¿Cómo se legitima una corte constitucional? ¿Cuáles son los aspectos que sirven para apuntalar la confianza de la ciudadanía en los jueces constitucionales? ¿Qué estrategias puede implementar un órgano de este tipo para mejorar la percepción que tienen de él el resto de los poderes estatales? Estas son algunas de las preguntas que giran en torno a un tema medular de la justicia constitucional: la legitimidad.

legitimo

Su relevancia reside en que la legitimidad es precisamente, en buena medida, el sustrato de un tribunal constitucional para cumplir con su tarea de interpretar de manera sistemática a la Constitución. Lo cual implica limar contradicciones normativas, armonizar regulaciones aparentemente disímiles, así como enriquecer disposiciones mediante creativas lecturas de las mismas. Y todo esto, persiguiendo siempre dos grandes objetivos: destrabar de la mejor manera los conflictos políticos, así como expandir lo más posible el perímetro de libertad de los individuos. Esto ha dado como resultado que hoy en día, en las democracias contemporáneas, los tribunales constitucionales se han erigido en el árbitro último de los conflictos institucionales y en el gran definidor de los valores de una sociedad (Rabasa, 2006).

Un detalle no menor, sin embargo, reside en que para lograr que las decisiones de estas cortes zanjen de manera efectiva tales conflictos entre poderes y determinen los alcances y límites de los valores constitucionales, es indispensable que gocen de la confianza suficiente para que, independientemente del sentido de sus sentencias, su labor en términos generales sea aceptada. ¿Cómo lograr, en caso contrario, que un árbitro de este calibre cumpla con su responsabilidad de procesar los conflictos propios de una sociedad pluralista de manera institucional, si el resto de los poderes estatales y la sociedad no confían en que sus decisiones se adopten a partir de un mínimo de neutralidad y autonomía?

Sobra mencionar que esta necesidad de legitimidad de una corte constitucional se acentúa cuando ésta considera pertinente impulsar un activismo judicial. Esto es, cuando un tribunal busca con sus sentencias no sólo resolver la litis o conflicto que en concreto las partes presentan ante éste, sino sobre todo generar cambios significativos en el resto del mundo normativo. Una corte que no esté respaldada por una sólida legitimidad, difícilmente podrá impulsar una agenda de cambios sociales a través de sus resoluciones.

Estas son algunas de las razones más relevantes de porque el ingrediente de la legitimidad es fundamental para el desempeño de un tribunal constitucional. Y, por ello, es necesario regresar a la pregunta de cómo se legitima un tribunal constitucional. ¿Cómo puede legitimarse una institución que en cada una de sus decisiones inevitablemente se gana por lo menos la antipatía de una de las partes en juicio? Cualquier respuesta que se plantee al respecto exige considerar algunas de las características clave de este tipo de instituciones, pues sólo a partir de éstas es posible entender que construir y apuntalar la legitimidad de una corte constitucional representa una diversidad de retos bastante particulares.

En primer lugar, es necesario recordar que este tipo de instituciones son poderes que –por su diseño, funciones y responsabilidades- no son la mejor expresión de una institución democrática en el sentido mayoritario del término. Por el contrario, en las democracias modernas, las cortes constitucionales son las instituciones anti-mayoritarias por antonomasia. Esto se debe a que estas instituciones no son representativas de la ciudadanía; el electorado no participa en ningún momento durante el proceso de designación de sus integrantes. Se trata de una dinámica entre elites en la que intervienen, por pensar en los ejemplos de México y los Estados Unidos, solamente el presidente y los senadores de la República. Lo cual significa que los jueces constitucionales no están conectados con la sociedad por la correa de responsabilidad por definición de una democracia: el voto (Salazar, 2006).

A esto hay que agregarle que, como ya vimos, por la responsabilidad depositada en los tribunales constitucionales, por un lado, estos tienen entre sus facultades la posibilidad de echar abajo decisiones políticas expresadas en leyes, reglamentos, etcétera, de órganos como el poder ejecutivo y legislativo, que sí son representativos de la ciudadanía y que sí están atados al veredicto del voto de la ciudadanía. Y, por el otro, tienen la obligación de garantizar los derechos fundamentales, lo cual implica asumir el reto de adoptar decisiones que en no pocas ocasiones van en contra de la opinión mayoritaria de una sociedad y, eventualmente, de ubicarse en el centro de lo que se conoce como guerras culturales. Esto es, temas como el aborto, la pena de muerte o el matrimonio homosexual que dividen a la sociedad al grado de polarizarla y donde las cortes constitucionales deben tener como guía proteger a las minorías y grupos vulnerables. Con el riesgo, claro está, de asumir una postura que van en contra del sentir mayoritario de una sociedad.

