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El caso Cassez, como se sabe, ha sido de los más relevantes para la justicia mexicana en los últimos años. Sea desde su lectura política, mediática, internacional y, por supuesto, de las exigencias del debido proceso, Cassez es un caso emblemático. En este sentido, más allá de lo decidido en este asunto por los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte, es de enorme relevancia las tesis derivadas de esta sentencia. Es decir, los criterios que eventualmente, una vez que formen jurisprudencia, impactarán en todo el ordenamiento jurídico del país. La Corte, hace algunos meses, emitió justo las tesis aisladas que resultaron del caso Cassez. Y que pueden erigirse, para bien o para mal, en el legado más importante de este caso.

TESIS AISLADA CLXVI/2013 (10ª)

EFECTO CORRUPTOR PROCESO PENAL. CONDICIONES PARA SU ACTUALIZACIÓN Y ALCANCES.

A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la vulneración de los derechos fundamentales del acusado en el proceso penal puede provocar, en determinados supuestos, la invalidez de todo el proceso, así como de sus resultados, lo cual imposibilitará al juez para pronunciarse sobre la responsabilidad penal de una persona. Esta Primera Sala considera que el efecto corruptor del proceso penal se actualiza cuando, en un caso concreto, concurran las siguientes circunstancias: a) que la autoridad policial o ministerial realicen alguna conducta fuera de todo cauce constitucional y legal; b) que la conducta de la autoridad haya provocado condiciones sugestivas en la evidencia incriminatoria que conlleven la falta de fiabilidad de todo el material probatorio; y c) que la conducta de la autoridad impacte en los derechos del acusado, de tal forma que se afecte de forma total el derecho de defensa y lo deje en estado de indefensión. Así las cosas, cuando el juez advierta la actualización de estos supuestos, deberá decretar la invalidez del proceso y, al no haber otras pruebas que resulten incriminatorias, decretará la libertad del acusado.

Amparo directo en revisión 517/2011. 23 de enero de 2013. Mayoría de tres votos.

Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto particular y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea formuló voto concurrente. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Javier Mijangos y González y Beatriz J. Jaimes Ramos.

 

TESIS AISLADA CLXXV/2013 (10ª)

DERECHO FUNDAMENTAL DEL DETENIDO A SER PUESTO A DISPOSICIÓN INMEDIATA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. ELEMENTOS QUE DEBEN SER TOMADOS EN CUENTA POR EL JUZGADOR A FIN DE DETERMINAR UNA DILACIÓN INDEBIDA EN LA PUESTA A DISPOSICIÓN. El derecho fundamental del detenido a ser puesto a disposición inmediata ante el Ministerio Público, se encuentra consagrado en el artículo 16, quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al momento en que señala que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Asimismo, dicha disposición señala que debe existir un registro inmediato de la detención. A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es necesario señalar, en primer término, que el análisis en esta materia debe partir de la imposibilidad de establecer reglas temporales específicas. Por el contrario, resulta necesario determinar, caso por caso, si se ha producido o no una vulneración del derecho reconocido a la persona detenida. Así las cosas, se está ante una dilación indebida en la puesta a disposición inmediata del detenido ante el Ministerio Público cuando, no existiendo motivos razonables que imposibiliten la puesta a disposición inmediata, la persona continúe a disposición de sus aprehensores y no sea entregada a la autoridad que sea competente para definir su situación jurídica. Tales motivos razonables únicamente pueden tener como origen impedimentos fácticos reales, comprobables y lícitos. Además, estos motivos deben ser compatibles con las facultades estrictamente concedidas a las autoridades. Lo anterior implica que los agentes de policía no pueden retener a una persona por más tiempo del estrictamente necesario para trasladarla ante el Ministerio Público, a fin de ponerlo a disposición, donde deben desarrollarse las diligencias de investigación pertinentes e inmediatas, que permitan definir su situación jurídica –de la cual depende su restricción temporal de la libertad personal–. La policía no puede simplemente retener a un individuo con la finalidad de obtener su confesión o información relacionada con la investigación que realiza, para inculparlo a él o a otras personas. Este mandato es la mayor garantía de los individuos en contra de aquellas acciones de la policía que se encuentran fuera de los cauces legales y que están destinadas a presionar o a influir en el detenido, en un contexto que le resulta totalmente adverso. En esta lógica, el órgano judicial de control deberá realizar un examen estricto de las circunstancias que acompañan al caso, desechando cualquier justificación que pueda estar basada en una supuesta búsqueda de la verdad o en la debida integración del material probatorio y, más aún, aquéllas que resultan inadmisibles a los valores subyacentes en un sistema democrático, como serían la presión física o psicológica al detenido a fin de que acepte su responsabilidad o la manipulación de las circunstancias y hechos objeto de la investigación, entre otras.

Amparo directo en revisión 517/2011. 23 de enero de 2013. Mayoría de tres votos.

Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto particular y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea formuló voto concurrente. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Javier Mijangos y González y Beatriz J. Jaimes Ramos.

El rubro y texto de la anterior tesis aislada fueron aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión privada de veinte de marzo de dos mil trece. Publicada en México, Distrito Federal, veintiuno de marzo de dos mil trece.

 

TESIS AISLADA CLXXVI/2013 (10ª)

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO EN SU VERTIENTE EXTRAPROCESAL. SU CONTENIDO Y CARACTERÍSTICAS. A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el derecho fundamental a la presunción de inocencia como regla de trato, en su vertiente extraprocesal, debe ser entendido como el derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o no partícipe en hechos de carácter delictivo o análogos a éstos y determina, por ende, el derecho a que no se apliquen las consecuencias o los efectos jurídicos anudados a hechos de tal naturaleza. Asimismo, es necesario señalar que la violación a esta vertiente de la presunción de inocencia puede emanar de cualquier agente del Estado, especialmente de las autoridades policiales. Dada la trascendencia de una acusación en materia penal, la Constitución otorga al imputado una serie de derechos fundamentales a fin de garantizar que se efectúe un juicio justo en su contra, sin embargo, de nada sirven estos derechos cuando las autoridades encargadas de investigar el delito realizan diversas acciones que tienen como finalidad exponer públicamente a alguien como responsable del hecho delictivo. Frente a estas acciones se corre el enorme riesgo de condenar al denunciado antes de tiempo, ya que el centro de gravedad que corresponde al proceso como tal, se puede desplazar a la imputación pública realizada por la policía.

Amparo directo en revisión 517/2011 . 23 de enero de 2013. Mayoría de tres votos.

Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto particular y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea formuló voto concurrente. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Javier Mijangos y González y Beatriz J. Jaimes Ramos.

El rubro y texto de la anterior tesis aislada fueron aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión privada de veinte de marzo de dos mil trece. Publicada en México, Distrito Federal, veintiuno de marzo de dos mil trece.

 

TESIS AISLADA CLXXVII/2013 (10ª)

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO EN SU VERTIENTE EXTRAPROCESAL. INFLUENCIA DE SU VIOLACIÓN EN EL PROCESO PENAL. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que como regla de trato, el derecho fundamental a la presunción de inocencia exige que cualquier persona imputada por la comisión de una conducta tipificada como delito, sea tratada como inocente durante el trámite del procedimiento e, incluso, desde antes de que se inicie, pues puede ser el caso de que ciertas actuaciones de los órganos del Estado –sin limitarlos a quienes intervienen en la función jurisdiccional propiamente dicha– incidan negativamente en dicho tratamiento. En este sentido, la violación a esta faceta de la presunción de inocencia puede afectar de una forma grave los derechos relativos a la defensa del acusado, ya que puede alterar la evolución del proceso al introducir elementos de hecho que no se correspondan con la realidad y que, en el ánimo del tribunal, y sobre todo de las víctimas y de los posibles testigos, actúen después como pruebas de cargo en contra de los más elementales derechos de la defensa. Así, la presunción de inocencia como regla de trato, en sus vertientes procesal y extraprocesal, incide tanto en el proceder de las autoridades en su consideración a la condición de inocente de la persona, como con la respuesta que pueda provenir de las demás partes involucradas en el juicio. Particularmente, la violación a la regla de trato de la presunción de inocencia puede influir en un proceso judicial cuando la actuación indebida de la policía que pretenda manipular la realidad, tienda a referirse a: (i) la conducta, credibilidad, reputación o antecedentes penales de alguna de las partes, testigos o posibles testigos; (ii) la posibilidad de que se produjere una confesión, admisión de hechos, declaración previa del imputado o la negativa a declarar; (iii) el resultado de exámenes o análisis a los que hubiese sido sometido alguien involucrado en el proceso; (iv) cualquier opinión sobra la culpabilidad del detenido; y, (v)el hecho de que alguien hubiera identificado al detenido, entre muchas otras.

Amparo directo en revisión 517/2011. 23 de enero de 2013. Mayoría de tres votos.

Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto particular y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea formuló voto concurrente. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Javier Mijangos y González y Beatriz J. Jaimes Ramos.

El rubro y texto de la anterior tesis aislada fueron aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión privada de veinte de marzo de dos mil trece. Publicada en México, Distrito Federal, veintiuno de marzo de dos mil trece.

 

Aquí el resto de las tesis.

El Juego de la Suprema Corte

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Mucho se ha hablado del caso Cassez y sus implicaciones respecto del concepto del debido proceso dentro nuestro ordenamiento jurídico. Periódicos, abogados, autoridades, entre otros, han emitido opiniones a favor o en contra de la resolución que le otorgó la libertad a Florence Cassez.

De lo que he leído al respecto hay algo que me sorprende del revuelo que generó esa resolución, específicamente dentro de la comunidad jurídica a favor de la resolución. Para defender la sentencia de la Suprema Corte frente a los críticos de la misma se ha dicho, entre otras cosas, que la actuación de la Corte no es excepcional porque en casos anteriores se ha ordenado la libertad inmediata de personas que habían sido juzgadas violentando su debido proceso. Sin embargo, ninguna de las opiniones a las que he tenido acceso, diferencia entre los tipos de asuntos en que la Corte ha ordenado la libertad inmediata de las personas procesadas por violaciones al debido proceso.

Esto es muy importante –justo en términos de debido proceso- porque dependiendo del tipo de asunto en que se resuelve un caso son los efectos que puede dársele a la sentencia. Se han citado casos como el de “Acteal”, “Jacinta”, “Alberta y Teresa”, “Hugo Sánchez” para argumentar que la Corte ha actuado anteriormente como en el caso Cassez. Sin embargo, nadie menciona que –a diferencia de estos asuntos– el caso Cassez se trata de un amparo directo en revisión y no de un amparo directo como los otros.

Esto es relevante pues en términos de los efectos que la Corte puede darle a una sentencia de amparo, no es lo mismo hablar de uno u otro. La razón de esto es porque la Suprema Corte conoce y resuelve amparos directos después de haber ejercido su facultad de atracción[1]. Lo anterior significa que la Corte asume las funciones del Tribunal Colegiado para emitir la sentencia de ese juicio, en lugar de que lo haga dicho Tribunal. Esto, a diferencia del amparo directo en revisión, permite que la Corte pueda revisar –sin ninguna limitación– todas las actuaciones de la autoridad jurisdiccional[2] que emitió la sentencia que se impugna y, como consecuencia, pronunciarse sobre la legalidad de todo el procedimiento en cuestión y concederle en su caso un amparo liso y llano para otorgarle la libertad inmediata a una persona por violaciones al debido proceso.

En el caso del amparo directo en revisión, por el contrario, las posibilidades de la Corte son mucho más limitadas. Por disposición expresa del artículo 107, fracción IX de la Constitución, dicho recurso –la revisión de la sentencia que ha emitido un Tribunal Colegiado en un juicio de amparo directo- únicamente procede en contra de las sentencias que: i) resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales; ii) establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución; u iii) omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia y que la materia del recurso se limite exclusivamente a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales.

