El proceso electoral del 2018 ya se encuentra muy cerca y lamentablemente para la procuración e impartición de justicia, este es el mejor momento en el que se puede vender desinformación a los ciudadanos, con base en los juegos de la política, la manipulación mediática, el heroísmo institucional y el populismo criminal.

crimen

Tan grave es este momento, que las críticas del Jefe de Gobierno de Ciudad de México hacia el sistema de justicia penal en el modelo acusatorio, ya se han hecho bastante absurdas y entre el gremio de operadores del sistema, existe mofa de dicha circunstancia. Sin embargo, esas críticas no solo se basan en una simple justificación ante la sociedad de la ineficiencia institucional, sino que va equiparada a una contrarreforma planteada, que en esencia afectaría gravemente el sistema, desde diversos enfoques y vertientes.

No obstante, algunos otros actores recurren a otro tipo de tácticas, que aunque rondan en lo absurdo, terminan por afectar la credibilidad en las instituciones de procuración e impartición de justicia en el área penal.

Tal es el caso de Jalisco en donde desde el año pasado, ante los medios, el fiscal general del estado, Eduardo Almaguer, ha empleado maquinaria institucional en contra del cantante Gerardo Ortiz, iniciando todo por un video musical en el que se contextualiza un feminicidio y ante dicha situación actuó el órgano de procuración de justicia con una averiguación previa por apología del delito.

No es materia de este espacio juzgar la calidad musical o artística de Gerardo Ortíz, ni tampoco hacerlo desde la vertiente moral respecto al contenido de sus letras o los temas que se tratan. Lo importante fue que respecto a dicha causa penal el Juzgado de lo Criminal que conoció decidió absolver al cantante –a lo cual el propio fiscal señaló que presentaron la respectiva apelación, que estaría pendiente de resolverse-.

En ese sentido, recientemente el fiscal volvió a hacer declaraciones en torno a un nuevo tema musical en el que Gerardo hacía alusión a un narcotraficante y a un cartel con fuerte presencia en el estado de Jalisco, siendo tajante al decir:

Esta apología que el hace nuevamente del delito, de un grupo delictivo que ha generado muerte, violencia y dolor en el Estado de Jalisco y tratando el de encumbrar o de hacer una fama a un criminal; pues nosotros los Jaliscienses nos ofende y nos indigna, y lo quiero decir de manera clara: el no es bienvenido aquí en Jalisco, es una persona non grata. El no ha terminado su proceso legal, el Juez dictó una resolución que fue apelada por el Agente del Ministerio Público y estará revisando en segunda instancia.1

En ese sentido, de la lectura que se toma de sus declaraciones se asoman diversos puntos. El primero de ellos es que de manera genérica el fiscal atribuye la responsabilidad de los hechos delictivos en el estado de manera indirecta al cantante Gerardo Ortíz, al considerar que enaltece y exalta los hechos de sangre y, por ello, ocurre una gran cantidad de hechos delictivos en Jalisco.

Siendo este primer punto una declaración completamente carente de sustento. Desde una institución como la fiscalía, no se deben hacer afirmaciones sin sustento. Más si ni siquiera se cita algún estudio científico en donde exista una estricta relación entre la comisión de hechos delictivos y la narcocultura, en la vertiente musical. No quiero pretender ser negacionista, sin embargo, es claro que el ataque institucional va dirigido a una persona específica y, por lo mismo, ante la directa atribución que se le hace respecto tales dichos hechos delictivos, debe tener algún sustento. De lo contrario, sus afirmaciones son meras especulaciones y apreciaciones subjetivas, que a la hora de llevarlos ante el juez terminan convirtiéndose en sentencias absolutorias.

En un segundo punto, señala a título general que él no resulta bienvenido en el estado de Jalisco y esto puede verse desde distintas ópticas. El artículo 11 constitucional señala que:

Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.

Es decir, de la lectura de este artículo, se advierte la libertad de tránsito como un derecho fundamental, el cual no hace distinción entre mexicanos y extranjeros –salvo limitaciones de migración y salubridad-, ni tampoco hace distinción entre rockeros, poperos y gruperos.

