En este año 2017, Facebook sobrepasó los dos billones de usuarios alrededor del planeta. Alphabet, la compañía controladora del consorcio de empresas antes agrupadas bajo la denominación Google y que comprende servicios líderes como YouTube o el sistema operativo Android además de su motor de búsqueda, contaba en mayo con un valor de mercado de $651 billones de dólares. A diferencia de los otros tres gigantes tecnológicos norteamericanos (Apple, Microsoft y Amazon), la principal fuente de ingresos de Facebook y Alphabet deriva de la venta de publicidad. Ambas compañías saben tanto de nosotros -sus usuarios- (gustos, preferencias sexuales, afinidades políticas, aficiones, ubicación, filiación religiosa, etc.) que venden nuestros perfiles a toda clase de empresas. Las cuales pueden entonces personalizar sus anuncios o promocionar sus bienes y servicios de forma individualizada y a la medida de sus potenciales clientes.

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La base del negocio de Facebook y Alphabet es la mercantilización de nuestros datos personales, que desde luego recaban de forma automatizada cada vez que utilizamos sus portales de Internet, aplicaciones o sistema operativo en el caso de Android. El tratamiento de nuestros datos inicia cada vez que le damos “me gusta” a un post o hacemos una búsqueda en Google. A la larga, las compañías tendrán un perfil tan claro de nosotros que nos conocerán mejor que nosotros mismos. Cuando eso ocurre, su poder e influencia se incrementa sin que hasta la fecha existan contrapesos adecuados al respecto. Sus descomunales bases de datos son además la plataforma del desarrollo de diversas clases de inteligencia artificial cuyos beneficios pueden ser enormes, pero cuyos riesgos no podemos siquiera imaginar. Prueba de ello es lo sucedía en días recientes: Facebook decidió desactivar un sistema inteligente que empezaba a generar un lenguaje propio e incomprensible para los humanos.

Este breve contexto sirve para dimensionar, en contraste, la pobreza de las reacciones jurisdiccionales ante este horizonte tecnológico. En efecto, el pasado 19 de abril, la Primera Sala de nuestra Suprema Corte decidió de forma unánime ejercer su facultad de atracción (número 663/2016) respecto el amparo en revisión 611/2016 (radicado ante el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito), mismo que fue promovido por tres empresas vinculadas a Google a fin de combatir la sentencia dictada dentro del amparo indirecto 422/2016 por el Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en ciudad de México. En esta sentencia, el juzgador negó el amparo solicitado por una de las empresas de Alphabet/Google al considerar que un juzgado civil de la propia ciudad de México sí es competente para conocer y resolver de un reclamo de reparación de daños formulado en contra de dicha compañía.

El caso que dio inicio al juicio ordinario civil tiene su origen en un blog cuyo contenido se basa en datos personales de la persona que funge como actor en el juicio. A decir de éste, se trata de una usurpación de su identidad, pues se copió y alteró información de su blog original. A pesar de haberle notificado a Google de la existencia de lo que él llama el blog “ilícito”, la empresa no habría tomado ninguna acción al respecto, permitiendo entonces que la afectación que el actor arguye subsistiera.

El fondo del reclamo detona una buena cantidad de asuntos jurídicamente discutibles, sobre todo respecto de la posible responsabilidad de empresas como Alphabet/Google en cuanto a contenidos cuyo tratamiento ilícito ya se ha reportado,1 así como de los alcances de las unilaterales condiciones de servicio que compañías como la demandada suelen imponer a sus usuarios. Ese fondo, sin embargo, deberá resolverse en la primera instancia sin que sea por ahora materia de estudio para la Corte, quien por ahora solo deberá dilucidar si el juzgador civil de ciudad de México es competente para conocer del reclamo. Sobre todo, porque desde la contestación de la demanda, las tres empresas que forman parte de Alphabet sostuvieron que debido a que la compañía responsable de albergar el servidor y página del blog ilícito “tiene su domicilio social en el extranjero [los hechos] deben dilucidarse por los tribunales federales o estatales del Condado de Santa Clara, California, Estados Unidos de Norteamérica”.

En la sentencia de amparo indirecto que la Corte pronto revisará se consideró que, si de los tres demandados al menos uno tenía su domicilio en la ciudad de México, entonces, operaba la regla competencial de acuerdo a la cual el actor puede elegir dónde presentar la demanda.2 Llama la atención que el juez de distrito (quizá porque no fue planteado por ninguna de las partes ni por la autoridad responsable) no analizó el modo en que opera Alphabet y sus múltiples empresas controladas, ni tampoco analizó si el tratamiento de datos transfronterizo que suele darse en la red incide de alguna forma en la cuestión competencial, pues no puede perderse de vista que el origen del problema -la creación de un blog, su posterior reproducción y alteración no autorizada, así como su subsistencia en línea- ocurre solo en el mundo virtual, en Internet. Lo más relevante que el juzgador expresó en este tenor es el siguiente párrafo:

Cuando se plantea la afectación de derechos como el honor y la reputación por la divulgación en internet de datos o información de una persona que se aducen como falsos, si bien tal extremo no se encuentra regulado entre los supuestos que rigen la competencia de las autoridades jurisdiccionales, lo cierto es que es jurídicamente factible que los juzgadores mexicanos conozcan del asunto.

La conclusión contenida en la última línea merecía un desarrollo más robusto, algo que ahora la Corte tendrá oportunidad de hacer si no quiere perder la ocasión de iniciar con solidez la creación de una doctrina jurisdiccional respecto de la competencia para juzgar hechos ocurridos exclusivamente en línea. Y es que mientras los líderes de Internet consolidan su poderío económico y exploran o incluso crean nuevas realidades que impactan en nuestras vidas de innumerables maneras, los operadores jurídicos permanecemos anclados a modos de pensar bastante ajenos a un contexto digital cada vez más complejo. Ante esta distancia, esta resolución debiese ser en nuestro país un primer paso jurisdiccional3 —es decir, saber dónde podemos litigar un asunto— en una batalla que se antoja inagotable: la defensa de nuestros derechos frente a los gigantes de la tecnología.

Erick López Serrano. Maestro en Derecho y Tecnología por la Universidad de Tilburg, Holanda. Twitter: @eLoseRR


1 Como lo refirió en Argentina su Corte Suprema de Justicia de la Nación dentro de su sentencia R. 522.XLIX, tanto la legislación de la Unión Europea y Estados Unidos como la de países como España, Chile o Brasil conceden a motores de búsqueda como Google (y en general a prestadores de servicios en internet) una protección especial en torno a los contenidos que sus usuarios suban a sus plataformas o aplicaciones, protección que impide se les responsabilice directamente de lo que éstos hagan. En términos de derecho comparado, esa especie de inmunidad ya se encuentra bastante reconocida, pero lo que requiere un mayor estudio es el determinar si esa misma protección subsiste una vez que se ha pedido al prestador de servicios intervenir para bajar contenido lesivo de derechos humanos cuya ilicitud se ha demostrado.

2 Artículo 156 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México: “Es Juez competente: IV. El del domicilio del demandado, si se trata del ejercicio de una acción sobre bienes muebles, o de acciones personales o del estado civil. Cuando sean varios los demandados y tuvieren diversos domicilios, será competente el juez que se encuentre en turno del domicilio que escoja el actor”.

3 Hago hincapié en que me refiero aquí a la discusión judicial de nuestros derechos, con independencia de los procedimientos que en materia de datos personales puedan seguirse ante el INAI.