Esto significa que, por regla general, las sentencias que emiten los Tribunales Colegiados en los juicos de amparo directo no admiten recurso salvo que se cumplan estos requisitos que específicamente establece la Constitución. Una vez resuelto el problema de constitucionalidad en el recurso de revisión, la Corte debe revocar la sentencia y reenviar el expediente al Tribunal Colegiado que resolvió para que éste dicte una nueva sentencia conforme a la interpretación o parámetros constitucionales que la Corte haya establecido en la revisión del amparo. De tal manera, que ir más allá del tema de constitucionalidad sería violentar lo que expresamente establece la fracción IX del artículo 107 de la Constitución.

Ahora bien: como lo mencioné, en el caso Cassez, la Corte actuaba en el contexto de un amparo directo en revisión, por lo cual se encontraba limitada al estudio de los temas propiamente constitucionales. Estos versaban sobre la puesta a disposición “sin demora” ante el Ministerio Público y la asistencia consular por su condición de ciudadana extranjera. Esto se debe a que en la sentencia en escrutinio, el Tribunal Colegiado determinó el alcance de dichos términos actualizando el supuesto de interpretación directa de la Constitución para la procedencia del recurso.

Así, en cumplimiento del mandato constitucional que establece el artículo 107 de que la materia del recurso se limite exclusivamente a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, lo que procedía era que la Primera Sala de la Corte hiciese el estudio constitucional sobre el significado y alcance de los conceptos de “puesta a disposición sin demora” y “asistencia consular” y, en su caso, otorgar el amparo para que el Tribunal Colegiado dictara una nueva sentencia conforme a los parámetros establecidos en el recurso de revisión.

Sin embargo, por mayoría de tres votos y con el objetivo de dar una “mayor protección a la quejosa”, la Primera Sala decidió pasar por alto la regla procesal constitucional que limita el estudio que puede hacer la Corte en los amparos directos en revisión, y analizar la legalidad de la totalidad del procedimiento penal de Florence Cassez como si estuviera actuando en un amparo directo –que llega a la Corte por facultad de atracción.

Por insignificantes que parezcan, en Derecho las normas procesales son igual de importantes que las normas que establecen nuestros derechos. ¿Por qué? Porque son estas reglas las que nos aseguran que las autoridades (incluyendo a los órganos del Poder Judicial) no actúen de manera arbitraria y se apeguen estrictamente a lo que establece la ley cuando se pretenda afectar o proteger alguno de nuestros derechos. No tener la certidumbre de que la autoridad juzgadora va a actuar conforme a las reglas que rigen su actuación nos coloca en un plano de incertidumbre jurídica en cuanto a la protección de nuestros derechos. Lo cual dinamita el debido proceso igual que la actuación arbitraria de un equipo de policías que violen nuestros derechos al momento de detenernos. Dicha situación coloca en el mismo plano de arbitrariedad a la autoridad jurisdiccional y a la de seguridad pública que decide no seguir las normas que rigen su actuación. La justicia de una sentencia deriva del actuar de la autoridad conforme a lo que la Constitución y la ley establecen, no de su resultado.

Por lo anterior, creo que en temas tan importantes como el Estado de Derecho o el debido proceso es importante no confundir peras con manzanas. De ahí que afirmar que el Caso Cassez es un parteaguas judicial en la construcción del concepto de debido proceso me parece, por lo menos menos, una afirmación apresurada. Sobre todo cuando la propia sentencia establece explícitamente que el Caso Cassez se trata de un caso excepcional. Lo cual, en sentido estricto, implica que el criterio que en ella se sostiene no podrá orientar a los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación. Es decir, la propia sentencia se está calificando como una sentencia ad hoc, contradiciendo la idea de una justicia no especial ni privativa establecida en el texto constitucional.

 

Mariana Velasco Rivera. Abogada por el ITAM, oficial judicial de la Suprema Corte adscrita a la ponencia del ministro José Ramón Cossío. Twitter: @marisconsin


[1] Para mayor referencia sobre esta facultad véase el Artículo 182 de la Ley de Amparo.

[2] Por ejemplo, estudio de pruebas, calificación acerca de la valoración de las mismas, si las mismas han sido suficientes y/o legales. A este tipo de estudio se le conoce como estudio de legalidad y tiene que ver con lo que establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución.

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Cassez disfruta de su libertad en Francia y tras de sí deja una radiografía precisa de la disfuncionalidad, ineficiencia y corrupción del sistema penal en México. Su juicio está cerrado en definitiva y no puede reabrirse. El veredicto legal reconoce su inocencia, con independencia de si social y mediáticamente se insista en su culpabilidad. A quienes en fotos le vimos junto al líder de los secuestradores y leímos los mensajes públicos de varias de las víctimas, su liberación nos deja perplejos y molestos. Una vez más, da la impresión de que justicia mexicana evidenció su incapacidad para castigar a los delincuentes y abatir la impunidad.

El análisis jurídico del tema es complicado, sobre todo porque no existe una versión pública de los documentos del juicio. ¿Que hubo un montaje televisivo? Así lo había reconocido la PGR desde un principio ante los tribunales ordinarios, por lo que la decisión de la Suprema Corte nada tuvo de novedosa. ¿Qué se presentó un “efecto corruptor” de todo el juicio? Así quedó resuelto. ¿Que se omitió notificar oportunamente a su consulado? También.

Al igual que toda persona, Cassez gozó de la presunción de inocencia en el juicio penal que se llevó en su contra. Ese es un derecho humano reconocido en la Constitución federal y en tratados internacionales, conforme al cual nadie puede ser acusado por la comisión de algún delito sin que existan pruebas idóneas y legales que así lo demuestren. Con esto se evita el fenómeno inverso, es decir, la presunción de culpabilidad, propio de la Inquisición y, por razones obvias, aberrante en la actualidad.

En los hechos, a la presunción de inocencia se contraponen los juicios de la opinión pública –de culpabilidad, por lo general– en contra de los presuntos delincuentes, fuertemente determinados, sin duda alguna, por la información proporcionada por los medios de comunicación, con base en la cual se condena a las personas antes de que sean juzgadas legalmente. Cuanto más estridente es la verdad “mediática”, mayor es la condena de la sociedad sobre los presuntos culpables. Los casos no son extraños en México. Además de Cassez, recordemos el llamado “Michoacanazo” y el caso General Tomás Ángeles y compañía. El ejemplo emblemático en el extranjero fue el de OJ Simpson.

El problema es que, en múltiples casos, la verdad “mediática” no coincide con la verdad “real” y mucho menos con la verdad “legal”, que es la que consta en los juicios y la única con base en la cual los tribunales, incluyendo la Suprema Corte, pueden resolverlos. Por ello, aun cuando en este caso existen indicios de que Cassez estaba involucrada, en mayor o menor grado, con los secuestradores, ¿es eso suficiente para sostener su culpabilidad? No, por supuesto, y sería irresponsable hacerlo si nuestra opinión la apoyamos en las versiones “mediáticas” que nos han sido presentadas.

Lo  anterior no quiere decir que ella no haya cometido los delitos. Para nada. Su libertad obedeció a que, por un tecnicismo altamente cuestionable, la Suprema Corte calificó como ilegales las pruebas que sustentaban la acusación –montaje televisivo y “efecto corruptor”–, lo que a su vez impidió que se destruyera la presunción de inocencia y se demostrara válidamente la culpabilidad de Cassez. Aquí hay poco que abundar, pues esta verdad “legal”, en tanto última y definitiva, es irrebatible.

Lo anterior, en cambio, no impide enfatizar el desaseo procesal en que incurrió la Suprema Corte al resolver el amparo de Cassez. En el foro jurídico de México y en varios medios informativos se han manejado algunos de los yerros más destacados, cuyo común denominador es que su intervención en este tipo de casos es excepcional –de ahí que se le conciba como un tribunal constitucional–, y que cuando lo haga sea para resolver particularidades relacionadas con la inconstitucionalidad de leyes o con la interpretación directa de la Constitución federal. Como tribunal constitucional, la Suprema Corte se ha caracterizado por su renuencia a revisar sentencias de tribunales ordinarios inferiores y por su negativa a resolver el fondo de los juicios penales en los que deba pronunciarse sobre la inocencia o culpabilidad de los acusados.

Sin embargo, en el asunto de Cassez la Suprema Corte se apartó de manera inédita de las reglas y formalidades a las que debió sujetar su actuación. Algunas de esas irregularidades son debatibles, por supuesto. A guisa de ejemplo, se cuestiona si la instancia adicional de defensa ante ella era procedente o no, si fue correcto que se desestimaran otras pruebas que demostraban la culpabilidad de Cassez o si sólo debieron eliminarse el montaje televisivo y otras pruebas relacionadas con éste, si fue adecuado que la ministra ponente reiterara su propio proyecto para no embarullar el tema y si debió juzgarse a la inculpada de nuevo por un tribunal federal inferior.

Que esas irregularidades sean debatibles no significa que sean menores. Son relevantes, sobre todo proviniendo del máximo tribunal del país y dada la repercusión que tendrán en casos similares futuros. Empero, existe otro aspecto de la decisión que se separó de la ortodoxia jurídica y que, por ello, ha marcado un hito en la historia judicial de México, y fue que la Suprema Corte, a la manera de un tribunal ordinario, ordenara la inmediata libertad de Cassez, lo cual es inusual en esta instancia, puesto que, como antes se señaló, lo único que ella podía resolver era la inconstitucionalidad de leyes o la interpretación directa de preceptos constitucionales, no así el fondo del asunto (inocencia o culpabilidad de Cassez).

La sensación que queda es que Cassez tenía que quedar en libertad el propio miércoles 23 de enero, como si no hubiera otra alternativa. Fue como si el objetivo de liberar a Cassez hubiese orientado y condicionado la argumentación desarrollada por tres de los ministros que votaron a su favor; como si las premisas se hubieran subordinado a una decisión previamente adoptada por ellos, y no a la inversa como habría sido lo correcto. Esto explica, por ejemplo, la innovadora incorporación en la sentencia del concepto “efecto corruptor” en el juicio, como un elemento clave que detonó al menos tres consecuencias adicionales en provecho de la inculpada: anular otras pruebas que ciertamente existían en el expediente, evitar que el juicio se devolviera a un tribunal ordinario para que la juzgara de nuevo y ordenar su pronta puesta en libertad.

Las secuelas del juicio de Cassez son profundas y afectan en lo estructural al sistema de justicia penal en México. Las reacciones públicas hablan por sí solas. Por un lado, se cuestiona el perfil garantista y progresista de algunos ministros de la Suprema Corte, con proclividad a beneficiar a probables delincuentes de manera excesiva y sin respeto a la ortodoxia procesal. Al mismo tiempo, se exigen medidas correctivas en contra de los funcionarios responsables de fabricar el montaje televisivo y otras pruebas en contra de los presuntos secuestradores, que en el caso concreto se materializaron en la libertad de Cassez.

El reto está en extraer lecciones de cuyo aprendizaje saquemos algún provecho.

 

Luis M. Pérez de Acha. Abogado por la Escuela Libre de Derecho y Doctor en Derecho por la UNAM. Twitter: @LuisPerezdeAcha

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El caso Cassez constituye incontestablemente un caso que suscita muchos comentarios, inquietudes y, en general, reacciones fuertes. Los alumnos de derecho, familiarizados con los temas de la justicia, del estado de derecho, de las garantías procesales etc., no representan una excepción, como me lo demostró un querido ex-alumno que tuvo la curiosidad de solicitar mi opinión.

Sus inquietudes pueden resumirse así: es cierto que durante el proceso hubo violaciones a los derechos humanos del acusado, pero ¿qué hay de las víctimas? Si es cierto que el debido proceso es una garantía (un valor y un objetivo) fundamental, ¿no es igual o más importante que prevalezca la justicia? ¿Qué mensaje manda la Suprema Corte de Justicia de la Nación a los demás jueces que tendrán que resolver otros casos?

Estas inquietudes deben de ser tomadas en serio. Así las tomé y las observaciones que siguen son un humilde intento para, a partir de un análisis más profundizado de algunos aspectos, transformar las inquietudes en fuentes de optimismo.

