Uno de los pendientes más relevantes del Senado de la República es, sin duda, el nombramiento de la nueva integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta será la última ocasión en la cual se renueve en su totalidad este órgano jurisdiccional, ya que la duración en el encargo de los nuevos magistrados será diferenciada en tres, seis y nueve años, con la finalidad de que en el futuro la renovación se haga de manera escalonada. Esto significa que la nueva integración servirá básicamente para el proceso electoral de 2018, ya que en 2019 se renovará una parcialidad de la Sala Superior. Así, los senadores deben tener presente que lo que están eligiendo es un Tribunal Electoral para el 2018. Y nada más.

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Una nueva integración total del Tribunal Electoral presenta varios retos importantes para los nuevos magistrados. El principal será que, sin liderazgos preestablecidos, esta nueva generación de jueces electorales tiene pocos referentes para acelerar su curva de aprendizaje respecto su flamante labor. Es decir, con una renovación completa de su integración, el Tribunal Electoral empezará desde cero con menos de un año de que inicie el proceso electoral de 2018.

Ahora bien, la primera parte del proceso de designación, correspondió a la Suprema Corte de Justicia al definir en siete ternas a los veintiún candidatos escogidos de una lista original de 142 provenientes de los Tribunales Colegiados de Circuito, de las Salas Regionales del TEPJF y de tribunales locales y órganos electorales. Si hacemos el esfuerzo por clasificar el perfil de los candidatos, encontramos que son dos los que se destacan: el de “juez de alto nivel” y el de “experto electoral”. Como nota negativa en la conformación de las ternas, vale señalar la ausencia de candidatos con perfil académico, sobre todo si se considera que en integraciones pasadas se contó con abogados como Manuel González Oropeza y José de Jesús Orozco Henríquez, investigadores de tiempo completo en la UNAM.

Analicemos estos perfiles a los que nos referimos. Respecto de los candidatos con el sello de “juez de alto nivel”, una de las ternas se integró exclusivamente con magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito, con lo cual se asegura que al menos uno de los nuevos integrantes cumplirá con dicha cualidad. Otros magistrados se encuentren distribuidos en otras ternas, lo que en su momento podría permitir que otros jueces de alto nivel lleguen a ocupar el cargo de magistrado electoral. Considero que es sumamente importante que se elija más de un magistrado que provenga de Tribunales Colegiados de Circuito para contar con quienes sepan mediar entre actores poderosos, con un profundo conocimiento de la argumentación jurídica y, sobre todo, con una rigurosa formación técnica y ética que les permita poner a la justicia y al derecho por encima del contexto político en que se desarrolle la elección.

Los magistrados que provengan del perfil de “juez de alto nivel” tendrán la carga de aportar la certeza y legalidad en el proceso, enfrentándose al problema de no ser técnicos expertos en materia electoral. Quienes resulten seleccionados con este perfil deben tener una trayectoria honorable y de indiscutible imparcialidad, pues ésta es la racionalidad que ha llevado a nuestro sistema político a judicializar las elecciones. Por lo anterior, el escrutinio del Senado respecto de sus trayectorias debe ser profundo, para asegurar que ninguno de los que finalmente resulten elegidos tenga el más mínimo viso de parcialidad hacia algún partido o grupo político, de lo contrario se perderían las ventajas de llamar a estos jueces de alto nivel a responsabilidades diversas a las que forman el centro de su carrera.

El otro perfil que predomina en las ternas es el de “experto en materia electoral”. Para elegir a los candidatos que integran las ternas, la Suprema Corte realizó un proceso de purificación, en la cual se evitó que consejeros electorales del INE en funciones, el titular de la FEPADE y otras personas con responsabilidades polémicas previas accedieran a la fase final. Los candidatos que integran las ternas finales son aquellos que pasaron los varios filtros y vetos de los ministros a cierto tipo de perfil de figuras públicas. A pesar de los filtros de la Corte, estos candidatos, a diferencia de aquellos de carrera judicial, tienen mayor cercanía a los partidos políticos por la propia naturaleza de su trabajo, por lo que será un reto grande encontrar en las ternas a los mejores técnicos electorales alejados de los intereses de los partidos políticos, aunque el resultado más probable es que al final tengan lazos con grupos y partidos políticos. No obstante, estos “expertos en materia electoral” tendrán la responsabilidad de ayudar a sus compañeros con perfil de “juez de alto nivel” en los temas técnicos y racionalidades de la materia electoral de las cuales los otros se verán carentes en un inicio.

Además de los dos perfiles mencionados, existe una terna con candidatos que no responde necesariamente a ninguno de ellos y que se encuentra conformada por Carlos Emilio Arenas Bátiz (presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León), Daniel Cabeza de Vaca (ex consejero jurídico, ex procurador general de la República y ex consejero de la Judicatura Federal) y José Luis Vargas Valdez (ex titular de la FEPADE). De esta terna ninguno cuenta con un perfil electoral sólido, ni con un perfil judicial de alto nivel. Los tres tienen un currículum más cercano al derecho penal y recientemente han desempeñado funciones más administrativas que jurisdiccionales. Esta terna seguramente funcionará como un espacio de negociación para los acuerdos dentro del Senado y deberá tenerse cuidado con el hecho de que por lo menos uno de estos candidatos esta abiertamente relacionado con un partido político.

El reto es muy grande y el tiempo es sumamente corto para que el TEPJF esté listo para una elección complicada como la que se visualiza en el año 2018. Renovar en su totalidad al tribunal a un año del inicio del periodo electoral no suena a una decisión adecuada pero así está establecido en la ley. Debemos elegir a los mejores jueces de alto nivel de las ternas para que enseñen a los demás la función judicial y debemos elegir a los mejores técnicos en materia electoral para que enseñen la técnica electoral. Debe haber equilibrio entre estos perfiles y no puede haber más criterio que este para la selección. El proceso deberá estar exento del reparto de cuotas partidistas y de grupos políticos. El contexto actual en el que no hay claros punteros en los pronósticos electorales para las elecciones de 2018 puede ayudar a que estos principios prevalezcan si las fracciones parlamentarias en el Senado tienen la altura para hacerlo. En caso contrario, es muy probable que este Tribunal Electoral no consiga su estabilidad institucional en el mediano plazo, con costos que esto implicaría para nuestro sinuoso proceso de consolidación democrática.

Alberto Abad Suárez Ávila. Investigador del IIJ-UNAM. Twitter @abadsuarez

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