Una de las razones por las que el día de mañana, 8 de marzo, al celebrar al Día Internacional de la Mujer, las mujeres haremos un paro de actividades se debe a la falta de reconocimiento del trabajo doméstico, incluidas las labores del hogar y el trabajo de cuidado. Limpieza, alimentación, salud, higiene, educación, crianza, vestido, transporte y un largo etcétera son, generalmente, obligaciones de las mujeres. Además, hay que recordar que el trabajo doméstico usualmente no es remunerado y, en su caso, se realiza en condiciones sumamente precarias, con sueldos bajísimos y muy pocos –o nulos- derechos laborales realmente exigibles.

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Cuántas veces, por ejemplo, no hemos escuchado frase como: “lo hace por amor” o “eso les toca a las mujeres”. En nuestras sociedades, las labores del hogar tocan a las mujeres (niñas o adultas) simplemente por haber nacido hembras. Se imponen las labores de limpieza, cocina, lavado y demás, como si portáramos un gen distinto a los nacidos varones. La realidad, por supuesto, es que biológicamente ningún ser humano nace con cualidades para estas tareas domésticas y, más bien, la realización de éstas es una imposición social. Fruto de un rol de género que mucho daño nos ha hecho a las mujeres de todas las edades. A las niñas porque en muchas ocasiones realizar las labores del hogar o tareas de cuidado, les impide acudir a la escuela; otras ya mayores, porque son casadas contra su voluntad para atender a un marido, muchas veces años mayor que ella. A las mujeres adultas, porque la mayoría de las veces las esclaviza a un trabajo no remunerado y no reconocido que genera desequilibrio económico y una dependencia de los hombres. A las mujeres de edad avanzada porque generalmente acaban viviendo en la pobreza, precisamente porque al realizar labores no remuneradas, no logran una independencia económica que al llegar a la vejez les permita subsistir por sí mismas, entonces, o viven en pobreza extrema o dependen de otros para subsistir.

Por lo anterior, ha resultado de enorme importancia el reconocimiento de dichas labores a través de la institución llamada “pensión compensatoria”, misma que ha sido inscrita en diversos códigos civiles y cuyo contenido ha sido desarrollado interpretativamente por la Suprema Corte de Justicia.

En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte ha desarrollado una doctrina alrededor de la obligación alimentaria, de la cual se desprende del derecho a acceder a un nivel de vida adecuado. Es decir, se reconoce que de este derecho emanan obligaciones tanto a cargo del Estado como a cargo de los particulares, toda vez que los derechos fundamentales permean en las relaciones privadas al ser también valores fundamentales del orden jurídico. En este sentido, en el ámbito del derecho privado, la obligación de alimentos aparece como una concreción del derecho a un nivel de vida adecuado.

Ahora bien, dicha obligación descansa en las relaciones familiares (protegidas a través de los artículos 4º y 16 constitucionales) y surge como consecuencia del estado de necesidad en que se encuentran las personas. En este sentido, se ha reconocido que para que se reconozca la obligación de alimentos es necesario que concurran tres presupuestos: (i) el estado de necesidad del acreedor alimentario; (ii) un determinado vínculo familiar entre acreedor y deudor; y (iii) la capacidad económica del obligado a prestarlos. Se ha enfatizado que, aunque el estado de necesidad del acreedor alimentario constituye el origen y fundamento de la obligación de alimentos, las cuestiones relativas a quién y en qué cantidad se deberá dar cumplimiento a esta obligación de alimentos, dependerán directamente de la relación de familia existente entre acreedor y deudor, del nivel de necesidad del primero y de la capacidad económica de este último, de acuerdo con las circunstancias particulares del caso concreto.1

Así, se han reconocido dos supuestos en que una pareja debe darse alimentos entre sí: 1) cuando existe una relación de pareja con cierta estabilidad y 2) cuando esta relación se rompe. En el primer caso, se habla de alimentos que surgen a partir de situaciones de convivencia y de vínculos afectivos, se trata generalmente del matrimonio, concubinato o sociedad de convivencia2 en donde la pareja tiene entre sí el deber de solidaridad y asistencia mutuos, es decir, si una de las personas que compone la pareja no puede allegarse recursos para tener una vida digna, la pareja (esposo, concubino o conviviente) tiene el deber de otorgárselos mientras subsiste la relación (matrimonio, concubinato o sociedad de convivencia). Recordemos que es un requisito esencial que una parte se encuentre en estado de necesidad.