La primera observación es sobre las víctimas. Que una víctima tenga derecho a que se haga justicia, que castiguen a los culpables, que se repare el daño que han sufrido, es no solamente importante sino casi una banalidad. Lo que no es banal es quien tiene la obligación correspondiente. La respuesta es: el Estado, y en particular, los órganos encargados de ejercer la acción penal. Los acusados (presuntos inocentes) no tienen ninguna relación jurídica con las víctimas, hasta que una decisión definitiva no haya establecido (legalmente) su responsabilidad.

La verdadera pregunta, que ya muchos están formulando es: ¿quién debe pagar por esta “violación a los derechos de las víctimas”? Se trata de un caso claro de mala administración de la justicia (pero no por lo que ha hecho el pasado miércoles la SCJN, sino por todo lo que se hizo antes), y las víctimas deberían de poder reclamar una reparación al  Estado, y hasta “condenas penales” para ciertos funcionarios públicos.

Cassez, por su parte, como no se pudo probar su culpabilidad, paradójicamente comparte el estatus de víctima con las “víctimas”. Fueron violaciones distintas pero siempre se trata de violaciones. La diferencia es que en el caso de Cassez, no hay dudas sobre cual fue la violación y quienes la cometieron. En el caso de las “víctimas”, puede no haber duda sobre lo que sufrieron, pero existe más que una duda sobre el tipo de participación que tuvo Cassez. Y las “víctimas”, de todas formas, podrán concentrarse sobre otros “culpables”, dado que, creo, nadie nunca ha sostenido que Cassez fuese el cerebro y el brazo armado de una organización criminal compuesta de un solo miembro. Así que si un potencial culpable (presunto inocente) sale del juego, esto no significa que las “víctimas” se quedan sin “culpables”. Significa sólo que los culpables no pueden seleccionarse arbitrariamente, con la sola finalidad de satisfacer lo que podríamos llamar “una sed de justicia”.

Que tenga que prevalecer la justicia o el estado de derecho (representado, en este caso, en último análisis, por el debido proceso), es, como diría cualquier positivista (postura que defiende la separación entre el derecho y la moral), una opción personal. Algunos sugerirían sin embargo que si es difícil ponerse de acuerdo sobre lo que exige el estado de derecho, es casi imposible ponerse de acuerdo sobre lo que exige la justicia. Hay casos que parecen claros: fue considerado como “justo” castigar a los responsables de un genocidio (el cometido por los nazi por ejemplo), aunque haya sido violando ciertas garantías como la no retroactividad de la ley penal. Y es por supuesto injusto castigar con la pena de muerte a un inocente por un crimen que no ha cometido.

Si nos fijamos en esta última frase se vislumbra una relación entre debido proceso y justicia. ¿Como sabemos si alguien es inocente? Hay dos respuestas, una metafísica y una humana. La metafísica diría: sólo Dios lo sabe. Si descartamos esta respuesta, nos quedamos con la otra, humana: un debido proceso nos garantiza, con un margen de error ineliminable pero “soportable”, que un inocente no sea castigado por error. Pero, ¿qué pasa cuando no se respeta el debido proceso? no podemos saber si un inocente está siendo castigado por error, lo que implica que no sabemos si se esta cometiendo una injusticia. Esto significa que el costo de no respetar el debido proceso es demasiado alto en el caso en que el acusado sea de hecho inocente. Y como no se respeta el debido proceso, salvo invocar el conocimiento de Dios (sic !), es imposible (epistemológicamente imposible) afirmar que el acusado no es inocente.

De esto podemos concluir que respetar el debido proceso, en un caso penal, no solamente permite cumplir con las exigencias del estado de derecho, sino manifiestamente también con la exigencia de justicia.

Podría alguien objetar: ¿y las víctimas? Las víctimas no tienen nada que ver con esto, a menos que consideremos que castigar a alguien que no es responsable de la comisión de un crimen constituye una forma de satisfacer los derechos de las víctimas de dicho crimen. Dudo que alguien lo sostendría. En el caso Cassez, las “victimas” y Cassez son, ambas, víctimas del mal funcionamiento de la maquina policial y judicial (y de los medios de comunicación).

El mensaje que esta decisión envía para el tratamiento de los demás  casos es muy sencillo y claro. Es un mensaje garantista. Pero el mensaje garantista ya lo dieron en otros casos, no es una novedad. Los que siguen la jurisprudencia de la SCJN (y no solamente, también de algunos juzgados locales), ya se han dado cuenta del giro garantista (claro que con claro-obscuros) que está tomando la jurisprudencia en materia penal. Y se trata de un mensaje importante, en un país en donde la tendencia es no respetar las garantías procesales. ¿Habrá casos de “criminales” en libertad? Por supuesto que sí, pero me temo que tal número depende más de otros factores; corrupción, falta de capacitación de los ministerios públicos, falta de denuncia por parte de las víctimas, son, creo, los elementos que estadísticamente generan la tasa muy alta de impunidad en este país. Sospecho que el respeto del debido proceso tendría como consecuencia un aumento importante de inocentes libres, y un aumento relativamente bajo de los “culpables” en libertad (por supuesto el uso de la palabra “culpable”, fuera del contexto del debido proceso, supone tomar a préstamo una mirada “divina”, capaz de acceder a “verdades” sobre hechos, elementos psicológicos etc.).

Todos somos, cualquier sea el país en el cual vivimos, potenciales víctimas y potenciales acusados. Si pensamos que las reglas más justas (o menos injustas) son las que elaboraría un grupo de individuos en una situación hipotética (detrás de un velo de ignorancia, como lo ha teorizado el filósofo moral y político John Rawls), entonces tenemos que concluir que las reglas generales que desprenden de la postura de la SCJN, son, en último análisis, las que más satisfacen, no solamente las garantías procesales, sino también las exigencias de justicia.

 

Alberto Puppo. Profesor e investigador de tiempo completo de Derecho del ITAM.

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El 23 de enero de 2013, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia retomará la discusión del amparo directo en revisión ADR 517/2011: el caso Cassez. El 21 de marzo del año pasado, la Primera Sala retiró el proyecto propuesto por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea porque, aunque tres ministros (José Ramón Cossío, el propio Zaldívar y Olga Sánchez Cordero) se pronunciaron a favor de otorgar el amparo a Florence Cassez, no lograron construir consenso con relación a los efectos que debe producir esa concesión de amparo a favor de Florence.

El proyecto quedó en manos de la ministra Olga Sánchez Cordero, quien con ánimo de generar una resolución que convenza a sus colegas en la Primera Sala, ha elaborado un nuevo proyecto de resolución.

A continuación, se exponen algunas diferencias entre lo propuesto el año pasado por el Ministro Arturo Zaldívar y el proyecto de Olga Sánchez Cordero.

Efectos

El proyecto de Arturo Zaldívar proponía otorgar un amparo liso y llano a favor de Florence Cassez, dada la naturaleza grave e irreparable de las violaciones cometidas en su contra. Por esa razón, los efectos del amparo no podían ser otros que ordenar la libertad inmediata de Florence. Zaldívar proponía la anulación total de proceso como resultado de la contaminación íntegra que produjo tanto el montaje elaborado por las autoridades federales como el “filtro” que este impuso tanto a los testigos de cargo (víctimas), como a las autoridades ministeriales y judiciales.

Sobre la base de tres derechos fundamentales, Zaldívar construyó la noción de “efecto corruptor” como un detonador de consecuencias jurídicas muy particulares en el caso, que en el conjunto habrían afectado irreparablemente los derechos fundamentales de Florence Cassez.

El proyecto de la ministra Sánchez Cordero propone otorgar un amparo para efectos a Florence Cassez, es decir, no ordena su liberación inmediata y tampoco elabora un estudio exclusivo de constitucionalidad, de modo que el Tribunal Colegiado que resolvió el amparo directo no será quien decida en definitiva “con plenitud de jurisdicción”. En su lugar, propone anular varios elementos de prueba y regresar el expediente al Tribunal Unitario de apelación, para que éste emita una nueva sentencia sin tomar en cuenta los elementos viciados.

Análisis

Además de identificar violaciones a derechos constitucionales, el proyecto de Sánchez Cordero elabora un estudio de “legalidad” que, dada la naturaleza del recurso promovido por Florence (que en principio centra la discusión en el marco constitucional con base en el cual deberá resolverse el caso, sin analizar directamente la evidencia y sin pronunciamiento sobre normas que no sean propiamente constitucionales) podría producir una discusión sobre los límites que la Corte tiene para la discusión de este caso: si puede o no hacer lo que la Ministra propone.

El proyecto de Olga Sánchez Cordero basa la concesión del amparo en tres violaciones constitucionales, al igual que el proyecto de Zaldívar. No obstante, la argumentación que propone la ministra difiere de la ofrecida por Zaldívar el año pasado. Las violaciones identificadas son:

  1. Violación al derecho fundamental de un detenido a ser puesto a disposición sin demora;
  2. Violación al principio constitucional de inocencia;
  3. Violación al derecho a la asistencia consular.

A diferencia de Zaldívar, Sánchez Cordero no ubica al montaje de la aprehensión urdido por la Agencia Federal de Investigación como la fuente y explicación de las violaciones ni lo coloca como el elemento que desencadenó las demás consecuencias jurídicas.

Aunque la ministra considera que el montaje violó los derechos fundamentales de Florence Cassez, para ella, este elemento es eficiente para “contaminar” (e invalidar) sólo algunos de los elementos de prueba con los que se juzgó a Florence Cassez, principalmente las declaraciones y ampliaciones de declaración de los testigos de cargo Cristina Ríos Valladares y su hijo Christian Hilario Ramírez Ríos. La ministra no conecta directamente al montaje con la nulidad de estas pruebas, sino que desarrolla cómo es que el montaje y la manipulación –por parte de la AFI– de elementos objetivos de la investigación autorizan a realizar un análisis de “legalidad” sobre la confiabilidad de los testimonios que posteriormente plasmaron estos testigos.

El análisis de legalidad se propone como método para respetar el principio de presunción de inocencia, que en el caso fue violado en más de una forma.

Asimismo, el proyecto propone anular los partes informativos elaborados por los policías que aprehendieron a Florence Cassez. Sánchez Cordero sostiene que los partes policiales se contradicen con las imágenes transmitidas a virtud del montaje televisivo y que, posteriormente, los policías federales cambiaron su versión de los hechos en declaraciones vertidas ante la Visitaduría de la Procuraduría General de la República, principalmente, para apoyar la versión de los hechos ofrecida por el montaje. Para la ministra, lo anterior resulta inconstitucional y por tanto propone la anulación de estos partes policiales.

La anulación de los partes policiales “derribaría” los delitos de portación y posesión de armas prohibidas, delito por el que también fue condenada en las instancias ordinarias.

El ministro Zaldívar construyó un respaldo de normas constitucionales para explicar la secuela procesal en el caso Cassez, desde el momento de la detención de Florence y hasta la sentencia del Tribunal Colegiado de amparo. Para Zaldívar, el montaje significó una “escenificación ajena a la realidad” que produjo violaciones a derechos fundamentales por sí misma –el derecho a la asistencia consular y el derecho a ser puesto a disposición sin demora–, pero que, además, habilitó la violación de otros derechos constitucionales, particularmente el derecho a la presunción de inocencia como regla de trato y como regla probatoria.

Por su parte, la ministra Sánchez Cordero no basó su proyecto en la violación al derecho a la asistencia consular como elemento indispensable para una defensa adecuada, como había anticipado durante su intervención en la sesión de 21 de marzo de 2012, sino en el derecho a la presunción de inocencia y en el estudio de legalidad (valoración de elementos de prueba) que el proyecto realiza con base en lo que se denominó “principio de congruencia”.

El efecto que la ministra concede a la violación al derecho a la asistencia consular de Florence Cassez es únicamente la anulación de su declaración ministerial.

