¿Podríamos sostener que una pareja homosexual que contrae matrimonio y adopta un hijo conforme a la nueva legislación del Distrito Federal, al mudarse a una entidad federativa que no reconoce o prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo, ya no están unidos por dicho vínculo matrimonial y que tal hijo adoptivo ya no es su hijo? Esta fue la pregunta que, en las sesiones del lunes y martes de la semana pasada,  propició que el pleno de la Suprema Corte emprendiese una discusión un tanto técnica, poco taquillera, pero de suma importancia para el federalismo.

En concreto, en tales sesiones, los ministros examinaron los argumentos del Procurador General de la República, quien sometió a escrutinio constitucional las reformas en el Distrito Federal que permitieron los matrimonios entre personas del mismo sexo, y con ello determinaron un aspecto medular: los efectos que tendrán los matrimonios celebrados en el Distrito Federal en los otros estados del país.

Los argumentos del Procurador sostenían que dichas reformas violentaban el pacto federal y la seguridad jurídica y la legalidad, garantías establecidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución. Esto debido a que el artículo 121, fracción IV, de la Constitución establece que “los actos del estado civil ajustados a las leyes de un estado tendrán validez en los otros”. ¿Cómo, entonces, argüía el Procurador, se le va a reconocer validez a un matrimonio entre personas del mismo sexo celebrado en el Distrito Federal, si las otras entidades federativas no lo reconocen o inclusive lo prohíben? Para el Procurador, la reforma simplemente generaría un caos normativo, vulnerándose así las garantías de seguridad y legalidad.

Ahora bien, el proyecto del ministro Valls –punto de partida de la discusión entre los ministros en cada uno de los aspectos de este asunto- contestó lo siguiente ante esta posición del Procurador:

  • En cuanto a la vinculación entre la violación a las garantías de seguridad jurídica y de legalidad (14 y 16 de la Constitución) y lo dispuesto en el artículo 121, señaló que el Procurador “confundía” lo previsto en esos artículos. Los artículos 14 y 16, sostenía el proyecto, obligan al órgano legislativo de la entidad a cumplir con ciertos requisitos, tanto procedimentales como sustantivos. En el presente caso, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal respetó dichas garantías, ya que expidió una ley –contando con la facultad y cumpliendo el procedimiento legislativo– que sólo es válida en el Distrito Federal y no pretende imponerse en las otras entidades federativas. Esto es: si el matrimonio sólo puede ser pactado en el Distrito Federal, ¿cómo entonces puede sostenerse que violenta la Constitución?
  • Ahora, el artículo 121 de la Constitución establece que los actos del estado civil que se encuentren ajustados a las leyes de un Estado, tendrán validez en los otros. Ello implica que todo acto del estado civil (tales como nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio administrativo y defunción) que se celebre cumpliendo con las formalidades contenidas en una ley local, será válido en las demás entidades federativas que lo contemplen en sus Códigos. ¿Cómo, entonces, puede sostener el Procurador que la reforma es inconstitucional si la validez que deben darle los otros estados al matrimonio pactado en el Distrito Federal es por disposición constitucional?
  • Pero aun suponiendo que llegase a surgir un conflicto, concluyó el proyecto de Valls, esto no es motivo para decretar la inconstitucionalidad del matrimonio gay. Lo que sí puede decirse es que, de presentarse un “conflicto normativo” -entiéndase: en caso de que existan “dudas” en torno a la “validez” de los matrimonios pactados en el Distrito Federal-, ya existen normas que resuelven esos conflictos. Para eso está el Código Civil Federal y en particular sus artículos 12, 13, 14 y 15.

Ahora bien, después de que el ministro Valls expusiese estos puntos centrales de su proyecto en este tema, tomó la palabra el ministro Aguirre Anguiano. Su participación fue interesante porque se declaró en contra del proyecto de Valls argumentando que la reforma sí violaba la Constitución –fijando desde este momento la postura contraria– y porque consideró que la reforma violaba no el artículo 14 y 16 del texto constitucional sino precisamente el 121. Así, después de hacer un larguísimo recuento histórico sobre el origen de este artículo, Anguiano concluyó que el concepto de matrimonio implícito en la categoría de “actos del estado civil” al que se refiere este artículo 121 constitucional es aquel que se celebra entre un hombre y una mujer. Tal y como lo prevén el Código Civil Federal y el resto de los Códigos de los estados de la República (con excepción, claro está, del Código del Distrito Federal).

