En total, ya son dieciséis los Estados que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo a nivel nacional (en el Reino Unido se acaba de aprobar);[i] y son dos los que lo tienen al menos en algunas de sus jurisdicciones.[ii] Tal vez no se trate una cifra impactante en términos globales, pero el rápido aumento en el número –todo esto ha ocurrido en menos de doce años– indica que ésta es una causa que está permeando a las democracias. Más que discutir aquí lo inevitable de este cambio, me interesa cuestionar lo deseable que resulta el mismo: ¿cuáles son algunos de los problemas con la lucha por el matrimonio entre personas del mismo sexo?  

NO-VICTORYExisten diversas críticas que se han esgrimido en contra de esta causa. Una –la más conocida, quizá– es la que busca conservar al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.[iii] La otra es la que ha surgido de los que, si bien están a favor del reconocimiento jurídico de la diversidad sexual –incluso en el ámbito familiar–, se oponen a la estrategia que privilegia al matrimonio como el sitio para la transformación.  A grandes rasgos, se sostiene que la lucha por el matrimonio entre personas del mismo sexo es insuficiente para atacar los problemas que aquejan a las personas con una sexualidad diversa, a la par de que perpetúa un esquema injusto en el que todas las relaciones familiares que no se adecúan al esquema matrimonial (más allá de la orientación sexual de la pareja), resultan desprotegidas. Básicamente: luchar por el matrimonio entre personas del mismo sexo propicia un castigo a las sexualidades y familias diferentes. 

Uno de los textos clásicos sobre la opresión que viven las sexualidades diversas es el de la antropóloga Gayle Rubin, “Reflexionando sobre el sexo”, escrito en 1984. Rubin se dedicó a esquematizar la regulación de la sexualidad e identificar las “escuelas de pensamiento” que más se utilizan para justificarla y perpetuarla. En sociedades como la estadunidense –y la mexicana–, existe una concepción de la sexualidad en donde se asume que es perversa (o sospechosa), salvo que se demuestre lo contrario. La gran excepción a esta premisa ha sido la sexualidad reproductiva que se ejerce al interior del matrimonio. Para Rubin, existe, además, una jerarquización de las sexualidades, en cuya cúspide reside la matrimonial. Es ésta la que goza de todos los beneficios –jurídicos y sociales– en la comunidad (empezando por una presunción de salud y estabilidad). Entre más se aleje la sexualidad practicada de la única legítima, más bajo cae en la escala: obtienen menos beneficios y hasta comienzan a sufrir castigos. Las parejas heterosexuales monogámicas y estables que no están casadas; las que no son monogámicas (o estables); las que no tienen hijos; las del mismo sexo; los polígamos; los transexuales; las personas que se dedican al trabajo sexual; y los que tienen algún tipo de fetiche o parafilia (los sadomasoquistas, en particular, fueron un objeto de estudio de Rubin), etcétera.

Dentro de este esquema, el matrimonio entre personas del mismo sexo no dinamita la jerarquización misma de las sexualidades o la lógica que informa su regulación –todo es ilegítimo salvo que se demuestre lo contrario–. Lo único que hace es ascender a un grupo específico de la población en la escala: las parejas del mismo sexo que desean adecuarse al esquema matrimonial. Ni siquiera mejora la circunstancia de todos las personas gays o bisexuales, sino sólo la de los que se comportan como las parejas heterosexuales casadas tradicionales.[iv] Hasta acaba por convertirse, muchas veces, en una arma más en contra de los perversos: ¿por qué no pueden ser como sus iguales reformados?[v] 

El segundo problema con esta causa es que enfoca los recursos y la movilización en un bien –el matrimonio– que tampoco resuelve la mayoría de los problemas de las personas con una sexualidad diversa. La discriminación laboral o en la vivienda –por ejemplo–, el acceso a tratamientos de salud –sobre todo relacionados con el VIH– o el acoso policíaco quedan prácticamente excluidos del foco público. Los jóvenes sin casa –que en EUA, el 40% lo son por causa de su sexualidad–, tampoco resultan beneficiados por este cambio.[vi] Desde aquí, no sólo son los gays domesticados los aventajados, sino los que tienen cierto ingreso. Todos los demás, quedan fuera de la protección.  

Finalmente, está el problema del castigo a la diversidad familiar. La lucha por el matrimonio entre personas del mismo sexo refuerza la idea de que el matrimonio es la institución a través de la cual se deben tutelar los lazos familiares.[vii] Para Nancy D. Polikoff, autora de Beyond (Straight and Gay) Marriage. Valuing All Families Under the Law, es fundamental cuestionar esta primacía del matrimonio. Más que exigirle a las personas que se adecúen a él, habría que ver cómo el derecho reconoce los múltiples arreglos que ya se dan en la práctica y que operan dentro de un esquema familiar más amplio[viii] (como, por ejemplo, los roommates, que muchas veces cumplen funciones que el derecho le reconoce propiamente a las familias, como las de cuidado, compañía o hasta apoyo económico). Esta crítica obliga a cuestionar por qué se le adscriben tantos beneficios al matrimonio, por no decir que también obliga a preguntar por qué, en primer lugar, se condiciona el disfrute de ciertos derechos al estado civil de las personas. Más que ampliar quienes caben dentro del matrimonio, los esfuerzos deberían dirigirse a ampliar quienes son considerados familiares, así como las opciones para proteger estos lazos. 

Si bien estas posturas no implican, en sí, estar en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, las preguntas que plantean no dejan de ser fundamentales. ¿Al proteger a unos, a quiénes se desprotegen? ¿Qué permanece sin ser cuestionado? ¿Qué esquemas de discriminación se perpetúan? ¿Cuáles son los límites de los derechos conquistados?

Cualquiera que sea la respuesta, queda claro que el campo del derecho es el de la lucha eterna.