El proyecto de Sánchez Cordero finaliza argumentando que los elementos de prueba anulados por las violaciones a derechos fundamentales no deberán ser tomados en cuenta por el Tribunal Unitario que resuelva en definitiva y que, dado que una persona no puede ser juzgada con base en el contenido de tan solo un testimonio, la declaración que quedó exenta del análisis de nulidad propuesta por la ministra, no sería suficiente para condenar a Florence Cassez. Esto último, no es una afirmación contenida expresamente en el proyecto, sino una inferencia derivada de las consideraciones de la parte final.

Escenario

El proyecto de Olga Sánchez Cordero tiene la encomienda de convencer al menos a dos ministros de la Primera Sala para ser aprobado por mayoría. Por un lado, deberá convencer al ministro Cossío sobre los efectos propuestos y los alcances de las violaciones a derechos fundamentales con relación a las pruebas que deben ser anuladas particularmente. Por otro lado, el proyecto debe convencer tanto en sus razones de fondo como en sus efectos al ministro Arturo Zaldívar, quien inicialmente propuso otorgar un amparo liso y llano (con efectos absolutos y de libertad inmediata). Asimismo, la ministra Olga Sánchez Cordero provocará un nuevo pronunciamiento del ministro Pardo Rebolledo, quien en principio estaba de acuerdo con la estructura y argumentos de Zaldívar, pero no con sus efectos. Por último, la propuesta de este miércoles forzará al nuevo integrante de la Primera Sala, Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, a pronunciarse en el caso Cassez. Como se ha adelantado en algunos comentarios sobre los antecedentes del ministro Gutiérrez Ortiz-Mena, su criterio jurídico continúa siendo un misterio con relación a los temas que son materia de la Primera Sala.

De no aprobarse el proyecto de Olga Sánchez, existen varios escenarios posibles, dada la falta de reglas claras en la práctica de la Primera Sala para casos en los que, por segunda ocasión, no se resuelve en definitiva.

El expediente ADR 517/2011 podría turnarse al Pleno de la Corte, en cuyo caso serían los 11 ministros quienes decidirían el futuro de Florence Cassez. Otras posibilidades son que el proyecto se turne nuevamente a un ministro de la Primera Sala –probablemente Ortiz-Mena – o incluso a algún ministro de la Segunda Sala.

Finalmente, los ministros pueden decidir abandonar las consideraciones del proyecto de Olga Sánchez (si ella se suma) y llegar a un acuerdo sobre la concesión de amparo y sus efectos durante la sesión, pero dejando los argumentos y los lineamientos particulares para otro momento, esto es, pendientes de “engrose”. Esto quiere decir que las razones y los efectos del amparo que, en su caso, se otorgue a Florence Cassez quedarán pendientes a la elaboración de un documento escrito, que deberá conciliar los argumentos vertidos en la sesión y que sería encargado a un ministro en particular.

El Juego de la Suprema Corte

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Pocos principios jurídicos son tan fáciles de formular y tan difíciles de llevar a la práctica como el principio constitucional a la presunción de inocencia”

Francisco Muñoz Conde, El País, 28 de septiembre de 2003

 

En los últimos días, los jóvenes han puesto en la agenda pública un tema fundamental: la democratización de los medios de comunicación. Aprovecho la coyuntura para hacer una aportación.

Como todo proceso, la democratización involucra múltiples actores y pluralidad de instituciones en interacción. Me interesa un tema en particular. En las siguientes líneas reflexiono sobre la relación entre los medios de comunicación como actores de la democracia y los derechos constitucionales como institución básica de una sociedad democrática.

En particular, me refiero al rol de los medios frente al principio constitucional de inocencia.

Este principio parece sencillo de explicar: todos somos inocentes frente al Estado en tanto éste no pruebe, más allá de toda duda razonable, lo contrario, es decir, que somos culpables de un delito o de una conducta ilegal.

Detrás de la aparente sencillez se esconde una realidad compleja. Diariamente, los jueces nacionales tienen graves problemas para aterrizar el principio de inocencia en sus sentencias. Sea porque no lo entienden, porque no quieren entenderlo o porque no se les exige aplicarlo, el principio está lejos de ser un pilar de la justicia mexicana.

Impera entonces una suerte de principio de culpabilidad en nuestro sistema de justicia, que también opera en la opinión pública nacional.

En los últimos años la presunción de inocencia ha sido objeto de revisión.[1] En 2011, Patricia Williams escribió en The Nation sobre medios, presunción de inocencia y debido proceso.  Unos meses después, The Guardian publicó una nota en el mismo sentido.

En México, el principio fue introducido expresamente en la Constitución apenas en 2008, a pesar de constituir una victoria jurídica que se remonta al s. XVIII. [2]

La actualidad del principio es que no se agota en los tribunales.

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su Observación General No. 32 ha dicho:

La presunción de inocencia…fundamental para la protección de los derechos humanos, impone la carga de la prueba a la acusación, garantiza que no se presuma la culpabilidad a menos que se haya demostrado la acusación fuera de toda duda razonable, asegura que el acusado tenga el beneficio de la duda, y exige que las personas acusadas de un delito sean tratadas de conformidad con este principio. Todas las autoridades públicas tienen el deber de abstenerse de prejuzgar los resultados de un juicio, por ejemplo, absteniéndose de hacer comentarios públicos en que se declare la culpabilidad del acusado.

Los medios de comunicación deberán evitar expresar opiniones perjudiciales a la presunción de inocencia.[3]

En todo el mundo, las tecnologías de la información han empatado exponencialmente a los medios con el principio de inocencia. Hoy la información se difunde de inmediato. Como diría Baudrillard, “la interactividad nos amenaza por todas partes”.

Hay un problema cuando los medios de comunicación informan sobre la (probable) culpabilidad de un individuo como autor de un hecho ilegal. La presunción de inocencia puede ser fácilmente violada.

En 1897, Emile Zolá defendió al famoso capitán Dreyfus de una acusación que se tornó mediática. Para el escritor, el capitán dejó ser persona a los ojos de la opinión francesa, pasó a ser un símbolo de un malestar social, de traición personificada, de patriotismo de contraste.

Cuando Dominique Strauss Khan fue detenido en Nueva York y acusado con cargos de sexuales, bastaron minutos para que la prensa global difundiera la noticia y quedara sellado el fin de la carrera política del francés.

Cuando el profesor Henry Louis Gates, catedrático de Harvard, fue arrestado afuera de su casa y acusado por faltas al orden público y “allanamiento” en su propio hogar, el escándalo tardó unas horas antes de dominar los medios de comunicación norteamericanos.[4]

Cada vez que la Secretaría de Marina nos presenta personas como “capos” o nos exhibe la detención de un supuesto líder del crimen organizado, pocos dudan que “El Chilango” sea culpable de las conductas que se le imputan. ¿Qué importa si está golpeado o torturado? Es culpable.

Quienes vieron la exhibición del señor Cantoral Benavides, usando un traje “infamante” de reo, quedaron convencidos que los militares peruanos detuvieron al culpable de un delito.[5]

Después de ser retenida, exhibida, interrogada y acusada en televisión nacional como parte de una ‘banda de secuestradores’, ya no fue razonable llamarle Florence Cassez a la mujer acusada, sino “la secuestradora francesa”.

Todos estos casos tienen un común denominador: la presunción de inocencia entró en pugna directa con la información difundida por los medios de comunicación. Las personas involucradas no habían sido procesadas ni condenadas y sin embargo, fueron sometidas al juicio público.

Para algunos, los ejemplos no son graves: “son parte de la libertad de expresión”, “son reparables”.

La libertad de expresión no puede estar sujeta a censura previa, cierto. Sin embargo, su ejercicio encuentra límites en la vulneración de otros derechos constitucionales. El principio de inocencia es un fin constitucionalmente protegido. Como tal, tiene varias dimensiones y formas de aplicación.[6]

La presunción de inocencia es exigible tanto en situaciones procesales (en juicio) como en extraprocesales (fuera de juicio).[7] Obliga a todas las autoridades a dar un trato de no culpables a toda persona acusada por el Estado.

Los medios de comunicación violan el principio cuando difunden una versión incompleta, anticipada o inacabada de la realidad.

El impacto mediático de señalar a alguien como culpable públicamente se antoja difícil de revertir. Los errores judicial y policial, en contraste, son comunes.

Es perverso sostener que un juicio mediático no constituye un juicio previo que lo imbuye todo, que contamina la opinión y las condiciones de cualquier proceso.

¿Cómo abordamos el problema?

Con mecanismos institucionales de prevención y con garantías exigibles de reparación.

El 16 de abril de 2012, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal publicó el Acuerdo A/003/2012, que contiene el “Protocolo para la Presentación Ante los Medios de Comunicación, de Personas Puestas a Disposición del Ministerio Público”.

La emisión del acuerdo es de celebrarse, sin embargo, resuelve pocos problemas. No establece parámetros claros para determinar cuándo será presentada una persona y no resuelve el problema de las detenciones arbitrarias y de las presentaciones que se hacen “antes” de poner a disposición a una persona. Con todo, es un acuerdo novedoso y relevante.

Antes, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal publicó la recomendación 3/2012, sobre la exhibición de personas y la publicación de su información personal en averiguaciones previas a cargo de la PGJDF. Se concluyeron irregularidades en 27 casos que agraviaron a 50 personas.

Ambos instrumentos abonan al problema, pero son insuficientes. Es imperativo vincular a los estudiantes de comunicación con sus obligaciones y responsabilidades constitucionales. Es crucial exigir a nuestros jueces la aplicación real del principio de inocencia y dar peso a sus violaciones.

Reflexiones finales

La violación a la presunción de inocencia está estrechamente vinculada a la violación de otros derechos, como la imagen, la honra y la dignidad. Estos correlativos están protegidos por los tratados internacionales que México reconoce.

En un escenario democrático, sin censura previa, la ética profesional de los informadores juega un papel central y deberá estar construida a partir del complemento cruzado de las disciplinas de la información y del derecho. Personalmente, conozco un solo trabajo profesional que cruza las disciplinas del derecho y del periodismo con miras a la solución práctica de problemas de este tipo.[8]

Además, hace falta ingeniería institucional que haga posible la reparación de daño, a favor de personas que hayan sufrido violaciones graves al principio de inocencia. La noción de indemnización por daño debería ser rediseñada, por ejemplo, para permitir que la reparación obligue incluso a medios de comunicación a reivindicar la imagen de una persona a través de una difusión proporcional a la que provocó la violación.

No hay duda alguna: los derechos constitucionales tampoco debiesen ser violados por los poderes privados, tal es el caso de los medios de comunicación. Pues hay que tener bien presente que los juicios previos, sean impulsados por un poder público o por uno privado como los medios, son contrarios a la presunción de inocencia.

En la medida en que a todos nos quedé más claro que nuestros derechos están en constante pugna con los mecanismos de información, más contundente podrá ser nuestra exigencia de obtener medios de comunicación más democráticos.

 

Aldo González Melo. Licenciado en Derecho por el ITAM, litigante en materia constitucional y penal. Twitter: @aldomelo


[1] Ver por ejemplo: Brandon L. Garrett, Judging Innocence, Columbia Law Review, Vol. 100:2, 15 de noviembre de 2007, páginas 101-190; Steve Sheppard, The Methamorphoses on Reasonable Doubt: How Changes in the Burden of Proof Have Weakeaned the Presumption of Innocence, Notre Damme Law Review, Vol. 78, mayo de 2003.

[2]Cfr. Francois Quintard-Morenas, The Presumption of Innocence in the French and Anglo-American Legal Traditions, The American Journal of Comparative Law, Vol.58.1, 2010, páginas 107-149.

[3] Periodo de sesiones Ginebra, 9 a 27 de julio de 2007, CCPR/C/GC/3223 de agosto de 2007, página 9, párrafo 30.

[4]Cfr. Charles Ogletree, The Presumption of Guilt: The Arrest of Henry Louis Gates Jr., and Race, Class, and Crime in America, Palgrave Macmillan, Nueva York, 2010.

[5] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Cantoral Benavides v. Perú, sentencia de fondo de 18 agosto de 2000, párrafo 119.