Sin embargo, cuando la relación o la convivencia se rompe, dicha obligación cesa y puede darse lugar a una nueva obligación que ha sido denominada “pensión compensatoria”. Como su nombre lo indica, dicha obligación tiene como propósito compensar el desequilibrio que se genera al disolverse un vínculo afectivo y de convivencia entre la pareja, fundamentalmente en aquella que se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar.

La justificación de la pensión compensatoria o pensión por compensación se encuentra en la razón de que generalmente quienes se quedan en casa a realizar tareas de cuidado y del hogar no realizan otras actividades que les permitan obtener ingresos propios o cuando lo hacen, ganan menos, generándose un desequilibrio injusto. Es decir, la Sala ha dicho lo siguiente:

…es claro que el fracaso de la convivencia conyugal genera un desequilibrio económico que coloca al cónyuge que se dedicó preponderantemente a las labores del hogar y al cuidado de los hijos en una situación de desventaja, pues su posición en la estructura familiar le impidió dedicarse a una actividad remunerada que le permitiera hacerse de recursos propios e inclusive, en muchos casos, de realizar o terminar estudios profesionales que en momento dado le facilitarían la entrada al mundo laboral…[Por ello] la imposición de una pensión compensatoria en estos casos no se constriñe sencillamente a un deber de ayuda mutua, sino que además tiene como objetivo compensar al cónyuge que durante el matrimonio se vio imposibilitado para hacerse de una independencia económica, dotándolo de un ingreso suficiente hasta en tanto esta persona se encuentre en posibilidades de proporcionarse a sí misma los medios necesarios para su subsistencia.3

La Suprema Corte, de esta manera, ha reconocido que los roles de género impuestos a las mujeres generan un desequilibrio en las posibilidades de hacerse de ingresos lo que provoca dependencia económica. Lo anterior no desconoce que haya hombres que realizan tareas del hogar o que, sin pareja, crían niños o cuidan de otras personas. No obstante, la realidad es que la generalidad de las personas que realizan las tareas de cuidado y del hogar son mujeres y que el desequilibrio y la dependencia que esto genera, impacta en el ejercicio de su autonomía.

Ahora bien, en otro precedente4 muy relevante, la Primera Sala reconoce que la finalidad de la pensión compensatoria es resarcir esas cargas domésticas y familiares que se realizan sin recibir ningún ingreso. Es decir, se trata de compensar el costo de oportunidad asociado a no haber podido desarrollarse en el mercado de trabajo convencional con igual tiempo, intensidad y diligencia que el otro cónyuge.

La Sala fija algunos parámetros que deberán tomarse en cuenta por las juzgadoras al establecer el monto de la compensación como parámetro de medición que permite graduar la dedicación al hogar y distingue los siguientes supuestos: a) la dedicación plena y exclusiva al trabajo del hogar de parte de uno de los cónyuges; b) la dedicación mayoritaria al trabajo del hogar de uno de los cónyuges compatibilizada con una actividad secundaria fuera de éste; c) la dedicación minoritaria al trabajo del hogar de uno de los cónyuges compatibilizada con una actividad principal, pero mayoritaria y más relevante que la contribución del otro cónyuge; y d) ambos cónyuges comparten el trabajo del hogar y contribuyen a la realización de las tareas domésticas.