¿Cómo, entonces, unos jueces constitucionales no representativos de la sociedad, sin atadura alguna al control democrático del voto y con el poder de adoptar decisiones contrarias a los intereses del resto de los poderes estatales y de la opinión de la mayoría de la sociedad, puede legitimarse? La respuesta común asegura que la legitimidad de un tribunal constitucional reside en el hilo argumentativo de sus sentencias. Un tribunal se legitima con independencia del sentido de sus decisiones, siempre que éstas estén respaldadas por una cadena argumentativa que con razones sólidas las explique de manera clara, demostrando que no son fruto del capricho, el tráfico de influencias o el decisionismo (López Noriega, 2003).

No hay duda que los argumentos son un ingrediente clave en las sentencias de un tribunal constitucional. ¿Qué pasa, sin embargo, si las sentencias de un tribunal constitucional están redactadas de tal manera que sólo son inteligibles para el gremio de abogados? ¿Qué sucede si los medios de comunicación cubren de manera inadecuada el desempeño de una corte, propiciando que la opinión pública no entienda correctamente los argumentos de sus decisiones? ¿Qué tal si para cierta sociedad la legitimidad de un tribunal, más allá de sus decisiones y argumentos, depende de que éste adopte en su administración valores republicanos encaminados a la austeridad y a erradicar el nepotismo? ¿Cómo afectaría la legitimidad de una corte si se presenta un desfase entre la agenda de temas que ha confeccionado respecto aquellos que la población exige que se conozcan y resuelvan? ¿Cuál es el impacto en la legitimidad de un tribunal constitucional un proceso de designación de sus integrantes que evidencia que éste no es más una repartición de cuotas partidistas en el sentido más prosaico del quehacer político?

Estas son apenas algunas de las cuestiones que giran en torno a la legitimidad de las cortes constitucionales y que rebasan por mucho la premisa de que el fundamento de ésta se encuentra en sus argumentos. En otras palabras: la idea de que la legitimidad de un tribunal constitucional reside en su hilo argumentativo es correcta pero demasiado chata: deja un significativo número de interrogantes sin contestar. La construcción de la legitimidad de este tipo de instituciones en sociedades tan complejas como las actuales, exige estudiar un interesante abanico de temas relacionados con la transparencia, el proceso de designación de los jueces constitucionales, su agenda de asuntos a resolver, el procedimiento de decisión, el papel de la sociedad civil frente al desempeño de una corte constitucional e, inclusive, aspectos simbólicos relacionados con la vestimenta de los jueces y el diseño arquitectónico de los edificios sede de los tribunales constitucionales. Ahí, en este conjunto de aspectos y, sobre todo, en la manera en que se trencen entre sí, se encuentra el sustrato de la legitimidad de la justicia constitucional.

En efecto: otro aspecto que frecuentemente se olvida al momento de abordar la cuestión de cómo se legitiman estos tribunales, es que ésta es una tarea enteramente estratégica –inclusive al grado de que en ocasiones los jueces constitucionales llegan a utilizar la legitimidad como carta frente a sus colegas al momento de persuadir o presionar para que voten en un determinado sentido un caso (Farganis, 2009; Dworkin, 2012).

No existe una fórmula o ruta inequívoca para que una corte se legitime frente a la sociedad y el resto de los poderes de un Estado. Existen ingredientes o aspectos que hay que considerar, justo como los que acabamos de señalar líneas arribas y que a continuación desarrollaremos con mayor detalle; sin embargo, la manera como estos sean aplicados o aprovechados depende de la habilidad de cada tribunal para entender su circunstancia. Y, a partir de ésta, hilvanar una serie de políticas judiciales encaminadas a fortalecer su legitimidad.

¿Cómo lograr, entonces, que el mensaje clave de cada sentencia importante se inserte en la opinión pública de manera adecuada? ¿Qué temas deben integrar una agenda que responda a las demandas de la sociedad? Son, entre otras, preguntas clave cuyo tino de sus respuestas depende del olfato que tenga cada tribunal para detectar los márgenes de acción que su contexto social, político e histórico le ofrece y exprimirlos al máximo en su beneficio. Es, por ello, que el tema de la legitimidad traza con nitidez el carácter político de los tribunales constitucionales: el éxito que tengan en este rubro depende de las decisiones que de manera reflexiva adopten al respecto.

Las siguientes líneas, en este sentido, lo que buscan es plantear una serie de aspectos que, por lo menos, hay que considerar al momento de asumir el reto de legitimar a un tribunal constitucional. La lista no es exhaustiva, pero sí analiza algunos de los elementos más relevantes. Sobre todo, la idea es aprovecharlos para realizar una primera evaluación del desempeño de la Suprema Corte de Justicia mexicana en esta importantísima tarea: construir su legitimidad. Es decir, en última instancia, el objetivo es presentar algunos de los puntos clave de la discusión sobre el tema y relacionarlos con la circunstancia por la que atraviesa la corte constitucional de México.

Aquí el resto del texto: “La Suprema Corte mexicana y la construcción de su legitimidad” en Revista Juez. Cuadernos de investigación, No. 4, 2016, Tirant lo Blanch, pp. 51-88.

Saúl López Noriega. Profesor asociado de la División de Estudios Jurídicos del CIDE.

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