Sin embargo, el texto establece dos principales excepciones que parten de autoridad judicial y autoridad administrativa. En el presente caso no pudiera actualizarse ninguna de dichas limitaciones, porque la autoridad judicial lo absolvió del delito que se le integró y; por lo que respecta a la autoridad administrativa, no se está ante un caso de los establecidos en la Ley de Migración, ni tampoco se ha iniciado un procedimiento para determinar que Gerardo Ortiz sea un extranjero pernicioso al cual se le deba de limitar la posibilidad de ingresar al país. No está por demás destacar que la Ley de Migración es muy respetuosa en cuanto a la profesión de quienes pretenden ingresar y más respetuosa aún de la libertad de expresión, que muchas veces va relacionada a la libertad de profesión.

Por otro lado, no existe un fundamento como tal para que el encargado del órgano de procuración de justicia pueda determinar que una persona es non grata para la demarcación territorial en la que se encuentra. Está fuera de toda función constitucional (artículo 21), orgánica (Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Jalisco) y procesal (Código Nacional de Procedimientos Penales). De hecho, se viola flagrantemente el principio de presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato extraprocesal por diversas circunstancias:

• El propio fiscal acepta que el proceso penal, derivado del video musical, por apología del delito no ha terminado porque fue la fiscalía quien apeló una decisión absolutoria; contrario a ello, la Constitución en el artículo 20, apartado b, fracción I, obliga a que se presuma la inocencia de toda persona imputada mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa (lo cual engloba el que se hubiera recurrido y habría que esperar la resolución de segunda instancia).2

• Por otro lado, el atribuir una nueva apología del delito, ahora por el nuevo tema musical, también viola dicho principio, porque ni siquiera se ha iniciado un proceso penal en su contra y ya se está actuando con una eventual culpabilidad sobre los hechos.

• La autoridad lo está tratando como un criminal, autor de diversos hechos delictivos, y no como una persona que enfrenta un proceso penal por un solo hecho delictivo. Es decir, se persigue al autor y se le emplea como objeto del sistema y no se focaliza la actuación de la autoridad en los hechos.

• Hace uso de su condición de figura pública para que llegue hacia un mayor sector social la actuación de la dependencia; con lo cual se pretende ensalzar su desempeño actuación y el supuesto combate a la comisión de hechos delictivos, partiendo de la óptica de la criminalización de una persona que no ha obtenido una sentencia condenatoria.

Sin embargo, aunque ya en este punto, el fiscal se excedió de las atribuciones y la actuación institucional permisible, decidió ir más allá. En efecto, en una entrevista compartida en redes sociales por el periódico Mural de Jalisco, de Grupo Reforma, señaló que:

Gerardo Ortiz Medina no es bienvenido a Jalisco. Quiero decirle a los ciudadanos, a los jóvenes, que no compren sus discos, que no vean sus videos, que no vayan a sus presentaciones, que el dinero que el gana se lo lleva a Estados Unidos; es decir, se lo lleva a otro país, haciendo apología o dando  publicidad a los hechos de sangre. Y que cada evento, si él quiere venir a Jalisco a realizar algún evento, la Fiscalía va a estar muy atenta para investigar quien lo contrata, cómo lo contrata, y por supuesto al lugar que se presenta y quienes están asistiendo para apoyarlo.3

De esta manera, pudiera analizarse la eventual comisión de algún hecho delictivo, como lo pudiera ser el abuso de autoridad o, en su caso, alguna demanda por daño moral. Al respecto vale recordar el caso Sekanina contra Austria del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el cual, la autoridad administrativa, hizo ver de manera pública que a pesar de que Karl Sekanina había sido absoluto por la autoridad judicial, este merecía que continuaran los señalamientos a su culpabilidad y; en su momento, el Tribunal Europeo consideró que se actualizaba una violación a diversos derechos humanos y entre estos la presunción de inocencia, puesto que una de las vertientes de dicho principio implicaba que la autoridad no podía sugerir públicamente que una persona fuera responsable de algún hecho delictivo, no solo cuando el proceso penal aun estuviera en trámite, sino que una vez finalizado y habiéndose dictado una absolución, esta no podía ser ignorada.4

