Mientras varios países cuentan con tribunales especializados en negocios internacionales y en asuntos transfronterizos, México se ha quedado atrás. Con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los Estados Unidos de América plantean que sean sus tribunales quienes conozcan de las controversias que se susciten entre los países que suscriban el tratado, lo cual resulta inadmisible entre países soberanos. ¿Cómo someter a un país soberano a los tribunales de otro país? Sobre todo cuando dicho país puede ser juez y parte. Sin embargo, sin conceder que esa sea una solución, la realidad es que tanto Canadá como los Estados Unidos de América tienen tribunales y jueces con amplia experiencia en la resolución de asuntos comerciales e internacionales. Jueces que en más de una ocasión se han mostrado dispuestos a cooperar con los jueces del otro país, sosteniendo audiencias conjuntas por medios electrónicos y, entre otras cosas, desahogando también por medios electrónicos testimoniales de testigos que están en la sala del tribunal del otro país.1

01-tlc

Sin duda el que se hable el mismo idioma —inglés— y que su derecho provenga del mismo sistema —common law— ayuda. Sin embargo, la realidad es que la tecnología hará cada vez más necesario que cada país cuente con jueces y tribunales especializados en asuntos comerciales internacionales. ¿Cuál es la situación de México?

Al día de hoy el grueso de nuestros tribunales federales conoce de juicios de amparo. El juicio de amparo ha sido quizá el juicio más importante en México durante ya más de un siglo. Un juicio específicamente diseñado para proteger a los ciudadanos del poder público, del ejercicio arbitrario de la autoridad. Sin duda, el juicio de amparo ha sido un instrumento constitucional que ha contribuido a delimitar las facultades de las autoridades, a evitar y sancionar arbitrariedades, así como a respetar y salvaguardar los derechos de los gobernados, mucho antes de que estuvieran en boga los derechos humanos. Es una herramienta que debemos defender y mantener, puesto que nuestra sociedad sigue siendo objeto de injusticias y de arbitrariedades. ¿Pero se sigue justificando que nuestros tribunales federales se avoquen casi en forma exclusiva a la resolución de juicios de amparo? ¿Deben nuestros tribunales federales continuar siendo primordialmente tribunales constitucionales?

Es cierto que la Constitución federal encomienda en sus artículos 103 y 107 a los tribunales federales el resguardo de la Constitución mediante el juicio de amparo, pero ¿es ese lineamiento restrictivo? Esto es, ¿ello impide que pueda haber tribunales federales con otra finalidad? Esa situación ha ido cambiando en relación con los procesos penales federales, pero ¿y los asuntos mercantiles internacionales? Conforme a nuestro sistema constitucional, es a la federación a quien corresponde conocer de asuntos internacionales y, por lo tanto, deben ser los tribunales federales quienes conozcan de asuntos transfronterizos, que involucren personas y bienes sometidos a otras jurisdicciones. Sin embargo, ¿quién va a conocer de esos asuntos si no tenemos tribunales especializados? Si nuestros tribunales federales son solo especialistas en procesal constitucional.

Si no es posible estirar más el presupuesto en un país con las carencias que tiene México, entonces, ¿conviene analizar su redistribución? ¿Es necesario revisar si el crecimiento y las tareas que hasta ahora ha desempeñado el poder judicial federal son las que el país necesita?

Según las estadísticas que reporta el Consejo de la Judicatura Federal en su página de Internet,2 del 16 de noviembre de 2015 al 15 de noviembre de 2016, los Tribunales Colegiados del Primer Circuito de la República Mexicana (solo Ciudad de México) conocieron de 79,800 juicios de amparo directo, mientras que los Juzgados de Distrito del mismo circuito conocieron de 155,077 juicios de amparo indirecto. Esto es, los tribunales federales de la Ciudad de México conocieron de 234,877 juicios de amparo en un año,3 de los cuales un poco más de la tercera parte (33.9%) fueron juicios de amparo directo.

Los amparos directos tienen por objeto que los tribunales federales revisen juicios concluidos que fueron llevados ante tribunales locales, esto es, ante tribunales de los estados de la República, incluyendo a los tribunales de la Ciudad de México, y su finalidad es determinar si los tribunales locales cometieron alguna violación a la Constitución al resolver de dichos juicios. Las violaciones pueden tener lugar durante cualquier parte del juicio, desde su inicio hasta su conclusión y pueden presentarse en cualquier acuerdo, diligencia, admisión o desechamiento de algún escrito, notificación, etcétera, lo que ha ocasionado que en casi todos los casos quien obtiene una sentencia que no le es totalmente favorable ante un tribunal local, promueva un juicio de amparo directo. Ya lo decía Fix Zamudio desde hace varias décadas, en la práctica, el juicio de amparo directo se ha convertido en un recurso adicional para solicitar la revisión de la sentencia emitida.