Esto significa que para Aguirre Anguiano el artículo 4º de la Constitución no es el único que tutela de forma exclusiva al matrimonio heterosexual, sino también el 121. Además, sustentó que la reforma trasgrede este artículo 121 porque destruye la coordinación y armonía del sistema federal en tanto que provoca un conflicto entre su concepto de matrimonio y el previsto en todas las legislaciones civiles (federales y estatales). La Constitución, dijo Aguirre Anguiano, establece ciertos estándares que deben respetarse a fin de garantizar la seguridad jurídica. Uno de ellos es que el legislador local no puede, ni debe adulterar o desnaturalizar una institución como el matrimonio, despojándola de uno de sus elementos esenciales: la heterosexualidad.[i]

En el otro extremo del debate, se encontró la mayoría de los ministros, quienes en primer lugar coincidieron en que este tema se tenía que analizar y discutir a partir del artículo 121 de la Constitución, y no desde el 14 y 16. Con esto, se modificó el proyecto del ministro Valls para circunscribir el problema a debatir en los siguientes términos: ¿viola o no la reforma el artículo 121 constitucional? Una vez decidido este aspecto, la mayoría de nueve ministros estuvieron de acuerdo en que la reforma no violentaba el artículo 121, pues se trata de un artículo que establece bases generales a partir de las cuales deben actuar las entidades federativas y que prevé una regla clara y expresa de solución de conflictos derivada de nuestro régimen federal. Es precisamente por las diferencias que existen entre las leyes locales y federales que se estableció esta norma: en caso de conflicto, nos dice, resuélvase así. Esto es: lo que en una entidad es un “acto de estado civil” (pero en otra no), debe de cualquier forma ser reconocido como tal.[ii]

La participación de la ministra Sánchez Cordero aclaró muy bien la discusión sobre este tema. No olvidemos, dijo la ministra, que el estado civil es un atributo de la persona: de la misma forma en la que nuestro nombre nos acompaña en todo momento (somos Daniela y Estefanía sin importar a dónde vayamos), el estado civil también funciona así. El estatus de casado no se desaparece por cruzar líneas territoriales. Esa es la lógica detrás de la fracción IV del 121 constitucional. Contrario a lo que sostenía el Procurador y los ministros Anguiano y Mayagoitia, el 121 no hace más que brindarle seguridad a todos los que se casan y adoptan en el Distrito Federal: pueden viajar tranquilos sin temer porque el estatus de sus relaciones ya que son válidas en todo el territorio mexicano.

¿Qué es, entonces, lo que si puede cambiar de una entidad federativa a otra?  Lo mismo que cambia para las parejas o padres heterosexuales al viajar: quizá en un estado se contemplen más o menos derechos, más o menos obligaciones, más o menos procedimientos que en otro en torno a los matrimonios o relaciones paternales. Mientras que en el Distrito Federal, por ejemplo, ya no existen causales de divorcio (da lo mismo si hubo infelidad o si simplemente cesó la “voluntad” de estar juntos), en otros estados pueden seguirse contemplando los “cónyuges culpables”, lo que afecta el tipo de trámite que se tendrá que realizar para divorciarse. Esas son las diferencias entre los Códigos que deben, por hoy, respetarse. Esas son las diferencias que permite, precisamente, el federalismo. Pero a ellas están sujetos todos y no sólo los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Estefanía Vela (@samnbk) y Daniela Hernández Chong Cuy (@dhchongcuy). Estudiantes, en proceso de titulación, de la licenciatura en Derecho del ITAM.


[i] El ministro Ortiz Mayagoitia se pronunció en el mismo sentido respecto de la violación directa al 121 y añadió que el hecho de que la reforma obliga a las otras entidades federativas a reconocer la validez del matrimonio gay, rompe la armonía del sistema federal porque contraría las disposiciones de las otras entidades federativas.

[ii] El ministro Cossío lo artículo así: “Si en el Estado “x” o en el Estado “y”  se dice algo sobre la condición matrimonial, sobre la adopción, sobre el registro de los menores, sobre alimentos, patrias potestades, etcétera, creo que eso no genera de suyo una inconstitucionalidad. Cuando se genere una situación particular en ese Estado que dificulte los efectos de los matrimonios entre personas del mismo sexo o de las adopciones creo que eso es un tema donde las personas en concreto tienen que venir a plantearnos sus alegatos en un juicio de amparo (por discriminación, por razones de falta de igualdad, por lo que cada quien estime que esa norma le viola), pero eso en este momento no nos lo podemos plantear así.”

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