El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos humanos en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana. De esta manera, El Juego de la Suprema Corte presenta esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos.


suprema-corte

1. México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos1

En este asunto, la Corte mexicana analizó qué medidas deben adoptarse para la recepción y cumplimiento de la decisión tomada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en las sentencias de los casos Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú contra México.

Los ministros discutirían, en una primera parte, el papel de las restricciones constitucionales como elemento para desligar la obligatoriedad de las sentencias de la CoIDH.

La primera votación fue sobre si era obligatoria la sentencia que se estaba analizando, bajo la idea de que México había sido Estado parte.2 Se resolvería que sí. Segunda votación, ¿los precedentes de la CoIDH obligan o no cuando el Estado mexicano no es parte? Se decidió que sí.3

Reiterado esto, que ya había sido motivo de decisión en la contradicción de tesis 293/2011, pasarían a analizar las obligaciones en específico señaladas en las sentencias de la CoIDH.

Primeramente, se analizó cómo debe operar el control de convencionalidad ex officio en un modelo de control difuso de constitucionalidad, para lo cual retomaron, entre otras consideraciones, lo determinado en el caso Radilla Pacheco y en la contradicción de tesis 293/2011.

Se anexaría lo resuelto en la contradicción de tesis 1046/2012,4 resuelta el 16 de abril de 2015, donde se indicó que los órganos que están realizando control concentrado, pueden realizar control difuso, siempre que se trate de las normas procesales con las cuales actúa, no con las normas sustantivas que estén siendo discutidas en el propio proceso.

Igualmente, la decisión de la contradicción de tesis 21/2011, sobre la naturaleza constitucional de una contradicción entre un tratado internacional y una ley secundaria, cuando se trata de violaciones prima facie a derechos humanos.5

Luego se abordó lo relativo a la restricción interpretativa del fuero militar que ha sostenido la CoIDH, donde se dijo que frente a situaciones que vulneran derechos humanos de civiles, bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar, porque cuando los tribunales militares conocen de actos constitutivos de violaciones a derechos humanos en contra de civiles, ejercen jurisdicción no solamente respecto del imputado, el cual necesariamente debe ser una persona con estatus de militar en situación de actividad, sino también sobre la víctima civil, quien tiene derecho en ese sentido a participar en el proceso penal, no sólo para efectos de la respectiva reparación del daño, sino también para hacer efectivos sus derechos a la verdad y a la justicia.6

Se dieron tres decisiones más, que de la lectura de las sesiones resulta un poco oscuro el contenido concreto, debido a ello exponemos las líneas generales de sus contenidos.

Sobre el tema de tortura, la decisión imprime una serie de principios y directrices que deben observar los jueces nacionales, ya federales ya locales, en los casos donde se denuncie y se combatan prácticas inhumanas o degradantes, o bien, en los que se tenga conocimiento de tales violaciones a los derechos humanos.

Otro tema importante aprobado, fue el asegurar el derecho humano de acceso a la tutela jurisdiccional conforme a una impartición de justicia con perspectiva de género, tomando en cuenta la especial situación de vulnerabilidad de las personas indígenas, máxime cuando además se está en el caso de menores de edad, quienes por esa sola circunstancia deben ser sujetos a la mayor protección estatal posible.7

Finalmente, medidas administrativas derivadas de las sentencias en estudio.

2. IFT y reserva de ley8

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) emitió una regulación sobre portabilidad numérica, y el Congreso de la Unión argumentaba que con ello se estaba violentando el principio de reserva de ley, ya que se regulaban cuestiones que no se encontraban previstas de forma expresa en la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión.

Se analizaron varios temas. Primero. ¿Tiene el IFETEL competencia para emitir esa reglamentación? ¿Al IFETEL no le corresponde una facultad reglamentaria? La Corte resolvería que sí tiene competencia, porque que no le corresponde esa facultad reglamentaria. Esto por dos razones.