[6] Para los tribunales, el principio de presunción de inocencia tiene 3 dimensiones: a) es una regla de trato (de no culpables) a favor de las personas; b) es una estándar para analizar la evidencia en un caso concreto; y c) es un estándar de interpretación al momento de dictar una sentencia.

[7] Ver jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia ‘PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ALCANCES DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL’, S.J.F. y su Gaceta; XXV, Mayo de 2007.

[8] Ver: Esteban Illades, “La Cobertura Periodística de los Tribunales: Una Introducción al Periodismo Judicial”, Tesis profesional para obtener el grado de Licenciado en Derecho, ITAM, 2011.

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Después de tres semanas de especulaciones y de una gran expectativa, la primera Sala de la SupremaCortediscutió el proyecto de amparo para el caso de Florence Cassez que sometió a su consideración el ministro Arturo Zaldívar. En él se proponía la inmediata liberación de Cassez fundamentada en la violación gravísima a tres derechos: la asistencia consular, la puesta a disposición inmediata ante el Ministerio Público y la presunción de inocencia, todos con motivo del montaje quela Agencia Federal de Investigación realizó para escenificar para la televisión un operativo de rescate de tres víctimas de secuestro.

El Proyecto

El proyecto de Zaldívar perfiló, por un lado, las violaciones al derecho fundamental a la asistencia consular y al derecho fundamental a la puesta a disposición inmediata del detenido ante el  Ministerio Público, causas que a su juicio “permitieron, favorecieron y  prepararon el terreno, para que la autoridad organizara y efectuara lo que hemos denominado como la escenificación ajena a la realidad”, y por otro, intentó demostrar cómo esta escenificación predispuso la percepción de la realidad de todas las partes del proceso lastimando de forma irreparable la presunción de inocencia, y contaminando la valoración de pruebas. Es decir, para realizar el montaje se violaron derechos y también se violaron derechos con motivo de éste.

Debido a su estructura “en cadena”, la votación al final resultó dividida y no se llegó a ninguna decisión. Ello implicó que el proyecto se desechara y se turnara ahora a la ministra Sánchez Cordero.

El recurso

La primera Sala, encargada de llevar los asuntos en materia penal y civil, se integra por cinco ministros: Arturo Zaldívar, Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío, Jorge Mario Pardo y Guillermo Ortiz Mayagoitia.

En este caso se trató de un amparo directo en revisión, ello implica que las facultades de la primera Sala estarían acotadas a determinar únicamente los criterios de interpretación de las normas constitucionales y definir el marco bajo el cual el Tribunal Colegiado deberá resolver con plena jurisdicción. Es decir, debido al “tipo” de recurso que interpuso Cassez, el alcance de la competencia dela Salase disminuye mucho con respecto a otros recursos de amparo. Así,la Salano sustituye al Colegiado, sino que dicta el alcance de los preceptos constitucionales en cuestión y determina los criterios y los efectos del amparo bajo los cuales el Colegiado deberá resolver y dictar una nueva sentencia –con jurisdicción plena-. Esta sentencia podrá resolver negar el amparo o concederlo, ya sea liso y llano (absoluto) o para efectos, lo que podría significar la reposición del procedimiento.

Los argumentos

Como adelanté arriba, la votación quedó dividida y no se pudo tomar una decisión. Hubo 2 ministros (Cossío y Pardo) que consideraron que hubo violaciones a ciertos derechos, pero no estuvieron de acuerdo con la conclusión del proyecto. Otros 2 ministros (Sánchez Cordero y Zaldívar) que estuvieron de acuerdo con el proyecto y 1 ministro (Ortiz Mayagoitia) que consideró que el amparo era improcedente.

Los argumentos del ministro Ortiz Mayagoitia[1] fueron desconcertantes, pues alegó que el recurso era infundado debido a que el Tribunal Colegiado no había interpretado preceptos constitucionales, sino que únicamente expuso que éstos no fueron violentados “su sola mención y referir (sic) que no se violentaron, no significa que [el Colegiado] haya realizado una interpretación…No es lo mismo analizar los hechos que interpretar desde la perspectiva constitucional las normas”. Por otro lado, explicó que aunque se hablara de violación a ciertos derechos, no estaría de acuerdo con la exposición del proyecto pues el montaje no corrompió la totalidad del proceso penal.

Ortiz Mayagoitia finalizó su exposición contradiciendo abiertamente el principio pro personae contenido en el segundo párrafo del artículo 1°:

Cuando el tribunal decide, bueno, cuando la autoridad natural decide, todavía no estaban vigentes las reformas constitucionales en relación con los derechos humanos, así que no se puede ver ahora ese tema como una cuestión retroactiva de aplicación de derechos fundamentales, máxime que, como ya lo señalé, es un debate todavía inacabado.

Los otros cuatro ministros estuvieron de acuerdo con la procedencia del amparo.

El ministro José Ramón Cossío dijo estar de acuerdo con la procedencia del amparo, aunque fue quien precisó el alcance de este recurso y las limitantes a la actuación dela Corte. Aunque alegó que no estaba de acuerdo con la idea del “efecto corruptor” del montaje sobre todas las actuaciones ministeriales y jurisdiccionales para fundar la procedencia, consideró que ésta se debería fundar en la violación a los derechos de asistencia consular y de puesta a disposición inmediata del Ministerio Público. A su juicio, el amparo procede porque el Colegiado no interpretó correctamente el contenido de los derechos que Cassez aduce violados.

El argumento central del ministro Cossío fue que:

En el caso, me parece que el efecto real de la demora en la entrega de la quejosa al Ministerio Público provoca que aquellos elementos que puedan utilizarse como prueba, generados como resultado de esa demora, o los elementos derivados de éstos, no sean tomados en cuenta por el juzgador, … no puedo admitir que exista un efecto generalizado y absoluto de nulidad –como lo pretende la propuesta– por lo que tenemos que establecer los lineamientos precisos para que la autoridad responsable, sin tomar en cuenta los elementos específicamente viciados por la violación procesal, realice una nueva valoración del material probatorio restante, lo cual es atinente también con el tipo de procedimiento que tenemos en este momento frente a nosotros.

Y esta es la gran diferencia en las posturas de Zaldívar y de Cossío, ambos hacen uso de la teoría del fruto del árbol envenenado, sin embargo, para Zaldívar el proceso sufre una nulidad absoluta con motivo del montaje, pues éste contaminó todas las pruebas y actuaciones; mientras que para Cossío la nulidad es relativa, pues éste contaminó solamente algunos elementos.

En esta distinción radica pues el resultado: para Zaldívar no es procedente la reposición del procedimiento y por ello propone la liberación inmediata, para Cossío se debe proceder a la reposición, pero sin tomar en consideración los elementos viciados por el montaje. Ambos coinciden en que existe una “cadena de validez” en las actuaciones de las autoridades del proceso penal para generar una sentencia, en este caso una condena, válida: legal y legítima.

Por último, a pesar de estar de acuerdo en que hubo violaciones a los derechos de Cassez, Cossío explica que no considera que éstas lleven a revocar la sentencia y liberar inmediatamente. Propone anular la sentencia del Tribunal Colegiado y eliminar los elementos viciados[2], que se valore el restante material probatorio y con libertad de jurisdicción resuelva conforme a derecho y que se dicte una nueva sentencia en la que sí se garanticen la totalidad de los elementos del debido proceso.

La postura de Cossío es de gran importancia, pues para lograr una mayoría de votos, la ministra Olga Sánchez Cordero deberá tenerla en cuenta para la formulación de su nuevo proyecto.

Sánchez Cordero leyó un documento de gran claridad, en donde aclaró la falsa contraposición entre los derechos del inculpado y los de las víctimas, que algunas voces han planteado:

El equilibrio entre víctimas e inculpados, encuentra su consolidación a partir de la intervención estatal, garante de la libertad personal por una parte, y de la seguridad pública y la igualdad jurídica, por la otra. De tal suerte que el tema a resolverse, no tiene relación con los derechos de una parte o de la otra del proceso penal, sino con todas en su conjunto y en particular, con la del Estado como ente aglutinador y garante de los derechos involucrados en un proceso. Una verdadera protección de los derechos de las víctimas, pasa necesariamente por la protección del debido proceso de los inculpados.

La ministra estuvo de acuerdo con el proyecto pero aclaró que la violación al derecho de asistencia consular “como elemento del derecho a la defensa adecuada que da lugar a un proceso dudoso, [es] suficiente[s] para dejar en claro que no existen las condiciones mínimas necesarias que permitan juzgar este caso… el proceso no tiene las condiciones para llevarse a cabo ni dictarse sentencia, no sólo en cuanto a los aspectos formales, sino también en cuanto a los aspectos sustantivos; esto es, por lo que hace al respeto a los derechos fundamentales.”

La ministra se refirió al contenido esencial del derecho de asistencia consular[3], importante referencia cuando se trata de derechos de protección, pues para que ésta sea efectiva, la autoridad debe respetar los límites mínimos (prohibición de la omisión) y máximos (prohibición de la arbitrariedad).

De esta forma, podríamos concluir que para Sánchez Cordero la construcción lógico-jurídica del proceso está viciada desde su inicio y por ello la condena es ilegal e ilegítima, la diferencia con Zaldívar radica en que para él el montaje produce un efecto corruptor que vicia todo el procedimiento, mientras que para Sánchez Cordero, es la falta de defensa adecuada la que “envenena” todo.

Por último, la postura del ministro Jorge Mario Pardo[4] fue, al igual que Ortiz, en contra del proyecto pues estimó que por tratarse de un recurso de amparo directo en revisión ya no hay posibilidad de que tengan efectos jurídicos. Para Pardo, Cassez fue víctima de violaciones a sus derechos de asistencia consular, puesta a disposición inmediata y presunción de inocencia, aunque no considera que el montaje haya viciado todo el procedimiento. Explicó que no comparte con el proyecto los efectos que atribuye a las violaciones, pues aunque el montaje lastimó en especial la obligación de ser puesto a disposición inmediata del Ministerio Público, no puede decirse que la exposición mediática dio lugar a un proceso injusto pues existen otras actuaciones y que no encuentra que la contaminación sea indudable o indefectible.

Pardo concluyó su argumentación con una postura muy cercana a Cossío –con respecto de la nulidad del procedimiento- diciendo que:

El equilibrio al que me refería hace un momento, se encuentra en la medida en que solamente las actuaciones viciadas que son violatorias de derechos humanos, deben invalidar los medios de prueba que derivan directa e indefectiblemente de esa violación.

Y ello fue lo que confundió a la hora de la votación, pues durante su participación no manifestó estar en contra del proyecto y se entendió que estaría más bien del lado del ministro Cossío respecto de un amparo para efectos descartando las pruebas viciadas por el montaje.

Lo que sigue

Al finalizar las intervenciones de los 4 ministros, el ministro ponente, Arturo Zaldívar expuso que a pesar de estar dispuesto a lograr consensos que generen mayorías, en este caso le era imposible apartarse de su proyecto pues, como lo expliqué antes, éste analiza de forma sistemática la violación a las garantías del debido proceso de Cassez y sostener esto haría imposible arribar a un amparo para efectos consistente en reponer el proceso, ya que si se considera que el montaje “envenenó” todas las actuaciones subsecuentes, difícilmente podrían subsanarse.

De esta forma, se desechó el proyecto y se turnó a la ponencia de Sánchez Cordero, la que deberá buscar un consenso entre las posturas de 4 ministros, descartando a Ortiz Mayagoitia para quien el recurso no es procedente.

La ministra deberá encontrar una postura que: a) convenza a Cossío -y Pardo-, con uso de los axiomas ferrajolianos[5] y la tesis del fruto del árbol envenenado[6] que impacten en más elementos del proceso, de que el montaje afecta de nulidad absoluta al procedimiento o b) se convenza a sí misma y a Zaldívar de que, a pesar de que el montaje lastimó gravemente los derechos de Cassez al debido proceso, éste no está afectado de nulidad absoluta y puede subsanarse, pues otros elementos no fueron afectados por el montaje.

