“…la afirmación de los derechos humanos deriva de un cambio radical de perspectiva, característico de la formación del Estado moderno, en la representación de la relación política, es decir, en la relación Estado-ciudadano o soberano-súbdito: relación que es observada cada vez más desde el punto de vista de los derechos de los ciudadanos y no de los súbditos, antes que desde el punto de vista de los poderes del soberano, en correspondencia con la visión individualista de la sociedad, según la cual para comprender la sociedad es necesario partir de la base, es decir, de los individuos que la componen, en oposición a la tradicional concepción orgánica, según la cual la sociedad como todo está antes que los individuos”

Norberto Bobbio, El tiempo de los derechos

El pasado 8 de abril en el Senado de la República se discutió y aprobó por unanimidad una de las más importantes reformas constitucionales en materia de Derechos Humanos del país. La reforma aprobada se encuentra ahora en la Cámara de Diputados para seguir su cauce en el proceso de reforma constitucional. Es decir, tendrá que ser revisada y discutida allí, para que en caso de aprobarse, pase a los Congresos de todos los estados de la República. Una vez que 17 de ellos aprueben la reforma, el texto de la Constitución será modificado. Falta todavía pues un camino que recorrer. Confiamos en que una reforma de tal envergadura verá agilizado su trámite.

Efectivamente, se trata una de las reformas constitucionales más importantes en materia de Derechos Humanos y sin temor a exagerar digo que una vez aprobada, ésta reforma implicará una nueva era para el sistema de derechos en nuestro país. Es posible dividir la reforma en tres rubros para explicar su alcance:

1) Inclusión de derechos y principios: En la reforma se establece como obligatoria la educación en el respeto de los derechos humanos (art. 3), se incluye el derecho de asilo (art. 11), se prohíbe la celebración de tratados internacionales que alteren derechos humanos (art. 15), se establece que el sistema penitenciario estará basado en el respeto a los derechos humanos (art. 18), se reconoce el derecho de audiencia de los extranjeros (art. 33), y se establece que la política exterior mexicana tendrá como principio el respeto, protección y la promoción de los derechos humanos (art. 89).

2) Comisión Nacional de los Derechos Humanos: La reforma amplía las facultades de la CNDH (art. 102B) en dos sentidos: en primer lugar, le traslada la facultad de investigar violaciones graves a los derechos que hasta ahora ejerce la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La realidad es que esta facultad ha servido de poco en manos de la autoridad jurisdiccional, debido a que no tiene un efecto vinculante, restándole autoridad y legitimidad a la Corte. Mas la facultad de investigación  en manos de la CNDH, le daría la posibilidad de actuar de oficio o a petición de parte y aunque tampoco tendría efectos vinculantes, la CNDH podría presentar las denuncias que correspondan. En segundo término, la reforma refuerza la tarea de la CNDH al establecer como obligatoria la respuesta a las recomendaciones que ésta emita y la comparecencia ante el Congreso de la Unión de la autoridad señalada, cuando ésta no aceptase la recomendación para explicar sus razones ante nuestros representantes.

Asimismo, la reforma incluye la posibilidad de que la CNDH solicite, a través de una acción de inconstitucionalidad, la revisión de las inconsistencias de leyes contra tratados internacionales de derechos humanos  (inciso g de la fracción II del artículo 105). Esta reforma cobra especial importancia pues se trata de una reacción de los legisladores respecto la decisión del 4 de marzo pasado de la Suprema Corte, donde se limitó sensiblemente la competencia de la CNDH en este rubro. Con esta reforma se altera también la interpretación que ha hecho la Corte del artículo 133 respecto de la jerarquía de los tratados internacionales, pues con esta modificación al 105 y la reforma al artículo 1°, que adelante explico, se establecerá de forma clara que los tratados internacionales de derechos humanos tendrán la misma jerarquía que la Constitución. De manera que una vez entrada en vigor la reforma, las tesis recientes de la Corte en estos dos rubros dejarán de tener vigencia.

3) Sistema de derechos humanos: Si bien se trata únicamente de la reforma al título del capítulo y de la reforma y adición de los artículos 1° y 29, ésta es la parte más significativa de la reforma. Esto es así porque refuerza el carácter garantista de nuestra Constitución y porque amplía de forma importante el catálogo de derechos humanos vinculantes directamente ante nuestras autoridades. En concreto, la reforma establece un bloque de constitucionalidad[1], es decir, a través de la reforma se logra la sistematización jurídica de todas las normas materialmente constitucionales, esto es, todas aquellas normas que por su materia, tienen carácter constitucional o fundamental (derechos humanos u organización del poder) y que no necesariamente son formalmente constitucionales, es decir, que no se encuentran en el texto.