A. Porque el acuerdo impugnado que establece reglas para la implementación de portabilidad, no está incluido en ningún ámbito material preservado por el principio de reserva de ley.

B. La conclusión de que por regla general no resulta aplicable el principio de reserva de ley a la regulación del IFETEL se basa: 1º. En las razones del constituyente permanente de crear un órgano con poderes de regulación independiente de los entes regulados. 2º. En la línea precedentes que progresivamente habían ampliado las facultades de regulación de la extinta COFETEL, el IFETEL no guarda una relación de subordinación con el legislativo.9

Segundo: ¿El NIP es un requisito adicional para acceder a la portabilidad? Se argumentaba que era suficiente la presentación por parte del usuario del formato de solicitud de portabilidad debidamente requisitado, con lo cual el usuario en un mismo documento y, en un solo momento, tenía la posibilidad de identificarse y expresar su voluntad, colmando así los dos requisitos que la ley pide para solicitar la portación. La inclusión de la validación o confirmación de un NIP por medios distintos, como el mensaje de texto o la llamada telefónica, implicaba un requisito adicional.10

Se resolvería que es justamente a través del NIP que el IFETEL busca validar ambos requisitos legales, mediante un sistema que empodera al usuario para impulsar por sí mismo y sin la presión de los proveedores, todo el proceso de portabilidad.

Se reconoció por la Corte que los requisitos de identificación del usuario y su voluntad, son regulables y justamente el NIP es una forma de regulación de los mismos. El NIP se consideró un mecanismo que no contradice a la ley y que conforma una cuestión regulatoria, permitiendo proteger al usuario para reservarle la libre decisión de impulsar la portabilidad, en una forma automatizada que evite las cargas y costos generados por la validación documental, al igual que introduciendo un principio de orden, que permite al regulador controlar la eficiencia de la portabilidad en los términos del artículo 28 constitucional. Adicionalmente, subrayó la Corte, existe una cláusula habilitante hacia el IFT para: “Promover que se haga a través de medios electrónicos”.

Por último, se analizaron los siguientes temas, definidos todos como regulatorios, por lo cual el IFETEL tenía facultad para desarrollarlos:

1. Cambio de domicilio cuando el usuario no quiere cambiar de número telefónico y conservando al proveedor.

2. Proceso de portabilidad en forma presencial o por medios electrónicos. Específicamente el formato de portabilidad, que utiliza información esencial del usuario y de la línea de teléfono a portar, junto con información normativa sobre derechos del usuario.

3. Posibilidad de que el proveedor receptor se haga de la información del usuario por diversos medios electrónicos.

4. Tratándose de la portabilidad fija el proveedor receptor debe contar con infraestructura para recibir al usuario para que opere en su favor el plazo de las veinticuatro horas.

5. Requisito del NIP, desde la perspectiva de la obligación de los proveedores de habilitar gratuitamente el código 051

3. Diseño federal. Extinción de Dominio11

El Estado de Coahuila había establecido en su legislación la procedencia de la acción de extinción de dominio, para el caso del delito de facilitación delictiva. Dos preguntas giraron en torno a este caso: ¿pueden los Estados legislar sobre extinción de dominio?, ¿cuáles son los delitos con los que se puede asociar esta figura?

El primer tema que analizó la Corte fue si las entidades federativas podían legislar sobre extinción de dominio.12 La discusión residió en la extensión de la concepción de la delincuencia organizada, por la relación que guardan estas dos figuras en la Constitución la cual necesitaba definirse. Para lo anterior debían analizarse dos caminos.

Primero, considerar a la delincuencia organizada en sentido amplio, que significaría abarcar a la extinción de dominio, lo que haría a ésta una materia reservada al Congreso de la Unión, quien es el único que puede legislar sobre  delincuencia organizada.

Segundo, una concepción restringida al delito de delincuencia organizada, que si bien es facultad del Congreso de la Unión, la Constitución no da indicativo alguno sobre reserva de ley en el tema de extinción de dominio, y al indicarse en la propia Constitución13 que aquello que no está reservado a la federación le corresponde a los Estados, entonces estos últimos, si podrían legislar sobre ello.