Para cualquiera de las dos posturas y descartar o no su “envenenamiento” debido al montaje, el proyecto deberá acudir a la definición del contenido esencial de los derechos y garantías involucrados en un proceso penal.

Ahora bien, queda una tercera opción: c) debido a quela Salano sustituye al Colegiado, el proyecto de Sánchez Cordero podrá determinar las directrices constitucionales bajo las cuales el Tribunal deberá resolver, dejando a éste la determinación.

No hay plazos establecidos para la presentación de este nuevo proyecto, se ha dicho que podría esperarse a que pasen las elecciones para evitar la presión política. Sin embargo, hay una mujer privada de la libertad desde diciembre de 2005 que aspira a una respuesta de la justicia.

Geraldina González de la Vega. Constitucionalista y ensayista. Actualmente realiza estudios de posgrado en Alemania. Twitter: @geraldinasplace


[1] Su voto fue además incoherente con el publicado a principios de año en la sentencia de la Acción de Inconstitucionalidad 19/2011, donde el ministro realizó un voto concurrente en el que propone un “test” de revisión constitucional que busca concretizar la resolución conocida como Caso Radilla y racionalizar el llamado control de constitucionalidad y convencionalidad. En él, Ortiz plantea que el test de ponderación debe considerar los derechos reconocidos tanto en los tratados como enla Constitución, inclusive, habla de las resoluciones dela CorIDH.

[2] A juicio del ministro Cossío estos serían: las ampliaciones de las declaraciones de Cristina Ríos Valladares y Christian Hilario Ramírez Ríos, en los que se identifica a la quejosa como consecuencia de las trasmisiones en los noticieros en los términos ya especificados, así como la totalidad de la primera declaración ministerial de la quejosa, de 9 de diciembre de 2005, en la que careció de asistencia consular por razones atribuibles al Ministerio Público.

[3] “La asistencia consular se asimila a los derechos inherentes a determinados grupos o sectores que cuentan con elementos jurídicos para no verse en una posición de desventaja ante cualquier instancia judicial… se trata de la inserción de una persona al sistema de procuración y administración de justicia al cual es ajena, y que conlleva la obligación por parte del Estado al que pertenece, de atender, de asesorar, e incluso, defender a su nacional.”

[4] Pardo reprochó en su argumento el montaje: “Yo quiero decir que el simple hecho de haber accedido a la realización de este “montaje” o esta “simulación” –no sé cómo llamarlo– me parece que es un acto reprobable, que es un acto que debe ser sancionado en los términos de la ley, y que desde luego, deja mal parado este principio de buena fe ministerial respecto de las autoridades que autorizaron y propiciaron estas conductas.”

[5] Me refiero únicamente a los relacionados con el debido proceso: no hay lesión sin acción, no hay acto sin culpa, no hay culpa sin juicio, no hay juicio sin acusación, no hay acusación sin pruebas y no hay pruebas sin defensa.

[6] La doctrina del fruto del árbol envenenado que dice que si la fuente de la evidencia se corrompe (el árbol) cualquier cosa que provenga de ella está igualmente corrompida (los frutos).

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Por una extraña petición de principio, durante la Revolución se ha declarado por anticipado culpables a los hombres que iban a ser juzgados. Las formas [judiciales] son una salvaguarda. La abreviación de las formas significa la disminución o la pérdida de esa salvaguardia. Tal abreviación supone, pues, una pena. Si la infligimos a un acusado es que su delito está demostrado de antemano. Pero si ya está probado, ¿para qué un tribunal, sea el que fuere? Si un delito no está probado, ¿con qué derecho se le coloca en una clase particular y proscrita y se le priva, por una simple sospecha, del beneficio común a todos los miembros del estado social? Este absurdo no es el único. Las formas son necesarias o son inútiles para la convicción; si son inútiles, ¿por qué se las conserva en los procesos ordinarios? Si son necesarias, ¿por qué se las elimina en los procesos más importantes?

…las formas son indispensables, y debido a que las formas han parecido el único medio de distinguir al inocente del culpable, todos los pueblos libres han reclamado su institución. Por imperfectas que sean las formas, tienen una facultad protectora que no se les arrebata sino destruyéndolas; son las enemigas natas, los adversarios inflexibles de cualquier tiranía.

Principios de política. Benjamín Constant (1815)

 

Por ahora me urge sólo observar que jamás se tiene suficientemente en cuenta el hecho de que exista una estrechísima relación entre los resultados obtenidos y el procedimiento con el que se han obtenido y, sobre todo, que no sólo los resultados son valorables en base a criterios que nos permiten distinguir resultados deseables de resultados no deseables, sino que son sometibles a juicios de valor también los enjuiciamientos, por lo cual es posible distinguir enjuiciamientos buenos de por sí y enjuiciamientos malos de por sí, independientemente de los resultados. Por dar un ejemplo extremos, un enjuiciamiento o procedimiento judicial que comprensa también entre sus reglas la de la licitud de la tortura, es n procedimiento que quien lo considera malo lo considera tal por sí mismo, sin tener en cuenta para nada el resultado (o sea, aun admitiendo que con la tortura se pueda obtener un resultado deseable, como el de conocer la verdad).

Naturalmente, el tener o no en cuenta la bondad o no bondad de los procedimientos o enjuiciamientos no significa en modo alguno descuidar los resultados. Se comprende que el ideal sería obtener los mejores resultados con los mejores procedimientos. Pero, ¿cuáles son los mejores resultados? La dificultad de saber cuáles son los mejores resultados y poner de acuerdo a cierto número de personas (que pueden ser incluso decenas de millones) entre sí, nos obliga a someternos a las operaciones realizadas para obtenerlo y a convenir en que el mejor resultado es aquel al que se ha llegado con las mejores reglas…

Obsérvese que, contrariamente a lo que suele creerse, en este caso no es el fin bueno el que justifica el medio incluso malo, sino que es el medio bueno, o considerado como tal, el que justifica el resultado o, por lo menos, hace aceptar el resultado como bueno…

¿Qué alternativa a la democracia representativa? Norberto Bobbio (1973).

 

Toda ley, con sus formalidades y autoridad, se nos antoja fácilmente antipática; a don Quijote no le gustaba que unos hombres de honor se hicieran jueces de los pecados de otros hombres y hubiera preferido que la defensa de los débiles perseguidos corriera a cargo de su lanza de caballero, pero los débiles perseguidos seguramente no se sentirán suficientemente protegidos por su nobilísima y frágil lanza. Una buena parte de la literatura, incluso grande pero injusta, ha mirado con frialdad al derecho, considerándolo árido y prosaico respecto a la luz de la poesía y la moral. La ley sin embargo tiene una profunda y melancólica poesía; es el intento de hacer descender concretamente las exigencias de la conciencia a la realidad vivida –fatalmente un intento de compromiso, puesto que está obligado a echar cuentas con los límites de lo real, pero grande precisamente por esa ardua e ingrata confrontación con la dura prosa del mundo.

Esas leyes necesarias. Claudio Magris (1996)

 

Un gran jurista, Tullio Ascarelli, veía en Antígona no la abstracta contraposición de la conciencia individual a la norma jurídica positiva, del individuo al Estado, sino la lucha de la conciencia por traducirse en normas jurídicas positivas más justas para crear un Estado más justo. Creonte, al final, asume con conocimiento de causa que su ley era injusta y está listo –aunque sea muy tarde- para cambiarla. Las leyes no escritas de los dioses están escritas en leyes humanas más justas, aunque su transcripción es interminable y siempre, a cada ley positiva, la conciencia le opone la exigencia de una ley más alta. La tragedia no es que este proceso sea interminable, acaso su perenne perfectibilidad sea su gloria; más bien tenemos muchas razones para temer que el proceso se interrumpa y que pavorosas recaídas inhumanas hagan retroceder la historia a la barbarie, la civilización a la ferocidad, la convivencia al odio. La tragedia también es que los pasos hacia delante de la humanidad exigen el sacrificio de innumerables Antígonas que aun hoy, en este momento, mientras escribo estas palabras, continúan sepultando hermanos, hijos, padres, compañeros truncados por la violencia de los hombres.

La piedad contra la ley. Claudio Magris (1996)

 

Saúl López Noriega. Profesor e investigador de tiempo completo del departamento de derecho del ITAM. Twitter: @slopeznoriega

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Cartón del periódico La Jornada

Antecedentes

En diciembre de 2005, Florence Cassez fue detenida y horas después exhibida en televisión como secuestradora. A partir del montaje realizado –lo ha aceptado- por la PGR y la AFI (Vasconcelos, Rosas y García Luna), y antes de que fuera juzgada, Florence fue señalada como culpable de varios delitos, el principal: secuestro de al menos tres personas.

La sentencia de primera instancia de la Juez Quinto de Distrito en  Procesos Penales Federales en el Distrito Federal dictada en abril de 2008, condenó a Cassez a 96 años de prisión por los delitos privación ilegal de la libertad de 4 personas y por posesión y portación de armas prohibidas.

Cassez atacó esta sentencia en abril de 2008 ante el mismo Juzgado Quinto de Distrito y correspondió conocer del recurso de  apelación al Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, el cual dictó sentencia el 2 de marzo de 2009. Su sentencia modificó la de la Juez de Distrito, pero también encontró culpable a Florence. La condena se redujo a 60 años de prisión.

El 30 de agosto de 2010, Cassez solicita amparo contra la sentencia de segunda instancia, en su escrito se presentan en total 18 conceptos de violación. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió el juicio de amparo mediante sentencia -de más de 1500 páginas- de fecha 10 de febrero de 2011. El Tribunal encontró que los conceptos de violación hechos valer resultaban infundados, inoperantes, fundados pero inoperantes e inatendibles.

El día 7 de marzo de 2011, Cassez presentó un escrito solicitando a la Suprema Corte la revisión de esta sentencia de amparo.

El expediente (amparo directo en revisión 517/2011) se remite a la primera Sala y se turna a la ponencia del ministro Arturo Zaldívar.

El pasado miércoles el ministro Zaldívar anunció a los medios de comunicación el sentido de su proyecto que deberá ser analizado en la primera Sala el miércoles 21 de marzo de este año.

En un ejercicio de transparencia, indispensable sobre todo para casos tan controvertidos como este, el pasado jueves por la tarde fue subido a la página web de la Corte el proyecto íntegro.

El Proyecto

Cabe aquí mencionar que el expediente del caso Florence Cassez cuenta con unas diez mil páginas. El proyecto de sentencia consta de 146 páginas, de las cuales 50 se dedican a narrar el montaje de la aprehensión de Florence Cassez e Ignacio Vallarta y el rescate de las tres víctimas de secuestro en el Rancho “Las Chinitas”. Las siguientes 30 páginas se dedican a la exposición del trámite judicial de primera y segunda instancia y del amparo directo. A partir de la página 90 se encuentra el estudio de fondo de los agravios presentados por Cassez y de los temas de constitucionalidad planteados en la demanda de amparo directo y analizados en la sentencia del Tribunal Colegiado recurrida.

El proyecto de sentencia descansa en la violación grave de tres derechos humanos para realizar la escenificación y con motivo de ésta:

  1. La asistencia consular
  2. El mandato de puesta a disposición sin demora de un detenido
  3. El principio de presunción de inocencia

El punto medular del proyecto descansa en la “escenificación o montaje [organizado por las autoridades, que] tuvo como objetivo transmitir hechos ajenos a la realidad”, pues a juicio del ministro Zaldívar, ello vició todo el proceso penal instruido en contra de Cassez.

Para mostrar la trasgresión a estos derechos, el proyecto los dota de contenido a partir de una interpretación de las normas constitucionales y de las contenidas en diversos instrumentos internacionales. El proyecto no lo dice textualmente, pero habla de un bloque de constitucionalidad:

Las normas provenientes de ambas fuentes gozan de rango constitucional y, por tanto, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. En esta lógica, el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano…

Esta parte del proyecto se estructura a su vez en dos fragmentos: por un lado, perfila las violaciones al derecho fundamental a la asistencia consular y al derecho fundamental a la puesta a disposición inmediata del detenido ante el Ministerio Público, causas que a su juicio “permitieron, favorecieron y  prepararon el terreno, para que la autoridad organizara y efectuara lo que hemos denominado como la escenificación ajena a la realidad”, y por otro, demuestra como esta escenificación predispuso la percepción de la realidad de todas las partes del proceso lastimando de forma irreparable la presunción de inocencia, y contaminando la valoración de pruebas.