Estefanía Vela. Abogada por el ITAM, maestra en Derecho por la universidad de Yale. Twitter: @samnbk


[i] Holanda (2001), Bélgica (2003), España y Canadá (2005), Sudáfrica (2006), Noruega y Suecia (2009), Portugal, Islandia y Argentina (2010), Dinamarca (2012) y Brasil, Francia, Uruguay y Nueva Zelanda (2013). En el Reino Unido, la Cámara de los Lores acaba de aprobar una reforma cuyo efecto –si es aprobada también por la Reina Isabel II– sería permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Está Colombia, que es un caso especial: el 20 de junio de este año venció el plazo que dictó la Corte Colombiana para que el Congreso legislara al respecto. No lo ha hecho y se está viendo cómo subsanar esta omisión.

[ii] Estados Unidos es uno (aunque los matrimonios sólo son válidos en los estados que los reconocen), México es otro (en donde si bien sólo se pactan estas uniones en ciertas entidades, se reconocen en todas)–.

[iii] Las siguientes son las lecturas más completas y representativas que he podido leer sobre este tipo de crítica sustantiva: “What is Marriage?” de Robert P. George, Sherif Girgis y Ryan T. Anderson, “Response to Martha Nussbaum’s ‘A Right to Marry?’” de David Novak y “Who Should Be Allowed Into the Marriage Franchise?” de Douglas W. Allen. Claro: también está la postura del Vaticano –plasmada, por ejemplo, en las Consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales– y de Ministros como Sergio Aguirre Anguiano.

[iv] Por eso se le denomina una estrategia asimilacionista: asimila a los homosexuales a los heterosexuales.

[v] Véase “Covering” de Kenji Yoshino, pp. 838-848.

[vi] Para leer más sobre esta segunda crítica, se sugiere leer Against Equality: Queer Critiques of Gay Marriage, editado por Ryan Conrad y “The Gay Agenda” de Libby Adler. De Adler también sugiero Gay Rights and Lefts: Rights Critique and Distributive Analysis for Real Law Reform.

[vii] En México, se reconoce el concubinato en muchas jurisdicciones.  

[viii] Uno de los puntos más novedosos de la Acción de Inconstitucionalidad 2/2010 que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación es, precisamente, su conceptualización del derecho a la protección de la familia, un derecho que tutela todos los lazos familiares que se den en la práctica y no sólo el matrimonio.

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Love is law is love is law is love is law

La Suprema Corte de Estados Unidos resolvió la semana pasada dos casos relacionados con el matrimonio entre personas del mismo sexo: Hollingsworth v. Perry y United States v. Windsor. Estas resoluciones representan un triunfo para los que luchan a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Por virtud de ellas, California se convirtió en el treceavo estado de este país que reconoce esta figura (Perry) y todos los matrimonios pactados en estos estados pueden ya acceder a los más de mil beneficios establecidos en las leyes federales para los casados (Windsor).[i]

Como puede verse, no son resoluciones con un efecto generalizado: no instauran el matrimonio gay en todo el país. Lo único que queda claro con estos fallos es que si las autoridades estatales quieren permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, pueden. Si deben hacerlo o no, queda pendiente. Tampoco tienen el efecto de que los matrimonios pactados en una entidad deban reconocerse en otra. Si Alabama –o uno de los más de treinta estados que prohíben estas uniones– no quiere validar un matrimonio neoyorkino, es aún su prerrogativa federal no hacerlo.[ii]

Si además de los efectos de estas resoluciones, se analizan los argumentos utilizados, el resultado que se obtiene también es limitado para la causa. Perry ni siquiera se ganó por el fondo, sino por una razón procesal: la falta de legitimidad de los quejosos para impugnar el caso.[iii] En Windsor, por su parte, no se estableció un derecho fundamental al matrimonio, ni se determinó que la orientación sexual es una categoría sospechosa para efectos del derecho a la igualdad –herramientas, ambas, que prácticamente resolverían el problema de la falta del reconocimiento del matrimonio gay en el resto de los estados–.

A pesar de su modestia, el mensaje que envía la Corte me parece poderoso, principalmente por una razón: deja en claro que el amor es el amor. Y que el matrimonio –la institución jurídica– es también una cuestión de amor. Quizá hoy esta relación parezca una obviedad, pero históricamente es reciente.[iv] El matrimonio, especialmente para el derecho en Estados Unidos, ha estado relacionado con la filiación, la transmisión de propiedad, la identidad nacional y el orden social y –hasta hace poco– con la integridad racial. Más que el bienestar de las personas, su regulación ha estado preocupada por potenciar sus virtudes, garantizar sus responsabilidades, forjar sus caracteres.[v] La idea de que el matrimonio es valioso por ser el espacio en el que se manifiesta el amor es nueva. Con Windsor, sin embargo, me parece que ha llegado para quedarse.Aunque tampoco éste era un resultado evidente.

“El amor es un millón de cosas”. – Edith Windsor, la quejosa (y ganadora) del caso United States v. Windsor

El vínculo afectivo que surge entre dos personas adultas –sean o no del sexo opuesto– está constitucionalmente protegido para la Suprema Corte de EUA.[vi] El amor es amor para este tribunal.[vii] El matrimonio es una protección estatal más a este amor (siendo la primera protección, claro, la no interferencia). Cuando la federación excluyó a las parejas del mismo sexo de la protección que, en este caso, el estado de Nueva York les daba, las privó del respeto que merecían. Enviaba el mensaje de que eran indignas. Mensaje, para la Corte, inaceptable. Por si no quedaba claro con el fallo, los mensajes del presidente Barack Obama levantaron cualquier duda: en Estados Unidos, love is love.

Este giro me parece interesante porque apunta a la relación compleja entre el derecho y la sociedad. Leí un artículo en el que se relata cómo enfatizar la dimensión emocional del matrimonio para la lucha gay fue producto de una gran investigación social. Históricamente, los activistas gay habían articulado sus demandas en términos de derechos fundamentales. Esto fue percibido, por las parejas heterosexuales, como egoísta. Mientras que los heterosexuales percibían a sus propios matrimonios como basados en el amor y el compromiso, creían que los de las parejas del mismo sexo estaban basados en puro interés. La respuesta de los activistas gay a esta información fue la creación de la campaña Why Marriage Matters, misma que enfatizaba la dimensión afectiva y de compromiso de esta unión. Según dicho artículo, fue entonces que las conquistas legislativas comenzaron a llegar. Por el lenguaje de la Corte, las victorias pasaron también a la sede judicial. 

