diciembre 9, 2010

Cataluña y su estatuto: la sentencia del tribunal constitucional español

El 20 de julio de 2006 se publicó en España en el Boletín Oficial del Estado la Ley Orgánica mediante la cual se reformó el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Tanto el trámite parlamentario como su debate público no se desarrollaron de manera pacífica, al punto que once días después de su publicación 99 diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso respaldaron la interposición de un recurso de inconstitucionalidad.

Diversas vicisitudes procesales y una intensa deliberación y depuración en las versiones del texto de la sentencia, en medio de un clima mediático expresivo de las distintas sensibilidades políticas generadas en torno al tema, causaron que la resolución del recurso llegara cuatro años después con la sentencia del Tribunal Constitucional (STC) 31/2010, de 28 de junio. Sin duda alguna, nos encontramos ante una de las sentencias más relevantes de la época en el constitucionalismo español porque su contenido resulta de gran trascendencia para la definición del modelo constitucional de distribución territorial del poder público.

Conviene mencionar el riesgo que conlleva referir en pocas líneas las trazas jurisprudenciales de una importante sentencia confeccionada en 147 fundamentos jurídicos: en esta ocasión lo que se pretende únicamente es apuntar algunos detalles de la misma sin abundar en el exquisito análisis y múltiples matices expresados en la sentencia. La STC 31/2010 examina el elevado número de preceptos recurridos siguiendo la propia estructura temática del Estatuto y ese mismo orden será el presentado aquí.

En cuanto al contenido impugnado del Preámbulo y del Título preliminar del Estatuto de Cataluña, la Sentencia en general matiza los aspectos fundamentadores e identitarios de Cataluña, no sin antes delimitar la naturaleza de los Estatutos de Autonomía y negar los efectos interpretativos del preámbulo respecto del resto de artículos. La Sentencia afirma que el fundamento del Estatuto reside sólo y exclusivamente en la Constitución y no en la invocación de la nación, la realidad nacional, el pueblo, los ciudadanos y los derechos históricos de Cataluña

La Constitución sólo admite una Nación, la española, indivisible y única. La calificación de “nacionales” de los símbolos de Cataluña predica únicamente su condición de símbolos de una nacionalidad constituida como Comunidad Autónoma. El “pueblo de Cataluña” no entra en competencia con el único titular del poder soberano, esto es, con el pueblo español, sino que comprende el conjunto de ciudadanos españoles que han de ser destinatarios de las normas estatutarias; la ciudadanía catalana no es sino “una especie del género ciudadanía española a la que no puede ontológicamente contradecir”; los derechos históricos del pueblo catalán únicamente pueden explicar la asunción estatutaria de determinadas competencias en el marco de la Constitución, pero nunca el fundamento de la existencia en Derecho de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

La definición del catalán como “lengua propia de Cataluña” no puede suponer un desequilibrio del régimen constitucional de la cooficialidad de ambas lenguas en perjuicio del castellano. Por ello no puede declararse el catalán como lengua de uso “preferente” de las Administraciones Públicas catalanas y de sus medios de comunicación, porque la preferencia implica primacía de una sobre otra. El catalán debe ser la lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza, pero no la única.

En cuanto al Título I del Estatuto, relativo a los “Derechos, deberes y principios rectores”, se han impugnado sin éxito varios de sus preceptos. Pese a la crítica de principio que los recurrentes plantean en torno a la inidoneidad de un Estatuto para incluir derechos fundamentales o afectar los existentes, la sentencia aclara que son derechos fundamentales estrictamente los contenidos en la Constitución, norma suprema que hace de ellos un límite insuperable para todos los poderes constituidos, por lo tanto, los derechos reconocidos en los Estatutos de Autonomía han de ser cosa distinta, concretamente, mandatos de actuación a los poderes públicos vinculados al ámbito competencial propio de la Comunidad Autónoma.