I. El derecho a la ayuda consular[1], vital para una defensa adecuada, tiene como finalidad reducir la distancia que separa a los extranjeros de los nacionales en cuanto a la protección de un estándar mínimo de derechos, e implica, de acuerdo con el proyecto, por lo menos, tres acciones básicas:

1) De carácter humanitario que implica que funcionarios consulares proporcionen el contacto con el mundo exterior.

2) La función de protección que implica que la presencia de los funcionarios consulares, por sí misma, coadyuva a disuadir a las autoridades locales de cometer actos en contra de los extranjeros que pueden ser contrarios a su dignidad humana o que pongan en peligro la suerte del proceso penal al que se verá sometido el extranjero.

3) La función de asistencia técnico-jurídica.

El contenido esencial de este derecho implica que:

[el extranjero] tiene derecho a comunicarse con la oficina o representación consular de su  país.  La información de este derecho debe ser inmediata y no puede ser demorada bajo ninguna circunstancia…el extranjero tiene el derecho de escoger si desea o no contactar con su respectivo consulado…, y una vez que el extranjero decide que sí desea contactar con la oficina consular de su país, la autoridad deberá informar de esta situación a la oficina consular correspondiente que se encuentre más cercana al lugar en donde se realizó la detención…el núcleo fundamental del derecho a la defensa adecuada de un extranjero [radica] en la efectividad de la defensa…una asistencia consular efectiva solo será aquélla que se otorgue de forma inmediata a la detención del extranjero…a fin de evitar un escenario de indefensión.

En este sentido, el derecho resulta vulnerado pues “existen constancias en autos, y así lo admite el Tribunal Colegiado de Circuito, que demuestran que al ser detenida Florence Cassez Crepin  –a las 4:30 a.m., del día 9 de diciembre de 2005– no se le informó de su derecho a comunicarse con la oficina consular de su país y tampoco que las autoridades hubiesen contactado de forma directa al consulado francés…[esta trasgresión] se extendió hasta las 12:20 p.m., del día 10 de diciembre de 2005, momento en el cual, por fin, el agente del Ministerio Público logró comunicarse con el Consulado francés. Entre las 4:30 a.m., del 9 de diciembre y las 3:45 p.m. del día siguiente, momento en el cual se realizó el primer contacto entre la recurrente y el funcionario consular, Florence Cassez no gozó de asistencia consular.”

II. El contenido del derecho fundamental del detenido a ser puesto a disposición inmediata ante el Ministerio Público parte “de la imposibilidad de establecer reglas temporales específicas en este punto…resulta necesario determinar, caso por caso, si se ha producido o no una vulneración del derecho reconocido a la persona detenida.” La primera Sala ha determinado que “se está frente a una dilación indebida cuando, no existiendo  motivos razonables que imposibiliten la puesta a disposición inmediata, la persona continúe a disposición de sus aprehensores y no sea entregada a la autoridad que sea competente para definir su situación jurídica.”

Y se argumenta que en este caso “no son las horas ni los minutos los elementos que debemos tomar en cuenta a fin de tener por consumada la violación, sino la justificación o motivos por los que una autoridad retiene a un detenido. En nuestro caso no es una actuación loable de la policía  –como lo sería la protección de las víctimas–, ni siquiera una situación accidental –como lo sería el intenso tráfico de la Ciudad de México–,  sino la manipulación de las circunstancias y hechos objeto de la investigación.”

El proyecto explica que “es un hecho cierto y probado, no solo para el Tribunal Colegiado de Circuito, sino para las mismas autoridades que organizaron y realizaron la detención de la ahora recurrente, que en el caso concreto existió un periodo de tiempo, entre la detención y la puesta a disposición  ante el  Ministerio Público, en el que la privación de la libertad de Florence Cassez Crepin no encuentra sustento constitucional alguno…[la Sala] no encuentra justificación constitucional alguna en el tiempo en el que Florence Cassez fue retenida en esa propiedad y expuesta a una escenificación planeada y orquestada por la Agencia Federal de Investigación, con el objetivo de exponerla ante los medios de comunicación como la responsable de la comisión de tres secuestros.”

El proyecto llega a la conclusión de que “se enfrenta a un caso muy específico en el que la violación a los derechos fundamentales a la asistencia consular y a la puesta a disposición sin demora, produjeron, por sí mismas, una indefensión total de la recurrente. Aunado a lo anterior, en el caso concreto esta indefensión se produce no solo por la violación  individualizada  de estos derechos, sino porque, además, estas violaciones han producido la afectación total del procedimiento al tener una incidencia devastadora en otros derechos fundamentales, como la presunción de inocencia y la defensa adecuada.”

III. El principio de presunción de inocencia[2] además de constituir un principio o criterio informador del ordenamiento procesal penal, es ante todo un derecho fundamental informador de las demás garantías procesales. El proyecto explica que la presunción de inocencia tiene, básicamente, un triple significado:

1) como  regla probatoria es un derecho que establece los requisitos que debe cumplir la actividad probatoria y las características que deben reunir los medios de prueba para poder considerar que existe prueba de cargo válida y destruir así el estatus de inocente que tiene todo procesado.

2) como  regla de juicio o estándar probatorio puede entenderse como una norma que ordena a los jueces la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se han aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de la persona.

3) como regla de trato en su vertiente extraprocesal constituye un  derecho fundamental a recibir la consideración y el trato de no autor o no partícipe en hechos de carácter delictivo o análogos a éstos y determina, por ende, el derecho a que no se apliquen las consecuencias o los efectos jurídicos anudados a hechos de tal naturaleza.

Las primeras dos facetas del principio son oponibles a la autoridad jurisdiccional, mientras que la violación a la presunción de inocencia como regla de trato puede emanar de cualquier agente del Estado, especialmente de las autoridades policiales. Frente a ello, el proyecto es contundente:

Dada la trascendencia de una acusación en materia penal, la Constitución otorga al imputado una serie de derechos fundamentales a fin de garantizar que se efectúe un juicio justo en su contra, sin embargo, de nada sirven estos derechos cuando las autoridades encargadas de investigar el delito realizan diversas acciones que tienen como finalidad exponer públicamente a alguien como responsable del hecho delictivo.  Frente a estas acciones se corre el enorme riesgo de condenar al denunciado antes de tiempo[3], ya que el centro de gravedad que corresponde al proceso como tal, se ha desplazado a la imputación pública realizada por la policía.

Y más adelante refiere:

[L]a violación a la presunción de inocencia como regla de trato[4]…puede introducir elementos de hecho que no se correspondan con la realidad  y que, en el ánimo del tribunal, y sobre todo de las víctimas y de los posibles testigos, actúen después como pruebas de cargo en contra de los más elementales derechos de la defensa…

El proyecto explica que las violaciones a los derechos citados “generaron en el caso concreto un efecto corruptor[5] en todo el proceso penal y viciaron  toda la evidencia incriminatoria en contra de [Florence Cassez]… para que la conducta de la autoridad  produzca un efecto corruptor del material probatorio es necesario que su actuar sea indebido, es decir, que sea efectuado fuera de todo cauce constitucional y legal. El material probatorio afectado por el efecto corruptor provoca su falta de fiabilidad… cuando la falta de fiabilidad en el material probatorio sea una consecuencia de la arbitrariedad de las autoridades…indefectiblemente se producirá un efecto corruptor sobre todo el procedimiento, viciando tanto al procedimiento en sí mismo como a sus resultados…”

Y concluye que:

[L]a exposición al montaje, como personajes y posteriormente como los principales espectadores, predispone a estos individuos para enjuiciar la realidad a través del “filtro” creado por los miembros de la Agencia Federal de Investigación… ese proceso de recuerdo [de las víctimas] se vio indudablemente contaminado  –consciente o inconscientemente– por el hecho de que las autoridades crearan una realidad  alternativa en detrimento de la acusada.

El proyecto además de señalar la violación al principio de inocencia con motivo del montaje mediático “censura que las autoridades encargadas de una detención deformen conscientemente la realidad con el fin de crear un filtro de esta realidad a fin de exponer a una persona frente a la sociedad y, principalmente, frente a las futuras partes del proceso, como los culpables del hecho delictivo.”

Conclusión

El proyecto concluye que:

[L]a violación a los derechos fundamentales a la notificación, contacto y asistencia consular; a la puesta a disposición inmediata del detenido ante el Ministerio Público y a la presunción de inocencia –en los términos aquí expuestos– han producido un efecto corruptor en la totalidad del proceso seguido en contra de Florence Marie Louise Cassez Crepin,  viciando tanto el procedimiento en sí mismo como sus resultados.

Con base las resoluciones del amparo en revisión 619/2008 y del amparo directo 22/2010, el proyecto considera que debido a que el caso de estudio “constituye la violación de un derecho fundamental del procesado, en ocasión del incumplimiento de un deber estatal y cuya transgresión resultaba en una afectación grave a los derechos a la defensa adecuada y al debido proceso, los efectos restitutorios de la sentencia no podrían consistir en otros que no fueran la inmediata libertad del procesado.”

Por lo anterior, el proyecto propone revocar la sentencia recurrida y ordenar la absoluta e inmediata libertad de Florence Marie Louise Cassez Crepin. Esto deberá ser discutido y decidido en la primera Sala de la Suprema Corte, integrada por los ministros Zaldívar, Cossío, Sánchez Cordero, Pardo y Ortiz Mayagoitia. Se requiere una mayoría de 3 votos. Es importante destacar que las sesiones de las salas no son transmitidas por el Canal Judicial y por lo general no son abiertas a todo público.

El proyecto es un documento sólido y garantista que debe ser leído por quienes consideran que México merece un mejor sistema de justicia. El proyecto se basa además en la jurisprudencia extranjera e internacional más acabada en materia de derechos humanos. A partir de ella, y de la interpretación directa de la Constitución, dota de contenido dos garantías indispensables para todas las personas: el principio de presunción de inocencia y la puesta a disposición del Ministerio Público, y define un derecho que cualquier país que se precie de ser democrático debe respetar y garantizar a los extranjeros: la asistencia consular.

Mi reconocimiento al ministro Zaldívar y a su secretario de estudio y cuenta, Javier Mijangos y González, por este valiente proyecto que es congruente con el concepto de justicia, con el respeto a los derechos humanos y del entendimiento constitucional que hace falta a nuestro país; además de entramar las garantías necesarias de cualquier democracia constitucional: la autonomía e independencia de sus jueces.

Geraldina González de la Vega. Constitucionalista y ensayista. Actualmente realiza estudios de posgrado en Alemania. Twitter: @geraldinasplace



[1] Además, el Proyecto se refiere tanto al caso Avena y a otros nacionales mexicanos (Mexico v. Estados Unidos de América) ante la Corte Internacional de Justicia, sentencia de 31 de marzo de 2004. Así como a la Opinión Consultiva OC-16/99,  emitida el 1 de octubre de 1999 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a petición y lleva por título “El derecho a la información sobre la asistencia consular y su relación con las garantías mínimas del debido proceso legal” en la que se interpreta el espectro del artículo 36 de la Convención de Viena.

[2] El proyecto cita el caso ante la Corte Interamericana Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111 [Párr 154] y Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220, [Párr. 182 y 183] “El derecho a la presunción de inocencia es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho a la defensa y acompaña al acusado durante (todo el) proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme, (de modo que este) derecho implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi corresponde a quien acusa.”

[3] Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, Op. Cit. [Párr. 184] que ”el principio de presunción de inocencia implica que los juzgadores no inicien el proceso con una idea preconcebida de que el acusado ha cometido el delito que se le imputa, por lo que la carga de prueba (recae en) quien acusa.”