Respecto del artículo 1° se pueden señalar los siguientes cambios:

a) Los derechos humanos reconocidos vía tratados y que ya forman parte del orden jurídico mexicano, adquieren protección y reconocimiento a nivel constitucional. Es decir, los derechos humanos de carácter internacional se vuelven vigentes y directamente vinculantes para todas las autoridades. Además, se establece que ello deberá ser conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Es decir, que los derechos humanos deberán ser siempre entendidos como iguales para todos; que los derechos dependen unos de otros y por ello deberá vigilarse que tanto para su protección como para su limitación no se lastimen otros derechos; que los derechos no son fragmentables pues tienen un núcleo escencial que debe ser siempre respetado y protegido totalmente; y que se debe tomar en cuenta siempre el momento histórico para satisfacerlos, es decir, que para interpretar las normas de derechos humanos, la autoridad deberá atender a la realidad.

b) Se establece por medio de esta reforma el principio de “interpretación conforme”[2], lo que no sólo fortalece, sino que da coherencia al sistema de protección de derechos en nuestro país. Si consideramos que México tiene cerca de 100 tratados de derechos humanos firmados, podemos darnos una idea de la amplitud a la que se expanden nuestros derechos. Además de eso, la reforma al artículo 1° coloca a México en el plano internacional, pues como parte del Sistema Interamericano de Protección de Derechos, no podía quedar fuera del proceso de interdependencia y unificación de los derechos humanos que existe, no sólo en nuestro continente, sino en el mundo.

c) Se adiciona un párrafo al artículo 1° donde se establece que todas las autoridades tendrán la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, ello implica no solamente el reconocimiento del principio de vinculación a los derechos humanos, materiales y formales, sino el ingreso formal de la función objetiva[3] de los derechos en el sistema mexicano. Esto implica que los derechos ya no son entendidos simplemente como garantías frente al Estado[4], sino que son vistos como valores que irradian a todo el sistema jurídico. Es decir, en el ejercicio de las competencias legislativas, ejecutivas o jurisdiccionales, la autoridad sólo podrá actuar dentro del ámbito permitido por los derechos. Con esta inclusión los derechos se convierten en barreras o en normas de competencia negativa. Con ello cambia la perspectiva, los derechos continúan siendo garantías para la persona, mientras que para el Estado, se convierten en límites. Por otro lado, la concepción valorativa de los derechos implica que éstos serán entendidos como decisiones de valor objetivo bajo los cuales el orden jurídico debe crearse, aplicarse e interpretarse. Se entiende pues que los derechos son el sistema de valores de la comunidad y que el Estado es responsable de ellos. Y esa responsabilidad, implica, también, acciones positivas por parte de las autoridades.

d) En congruencia con lo anterior, la reforma incluye la obligación del Estado para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Esto implica que, por un lado, la autoridad no sólamente debe abstenerse de limitar y permitir el ejercicio de los derechos, sino que además debe realizar acciones positivas para protegerlos. La autoridad deberá realizar tareas para prevenir las violaciones a los derechos, ello implica que en el ámbito de sus competencias, todas las autoridades deberán promover su respeto. Con la reforma, se reconoce en México la función de protección de los derechos que va más allá de la clásica comprensión de los derechos como barreras. Además, resulta importante que se reconozca la obligación del Estado de reparar en caso de transgredir algún derecho, así como la obligación de investigar y sancionar, ello relacionado con la nueva facultad investigatoria de la CNDH, adquiere especial relevancia. La adición de éste párrafo al artículo 1° requerirá de ulterior desarrollo vía una ley reglamentaria, especialmente para efectos de la reparación.

Por último, la reforma dota al artículo 29 de límites y claridad a la facultad para suspender ciertos derechos en caso de emergencia o desastre. La reforma garantizaría de forma textual que ciertos derechos –como la vida, la integridad corporal, la nacionalidad, la no discriminación- no podrán ser suspendidos o restringidos aún en la peor catástrofe natural o la guerra. La reforma posibilita que se determine si es necesario suspender o solamente restringir ciertos derechos, además de que exige que esto se haga atendiendo a ciertos principios a los que dicha declaración deberá apegarse, tales como su justificación racional o proporcional y a la compatibilidad, concordancia y complementariedad con las normas de derecho internacional. Se establece que la suspensión o restricción deberá ser por un plazo determinado y que será sólo el Congreso de la Unión quien pueda aprobarlo. Además, se establecerá que los decretos que emita el Ejecutivo serían sometidos a revisión de la Suprema Corte de Justicia mediante un procedimiento expedito. Ello garantizaría el estricto apego al principio de legalidad y respeto a los derechos humanos en las tareas que un Estado debe realizar para hacer frente a una amenaza excepcional.

