La Carta de las Naciones Unidas prevé el derecho al veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad en su artículo 27. En la práctica, el ejercicio de este derecho no ocurre de manera frecuente. Lo sucedido el pasado mes de julio —cuando Rusia vetó dos proyectos de resolución ante el Consejo de Seguridad— fue, además de excepcional, sumamente controversial, no sólo por el tiempo transcurrido entre una resolución y otra, sino además por el contenido de las mismas. El primer voto negativo tuvo lugar en el marco de la presentación ante el Consejo de la resolución que pretendía reconocer que la matanza de Srebrenica, en julio de 1995, fue un genocidio; el segundo, fue sobre la resolución que aspiraba crear un tribunal internacional para perseguir y sancionar a los autores del derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines en 2014. Ahora bien, los miembros del Consejo suelen dar una explicación de su negativa; sin embargo, generalmente estas declaraciones no contienen las razones de fondo. Este artículo trata de profundizar en cuestiones políticas y jurídicas que pudieron afectar ambas determinaciones.

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Primer veto

El primero de estos vetos fue ejercido el 8 de julio de 2015, en contra de la adopción de la resolución que habría aceptado el genocidio de Srebrenica; un paso que la resolución veía como un elemento necesario para continuar con el proceso de reconciliación en Bosnia y Herzegovina. El texto también pretendía reafirmar la importancia de las lecciones aprendidas tras dicho fracaso de las Naciones Unidas como Organización y su determinación de adoptar acciones tempranas, así como medidas preventivas eficaces, para impedir que una tragedia de tal magnitud vuelva a ocurrir en cualquier parte del mundo.

La federación Rusa defendió su posición argumentando que la resolución, tal y como estaba planteada, resultaría en detrimento de la reconciliación en Bosnia y Herzegovina. Existen dos perspectivas desde las cuales se puede analizar la postura rusa, las cuales demuestran que esta negativa tiene como fin proteger a Serbia, lo cual consecuentemente se traduce en beneficios económicos y estratégicos para Rusia.

El punto de vista político nos obliga a atender no sólo a la agenda de política exterior de Putin, sino también a los intereses de Serbia en el tema, pues estos últimos tienen una gran influencia en la determinación de la posición de Rusia en este tema en particular. Lo anterior se debe a que Rusia y Serbia son aliados por excelencia: su relación beneficia directamente al interés de Putin de mantener control en los Balcanes ya que, en tanto los rusos mantengan este lazo con Serbia, les será más fácil logar un rechazo generalizado de la influencia occidental en la región. Para mantener ese rechazo, Moscú ha optado por fortalecer el nacionalismo en Serbia, razón principal detrás del apoyo incondicional de Rusia a la determinación de Serbia de negar que lo sucedido en Srebrenica constituye un genocidio. Serbia tiene sus propias razones para negar dicha aserción, como su propia reputación nacional y el posible deterioro del proceso de reconciliación; sin embargo, ninguna de estas razones tiene un peso en la determinación del veto de Rusia.

Al analizar la negativa rusa desde el punto de vista jurídico, se puede ver que también en este ámbito el veto de la resolución tiene consecuencias positivas para Serbia. Catalogar lo sucedido en Srebrenica como una serie de delitos del orden doméstico, y no como genocidio, tiene una repercusión enorme por dos razones fundamentales: a) el nivel de gravedad que tienen los crímenes internacionales es mucho más alto que el de los delitos perseguidos a nivel nacional y b) hacer una errónea calificación de los hechos deja de lado a miles de víctimas que nunca serán reconocidas como tal y, por ende, no obtendrán la reparación a la que tienen derecho, que en este caso englobaría desde saber lo que verdaderamente ocurrió con sus familiares, hasta obtener justicia y medidas de satisfacción, compensación y garantías de no repetición por parte del gobierno Serbio. La comisión del crimen de genocidio resulta más grave que un homicidio (figura que sería imputada a nivel nacional) ya que el autor del delito no sólo dio muerte a una o más personas, sino que además lo hizo con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo y su conducta ocurrió “en el contexto de una pauta de conducta dirigida a [ese] grupo”.1 En consecuencia, el bien jurídico protegido por este crimen no es un bien jurídico individual (la vida) sino uno colectivo; es decir, la existencia de determinados grupos. Es por ello que se dice que este tipo de crímenes afecta la consciencia de la humanidad en su conjunto.