Sea un derecho fundamental en sí o no, el amor ya se quedó. Love is law.

Estefanía Vela. Abogada por el ITAM; maestra en Derecho por la universidad de Yale. Twitter: @samnbk

Estefanía Vela Barba. Abogada por el ITAM, actualmente estudia la maestría en Derecho en la universidad de Yale. Twitter: @samnbk – See more at: http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=2591#sthash.7cRttyqi.dpuf
Estefanía Vela Barba. Abogada por el ITAM, actualmente estudia la maestría en Derecho en la universidad de Yale. Twitter: @samnbk – See more at: http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=2591#sthash.7cRttyqi.dpuf

[i] Aunque esto, en realidad, es un poco más complicado de lo que parece: muchos beneficios federales cambian conforme al estado en el que las parejas se encuentran. Así, si una pareja se muda a un estado en el que no se reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, tendrán acceso a ciertos beneficios federales, pero no a otros. 

[ii] La Ley para la Defensa del Matrimonio (DOMA, por sus siglas en inglés), que es la ley que se impugnó en Windsor, tenía dos normas: por virtud de la primera, la federación sólo reconocía a los matrimonios entre un hombre y una mujer; por virtud de la segunda, ningún estado estaba obligado a reconocer los matrimonios pactados en los otros estados. En Windsor, sólo se impugnó e invalidó la primera norma, por lo que la segunda aún queda vigente.  

[iii] En Perry se disputaba, de fondo, la constitucionalidad de la Proposition 8, una medida de referéndum popular –aprobada por el 52% de los votantes– que reformó a la Constitución del estado de California para que se dejaran de reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo en el estado y se reconocieran exclusivamente los celebrados entre un hombre y una mujer. Después de que la Corte Suprema de California validó esta medida (en Strauss v. Horton), una pareja del mismo sexo la impugnó ante las cortes federales. En Perry v. Schwarzenegger, Prop 8 fue declarada inconstitucional. El Estado de California se negó a apelar esta decisión (esto es: se negó a defender la reforma constitucional). Esto orilló a los proponentes de la medida –ciudadanos que no son servidores públicos– a intentar apelar esta decisión. La Suprema Corte determinó que no tenían la competencia para hacerlo –sólo el Estado de California la tenía–, por lo que la decisión de Perry v. Schwarzenegger –declarando la inconstitucionalidad de Prop 8– quedó firme.

[iv] Stephanie Coontz, autora de Marriage, a History. How Love Conquered Marriage, sostiene que el amor romántico como parte esencial del matrimonio es una idea de los últimos cien años (aquí un texto breve en el que repasa esta transformación).

[v] No es que al derecho no le interesara el bienestar de las personas. Pero siempre ha sido una preocupación que se manifiesta especialmente en sentido negativo: al derecho le ha importado que las personas no sean, por ejemplo, violentadas o que no sean engañadas. Si son felices o no, si están enamoradas o no, le ha sido indiferente. Para entrar un matrimonio basta quererlo, sin importar las razones (dinero, amor, miedo a la soledad). Para salirse de él, el malestar imperdonable ha sido el criterio.

[vi] “El interés del Estado en definir y regular la relación marital, [siempre] sujeto a las garantías constitucionales, surge del entendimiento de que el matrimonio es más que una rutina de clasificación para efectos de otorgar ciertos beneficios legales. La intimidad sexual privada y consensual entre dos personas adultas del mismo sexo no puede ser castigada por el Estado, y puede ser “un elemento de un vínculo personal que es más duradero”. Al reconocer la validez del matrimonio entre personas del mismo sexo, [el Estado] busca proteger y honrar ese vínculo.” United States v. Windsor, 570 U.S. 19-20 (2013).

[vii] Determinación a la que, curiosamente, llegó en Lawrence v. Texas, el caso del 2003 en el que determinó que las leyes que criminalizaban la sodomía eran inconstitucionales. El que la Corte Suprema haya convertido a un caso de sodomía en un caso de amor ha sido criticado. Para una crítica, sugiero la lectura de Katherine Franke, “The Domesticated Liberty of Lawrence v. Texas”; para un reportaje de la transformación, sugiero “Extreme Makeover”, de Dahlia Lithwick.

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El día 2 de julio de 2005 se publicó en el Boletín Oficial del Estado español la modificación al Código Civil que permitió el matrimonio entre personas del mismo sexo y extendía la posibilidad de adoptar a personas no casadas, así como a matrimonios.

En septiembre del mismo año, 71 diputados del Partido Popular del Congreso interpusieron un recurso de inconstitucionalidad contra dicha modificación por considerarla contraria a la Constitución española. En su demanda se planteó que

…mediante esta simple reforma de unas cuantas palabras del Código Civil se vendría a modificar la concepción secular, constitucional y legal del matrimonio como unión de un hombre y una mujer… [pues] se viene a  crear una institución nueva, cuyos perfiles son distintos a aquellos por los que hasta ahora ha sido conocido el matrimonio… [Además] la reforma [afecta] a todo el sistema normativo relativo a la familia, que se apoya en conceptos jurídicos seculares como el de padre, madre, esposo y esposa…

Se plantean violaciones a los siguientes artículos: el 32 (institución del matrimonio), el 10.2 (canon de interpretación); el 14 en relación con los artículos 1.1 y 9.2 (principio de igualdad y no discriminación); 39.1, 2 y 4 (protección de la familia, la madre y los hijos); 53.1, en relación con el artículo 32 (contenido esencial del derecho a contraer matrimonio); 9.3 (jerarquía normativa); y 167 (procedimiento de reforma constitucional).

