Esta fue la pregunta que en los últimos días (31 de agosto, 2, 6 y 7 de septiembre), el pleno de la Corte trato de contestar al discutir un asunto de enorme relevancia para el país: las obligaciones que se derivan de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). Resulta relevante porque después de mucho tiempo en que México estuvo ausente ante la Corte Interamericana, en los últimos años su presencia se ha incrementado considerablemente. Basta recordar las dos sentencias ya pronunciadas el año pasado (Rosendo Radilla y Campo Algodonero) y los tres casos que la Corte conocerá en el mes de septiembre. Es justamente en este contexto,  que resulta de suma importancia y trascendencia que México analice el papel que juegan dichas sentencias en el ordenamiento jurídico mexicano.

La discusión referida llegó al pleno de la Suprema Corte a través de una consulta a trámite presentada por el ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia, con fundamento en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo que se buscaba con dicha consulta era definir, en un primer momento, si la sentencia del caso Radilla Pacheco establecía obligaciones concretas para el Poder Judicial, considerando que en su contenido se establecían medidas como la capacitación de jueces y la modificación de la jurisprudencia en materia de fuero militar; de ser así, se buscaría determinar qué medidas debían adoptarse a fin de dar cumplimiento a tales obligaciones. El proyecto fue realizado por el ministro José Ramón Cossío.

Extenuante es la primera palabra que viene a la cabeza cuando se busca describir la discusión desarrollada por el pleno de la Corte. Tras un debate rígido, cerrado y  sumamente repetitivo, en donde desafortunadamente se alcanzaron únicamente respuestas parciales al problema, los ministros decidieron que la complejidad del caso era tal que ameritaba postergar el asunto; de esta forma, la misma incertidumbre que había al inicio de esta larga cuestión se mantuvo e incluso se incrementó. Durante la discusión se perfilaron dos “bandos” claros, una minoría liderada por los ministros Aguirre y Aguilar, y una mayoría abanderada por el ministro Cossío.

La primera cuestión que la Corte discutió fue si para efectos de su competencia, era necesaria una notificación formal al Poder Judicial para poder conocer sobre la sentencia del tribunal interamericano; es decir, si adicionalmente al requerimiento al Estado mexicano, se requería uno en particular para la Suprema Corte. La mayoría de los ministros propusieron que la Corte resultaba competente para conocer del asunto con base en que la sentencia  fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Por su parte, la minoría consideró que era necesario tener una notificación directa por parte del Poder Ejecutivo, toda vez que únicamente éste tiene competencia en materia internacional y, específicamente, en materia de cumplimiento de las obligaciones internacionales. Finalmente, la mayoría de los ministros votó a favor de que la Corte pudiera conocer del asunto, sin necesidad de un requerimiento adicional.

Otro tema discutido que finalmente no constituyó un elemento fundamental del debate fue la falta de un procedimiento claro para que la Corte pudiera conocer del asunto. La mayor parte de los ministros parecía estar de acuerdo con que no era necesario que estuviera establecido un reglamento específico, apoyándose en una regla clave del derecho internacional, consagrada en el propio Pacto de San José, que prohíbe a los Estados invocar cuestiones de derecho interno para justificar el incumplimiento de obligaciones internacionales. Por el otro lado, no dejó de escucharse la voz del ministro Aguirre, quien insistió en continuar discutiendo la falta de competencia de la Corte para conocer del asunto, argumentando que en esta materia la facultad es exclusiva del Poder Ejecutivo, específicamente del presidente de la República y de los secretarios de Relaciones Exteriores y Gobernación.

Una de las discusiones más candentes fue la pregunta que tendía a decidir si la Corte podía, motu propio, sin coordinación con los otros poderes, analizar las obligaciones impuestas en la sentencia y, en todo caso, cumplir con ellas. Fue una interesante discusión puesto que giró en torno a decidir cuál era la solución más congruente con el sistema de división de poderes de la Constitución. Por una parte, la mayoría se pronunció en el sentido de que si las medidas eran destinadas al Poder Judicial, no había razón alguna para coordinarse, y que esto sería tanto como subordinarse a los otros poderes. Pero la minoría (Aguirre, Aguilar, Valls y Gudiño) insistió con ahínco en que si las obligaciones estaban impuestas al Estado mexicano como un todo, no coordinarse con el Poder Ejecutivo y el Legislativo, sería violatorio de la Constitución y un abuso a la división de poderes. La mayoría mantuvo su postura y decidió que la Corte podía actuar motu propio.

El punto culminante de la discusión se dio en la cuarta sesión, a partir de un tema que el ministro Aguirre había estado expresando sutilmente durante todo el debate. Para este ministro existían razones suficientes para cuestionar la obligatoriedad de la sentencia de la Corte Interamericana, por dos cuestiones principalmente: 1) según la Constitución federal, el tribunal supremo del país es la Suprema Corte de Justicia y en ninguno de sus artículos reconoce como tal a la CorteIDH; y 2) la CorteIDH excedió sus facultades al dictar la sentencia del caso Rosendo Radilla y, por lo mismo, aquélla no obliga a la Suprema Corte. A raíz de estos planteamientos la Corte procedió a analizar cuestiones relacionadas con la validez de las sentencias internacionales; principalmente, el propio ministro Aguirre –quien incluso se dio a sí mismo la tarea de evaluar si la CorteIDH había actuado de manera adecuada en su pronunciamiento en el caso Radilla–.

Los ministros consideraron que el problema era mucho más complejo de lo que se pensaba, que el proyecto presentado por el ministro Cossío no era adecuado para la resolución del caso (en una votación ocho a tres, conformando la minoría los ministros Cossío, Sánchez Cordero y Silva) y, por ello, el asunto debía turnarse a otro ministro para la determinación de la posible participación de la Suprema Corte de Justicia en la ejecución de la sentencia del caso Rosendo Radilla de la CorteIDH.

¿Cuál sería un balance de esta accidentada discusión? Por un lado, la decisión resulta lamentable, en la medida en que la Corte decidió postergar un asunto de urgente y primordial resolución. Sin embargo, resulta afortunada en la medida en que permitirá que ciertos ministros, que pareciese que no contaban con las herramientas y los argumentos adecuados, puedan estudiar con mayor detenimiento el caso y los temas relacionados con éste. Sólo falta esperar que tras un análisis más profundo y concreto los ministros logren llegar a un acuerdo que permita, ante todo, proteger de manera más adecuada los derechos humanos, objetivo único del sistema interamericano, pero que algunos ministros pareciesen no estar tomando en cuenta.

Paula Méndez Azuela. Estudiante de la licenciatura en Derecho del ITAM. Twitter: @PaulaXMA

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