Además, este criterio de la Suprema Corte señala también se deberá tomar en consideración que la dedicación al hogar y al cuidado de los dependientes puede traducirse en una multiplicidad de actividades no excluyentes entre sí y que deben valorarse en lo individual. Entre ellas, es posible distinguir los siguientes rubros: a) ejecución material de las tareas del hogar que pueden consistir en actividades tales como barrer, planchar, fregar, preparar alimentos, limpiar y ordenar la casa en atención a las necesidades de la familia y el hogar; b) ejecución material de tareas fuera del hogar, pero vinculadas a la organización de la casa y la obtención de bienes y servicios para la familia, que puede consistir en gestiones ante oficinas públicas, entidades bancarias o empresas suministradoras de servicios, así como compras de mobiliario, enseres para la casa y productos de salud y vestido para la familia; c) realización de funciones de dirección y gestión de la economía del hogar, que comprende dar órdenes a empleados domésticos sobre el trabajo diario y supervisarlos, así como hacer gestiones para la reparación de averías, mantenimiento y acondicionamiento del hogar; y d) cuidado, crianza y educación de los hijos, así como el cuidado de parientes que habiten el domicilio conyugal, lo que abarca el apoyo material y moral de los menores de edad y, en ocasiones, de personas mayores, que implica su atención, alimentación y acompañamiento físico en sus actividades diarias.

En este precedente se destacó que las especificidades, duración y grado de dedicación al trabajo del hogar son elementos a considerar para determinar el monto de la eventual compensación, sin que la mera condición de que el solicitante se encuentre empleado en el mercado convencional o que reciba el apoyo de empleados domésticos excluya, per se, la procedencia del mecanismo compensatorio, sino que únicamente graduará la cantidad a fijarse. Lo anterior, a fin de no invisibilizar las diversas modalidades del trabajo del hogar.5

Finalmente, y en conexión con esto último, se encuentra el reconocimiento que hizo la Sala de la llamada “doble jornada”,6 es decir, la segunda jornada que realizan muchas mujeres (y algunos hombres) que, después de su jornada de trabajo remunerado fuera de casa, llegan a realizar tareas del hogar y/o de cuidado.

Así, se reconoció que la división entre los roles reproductivo y proveedor, que tienen como consecuencia la división sexual del trabajo, tiene a su vez efectos negativos en la vida laboral y productividad económica de las mujeres. Es decir, no solamente las mujeres que se quedan en casa todo el tiempo viven un desequilibrio económico con respecto a su pareja, sino también aquellas que tienen un empleo remunerado porque no disponen de las mismas oportunidades ni tiempo para dedicarse justo a tal empleo remunerado. Lo cual lógicamente impacta en la diferenciación en los salarios entre hombres y mujeres. “La disparidad de género en el ámbito familiar, también se refleja en el ámbito laboral, pues México es un país donde la discriminación salarial es todavía un problema grave.”

La Sala destaca que la forma en la que las mujeres se incorporan al mercado de trabajo y el desarrollo de las relaciones sociales en su interior, responden a un conjunto de ideas y representaciones culturales sobre los estereotipos, los roles y las funciones que se han asignado a las personas de acuerdo con su género. De tal manera que el rol de madre, dice la Sala, produce una serie de obligaciones y expectativas en la mujer que la orillan a un uso del tiempo diverso al de los hombres que son padres. Esta última afirmación es lapidaria. El uso del tiempo repercute al final del día en el rendimiento como persona en los distintos ámbitos de la vida (familiar, profesional, privado) y, en consecuencia, el hecho de que las mujeres seamos tradicionalmente las únicas encargadas de realizar tareas de cuidado y labores del hogar impacta en nuestra posibilidad de realizarnos en otras áreas, de realizarnos como personas autónomas.

Ojalá pronto haya más decisiones judiciales que continúen reconociendo y protegiendo a los millones de mujeres que realizamos laborales del hogar y del cuidado de otras personas.

Geraldina González de la Vega. Constitucionalista y ensayista. LLM Düsseldorf. Twitter:@geraldinasplace


1 Ver el ADR 230/2014 y el ADR 269/2014.

2 En el ADR 230/2014 la Primera Sala reconoció el derecho de una mujer que había tenido una relación de 40 años y donde se procrearon 5 hijos, pero la cual no se podía reconocer como concubinato pues el hombre estaba unido en matrimonio con otra mujer. La Sala reconoció que tanto los alimentos como la pensión compensatoria tienen como objeto garantizar el derecho a un nivel de vida adecuado sustentado en el vínculo familiar o afectivo presente o pasado. En este sentido falló a favor de la pensión compensatoria de la mujer, a pesar de que legalmente no podía configurarse el concubinato.

3 Idem.

4 Ver el ADR 4909/2014

5 Ver el ADR 4909/2014

6 ver el ADR 1754/2015

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