Después de poco más de 7 años, el Tribunal Constitucional español falló el pasado 6 de noviembre de 2012, declarando constitucional la modificación al Código Civil.

Se expondrán aquí únicamente los argumentos del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de la modificación al Código Civil que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y las razones por qué se consideró que no es violatoria del artículo 32 constitucional. En la sentencia se pueden conocer las razones de los recurrentes y la contestación a éstas por parte del Gobierno, así como los argumentos del Tribunal con respecto a otros agravios.

El recurso se dirige a la totalidad de la ley que modifica el Código Civil, sin embargo, el Tribunal Constitucional (TC) determina que el análisis de constitucionalidad se centrará únicamente el segundo párrafo que se añade al artículo 44 del Código: “el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”, pues de este dependen los demás artículos y su inconstitucionalidad sería consecuencia del artículo 44.

Asimismo, a pesar de que se plantean ocho motivos de inconstitucionalidad, el TC estima que el motivo de inconstitucionalidad principal sería la vulneración al artículo 32 sobre el matrimonio, dado que únicamente en caso de que se encontrara una violación a éste, tendrían que analizarse los demás agravios, ya que no son autónomos. Las siguientes páginas de la sentencia se dedican a descartar la autonomía de tales agravios para proceder al análisis de la presunta violación del artículo 32 por la modificación al artículo 44 del Código Civil pues a juicio del TC, es el único que podría conducir a la declaración de inconstitucionalidad de toda la ley que modifica el Código Civil.

La norma parámetro de control fue entonces el artículo 32 de la Constitución española que establece:

1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.

2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos.

De acuerdo con la doctrina del TC español, el matrimonio tiene un doble contenido: por un lado, es una garantía institucional y por otro, se trata de un derecho constitucional.

Ha de tenerse en cuenta que ambas categorías no son idénticas, puesto que la primera exige una protección objetiva[1] por parte del Tribunal que debe garantizar que el legislador no suprima ni vacíe la imagen maestra de la institución, exigiendo el segundo una protección subjetiva, de manera que el Tribunal garantice al ciudadano, titular del derecho en cuestión, que la posición jurídica derivada del reconocimiento del derecho no queda eliminada o desnaturalizada por el legislador.

A su vez, como derecho constitucional, el derecho a contraer matrimonio tiene una cara subjetiva y una objetiva, referida al contenido esencial. Así, el TC debe abordar el análisis desde diversas perspectivas:

1.- El matrimonio como garantía institucional: se determina si la modificación al Código Civil supone un menoscabo inadmisible a la garantía institucional[2] del matrimonio, para ello, el TC contrasta la garantía antes de la modificación y después de ésta. El TC realiza un ejercicio interpretativo en el que conjuga el artículo 10.2 de la Constitución -canon interpretativo que dispone que los derechos fundamentales se interpretarán de acuerdo con los instrumentos internacionales ratificados por España- con una lectura evolutiva de la Constitución, pues determina que la regla hermenéutica de este artículo lleva implícita la idea de la interpretación evolutiva que permite dar entrada a diversos elementos conformadores de la cultura jurídica.

Así, determina que, en efecto, el Constituyente no contempló el matrimonio entre personas del mismo sexo cuando discutió el contenido del artículo 32, pero ello no implica que lo hubiese prohibido. En realidad, de los debates se desprende que el propósito del artículo 32 (y su relación con el 39) era separar al matrimonio y a la familia y establecer la igualdad entre el hombre y la mujer dentro de la institución, así como constitucionalizar la posibilidad de la separación y disolución del matrimonio. De tal manera que, si se atiende a la evolución de la cultura jurídica con respecto a la homosexualidad[3] que ha tenido lugar desde 1978 a la fecha, que no ha sido exclusiva de España, y que ha sido reconocida por otros tribunales extranjeros e internacionales, debe atenderse el presupuesto de que la Constitución es “un árbol vivo”[4] que se va acomodando a las realidades de la vida moderna para asegurar su relevancia y legitimidad y no convertirse en letra muerta. Así, explica el TC:

Esa lectura evolutiva de la Constitución, que se proyecta en especial a la categoría de la garantía institucional, nos lleva a desarrollar la noción de cultura jurídica, que hace pensar en el Derecho como un fenómeno social vinculado a la realidad en que se desarrolla… la cultura jurídica no se construye sólo desde la interpretación literal, sistemática u originalista de los textos jurídicos, sino que también contribuyen a su configuración [diversos elementos conformadores de la cultura jurídica, como son] la observación de la realidad social jurídicamente relevante, [..] las opiniones de la doctrina jurídica y de los órganos consultivos previstos en el propio ordenamiento, el derecho comparado […] la actividad internacional de los Estados manifestada en los tratados internacionales, en la jurisprudencia de los órganos internacionales que los interpretan…

El TC concluye que atendiendo a esta perspectiva, la institución matrimonial se mantiene en términos perfectamente reconocibles ya que actualmente la sociedad española entiende al matrimonio como comunidad de afecto que genera un vínculo, o sociedad de ayuda mutua entre dos personas que poseen idéntica posición en el seno de esta institución, y que voluntariamente deciden unirse en un  proyecto de vida familiar común, prestando su consentimiento respecto de los derechos y deberes que conforman la institución y manifestándolo expresamente mediante las formalidades establecidas en el ordenamiento.” Que la única diferencia con respecto al matrimonio antes de 2005 se refiere a la posibilidad de que los contrayentes puedan pertenecer al mismo sexo, cuestión que, atendiendo a diversos elementos conformadores de la cultura jurídica –se citan diversas resoluciones extranjeras e internacionales, en especial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, encuestas y estadísticas oficiales, así como  referencias al régimen jurídico del matrimonio-, no altera en forma alguna la garantía institucional, pues de ninguna forma el hecho de que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio distorsiona dicha institución.