Para hacer realidad la norma constitucional, hay que hacerla vigente y efectiva.  Para ello, la norma constitucional debe ser entendida como un acto de voluntad siempre actual y no solamente como un acto legislativo. Una Constitución no es más que la formulación de lo que a través del consenso se logra en una asamblea constituyente. En realidad la vigencia de la Constitución descansa en la fuerza normativa[5] de ésta, es decir, en su capacidad de regular y disponer efectivamente en la realidad.

De aprobarse esta reforma, México entraría de lleno al escenario internacional y contemporáneo de la protección de los derechos humanos. Es cierto que la reforma por sí sóla no generará ningún cambio si los destinatarios de ella no la hacen realidad, pero la verdad es que la Constitución es una norma de todos, no sólo de las autoridades. De manera que si queremos vivir verdaderamente en el tiempo de los derechos, nosotros, los titulares de ellos, debemos ser los responsables de cuidar y exigir la garantía de los derechos, y no sólo de los nuestros, sino de los de todos.

Geraldina González de la Vega. Constitucionalista y ensayista. Actualmente realiza estudios de posgrado en Alemania.


[1] El concepto de Bloque de Constitucionalidad proviene de Francia, donde fue desarrollado a partir de la década de los setenta. Se entiende como el conjunto de principios y reglas de valor constitucional para designar el conjunto de normas situadas a nivel constitucional, cuyo respeto se impone a la ley. Louis Favoreu. El Bloque de Constitucionalidad. Revista del Centro de Estudios Constitucionales.  Num. 5. enero-marzo 1990. pag. 45 en adelante.  Siguiendo la idea häberliana del desarrollo de las etapas textuales del constitucionalismo, el concepto se trasladó a España, donde ha tenido un desarrollo jurisprudencial, influyendo directamente en el constitucionalismo latinoamericano. Encontramos el concepto de bloque constitucional en Colombia vía el artículo 93, Argentina en su artículo 75, Chile en su artículo5 fracción II, Ecuador en su artículo 17, Nicaragua en su artículo 46 y Venezuela en el 23. Con esta reforma, México estaría reconociendo textualmente este concepto. Aunque ya lo haya hecho por la vía jurisprudencial para referirse al “bloque de constitucionalidad del Distrito Federal en materia electoral”. 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XXV, Mayo de 2007; Pág. 1641; [J]. Registro No. 172524.

[2] La “interpretación conforme” implica que cuando el interprete tenga varias posibilidades para interpretar una norma, deberá privilegiar aquella que mejor se apegue a la Constitución. En este caso, la que mejor se apegue a las normas sobre derechos humanos. Ésta ha sido reconocida en México por la vía jurisprudencial. La más reciente en las decisiones sobre el llamado “divorcio express” Tesis: 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XXXI, Febrero de 2010; Pág. 2845; [T.A.]. Registro No. 165274.

[3] Sobre este tema es fundamental: Peter Häberle. Die Wesensgehaltgarantie des Art. 19 Abs. 2 Grundgesetz (La garantía del contenido esencial del artículo 19 apartado 2 de la Ley Fundamental de Bonn). Parte de esta obra se encuentra traducida al español en: La Libertad Fundamental en el Estado Constitucional. Ed. Comares. Granada, 2003.

[4] La ya clásica clasificación de los status de Georg Jellinek sigue vigente para explicar esta diferencia entre los ámbitos de los derechos –con todo y las pertinentes críticas hechas por Konrad Hesse y Peter Häberle en el sentido de ser formalistas y especializantes, así como perder de vista la realidad en la que los sujetos de derechos viven-: Status negativus, Status positivus, Status Activus. Ver: System der subjektiven öffentlichen Rechte. 2. Aufl. 1919. P.87  y P. 94 y ss. (Sistema de los Derechos Públicos Subjetivos.)

[5] Sobre este tema es básico: Konrad Hesse. Grundzüge des Verfassungsrechts. 20 Aufl. 1999. (parte de esta obra se encuentra traducida en: Escritos de Derecho Constitucional. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1992.)

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