En el marco de las discusiones en el Senado frente a las iniciativas que pretenden dar rango constitucional a la militarización del país para legitimar la guerra contra las drogas iniciada por Felipe Calderón en 2007 y ante la crisis de violencia extrema y de derechos humanos que enfrenta el país, el Estado mexicano deberá responder durante 2017 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes por parte de miembros de las fuerzas armadas en el ejido Benito Juárez en Chihuahua, ocurrida el 29 de diciembre de 2009.1

desaparecidos

Si bien la CorteIDH en su jurisprudencia constante, incluyendo casos contra México,2 ha desarrollado estándares sobre el carácter pluriofensivo de la desaparición forzada de personas y las obligaciones de investigación y sanción frente a actos cometidos por agentes estatales, el caso presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en noviembre de 2016, ante la CorteIDH, resulta un caso hito en la función contenciosa de este órgano jurisdiccional. Esto se debe a que sitúa la desaparición forzada en un contexto particular de violencia derivado de la militarización de las calles bajo el sustento de la política prohibicionista frente a la producción y consumo de sustancias psicoactivas respaldada en las Convenciones Internacionales en materia de drogas.3

En este sentido, el caso de Nitza Paola, José Ángel y Rocío pone en tela de juicio ante un tribunal internacional, la fallida estrategia de Felipe Calderón, continuada por Enrique Peña Nieto, y las consecuencias de una guerra que, con base en estudios recientes publicados por el Programa de Política de Drogas del CIDE4 y la documentación de casos por parte de la sociedad civil como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH),5 ha generado graves violaciones a derechos humanos en contra de la población civil en la mayoría de los estados de la República, incluyendo actos de tortura, violencia sexual, desplazamiento interno, uso excesivo de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada.

El estudio de dicho caso por parte de la CorteIDH permite por vez primera un diálogo entre la política de drogas y el derecho internacional de los derechos humanos dentro del sistema interamericano, lo cual representa una oportunidad única para la Corte de sentar un precedente que establezca la necesidad de transitar de una política prohibicionista a una política regional bajo un enfoque de derechos humanos en materia de drogas, así como de unirse a los esfuerzos internacionales en Naciones Unidas en el marco de la UNGASS 2016 para buscar una reforma a nivel mundial.6

Si bien la litis del caso se centra en la falta de investigación y sanción de los responsables de la desaparición de las víctimas, será fundamental para la CorteIDH establecer una postura en cuanto al deber de prevención general por parte del Estado respecto a la creación del riesgo. Es decir, la manera en que la militarización de tareas de seguridad pública propició la desaparición forzada de Nitza Paola, José Ángel y Rocío y, por ende, generó la responsabilidad internacional del Estado por la vulneración a los derechos a la libertad personal, la integridad personal y la vida contenidos en los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) en relación con el artículo 1.1 de la misma.

Para ello, el contexto y el valor que la CorteIDH le da para determinar vulneraciones a la CADH,7 será una prueba trascendental para evidenciar las consecuencias de la estrategia de Calderón y su incompatibilidad con la CADH. El caso, como señaló la CIDH, cuenta dentro del acervo probatorio con una recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)8 que evidencia los operativos militares realizados en el Estado de Chihuahua en la época de los hechos, aunado a pruebas testimoniales que relacionan directamente a agentes estatales con las desapariciones de las tres víctimas.

No obstante, ante la temática, resulta importante que bajo la figura del amicus curiae que prevé el artículo 44 del Reglamento de la CorteIDH, universidades y organizaciones de la sociedad civil que trabajan tanto en política de drogas como en derechos humanos, hagan llegar a la Corte datos cuantitativos y cualitativos de las consecuencias de la guerra contra las drogas en México que permitan a la CorteIDH pronunciarse de forma responsable sobre la necesidad de adaptar la política de drogas a los estándares regionales de protección y a las obligaciones generales derivadas de los tratados firmados y ratificados por éstos. Lo anterior, con el objetivo de que no se repitan hechos tan lamentables como los ocurridos en este caso y en muchos más que actualmente se encuentran en total impunidad.

Adriana Muro. Abogada por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Maestría en Derechos Humanos y Democratización. Socia de ELEMENTA, Consultoría en Derechos.


1 Comunicado de Prensa. CIDH envía caso sobre México a la Corte IDH, 22 de noviembre de 2016. Disponible en: http://bit.ly/2kNYOi4.

2 Véase por ejemplo: Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209 y Caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) Vs. Guatemala. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 noviembre de 2012. Serie C No. 253.

3 Véase: Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, Convenio sobre Sustancia Sicotrópicas de 1971 y Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.

4 Véase: Base de Datos de Eventos Registrados de la Guerra Contra las Drogas, 2007-2011 (Base CIDE-PPD).  Disponible en:http://bit.ly/2jN6C5U.
Alejandro Anaya. Violaciones a los derechos humanos en el marco de la estrategia militarizada de lucha contra el narcotráfico en México 2007 a 2012. PPD.CIDE. Disponible en: http://bit.ly/2jorfHf.

5 La CMPDPDH ha documentado casos emblemáticos de graves violaciones a derechos humanos en distintos Estados del país: http://bit.ly/2kllNnz.

6 La Asamblea General de la ONU puede convocar Sesiones Especiales (UNGASS) sobre determinados temas. En 2016, a petición de varios países, liderados por Colombia y México se solicitó realizar una Sesión Especial sobre la situación actual en materia de política de drogas.

7 Véase por ejemplo el análisis contextual de la CorteIDH en el caso de Campo Algodonero relativo al contexto de violencia contra la mujer en Ciudad Juárez:  Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205.

8 CNDH.  Recomendación 43/2011. Disponible en: http://bit.ly/2kl1uHa.

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