2.- El matrimonio como derecho constitucional: en la dogmática constitucional española los derechos ubicados en la sección primera del capítulo segundo gozan de protección vía amparo constitucional, pero todos los derechos gozan de la garantía del contenido esencial[5] frente a la libertad del legislador. El TC advierte que el análisis del contenido esencial desde el punto de vista objetivo del derecho -como un valor que irradia todo el orden jurídico- confluye con la noción de garantía institucional. Al coincidir ambas en cuanto a la definición del derecho, se debe concluir que la dimensión objetiva del derecho al matrimonio permanece intacta. De tal forma que lo que analiza es si la reforma supone un ataque al contenido esencial del derecho al matrimonio en su ámbito subjetivo.

Según la doctrina del TC, el derecho al matrimonio es un derecho individual, pero cuyo ejercicio no lo es, ya que requiere del consentimiento mutuo. Por ello, se entiende también como una libertad, y en este sentido, se reconoce también su vertiente negativa, es decir, la libertad de no contraer matrimonio. Debido a ello, se distingue entre el matrimonio y la convivencia more uxorio, y por lo que el legislador está autorizado a establecer diferencias entre uno y otro régimen. La heterosexualidad del matrimonio fue una característica de éste según la doctrina del TC, pero el legislador goza de un amplio margen para determinar los contornos de esta institución. La posibilidad de que ejerciten este derecho dos personas del mismo sexo no amplía el elenco de titulares del derecho individual, lo que se modifica pues, dice el TC, es la forma de su ejercicio. Por lo tanto, el TC procede a determinar si la forma de ejercicio del derecho de matrimonio al posibilitar los matrimonios entre personas del mismo sexo, impide el ejercicio del derecho como se venía realizando antes de la reforma. Concluye que:

[e]l reconocimiento del derecho al matrimonio a todas las personas, independientemente de su orientación sexual, implica la posibilidad  para cada individuo de contraer matrimonio con personas de su mismo sexo o de diferente sexo, de manera que ese ejercicio reconozca plenamente la orientación sexual de cada uno. Ello no afecta al contenido esencial del derecho, porque el que puedan contraer matrimonio entre sí personas del mismo sexo ni lo desnaturaliza, ni lo convierte en otro derecho, ni impide a las parejas heterosexuales casarse libremente o no casarse.

En realidad, abunda el TC, más que disminuir el ejercicio del derecho de las personas heterosexuales, la reforma garantiza la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad que han de orientarse a la plena efectividad de los derechos pues

…las personas homosexuales gozan ahora de la opción, inexistente antes de la reforma legal, de contraer matrimonio con personas del mismo sexo, de tal modo que el respeto a su orientación sexual encuentra reflejo en el diseño de la institución matrimonial, y por tanto su derecho individual a contraer matrimonio integra también el respeto a la propia orientación sexual.

Se considera además, que la modificación se inscribe en la lógica del artículo 9.2 que determina la obligación de los poderes públicos para promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, así como remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

El TC español concluye que el legislador ha hecho uso de la libertad de configuración que le concede la propia Constitución para modificar el régimen del ejercicio del derecho constitucional del matrimonio sin afectar su contenido, ni menoscabar el derecho al matrimonio de las personas heterosexuales. Y que como TC no le corresponde evaluar si la medida es la más adecuada o si es oportuna, únicamente si la medida se ajusta al texto constitucional y en este caso, determina, la modificación es conforme con la Constitución de 1978 por lo que desestima el recurso interpuesto.

Ahora, la Conferencia Episcopal reclama la modificación del Código (apoyada, claro, en la libertad de configuración del legislador). Por ello, considero equivocada la idea de que existan tres modelos con relación al matrimonio y la familia[6], pues, si existe un “modelo facultativo”, luego no hay una definición cerrada de matrimonio que determine que este deba ser heterosexual, ni que la familia deba ser la tradicional; si dentro de ese marco constitucional el legislador tiene la facultad para ampliar el matrimonio a las parejas del mismo sexo y reconocer a las familias diversas, lo hará con fundamento en el principio de igualdad y no discriminación básicamente. Luego, si existe un derecho constitucional al matrimonio y/o un derecho a la protección de la familia, entonces existe una obligación activa por parte del legislador para protegerlas; la libertad de configuración del legislador entonces, se encuentra enmarcada en sus obligaciones de no discriminación y protección, de manera que resultarían contrarias a la Constitución la exclusión de las parejas del mismo sexo del derecho a contraer matrimonio y la no protección de las familias diversas.

La no discriminación por orientación sexual y el reconocimiento y protección de las relaciones familiares como obligaciones del Estado, exigen la inclusión de las parejas homosexuales en la institución del matrimonio, pues de otra forma se justifica la discriminación por exclusión y la omisión de protección como una opción del legislador, lo cual, no tiene sentido y es totalmente contrario a los derechos humanos.

Geraldina González de la Vega. Constitucionalista y ensayista. Actualmente realiza estudios de posgrado en Alemania. Twitter: @geraldinasplace


[1] A pesar de que el término “garantía institucional” evoca un cierto conservadurismo –más cuando se habla de matrimonio y familia-, la realidad es que es equivalente a la delimitación razonable o proporcional de las libertades. Es decir, cuando se habla de libertades clásicas (status negativus), el Estado está obligado a no intervenir, sin embargo, éstas no son absolutas, de manera que deben irse delimitando sus alcances (ya sea a través de una ley o pretorianamente). Esta delimitación va conformando una dogmática que define el contenido mínimo de la libertad o derecho en cuestión. Pensemos en la libertad de expresión, en cómo se van definiendo sus contornos, qué requisitos debe cumplir una expresión para ser sancionada, en fin. El núcleo de cada derecho se encuentra cercado por la garantía del contenido esencial, que se refiere precisamente a ese mínimo que debe garantizarse para que el derecho o libertad no se desdibuje y los intereses jurídicamente protegidos a través de ese derecho sigan siendo practicables (Ver STC 11/1981 FJ 8). Cuando se trata de derechos de protección, en los que el Estado está obligado a actuar, debe definirse un mínimo a proteger para evitar la arbitrariedad (límites no razonables) y la acción insuficiente (omisión). Así, la garantía institucional implica la definición de un núcleo imprescindible de la institución que se encuentra garantizado y a partir de la cual se trazan los contornos para ir definiendo si las acciones y las omisiones por parte del Estado son o no conformes con la Constitución. Sin la definición de un contenido mínimo garantizado de las instituciones privadas constitucionales, ¿cómo sería posible reclamar (violación por omisión) o determinar (violación por acción) su protección?

