El martes pasado, el presidente Enrique Peña Nieto firmó un paquete de iniciativas para reformar la Constitución y el código civil federal, a fin de reconocer el derecho de todas las personas a contraer matrimonio, sin importar el sexo de los contrayentes, y facilitar los trámites de concordancia sexo-genérica a nivel registral.

El mensaje es importante y valiente: el Poder Ejecutivo en México es aliado de las personas LGBTTIQ y está dispuesto a proteger sus derechos y libertades. Me alegra, aunque me también me preocupa el riesgo de estar ante una mera simulación.

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La iniciativa de reforma constitucional del Presidente supone incorporar al artículo 4 constitucional la siguiente frase: “Toda persona mayor de dieciocho años tiene derecho a contraer matrimonio y no podrá ser discriminada por origen étnico o nacional, género, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, preferencias sexuales, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana”.

Esto es, la iniciativa pretende, por un lado, constitucionalizar el derecho a contraer matrimonio y, por otro, prohibir la discriminación en relación a la propia institución matrimonial. Dicho en otras palabras, la iniciativa de reforma no pretende nada. Al menos, nada nuevo.

Desde agosto de 2010, la Suprema Corte de Justicia, en un ejercicio de mera interpretación constitucional, se ha pronunciado reiteradamente sobre el derecho a contraer matrimonio y la prohibición de excluir del mismo a las parejas del mismo sexo. Ello a partir del derecho de igualdad, recogido en el artículo 1 constitucional que desde junio de 2011 dispone: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana…”.

Esto no significa que la iniciativa del Presidente suponga crear un nuevo derecho constitucional, sino que pretende explicitar lo que ya estaba previsto en otras porciones normativas del mismo orden. Si en retórica es “tautología” la repetición innecesaria de un pensamiento usando palabras similares, aquí podemos decir que estamos ante una “tautología constitucional”.

Tengo muchas dudas sobre la necesidad de explicitar todo en la Constitución, de seguir abigarrándola. Además, me preocupa que haya quien piense que, para ser democrática, una decisión judicial debe “constitucionalizarse”. Creo que ello deriva de la mala comprensión de lo que es una Constitución y del papel que juega la interpretación en el orden jurídico. Creo también que entender así el orden constitucional menoscaba el papel de los intérpretes de la norma.

El presidente Peña, además, propuso reformar el código civil federal para permitir a las parejas del mismo sexo casarse. La reforma me parece deseable y sin duda será de enorme utilidad para las parejas gay… que pretendan casarse en un consulado. Es decir, ¿qué pasan con aquellos que pretendan contraer matrimonio en los estados de la República? Esa es otra historia.

Diré lo obvio: el presidente no tiene facultades para iniciar leyes o reformas a nivel local. Las iniciativas presentadas no tendrán impacto alguno sobre los órdenes locales, no motivarán reformas a los códigos civiles y familiares de los estados ni “harán realidad los matrimonios igualitarios a nivel nacional” —como afirmaban las notas periodísticas de ayer—.

Incluso, la reforma al artículo 4 constitucional no cambiará nada para las miles de parejas gay que quieren contraer matrimonio en la mayoría de los estados de la República. Bienaventurados quienes viven en la Ciudad de México, Coahuila, Quintana Roo, Chihuahua y, recientemente, Michoacán. Desafortunados quienes viven en los otros 26 estados y que, al querer contraer matrimonio, tienen y tendrán que promover un juicio de amparo en contra de las normas que les restringen el acceso al mismo. Lo diré una vez más: de aprobarse las iniciativas del presidente, la necesidad de promover un juicio de amparo no cambiará.

Seamos críticos antes de aplaudir las buenas intenciones de un gobierno. Contribuyamos técnica e inteligentemente. La lucha por la igualdad y el respeto a las minorías sexuales lo exige.

Julio Manuel Martínez Rivas. Abogado (ITAM) y colaborador de la Ponencia del Ministro Cossío en la Suprema Corte. Twitter: @julio_mr1

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