A Laura

Diversas voces de la sociedad civil han exigido, desde distintas redes sociales, que el presupuesto de los partidos políticos para las elecciones del 2018 sea destinado a la reconstrucción de las zonas dañadas o, bien, sea asignado directamente a las víctimas de los sismos de los días 7 y 19 de septiembre.1 Al respecto, el INE afirmó que es posible jurídicamente —sin echar mano de una reforma constitucional— que los partidos políticos destinen parte de los recursos que reciben del Estado para ayudar a los damnificados.2

¿Cuál es esa ruta legal? Creo que la explicación más atinada nos la da José Roldán Xopa.3 En su opinión, el financiamiento público de los partidos (tanto para actividades ordinarias como para fines electorales) es una prerrogativa —un privilegio económico— renunciable. Si la constitución permite a los partidos decidir no gastarlo en su totalidad (o gastarlo en menor cantidad de lo que es posible), también pueden no recibirlo.

Las dirigencias de cada una de las fuerzas políticas contendientes en las elecciones de 2018, PRI, PAN, PRD, Morena y Movimiento Ciudadano —por sendas separadas y desde distintos criterios— se han manifestado a favor de renunciar a parte de sus recursos públicos en beneficio de los damnificados por los terremotos. Una de las propuestas más difundidas ha sido la presentada por el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa. Dicho partido ha renunciado a la totalidad de las prerrogativas que recibiría en lo que resta del año 2017, equivalente a 258 millones de pesos (es decir, el 25% de los recursos públicos que el partido recibe anualmente).

Sin embargo, es importante notar que renunciar a ejercer parte del financiamiento público no equivale en sí mismo a “donar” directamente tales recursos a los damnificados. Significa solamente la posibilidad de que los recursos no ejercidos puedan reasignarse a otros fines, en este caso, la reconstrucción de las viviendas destruidas o afectadas. Por tal motivo una medida como ésta, añadía Lorenzo Córdova en su pronunciamiento, tendría que estar acompañada de mecanismos de auditoria pública y ciudadana para asegurar que los recursos brindados por los partidos políticos realmente lleguen a quienes más los necesitan. Y es que, como señala Mauricio Merino,4 no queda claro —al menos no desde un punto de vista jurídico— qué uso tendrían tales recursos, quién los administraría, ni cómo serían controlados.

Dicha renuncia, sin embargo, no vino sola, traía jiribilla. El PRI además presentó, ante la Cámara de Diputados, una propuesta de reforma constitucional para, por una parte, eliminar el financiamiento público que los partidos políticos recibirían para las campañas del próximo año y, por otra, desaparecer las senadurías y diputaciones elegidas por el principio de representación proporcional (RP): 64 senadores y 200 diputados federales, y más de 400 diputados locales.5

A pesar de su “oportunismo electorero”, no sería posible aplicar dicha medida para el proceso electoral de 2018.6 Sin embargo, de aprobarse tal iniciativa para los comicios venideros, conviene preguntarse: ¿es deseable establecer un diseño institucional de financiamiento exclusivamente privado?

La memoria electoral es muy corta. Las últimas reformas en la materia han caminado en el sentido contrario. En nuestro país ha sido optado por un sistema de financiamiento prioritariamente público, donde además se establecen los límites y las fuentes válidas para el financiamiento privado, así como lo topes a los gastos que pueden realizar los actores de la política. Este diseño legal no ha caído “desde lo alto”, ha sido decidido por los propios partidos políticos, incluido el PRI. La lógica de dicho diseño era que los partidos cuenten de manera equitativa con los elementos para llevar a cabo sus actividades. México no es la excepción, es la tendencia que ha seguido toda América Latina; Bolivia y Ecuador son los únicos dos países en la región en los que las contribuciones privadas son el único medio de financiamiento político.

El problema es que el modelo de financiamiento privado para las elecciones más allá de minar la equidad en las contiendas, compromete la autonomía de los partidos políticos, al hacerlos depender de los poderes de facto. Aún más, el uso exclusivo de recursos privados para financiar las campañas políticas, puede introducir distorsiones importantes en el proceso democrático: por un lado, una desigual disposición de recursos por parte de los partidos y candidatos incide sobre las posibilidades reales que éstos tienen para llevar su mensaje a los votantes; por el otro, el dinero privado confiere a los individuos y a los grupos sociales una posibilidad diferenciada de participar en las elecciones y ejercer su influencia sobre los candidatos y los partidos, a través de sus contribuciones. “Cuando el poder político simplemente es un espejo del poder económico, el principio de “una persona, un voto” pierde su significado”.7

Es verdad que muchos estamos insatisfechos y enojados con el actuar de los partidos políticos y sus comitivas,8 pero suplir el pago de las campañas con el dinero privado no empodera a los ciudadanos, sino al contrario, aumenta el poder de influencia de los poderes fácticos, lícitos e ilícitos. No puedo decirlo mejor que Merino: no es cierto que de aprobarse dicho modelo los recursos saldrían de los bolsillos de los militantes y simpatizantes de los partidos, y cito: “¿No han caído en cuenta de que la gran mayoría de los mexicanos son pobres y de que un número aún mayor no confía en ellos?”.9

No perdamos de vista que el descontento de los ciudadanos con el financiamiento público tiene que ver más con el monto excesivo, el abuso y la opacidad con que la clase política ha empleado tales recursos. Para tales problemas hay otras soluciones que nada tienen que ver con el reforzamiento, desde la misma  constitución del poder económico de “los más fuertes”, y el repliegue del Estado en materia de financiamiento electoral. Respecto al costo de las elecciones, repensemos la fórmula de asignación de los recursos públicos a los partidos, inspirada en el principio de austeridad. Por lo que hace al abuso y opacidad en el manejo de tales recursos, reforcemos los mecanismos de auditoria, fiscalización y transparencia del financiamiento a los partidos.