Esta segunda concepción fue la adoptada por la Corte, por lo que Coahuila —y los demás Estados de la República— sí tenía facultad para legislar sobre ella, a excepción de su relación con el delito de delincuencia organizada.

El segundo tema fue en específico, la liga de procedencia que se había generado entre la acción de extinción de dominio y el delito de facilitación delictiva.14 Definida la facultad de los Estados para legislar, ¿era posible que se ligara a esta figura con el delito indicado arriba?

La Corte resolvería que la Constitución15 establece una descripción taxativa sobre los delitos en relación de los cuales procede la extinción de dominio –delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas-, en el presente caso, no se trataba de ninguno de estos delitos, por lo que la legislación de Coahuila debía ser considerada inconstitucional.16

4. Fiscal. Derechos

¿Se debe pagar una contraprestación por actividades de supervisión y vigilancia estatales?17 Se estaba analizando la constitucionalidad del pago anual que se debe hacer por la inspección y vigilancia que lleva a cabo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a las entidades auxiliares de crédito —como los centros cambiarios, transmisores de dinero o sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas— a fin de prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que se considera una función preventiva de interés público, enfocada en la identificación de los delitos relacionados con terrorismo, terrorismo internacional y lavado de dinero.

El proyecto argumentaba que las entidades auxiliares se consideran como las beneficiarias inmediatas de estos servicios, porque en la medida en que se constate el cumplimiento de las disposiciones legales, podrían seguir contando con su registro para llevar a cabo las transacciones financieras que tienen autorizadas, lo cual justificaba el pago del derecho.

Sin embargo, se resolvería que a pesar de que la supervisión es un servicio público que genera beneficio a la sociedad en general, no se puede afirmar que reciba un beneficio quien efectivamente va a ser supervisado y vigilado, y que por esa razón se tenga que pagar el servicio. En ese sentido, la Corte consideraría el pago inconstitucional.

5. Derecho de acceso a la información. Derecho a la defensa18

El presente asunto se encontraba enmarcado en un juicio de amparo, donde la autoridad ha rendido su informe justificado, pero calificado alguno de los documentos en él como clasificados o reservados.

Entonces surge la pregunta, ¿a efecto de la defensa de la persona, dada esta importante serie de documentos exhibidos por la autoridad y que pueden afectar el futuro de la decisión del juez, el ciudadano debe o no tener acceso a esos documentos calificados como reservados?

Dicho de otra manera, ¿el juez puede autorizar, en algunos casos, que las partes tengan acceso a la información, no obstante haber sido calificada como confidencial o reservada?

Dentro de las primeras cosas que tuvo presente la Corte para resolver es que la revisión de la constitucionalidad de la calificación de reserva o confidencialidad de una información, es facultad del órgano garante indicado en la Constitución no los jueces, por lo que decidir sobre lo anterior debía no afectar este diseño constitucional e invadir facultades de otras autoridades.

Sin embargo, en el caso concreto, como dijimos arriba, se trata de documentos exhibidos mediante informe justificado, por parte de la autoridad responsable dentro de un juicio de amparo y, por tanto, están en juego derechos importantes como el de prueba como presupuesto del debido proceso, por lo que, como expuso la Corte, se tenía que analizar y resolver de tal manera, que no se deje en esta de indefensión a la persona afectada.

Por tal motivo, la Corte decidiría que el juez de distrito, bajo su responsabilidad, puede excepcionalmente permitir el acceso a la información esencial contenida en esos documentos, a fin de que se tenga conocimiento y se pueda hacer valer lo que derecho convenga; para lo cual, en cada caso, debe realizar la prueba del daño e interés público para tomar su decisión y que la información reservada o confidencial, que se decida pueda ser conocida por las partes —información que se considerará para todos los efectos como información reservada en posición de particulares— pueda ser usada para su defensa, pero mantenida bajo estricta confidencialidad.