[2] En el FJ3 la STC 32/1981 el TC español determinó que Las instituciones garantizadas son elementos arquitecturales indispensables del orden constitucional y las normaciones que las protegen son, sin duda, normaciones organizativas, pero a diferencia de lo que sucede con las instituciones supremas del Estado, cuya regulación orgánica se hace en el propio texto constitucional, en éstas la configuración institucional concreta se defiere al legislador ordinario, al que no se fija más límite que el del reducto indisponible o núcleo esencial de la institución que la Constitución garantiza. Por definición, en consecuencia, la garantía institucional no asegura un contenido concreto o un ámbito competencial determinado y fijado de una vez por todas, sino la preservación de una institución en términos recognoscibles (sic) para la imagen que de la misma tiene la conciencia social en cada tiempo y lugar. […] En definitiva, la única interdicción claramente discernible es la de la ruptura clara y neta con esa imagen comúnmente aceptada de la institución que, en cuanto formación jurídica, viene determinada en buena parte por las normas que en cada momento la regulan y la aplicación que de las mismas se hace.”

[3] Se refiere primero a la despenalización de las conductas homosexuales (Dudgeon vs. UK), el reconocimiento de la no discriminación por orientación sexual (Salgueiro da Silva vs. Portugal). Y se agregan el reconocimiento de la convivencia familiar (Schalk & Kopf vs. Austria).

[4] El TC se refiere explícitamente a la teoría del “Living Tree” desarrollada en Canadá y utilizada en la sentencia re Same-Sex Marriage [2004] 3 S.C.R. 698, 2004 SCC 79 “…our Constitution is a living tree which, by way of progressive interpretation, accommodates and addresses the realities of modern life.”

[5] El TC ha definido el contenido esencial de los derechos en su sentencia STC 11/1981 FJ8 “Para tratar de aproximarse de algún modo a la idea de «contenido esencial» […] cabe seguir dos caminos. [1] El primero es tratar de acudir a lo que se suele llamar la naturaleza jurídica o el modo de concebir o de configurar cada derecho.[...] Constituyen el contenido esencial de un derecho subjetivo aquellas facultades o posibilidades de actuación necesarias para que el derecho sea recognoscible (sic) como pertinente al tipo descrito y sin las cuales deja de pertenecer a ese tipo y tiene que pasar a quedar comprendido en otro desnaturalizándose, por decirlo así. Todo ello referido al momento histórico de que en cada caso se trata y a las condiciones inherentes en las sociedades democráticas, cuando se trate de derechos constitucionales. [2] El segundo posible camino para definir el contenido esencial de un derecho consiste en tratar de buscar lo que una importante tradición ha llamado los intereses jurídicamente protegidos como núcleo y médula de los derechos subjetivos. […] se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección.”

[6] Tomo el planteamiento del Gobierno español en la contestación a los agravios. Se dice que existen los siguientes modelos: 1) un modelo igualitario; que prohíbe la discriminación por razón de la orientación sexual y por tanto obliga a establecer el matrimonio homosexual en plena igualdad jurídica. 2) Un modelo inconstitucional, en el que el establecimiento del matrimonio homosexual sería contrario a la Constitución porque así está definido en el texto; y 3) un modelo facultativo, según el cual el matrimonio homosexual sería una opción libre del legislador, dejando la Constitución un amplio margen a su libertad de configuración. Ver páginas 16 y ss. de la sentencia.

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Mesa de Debate. Sentencia matrimonio y adopción entre personas del mismo sexo.

Participantes: Lol Kin Castañaeda (activista social), Hugo Concha (IIJ-UNAM), Laura García Velasco (SCJN), Saúl López Noriega (ITAM) y Estefanía Vela (CIDE).

Grabada el pasado jueves 25 de agosto de 2011, en el Auditorio Héctor Fix Zamudio del IIJ-UNAM.

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¿Es o no constitucional el matrimonio entre parejas del mismo sexo? ¿Lo es despenalizar el aborto en las primeras 12 semanas de gestación? Temas muy polémicos, pero como éstos, existen muchos más que se han “congelado” por falta de conocimiento de periodistas y editores para detonar la información.

Saúl López Noriega, licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y Doctor en Filosofía Política y Derecho Constitucional con la nota Magna Cum Laude, por la Universidad Autónoma de Madrid, coordinador del Diplomado en Periodismo Jurídico en el ITAM, explicó a Personae, que los medios nacionales carecen de un periodismo judicial, de un periodismo jurídico aceptable.

• El tema es nuevo porque: “el Poder Judicial hasta hace muy poco era irrelevante en la dinámica de la política”.

• ¿Qué tan reciente?: “Empieza a tomar relevancia en 1995, cuando se le agregan facultades al Poder Judicial, a la Suprema Corte. En los últimos años han habido casos muy mediáticos, importantes, que pusieron en evidencia la inminente necesidad de especializar el periodismo jurídico, en concreto, el judicial”.

• ¿Cómo conjugar dos mundos con objetivos similares pero con visión distinta? Un abogado puede considerar un caso jurídico muy “interesantísimo”, en tanto que un periodista puede decir de él: ‘¡Eso no vende! Mi editor me lo va a batear’.

• Explica que el reto del periodismo jurídico es crear un puente entre dos mundos, dos lenguajes, dos intereses. “El periodismo judicial tiene una función, hasta cierto punto, pedagógica, y esa es, explicar a los lectores que esto es importante, incluyendo al presidente de la República, al Congreso de la Unión y, por supuesto, al Poder Judicial”.