Tan los tribunales federales, específicamente los Tribunales Colegiados de Circuito, que son quienes conocen de los juicios de amparo directo, se han vuelto revisores de las sentencias de los tribunales de las entidades federativas, que en la regulación de los juicios ordinarios (del conocimiento de los tribunales locales) se ha reformado el sistema de recursos para eliminar la apelación en juicios de poca cuantía —esto es, la revisión por parte del tribunal local superior—. En la Ciudad de México, la apelación solo procede en asuntos en los que la prestación reclamada sea mayor a $500,000 pesos4 y en los juicios mercantiles en los que la prestación principal reclamada sea menor a $593,712.73 pesos.5

Según las estadísticas que fueron citadas, en aproximadamente una cuarta parte de los juicios de amparo directo del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito se concede el amparo.6 Sin embargo, no tenemos datos para saber si la concesión del amparo en todos esos casos se tradujo en un beneficio “sustantivo” para quien lo promovió. Esto es, si el amparo no se limitó a corregir alguna cuestión técnica o procesal que no haya tenido un beneficio tangible, más allá de lo procesal, como podría ser un aumento en la indemnización o pago correspondiente, un fallo a favor en lugar de una condena, una prestación adicional o más conveniente, etcétera.

La realidad es que con tantos tribunales federales —aproximadamente 800 a la fecha7— en toda la República conociendo de amparos y desarrollando nuevos criterios sobre su procedencia, trámite, estudio y resolución día a día, en forma simultánea y casi exclusiva, el juicio de amparo se ha vuelto un procedimiento muy complejo y sumamente técnico. Es prácticamente imposible estar al día con los criterios vigentes. Por ello es que se puede afirmar que muchos de los amparos concedidos se han detenido en cuestiones técnicas, que no han trascendido al bienestar de las partes.

No queda duda que los juicios de amparo indirecto son indispensables porque no hay otra autoridad jurisdiccional que conozca de ellos, pero ¿y los juicios de amparo directo? En su momento, en el siglo XIX, se consideró que eran necesarios porque los jueces locales no estaban preparados para realizar adecuadamente su labor. ¿Sigue siendo sostenible este argumento? ¿Es todavía indispensable que los tribunales federales revisen todos los juicios seguidos ante la autoridad local? O en su caso, ¿debería de capacitarse y retribuirse mejor a los jueces locales para que puedan realizar mejor su labor y regresarles a las salas superiores la facultad de revisar en apelación en última instancia los juicios locales?

Desconozco en este momento la solución, pero me parece que México no puede seguirse dando el lujo de no tener jueces capacitados y especializados en asuntos de comercio internacional. En el siglo XIX se justificaba plenamente que los tribunales federales se dedicaran a revisar las sentencias de los tribunales locales, o que se dedicaran exclusivamente a ejercer control constitucional, pero en el siglo XXI las circunstancias han cambiado y es indispensable adecuar el sistema para no quedarse atrás.

Rosa María Rojas Vértiz. Profesora del ITAM.


1 Cfr. Caso No. 09-10138(KG), Nortel Networks, Inc. et al., del Tribunal de Quiebras del Distrito de Delaware, Juez Kevin Gross; y Nortel Networks Corporation (Re), 2015 ONSC 2987, expediente 09-CL-7950, de fecha 12 de mayo de 2015, juez Frank Newbould del Tribunal Superior de Ontario.

2 Disponibles en: http://bit.ly/2uODVeE

3 Se toman en cuenta la estadística de 61 tribunales federales pertenecientes al Primer Circuito, incluye 61 Tribunales Colegiados de Circuito, 10 especializados en materia penal, 20 en materia administrativa, 14 en materia civil y 17 en materia del trabajo. No se toman en cuenta los tribunales especializados en competencia económica y telecomunicaciones, ni los tribunales auxiliares.

4 Artículo 691 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

5 Artículo 1339 del Código de Comercio.

6 En 21,104 juicios de amparo directo de un total de 79,800, lo que equivale a 26.44%, excluyendo a los asuntos del conocimiento de los tribunales especializados en competencia económica y telecomunicaciones.

7 Más de 150 tribunales federales solo en la Ciudad de México, y 781 en toda la República. Dicha cifra incluye Juzgados de Distrito, Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Unitarios de Circuito, y tribunales auxiliares. Cifra actualizada al 16 de febrero de 2017, según se puede apreciar en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal, disponible en:http://bit.ly/2uODVeE