Segundo veto

Posteriormente, el 29 de julio de 2015, Moscú votó en contra de la resolución que pretendía establecer un tribunal internacional para procesar a los responsables del ataque en contra del vuelo MH17 al este de Ucrania, ocurrido en julio de 2014.

El proyecto de resolución fue presentado por Australia, Bélgica, Malasia, Países Bajos y Ucrania, Estados que han conducido una indagatoria conjunta sobre el incidente hasta el momento (en función de la nacionalidad de las víctimas). Considerando los avances de dichas investigaciones, el proyecto de resolución planteaba que el equipo conjunto de investigación informara al Consejo de Seguridad de forma plena y periódica sobre los progresos de la indagatoria, al mismo tiempo que instaba a una pronta finalización de la investigación técnica internacional.

Durante la sesión, Rusia acusó a otros países de promover la politización de la votación, puso en duda la imparcialidad de la investigación –en particular a Ucrania por impedir el involucramiento de Rusia en la misma- y su argumento principal en contra de la creación del tribunal fue que éste supondría el riesgo de politizar “aún más” el incidente. No obstante, el representante ruso dejó de lado elementos importantes de contexto alrededor de su determinación, entre los que destacan:

1. Desde que ocurrió el derribo del MH17, al interior de Rusia se ha realizado una campaña de propaganda para culpar a Ucrania y a Estados Unidos del incidente. Dicho esfuerzo ha rendido sus frutos ya que, de acuerdo con una encuesta realizada por la organización independiente rusa Centro Levada, únicamente el 3% de la población en Rusia considera que los separatistas pro-rusos en el este de Ucrania son los responsables de haber disparado los proyectiles que derribaron el vuelo MH17. Lo anterior es relevante, pues Rusia podrá controlar los medios dentro de su territorio y crear una idea falsa de lo sucedido, pero el establecimiento de un tribunal necesariamente llevaría al esclarecimiento de los hechos, existiendo la posibilidad de que se demostrara una realidad contraria a la presentada en la prensa rusa.

2. El proyecto de Estatuto que se hubiera adoptado -de haberse aprobado la resolución- tenía una disposición (artículo 7) que establecía que los jefes de Estado o de gobierno, e incluso los oficiales de gobierno, no tendrían inmunidad. En principio, se podría suponer que el Kremlin pensó en proteger a los nacionales rusos involucrados con el derribo del MH17. Esa teoría considera elementos importantes, como el que Rusia no suele extraditar a sus nacionales ni es parte de la Corte Penal Internacional; es decir, siempre mantiene el derecho de juzgar y sancionar a sus nacionales bajo sus propias leyes. El que Rusia no ceda la jurisdicción de sus nacionales a otros Estados dice mucho, pues cederla a un órgano internacional es mucho más delicado por el escrutinio al que se sometería. Además, se podría sentar un precedente contrario a la posición rusa que apoya la idea de que el principio de inmunidad de jefes de Estado es un principio general de derecho internacional, que debe ser respetado a toda costa.

3. Otro país celoso de la jurisdicción sobre sus nacionales, sobre todo tratándose de órganos internacionales, es Estados Unidos (que tampoco es parte de la CPI) que siempre ha sido congruente en los mensajes que da a la comunidad internacional en este sentido. Rusia siempre ha observado celosamente la práctica de “excepcionalismo” estadounidense y con el veto de la resolución de referencia, Putin busca el mismo trato para sus nacionales; más aún, enviar una señal de que no está dispuesto a ceder en un plano en el que Estados Unidos está lejos de ceder.

En ambas ocasiones, Rusia decidió adoptar una posición pragmática que beneficia directamente a sus intereses de debilitar, de algún modo, la influencia y credibilidad estadounidense, a pesar del altísimo costo para la comunidad internacional. Desgraciadamente, al truncarse la adopción de las resoluciones mencionadas, la Organización de las Naciones Unidas dio un paso atrás, enviando una señal a los autores de crímenes internacionales de que persiste un clima de impunidad y seguirá existiendo mientras los intereses políticos de algunos Estados continúen teniendo más peso en este tipo de determinaciones.

Aline Cárdenas Solorio. Maestra en Derecho Internacional por The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University.


1 UN Doc. PCNICC/2000/1/Add.2 Documento de elementos de los crímenes de la Corte Penal Internacional.