Aquí el resto de la entrevista.

El Juego de la Suprema Corte

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Durante el 2010, la revista Nexos inició la aventura de abrir un blog dedicado exclusivamente a temas relacionados con temas judiciales. La idea fue publicar textos que abordasen los diversos aspectos que giran alrededor de nuestra Suprema Corte de Justicia. Aprovechando el inicio de año, presentamos un breve resumen de los diez posts más leídos del blog durante el 2010.

1. Caso Guardería ABC.  Crónica de la Discusión (II/III)

Con este post se realizó uno de los primeros ejercicios de periodismo judicial –de ahí que la cobertura se presentase en una serie de tres post-, al seguir puntualmente las discusiones de los ministros de la Suprema Corte respecto un asunto de enorme importancia para la vida del país: Caso Guardería ABC. El autor, además de ofrecer una explicación ágil y sencilla de las principales posturas de los ministros, al final del post presenta una tabla de votación donde claramente se puede conocer cómo voto cada ministro respecto cada uno de los temas que implicaba este delicado asunto.

2. Matrimonio-adopción gay: la perspectiva científica

Este post se publicó días antes de que iniciará la discusión en el pleno de la Suprema Corte respecto la constitucionalidad de las reformas legales del Distrito Federal que permitieron el matrimonio entre personas del mismo sexo, así como la posibilidad de que estas parejas pudiesen adoptar. El objetivo del post fue presentar las coordenadas del debate respecto este tema, pero no desde el discurso jurídico, sino desde la perspectiva científica. La decisión de incluir un post de esta naturaleza responde a que tanto las autoras como los que coordinamos el blog, estamos convencidos que no pocas de las discusiones jurídicas modernas tienen que nutrirse de otras áreas del conocimiento para tener un panorama claro de cuál debe ser la solución jurisdiccional.

3. El (absurdo) juicio en contra de Galileo (II/III)

Uno de los propósitos del blog fue abrir una sección que, frente a nuestra tradición jurídica barroca y ridículamente solemne, presentara al derecho como cualquier otra actividad realizada por el hombre: contradictoria, absurda e irracional. De ahí que se abriera una sección dedicada solamente a registrar estos disparates: Absurdos Jurídicos. Este post forma parte de esta sección y de una interesante serie de entregas donde se desmenuza con erudición y elegancia el absurdo juicio en contra de Galileo.

4. ¿Qué es una controversia constitucional?

Una de las dificultades de un lector no especializado en temas jurisdiccionales es entender el amplio abanico de términos que tanto en las sesiones de los ministros como en las sentencias se utilizan de manera cotidiana. Existe una barrera del lenguaje que impide que la información jurisdiccional ocupe el lugar que le corresponde en la rutina informativa. En este contexto, este post busca explicar de manera sencilla y con buenos ejemplos, uno de los medios de control constitucional más relevantes en la organización de los poderes del Estado: la controversia constitucional.

5. Matrimonio y adopción gay: análisis de la sentencia

Después de las discusiones entre los ministros y de la decisión de la mayoría de éstos de ratificar la constitucionalidad del matrimonio y adopción gay en el Distrito Federal, la opinión pública se olvidó de la fuente informativa judicial más relevante: la sentencia. Ese documento donde, además del sentido de la decisión, se encuentran los argumentos que apuntalan a ésta y que pueden impactar en ulteriores casos que aborden temas similares. Así, el propósito de este post fue diseccionar los diferentes argumentos y posiciones de la sentencia sobre el matrimonio y adopción gay, la cual promete convertirse en una de las resoluciones más relevantes sobre el tema en Iberoamérica.

6. ¿Qué sigue después de la muerte de Gudiño Pelayo?

Este post esboza algunas de las posibles consecuencias a partir del fallecimiento del ministro José Gudiño Pelayo tanto al interior de la Suprema Corte -en la dinámica de votación de la primera sala y del pleno y en la carrera por la presidencia de la Corte-, como entre el presidente de la República y el Senado al momento de nombrar al ministro sustituto de Gudiño.

7. Matrimonio y adopción gay: la opinión del Ombudsgay

Una de las formas en que la sociedad civil puede influir en el proceso de decisión de una corte constitucional consiste en que, por ejemplo, académicos y agrupaciones envíen a los jueces constitucionales sus argumentos de porque cierto caso debe resolver en un determinado sentido. En este contexto, este post reproduce las ideas principales de la opinión técnica o amicus curiae que sometió el programa Ombudsgay de i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, a consideración de la Suprema Corte y donde presenta el estado del arte respecto el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción de niños por parejas homosexuales.

8. Las designaciones de los ministros: no son enchiladas

Se trata de uno de los últimos post del año donde, a partir de la terna de candidatas a ministras presentada por el presidente Calderón para sustituir a Gudiño Pelayo, se explica el proceso de designación de los ministros y la relevancia de que éste no sea un mero trámite sino un verdadero ejercicio de reflexión respecto qué tipo de tribunal constitucional necesitamos.

9. La Corte ante la igualdad y la no discriminación

Este post analiza las principales tesis de jurisprudencia que ha emitido la Suprema Corte en los últimos quince años sobre un tema medular: la igualdad y no discriminación. El texto no sólo le da coherencia a esa madeja de criterios jurisprudenciales, sino que también presenta un balance de los avances que se han logrado al respecto y de las asignaturas pendientes que deben erigirse en la agenda de la Corte para el futuro.

10. Sexo y Derecho

Este post, parte de la sección Absurdos Jurídicos, presenta una serie de legislaciones de diversas entidades de los Estados Unidos respecto el sexo. Se trata de un conjunto de disparatadas e irrisorias regulaciones, que no obstante se mantienen vigentes y eventualmente puedan ser aplicadas.

