseedores.

De continuar expandiendo estos mecanismos, es indispensable que las autoridades competentes brinden información actualizada de manera constante y creen mecanismos de evaluación externa y permanente en torno a  la operación del programa.

Tania T. Ramírez. Licenciada en Derecho por el CIDE. Twitter: @tan_tlacaelelt


1 Berenice Santamaría González, Tribunales para el Tratamiento de Adicciones en México y su prospectiva (Presentación de Power Point, CONADIC, octubre de 2014).

2 Ibíd.

3 Declaraciones del entonces Director General de Participación Ciudadana de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación. En: Lorena López, “Para los adictos, cortes especiales en vez de cárcel”, Milenio, 25 mayo 2014.

4 Respuesta a solicitud de información 093062014.

5 Embajada de los Estados Unidos en México, Hoja informativa. Reducción de la demanda de drogas (Fecha de consulta: mayo 2015).

6 Respuesta a solicitud de información 00415814. Énfasis original.

7 Respuesta a solicitud de información 0037/SEGEGOB/IP/2015

8 Respuesta a solicitud 011672015.

9 Ver, por ejemplo, Catalina Pérez Correa & Coletta Youngers, eds., En busca de los derechos usuarios de drogas y las respuestas estatales en América Latina (México: CEDD, 2014).

10 En sentido estricto, criminalizar es tipificar determinada conducta. Sin embargo, Eugenio Zaffaroni hace una distinción  entre criminalización primaria y secundaria. Con la primera, se refiere a la formalización del carácter punible  de una conducta, es decir, a la codificación de la misma. Por criminalización secundaria, entiende la forma en  que la acción punitiva es ejercida sobre personas concretas. De esta manera, la criminalización actuaría en dos  dimensiones: sobre la conducta en general, y sobre ciertas personas o grupos en particular, a las que las  instancias de justicia persiguen selectivamente.
Eugenio Raúl, Zaffaroni, Estructura básica del derecho penal (Buenos Aires: EDIAR, 2009).