Finalmente, en este caso la criminalización no solo pesa sobre la figura pública, sino que también se le ingresa a un estado de exclusión social, en el que se le prohíbe la convivencia y el ejercicio de relaciones económicas con ciudadanos del Estado. Lo anterior es grave si se mira desde la siguiente óptica: a una persona se le investiga por su probable responsabilidad en la comisión de un homicidio o cualquier otro delito de gravedad. La carpeta de investigación es mal integrada, no hay una investigación adecuada y en su momento, no se acredita la responsabilidad más allá de toda duda razonable y la persona es absuelta. La fiscalía apela y en segunda instancia se confirma la resolución. Como medida de apremio social y como último recurso, el titular del órgano señala a micrófono prendido que un criminal ha quedado libre. Pero que con plena certeza de su participación en hechos delictivos, seguirán investigándolo, integrándole carpetas y que además no permitirán que esta persona se reincorpore adecuadamente a la sociedad, pese a haber sido absuelta y que bloquearán toda relación económica que pretenda ejercer.

Claro que este ejemplo, es exactamente lo que pretende que ocurra con el cantante. Sin embargo, aquí pesa una diferencia fundamental, el tiene recursos económicos y otras 31 entidades federativas a las cuales pudiera acudir. Un ciudadano común y corriente, no tiene esa clase de recursos y es aquí donde pesa hoy más que nunca la marca del proceso penal.

Como sociedad debemos de pugnar por tener órganos jurisdiccionales que sean ajenos a la mediatización y la farándula de la justicia, que solo encuentran lógica y justificación en el juego de la colocación política y el crecimiento mediático. Si queremos que no existan casos como el de presunto culpable, tenemos que empezar en poner más atención en el trasfondo de la actuación de las autoridades y hacer los señalamientos de las irregularidades en la actuación, pese a que no sean nuestros gustos musicales o porque éticamente esté mal la temática que tratan dentro de su expresión.

Pretender generar confianza ciudadana, con un mal uso de la comunicación social y pasando por alto los derechos de las personas involucradas, no encuentra sustento en instituciones independientes, profesionales, autónomas y democráticas, sino que existen dentro de la desesperación sistemática para generar percepción de confianza, en un sistema que cínicamente se prostituye por la corrupción, el golpeteo político, la ineficiencia intelectual y la ley del mínimo esfuerzo.5

Joseph Irwing Olid Aranda. Coautor en el libro “Juicio de Amparo. Introducción a la Justicia Constitucional” de la Serie Justicia Constitucional. Pasante de la Licenciatura en Derecho en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Auxiliar de Defensor en el Sistema Penal Acusatorio.


1 Se puede consultar en el Canal “Un Nuevo Día” (programa de entretenimiento de Telemundo), dentro del video “Gerardo Ortiz declarado ‘Persona Non Grata’ en Jalisco”, Un Nuevo Día. Telemundo. Consultable en: https://www.youtube.com/watch?v=iFurqFQmCHU

2 Cabe señalar que, si bien dicho proceso penal se sigue conforme al Sistema Penal anterior, existen múltiples criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sería ocioso citar, en donde se establece que el Principio de Presunción de Inocencia, debía de respetarse también en el anterior modelo.

3 “Le declaran guerra por narcocorrido”. (08 de julio del 2017). Mural (Grupo Reforma). Consultado en:  http://refor.ma/T7-eae1b2

4 Leer especialmente los párrafos 33 al 40. Cfr. http://bit.ly/2vhcaMe

5 Respecto a esto último, ya no se puede hablar en esos mismos términos de la Procuraduría General de la República, puesto que hasta el momento es de las pocas dependencias que están realizando labor necesaria para hacer que función el Modelo Acusatorio. Cfr. Este es el plan de PGR para mejorar el nuevo sistema de justicia y no incluye prisión preventiva. (14 de julio del 2017). Animal Político. Consultable en: http://bit.ly/2hizHXC