6. Procedencia del amparo indirecto19

El objetivo del presente asunto era determinar si procede y en qué momento, el amparo indirecto20 en contra de los actos de autoridad en los que se determine declinar o inhibir la competencia.

Se resolvería que dicho juicio procedería en el momento en que la autoridad a favor de la cual se declina la competencia la acepta o cuando el órgano requerido se inhibe del conocimiento de un asunto, ya que ambos son el momento cuando se afectaría personal y directamente la esfera de derechos del interesado. En resumen, ambos casos importan la definitividad de la decisión y el acto de autoridad.

Víctor Manuel Collí Ek. Investigador de la Universidad Autónoma de Campeche y responsable del proyecto de investigación: “La vigencia de la Constitución en la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional” 154998, CONACYT-SEP, del cual el presente estudio es un producto. www.victorcolliek.com  Agradezco los acertados comentarios recibidos por parte de mis compañeros del Grupo de Investigación “Derechos Humanos y Problemas Constitucionales”, radicado en la UAC.


1 Expediente varios 1396/2011. Ponente Min. Alberto Pérez Dayán. Sesionado los días 21, 23 y 27 de abril y 11 de mayo de 2015.

2 Unanimidad de 11, votos, sesión del 21 de abril de 2015, p. 38.

3 Mayoría de 8 votos, sesión del 21 de abril de 2015, p. 41.

4 Para una explicación un poco más extensa consultar numeral 5 aquí.

5 Unanimidad de votos sobre la propuesta modificada, sesión del 23 de abril de 2015, p. 18. Una explicación más profunda del nuevo sistema de control constitucional y convencional, la encontramos aquí.

6 Mayoría de 9 votos, sesión del 23 de abril de 2015, p. 54. Ya que se discutía sobre si incluir en el considerando una revisión de la regularidad constitucional del texto vigente del artículo 57 fracción II del Código de Justicia Militar, no prosperó. (Seis votos, sesión del 23 de abril de 2015, p. 54)

7 Resulta interesante la intervención de la Min. Olga Sánchez Cordero en la sesión del 11 de mayo, especialmente las páginas 10-12.

8 Controversia Constitucional 117/2014. Ponente Min. Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena. Sesionada los días 30 de abril y 7 de mayo de 2015.

9 Unanimidad, p. 32, del 7 de mayo de 2015.

10 Esta y las argumentaciones que suceden. Unanimidad de votos, sesión del 7 de mayo de 2015, p. 69.

11 Acción de Inconstitucionalidad 33/2013, sesionada el día 12 de mayo de 2015. Ponente Min. Jorge Mario Pardo Rebolledo.

12 Sesión del 12 de mayo, p. 12. Seis votos a favor de la propuesta.

13 Artículo 124.

14 “los que están vigilando e informando sobre el movimiento de personas o de corporaciones de seguridad pública en cualquiera de los tres órdenes de gobierno”

15 Artículo 22.

16 Sesión del 12 de mayo de 2015, p. 20, nueve votos por la propuesta modificada.

17 Contradicción de Tesis 96/2014, ponente Min. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Sesión del 19 de mayo de 2015, p. 53, mayoría de seis votos en contra de la propuesta.

18 Contradicción de Tesis 121/2014, ponente Min. José Fernando Franco González Salas, sesionada el día 26 de mayo de 2015. Unanimidad de 11 votos a favor de la propuesta modificada, p. 62.

19 Contradicción de Tesis 293/2014. Ponente Min. José Fernando Franco González Salas. Sesionada el día 28 de mayo de 2015. Mayoría de 8 votos a favor de la propuesta modificada.

20 Artículo 107, fracción VIII de la Ley de Amparo vigente. En el intermedio se daría una discusión interesante sobre la posible inconstitucionalidad de la norma jurídica en específico, por exceder las hipótesis consideradas en la CPEUM. Sin embargo, fue una discusión dejada de lado.