Una vez más estamos de cara a un proceso de designación de funcionarios públicos de alto nivel, en esta ocasión toca el turno de quienes encabezan al órgano que organiza los procesos electorales a nivel nacional, nos referimos al INE. A más tardar, el 4 de abril la Cámara de Diputados tendrá que designar a quienes sustituyan a los consejeros electorales que relevarán a Arturo Sánchez, Beatriz Galindo Centeno y Javier Santiago Castillo.

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Por la relevancia de esta designación, no es baladí recordar que, a partir de octubre de este año, el INE comenzará la titánica labor para orquestar el proceso electoral federal de 2018 que, como ya se ha mencionado, será el más grande que se ha vivido en el país -concurrente con procesos electorales locales en la mayor parte de México–. En los cuales la autoridad electoral tendrá que generar las condiciones para materializar preceptos contenidos en la reforma electoral de 2014, como la reelección en alcaldías y municipios, las facultades de asunción y atracción en la organización de las elecciones locales, o las mesas de casilla únicas, en las que un solo grupo de funcionarios de casilla tendrán que contar los votos de hasta seis elecciones.

Para esta designación, el 21 de febrero la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) por el que se propuso el proceso para la integración del Comité Técnico de Evaluación y la convocatoria para la elección de tres consejeros electorales que ejercerán el cargo a partir del 5 de abril de 2017 hasta el 4 de abril de 2026.

Hoy sabemos que el Comité Técnico de Evaluación está integrado por siete personas: Leoba Castañeda y José de Jesús Orozco nombrados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, César Astudillo y Sergio López Ayllón propuestos por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Luis Eduardo Medina Torres, Jorge Islas y Humberto Aguilar Coronado por parte de la JUCOPO. Este Comité tendrá la relevante labor de evaluar a los 152 perfiles que buscan integrar el Consejo General del INE, pues ellos propondrán a la Cámara de Diputados tres quintetas conformadas por los aspirantes que a su juicio cuenten con los mejores perfiles para ocupar dicho cargo. Es decir, determinarán quienes son las 15 personas con mayores aptitudes para ocupar el cargo; en función de esta propuesta, el pleno del órgano legislativo elegirá a quienes vayan a sentarse en la herradura del Consejo General del INE.

En este aspecto, nos parece que este procedimiento de designación no empezó con el pie derecho, pues en primera instancia la JUCOPO excedió sus facultades constitucionales respecto del Comité Técnico de Evaluación, al restarle la atribución de definir el método a utilizar para realizar la evaluación de los aspirantes, ya que será la JUCOPO quien determine los lineamientos para evaluar a los 152 aspirantes registrados. Cuestión no menor, pues, los criterios de evaluación son fundamentales para garantizar la imparcialidad y objetividad de la selección de aspirantes.

En abono a lo anterior, consideramos que el proceso como se prevé en la convocatoria es poco transparente e impide el escrutinio público, pues no sólo los plazos son excesivamente breves -el comité debe emitir los listados a más tardar el 13 de marzo-, sino que tampoco permite conocer a cabalidad a los aspirantes a integrar el máximo órgano de decisión del INE.

No obstante, reconocemos que el Comité Técnico de Evaluación puede darle la vuelta a estas deficiencias generadas por la JUCOPO, ya que es posible que en uso de sus facultades constitucionales, proponga los criterios de evaluación y llame a las 152 personas registradas como aspirantes a entrevistas, las cuales deberían hacerse públicas.

Lo anterior es relevante ya que el principal reto de este proceso de designación es velar por la independencia e imparcialidad de la autoridad electoral de cara a los procesos electorales de 2018, 2021 y 2024, pues quienes sean designados ejercerán su cargo durante nueve años, lo que implica que las decisiones que tomen tanto el Comité Técnico de Evaluación como los 500 diputados tendrán consecuencias para el país en el largo plazo.

Finalmente, no podemos perder de vista que la renovación de un órgano colegiado tiene repercusiones en los equilibrios internos, los cuales en el caso del INE se reflejan en cuestiones que van desde la representación de género y el reparto de comisiones, hasta las votaciones calificadas que requiere el Consejo General, por ejemplo, para designar consejeros locales o asumir elecciones locales.

Así, si bien la Cámara de Diputados solo renovará parcialmente a la autoridad electoral de nuestro país, en este proceso de designación se juega gran parte de la certeza y credibilidad de las elecciones de los próximos nueve años. De lo contrario, no sería la primera vez que desde la designación de los consejeros se descalifiquen los futuros resultados electorales.

Strategia Electoral. Observatorio electoral. Twitter: @eleccionesymas

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