[4] El proyecto refiere que este derecho también lo garantiza la Constitución por la vía del artículo 21 al establecer que: “la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”.

[5] Se entiende por tal efecto a las consecuencias de aquella conducta o conjunto de conductas, intencionadas o no intencionadas, por parte de las autoridades, que producen condiciones sugestivas en la evidencia incriminatoria. Página 135, ver la cita 317 que se refiere a la jurisprudencia de los Estados Unidos en esta materia.

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La Jornada vs. Letras Libres, la resolución Radilla o las acciones de inconstitucionalidad en contra de las reformas que reconocen la vida desde la concepción fueron algunos de los asuntos más notables que la Corte resolvió durante 2011[1]. Para este año, en la lista de asuntos pendientes de resolución se encuentran de nuevo algunos relacionados con el reconocimiento de la personalidad jurídica del no nacido, así como varios sobre cuestiones relevantes en materia de derechos de los niños y niñas, derechos de los pueblos indígenas, garantías de debido proceso, principio de división de poderes, y otros. Así mismo serán resueltos casos controvertidos como el amparo de Florence Cassez o las controversias presentadas por el municipio de Garza García en Nuevo León con motivo de las concesiones para centros de juego y apuestas.

A la fecha existen 101 controversias constitucionales (CC) y 34 acciones de inconstitucionalidad (AI) pendientes de resolución. El número de amparos, contradicciones de tesis, solicitudes de modificación e incidentes de inejecución rebasa los miles.

Entre asuntos pendientes de resolver destacan los siguientes[2]:

División de Poderes:

  • CC 70/2010. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Audiencia 01.2011, se remite a la ponencia. Promulgación y ejercicio del veto como facultades del Poder Ejecutivo.
  • CC 84/2010. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, proyecto en el Pleno 11.2011. El Poder Ejecutivo local debe limitarse a la publicación del decreto y no tiene la facultad del derecho de veto.
  • AI 11/2011. Luis Ma. Aguilar Morales. Proyecto en elaboración 05.2011. Facultad del Poder Judicial del Estado de Yucatán, para invalidar actos y normas que contravengan la Constitución local.

Concepto Jurídico de Persona y Derechos Sexuales y Reproductivos:

  • CC 62/2009 Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Proyecto en el Pleno 11.2011. Artículo 1 de la Constitución local de Guanajuato. Concepto jurídico de persona.
  • CC 89/2009 Fernando Franco González Salas, 08.2011 se celebró audiencia y se remite a ponencia. Querétaro. Protección de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte en el texto constitucional.
  • CC 104/2009 Fernando Franco González Salas, 08.2011 se celebró audiencia y se remite a ponencia. Artículo 12 de la Constitución Política del Estado de Oaxaca. Concepto jurídico de persona. Protección de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte en el texto constitucional.

Familias Diversas y Derechos de los Niños:

  • CC 13/2010 y 14/2010 Sergio A. Valls Hernández. Proyecto en el Pleno 02.2011. Actoras: Baja California y Jalisco. Artículos 146 y 391 del Código Civil para el Distrito Federal. Concepto de familia. Adopción de menores e incapaces por matrimonios homosexuales.
  • AI 17/2011. José Ramón Cossío Díaz. Proyecto en Pleno 11.2011. Régimen diferenciado entre hijos naturales y adoptados. Reformas al Código Civil para el Distrito Federal, al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal no. 1117, de fecha 15 de junio de 2011.
  • AI 54/2009. Sergio A. Valls Hernández. Se returnó 09.2010. Protección de la salud de los menores. Requisitos en materia de salud que debe cumplir un establecimiento para operar como guardería.

Materia Penal y Seguridad Pública:

  • AI 18/2011. Olga Sánchez Cordero. Elaboración proyecto 09.2011. Derechos humanos. Legislación en materia penal. Diversas disposiciones de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal.
  • AI 29/2011. José Ramón Cossío Díaz. Se registró 10.2011. Reforma al artículo 373 del Código Penal del Estado de Veracruz, “perturbación del orden público mediante falsas afirmaciones” (conocidas como Ley Duarte).
  • AI 9/2011. Sergio A. Valls Hernández. Proyecto en Pleno 08.2011. Revocación de la libertad provisional con motivo de la entrada en vigor de una nueva disposición que modifique la calificación del delito para ser considerado como grave.
  • CC 92/2010, Olga Sánchez Cordero. Audiencia 03.2011, se remite a la ponencia. Aprobación de la Ley de Emergencia Policial, reglamentaria de la fracción XVIII del artículo 85 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León.
  • CC 118/2011 Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Se registró 11.2011. El Municipio de Garza García en Nuevo León reclama diversos actos y atribuciones de autoridades federales en materia de Ley Federal de Juegos y Sorteos y su reglamento conforme a la reforma al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Casinos).
  • CC 120/2011 Olga Sánchez Cordero. Se registró 11.2011. El Municipio de Garza García en Nuevo León reclama diversos actos y atribuciones de autoridades locales en materia de Ley Federal de Juegos y Sorteos y su reglamento (Casinos).
  • AI 18/2010. Fernando Franco González Salas. Proyecto en el Pleno 10.2010. Diversos artículos de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal.

Derechos indígenas:

  • CC 63/2011, Fernando Franco González Salas. Se registró, 06.2011. (tienen conexidad las controversias constitucionales 63/2011, 64/2011, 65/2011 y 66/2011).  Modificación a las instituciones y formas de organización de municipios indígenas del Estado de Oaxaca.

Materia energética:

  • CC 109/2011, Sergio S. Aguirre Anguiano. Se admitió 10.2011. Se reclama a diversas autoridades federales atribuciones y actos en materia de Ley de Minería, su Reglamento, así como en materia de gas y carbón mineral.

Transparencia y acceso a la información:

  • AI 26/2099 Olga Sánchez Cordero, 06.2011 proyecto en el Pleno. Limitación del derecho de acceso a la información tratándose de averiguaciones previas. Artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Omisión Legislativa y Derechos Humanos:

  • AI 36/2009. Sergio A. Valls Hernández. 08.2011 proyecto en el Pleno. Omisión legislativa respecto del instrumento procesal que permita hacer exigible el derecho fundamental al medio ambiente adecuado.

Igualdad y principio de no discriminación:

  • AI 3/2010. Fernando Franco González Salas. Proyecto en el Pleno 06.2010. La norma impugnada señala a las discapacidades físicas como causa de revocación de mandato de los miembros del ayuntamiento.
  • AI 4/2010. Luis María Aguilar Morales, 04.2011 proyecto en el Pleno. Padecimiento de una enfermedad incurable y contagiosa como causa de la pérdida de la patria potestad.

Principio democrático:

  • AI 8/2010. Guillermo Ortiz Mayagoitia, 05.2011 proyecto en el Pleno. Revocación de mandato de los cargos de elección popular, específicamente el de Gobernador y Diputado en el Estado de Yucatán.

Mexicanos por nacimiento y por naturalización:

  • AI 20/2011. Sergio A. Valls Hernández. Proyecto en el Pleno 11.2011. Establecimiento del requisito de ser mexicano por nacimiento, para ser funcionario de la Procuraduría del Distrito Federal.

Otros asuntos:

  • Con fecha 28 de noviembre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General número 17/2011 del Pleno por el que se levanta el aplazamiento del dictado de la resolución de los amparos en revisión en los que subsiste el problema de constitucionalidad de leyes y decretos que reforman y adicionan las constituciones locales para reconocer el derecho fundamental a la vida desde la concepción o la fecundación.
  • Está pendiente de resolverse el amparo promovido en contra de la sentencia del Tribunal en el caso de Florence Cassez que pondría final al proceso en México.
  • Asimismo, la Corte deberá resolver el asunto relacionado con la posibilidad de interponer un recurso en contra de las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información.

En el informe anual de la Primera Sala, el ministro Zaldívar reportó que se encuentran pendientes de resolución los siguientes asuntos relevantes que llegaron a su conocimiento mediante la facultad de atracción:

  • El caso de un joven indígena mazahua, detenido en el año 2007, acusado de cometer dos delitos. En este asunto la primera Sala determinará los requisitos indispensables de las identificaciones realizadas a través de fotografías, con la finalidad de evitar identificaciones erróneas. Asimismo, se podrá determinar qué valor debe otorgarle el juez penal a las ampliaciones de las declaraciones de las víctimas, cuando son contradictorias a lo declarado en un primer momento. Igualmente, la Sala estará en posibilidad de pronunciarse sobre cuál es el contenido mínimo del derecho de todo detenido a ser puesto a disposición sin demora ante la autoridad competente.
  • El caso de una joven de 26 años, originaria del Estado de Yucatán, quien fue agredida por su pareja sentimental. Al resolver este asunto, la Sala tendrá que emitir un criterio sobre la reclasificación de los delitos y sobre la reparación del daño en materia penal, así como de los alcances procesales de la defensa de la víctima de un delito.
  • El caso promovido por la periodista Lydia Cacho en contra de la sentencia que la condena al pago de una indemnización por daño moral por haber incluido, en una de sus publicaciones, fotografías y datos personales de una persona. Habrá que ponderar el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información frente a los derechos de la personalidad, como la vida privada, el honor y la propia imagen.
  • A raíz de varias solicitudes provenientes de distintos Tribunales Colegiados de Circuito, la Sala deberá determinar si resulta imperativo que en un proceso penal, se designe un defensor que conozca la lengua, usos y costumbres cuando el procesado sea de origen indígena.

La Segunda Sala resolverá al menos los siguientes asuntos relevantes:

  • Una serie de Amparos en Revisión sobre la presunta inconstitucionalidad de algunas causales de improcedencia de Ley de Amparo vigente, a la luz del principio pro personae, incorporado al artículo 1° constitucional mediante la reforma de Derechos Humanos.
  • El Amparo Directo en Revisión (ADR 2125/11) sobre el control de convencionalidad ante la negativa de acceso a la justicia por incompetencia de tribunal administrativo.

Geraldina González de la Vega. Constitucionalista y ensayista. Actualmente realiza estudios de posgrado en Alemania. Twitter: @geraldinasplace


[1] Durante 2011 se realizaron 129 sesiones de Pleno, 41 sesiones de la Primera Sala y 40 sesiones de la Segunda Sala.

El Pleno resolvió 642 asuntos a lo largo del año. Entre diciembre de 2010 y diciembre de 2011, ingresaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 3,529 asuntos, mientras que los egresos ascendieron a 3,187.

Durante 2011, la Primera Sala inició con una existencia de 345 asuntos, a la que se acumularon 2925 ingresos, que sumados, ascienden a 3270 asuntos, de éstos egresaron 2975, de los que: 1811 corresponden a asuntos resueltos; 509 asuntos remitidos al Tribunal Pleno o a la Segunda Sala; 560 resueltos mediante dictamen y 95 por Acuerdo de Presidencia. Quedan pendientes por fallarse al 30 de noviembre pasado, 295 asuntos.

El Presidente de la Segunda Sala reportó que esta inició sus labores con la existencia de 268 asuntos, los que sumados a los 2,806 que ingresaron dan un total de 3,074 expedientes, de los cuales egresaron 2,921 de la manera siguiente: 1,964 por resolución, 29 corresponden a returnos a la propia Sala, 322 se enviaron a Pleno, 10 a la Primera Sala, 596 fueron remitidos a Tribunales Colegiados de Circuito. En este momento se encuentran pendientes de proyecto 153 asuntos.

Los datos aparecen tanto en el Informe del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ministro Juan Silva Meza, como en los informes respectivos de la Primera y Segunda Salas. Ver aquí.

[2] Se consideran todos los asuntos en materia de derechos humanos. El criterio para elegir los asuntos más relevantes fue el de sus efectos generales y el de interpretación de principios constitucionales. No se han considerado las cuestiones de división de poderes y distribución de competencias entre municipios y gobiernos locales, materia que ocupa a la mayoría de las Controversias pendientes, pues se trata de asuntos de distribución de competencias de carácter local.

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