Algunas cuestiones sobre la eliminación de las diputaciones y senadurías por RP. ¿De verdad es tan significativo desde el punto de vista económico el monto del erario destinado a tales cargos de elección popular? Si ello fuera así, ¿por qué no reducimos mejor el número de diputados y senadores de mayoría relativa? ¿Por qué unos y no los otros? Tal vez porque resulta más eficaz para crear mayorías  preconstituidas echar por la borda el mecanismo que dio entrada al pluralismo político en el país, tanto a nivel federal como local, y que serviría como contrapeso al papel hegemónico ejercido, durante más de 30 años, por la fuerza política que hoy, por cierto, es el principal promotor de dicha propuesta.

Si es tan oneroso organizar elecciones y mantener en sus funciones a los integrantes de las instancias de representación popular, haríamos bien entonces en prescindir de tales cargos. Comparado con los gastos de campaña, cuesta aún más cubrir los salarios de una clase política que “ya no nos representa” o, peor aún, “nunca nos han representado”. ¿No es así? ¿Después de ellos le seguimos con el INE y el TEPJF? Ellos también gastan y mucho. Total, como dice el comediante Franco Escamilla (y seguro no es el único que lo piensa), los comicios también pueden realizarse desde plataformas como Facebook, que son gratis.10 En tiempos electoreros la promoción de soluciones simplistas (por no decir simplonas) en el debate público aumenta exponencialmente…

Pero no sólo. Propuestas improvisadas como las presentadas por el Partido Revolucionario Institucional demuestran, una vez, la incapacidad para (re)pensar los problemas estructurales que afectan a la sociedad mexicana desde otro mirador que no sea el electoral. Hay al menos dos problemas sociales de fondo en esta discusión: la enorme desigualdad y los niveles de pobreza existentes en el país y la falta de una garantía efectiva al derecho a una vivienda digna y decorosa, reconocido por el propio texto constitucional (art. 4).

Frente a las razones que tienen “en jaque” a nuestra democracia, entre las que destaca la desafección misma de los ciudadanos hacia los partidos y demás instituciones de representación, deberíamos ser cuidadosos en no comprar remedios —ocurrencias de último momento— que terminen siendo peores que la enfermedad misma.

Guadalupe Salmorán. Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.


1 Esta es una de las peticiones que recibió mayor consenso en la plataforma Change.org —incluso se dice que rompió récord, registrando el tráfico más elevado de su historia. Consultable en: http://bit.ly/2xLFE60

2 Pronunciamiento del Consejero Presidente del INE en twitter del 21 de septiembre de 2017. Disponible en:  http://bit.ly/2yt57hV

3 Josè Roldàn Xopa “El financiamiento a partidos y los recursos para la reconstrucción. La Constitución como compromiso”, del 21 de septiembre de 2017. Disponible en: http://bit.ly/2wW8JYG

4 Mauricio Merino, “La clase política se equivoca”, El Universal, del 25 de septiembre de 2017. Disponible en: http://eluni.mx/2hwLwKw

5 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE FINANCIAMIENTO PRIVADO A PARTIDOS POLÍTICOS Y REDUCCIÓN DE LEGISLADORES FEDERALES Y LOCALES, SUSCRITA POR EL DIP. CÉSAR OCTAVIO CAMACHO QUIROZ (PRI) E INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI. Disponible en: http://bit.ly/2fpQjsW

6 De acuerdo con el texto de la constitución mexicana (artículo 105, II, in fine):” Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”. Si bien nada impide que los partidos políticos presenten iniciativas de reformas en materia electoral una vez comenzado el proceso electoral, de ser aprobadas en sede parlamentaria, éstas no podrían ser vigentes para los comicios de 2018.

7 K. Casas, D. Zovatto, “Para llegar a tiempo: apuntes sobre la regulación del financiamiento político en América Latina”, en P. Gutièrrez y D. Zovatto (eds.), Financiamiento de los partidos políticos en América Latina, México, UNAM-IDEA-OEA, 2011, p. 18.

8 En México, 70% de la población no está de acuerdo con que los políticos se preocupen por gente como ellos. Si bien el 19% de los ciudadanos concibió que la democracia es un sistema donde todos colaboran, el 50% declaró que es un régimen en el que “muchos participan y pocos ganan”. Cfr. INE, Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2021. Versión ejecutiva, México 2016, p. 29.

9 Mauricio Merino, “La clase política se equivoca”, El Universal, del 25 de septiembre de 2017. Disponible en: http://eluni.mx/2wTpZma

10 Franco Escamilla, ¡Viva México!, del 24 de septiembre de 2017. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Mt9KPQSIZIA