Se ha cuestionado la constitucionalidad de diversos preceptos del Título II del Estatuto, rubricado “De las instituciones”. Las impugnaciones se refieren a los capítulos III, V y VI, referentes a “El Gobierno y la Administración de la Generalitat”, “Otras instituciones de la Generalitat”, y “El Gobierno Local”. De todos ellos, destaca la inconstitucionalidad y nulidad del carácter “exclusivo” con la que el Estatuto determina la función del Síndic de Greuges para supervisar la actividad administrativa autonómica para proteger los derechos y libertades, debido a que infringe la reserva prevista constitucionalmente para el Defensor del Pueblo; y además declara inconstitucional atribuir el carácter vinculante a los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias con relación a los proyectos y proposiciones de ley relacionados con los derechos estatutarios. Tratándose de la Veguería, se determina que no es contraria a la Constitución introducirla como entidad estructuradora de la organización territorial básica de la Generalitat de Cataluña y no hacer mención, en cambio, de la provincia, pues ello no perjudica a ésta en las funciones constitucionales que le son propias. La sentencia además previene que los Consejos de veguería podrían sustituir a las Diputaciones en el exclusivo caso de que los límites geográficos de las veguerías coincidan con los de las provincias.

El Título III del Estatuto versa sobre el Poder Judicial en Cataluña y del mismo han sido impugnados algunos de los preceptos de los tres capítulos que lo componen, relativos al Tribunal Superior de Justicia y al Fiscal Superior de Cataluña, a las competencias de la Generalitat sobre la Administración de Justicia y al Consejo de Justicia de Cataluña, resultando este último inconstitucional en la medida que sea calificado de “órgano de gobierno del poder judicial” y le sean asignadas facultades típicas de un órgano de tal naturaleza. El Tribunal es enfático en declarar que sólo el Consejo General del Poder Judicial puede ejercer la función de gobierno del Poder Judicial.

El Título IV se denomina “De las competencias” y en este se contienen las atribuciones sobre las materias de las que la Comunidad Autónoma ha de ser titular, aunque cabe apuntar, que este no es el único apartado estatutario que asigne competencias a la misma. La sentencia desestima la mayor parte de las impugnaciones que le fueron realizadas con la idea central de que el ejercicio de las competencias de la Generalitat, ya sea en régimen exclusivo, compartido o ejecutivo, no obsta al pleno y libre ejercicio de las diversas competencias que el Estado ostente sobre las mismas materias.

En cuanto a las impugnaciones del Título V del Estatuto, relativo a las relaciones institucionales de la Generalitat, la sentencia dispone que es la legislación del Estado a la que corresponde libremente determinar los concretos supuestos, términos, formas y condiciones de la participación de la Generalitat en las instituciones, organismos y procedimientos de toma de decisiones del Estado que afecten a sus competencias.

Respecto al Título VI, relativo a la financiación de la Generalitat, el Tribunal recuerda que es el Estado quien tiene atribuida la competencia exclusiva en materia de Hacienda general, la potestad originaria para establecer tributos mediante ley, así como la regulación del ejercicio de las competencias financieras de las Comunidades Autónomas. A partir de esa premisa declara la inconstitucionalidad de varios preceptos y realiza interpretación conforme de otros que no se circunscriben a esa idea matriz. En este sentido, destaca la inconstitucionalidad de otorgar a la Generalitat capacidad legislativa para establecer tributos propios de los gobiernos locales o bien la inconstitucionalidad de la exigencia para que Cataluña contribuya a los mecanismos de nivelación de servicios fundamentales y de solidaridad, el que las restantes Comunidades Autónomas realicen un “esfuerzo fiscal similar” al que haga Cataluña.

Finalmente, en cuanto al Título VII dedicado a la reforma del Estatuto, la sentencia, entre otros temas,  aclara que el término “ratificación”, con que el Estatuto denomina la participación de las Cortes Generales en su procedimiento de reforma, no puede tener ningún alcance en cuanto al proceso de formación de voluntad en las Cámaras ni en cuanto a su capacidad legislativa para aprobar la reforma estatutaria mediante ley orgánica, según lo exige el art. 147.3 de la Constitución. Por otro lado, dispone que no será inconstitucional el precepto estatutario que prevé como último paso para la reforma del Estatuto, que la Generalitat la someta a referéndum, en tanto se entienda que el mismo debe ser autorizado expresamente por el Estado a través de las Cortes Generales en la ley orgánica de aprobación de la reforma del Estatuto, y convocados por el Presidente de la Comunidad Autónoma en nombre del Rey.

José Antonio Estrada Marún. Becario del Servicio de Doctrina del Tribunal Constitucional español.

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Un comentario a “Cataluña y su estatuto: la sentencia del tribunal constitucional español”


  1. Duna

    La bandera que aparece como ilustración acompañado al texto es la de Aragón, no la de Cataluña. Es importante, sobre todo teniendo en cuenta los temas que se están tratando, que no se hagan confusiones de este tipo.

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