El Juego de la Suprema Corte

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Un aspecto que en no pocas ocasiones se olvida de las decisiones de una corte constitucional es su impacto social. Los cambios en los hábitos y percepciones de una sociedad que, gradualmente, pueden derivar de una sentencia. En efecto, más allá de la argumentación, la narrativa constitucional, el sentido de la decisión y los votos disidentes, existe otro elemento de enorme relevancia que se desprende de un fallo jurisdiccional: sus consecuencias en el tejido de una sociedad.

Pensemos, en este contexto, en la sentencia de nuestra Suprema Corte que ratifica la constitucionalidad del matrimonio y adopción gay en el Distrito Federal. Se trata de una decisión que marca un parte aguas para ampliar la discusión en torno a temas como ciudadanía, democracia y percepciones sociales acerca de la homosexualidad. Y que sin duda tendrá un significativo impacto en la sociedad mexicana. Así, las siguientes líneas buscan esbozar algunas de las consecuencias sociales de esta relevante decisión –consciente, claro está, de que este ejercicio es hasta cierto punto subjetivo: mis reflexiones al respecto están definidas por  el rompecabezas de experiencias de mi vida-.

Así, hace algunos días, por ejemplo, me enteré que un conocido se casaba. Mi reacción reflejo fue preguntar quién era la novia. Como balde de agua fría, la respuesta que recibí fue que mi amigo se casaba con su prometido. Un año atrás, esta opción no era posible y de ahí que mi lógica me llevó a pensar a mi conocido bajo la “normalidad” heterosexual. Por ello, si nuestro código civil ahora define al matrimonio como la unión entre dos personas, esto amplía el concepto de familia y matrimonio. Hay un efecto claro e inmediato, primero, en el lenguaje y, después, en los arreglos de la sociedad misma. De esto se desprende que una decisión como la de la Corte, retome la idea de Joan W. Scott: las familias se organizan con referencia a relaciones legales y no sexuales. En otras palabras, primero se establecen de manera legislativa y después se justifican apelando a la biología.[i] Así, si el concepto de matrimonio funciona como “una ficción, un artefacto social, que habiendo sido producida y reproducida con la garantía del Estado, recibe a cada momento del Estado los medios para existir y subsistir”[ii], a partir de ahora, las uniones entre dos personas del mismo sexo y las familias homoparentales eliminarán ese supuesto esencialismo del matrimonio, del que yo misma fui presa.

Como consecuencia, el imaginario colectivo integrará un abanico de posibilidades y configuración de la sociedad mucho más amplia, legítima y protegida por la ley. Precisamente, por ello, uno de los cambios que anticipo es que el matrimonio para parejas del mismo sexo ayudará a cambiar el estereotipo social que persiste en torno al homosexual y a alejarlo de la idea de promiscuidad. También, creo que el hecho de que el Estado legitime a las parejas del mismo sexo tendrá un efecto en la movilización colectiva del grupo Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual (LGBT). Uno de los objetivos tradicionales del movimiento LGBT ha sido la búsqueda por la normalización de la homosexualidad y para ello la sentencia de nuestra corte constitucional es clave para la intensificación de la normalización y, paralelamente, de la visibilización del homosexual como sujetos de derechos.

Cada cambio social, sin embargo, viene acompañado de su reacción y de ahí que otra consecuencia social de esta sentencia de la Corte es que se exacerbe la homofobia (efecto latigazo), como incluso llegaron a argumentar algunos de los propios activistas LGBT durante el proceso de discusión de la ley en la ALDF y que para términos discursivos se ha materializado en opiniones polarizadas y declaraciones de grupos conservadores que intentan mantener el prejuicio del homosexual como un enfermo y anormal. Muestra de esto son las declaraciones públicas de algunos actores políticos, como las del Gobernador de Jalisco o los intentos de algunos legisladores locales que llegaron incluso a sugerir la creación de espacios aislados para los homosexuales en restaurantes, etcétera.

Al mismo tiempo estos dos fenómenos, la normalización y la visibilización, son los que hoy han dado un sentimiento de libertad a la comunidad LGBT en México. Hoy, más y más jóvenes se atreven a salir del clóset. Esto se traduce en que un tema privado, como la orientación sexual, se convierta en un tema público y político. ¿Podrá evolucionar la sociedad mexicana de tal forma que apoye cambios, surgidos de ella  misma, para que todo tipo de discriminación tanto en lo público como en lo privado, sea abolida? Esto dependerá de que socialmente se acepte y reconozca que cada derecho y cada responsabilidad que los heterosexuales tienen, pueden disfrutarse y extenderse también a los homosexuales, como una cuestión de democracia y pluralidad. Como afirma Marta Lamas es el Estado -y yo agregaría, que en este caso, la Constitución- quien reconoce que la “demanda de igualdad ciudadana toca la definición misma de sociedad democrática, y como la democracia se lleva a cabo también en la ética de las normas sexuales, respetar la orientación sexual implica defender la vida democrática de nuestra sociedad.”[iii]

En suma, y creo que de forma positiva, la normalización y la visibilidad provocarán un devenir de cambios en la sociedad. Toda ley tiene como propósito general enmarcar las conductas de los ciudadanos, ser un referente, y la sentencia de la Suprema Corte sirve precisamente para encuadrar la discusión nacional en torno a los temas del reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo. De ahí la importancia de esta sentencia, pues tiene el potencial de mejorar la calidad de vida de las poblaciones LGBT y dignificarlos ante los ojos del Estado y la sociedad.

Hoy, mi amigo y su ahora esposo, los recién casados, están por regresar de su luna de miel; por su parte, la primera pareja de lesbianas que se casó en el Distrito Federal Lol Kin Castañeda, como derechohabiente afiliará a su pareja Judith Vázquez, después de ganar el primer amparo contra el IMSS. Espero que estas parejas y sus historias, que también conforman parte del paisaje de la sociedad mexicana, sean las primeras de muchas más que gozarán de los beneficios de tener la opción del matrimonio y de la adopción. Esto último, como producto de que la maquinaria institucional de la Suprema Corte reconoció temas como la orientación sexual y la no discriminación. No olvidemos que sus sentencias paulatina y, en ocasiones, imperceptiblemente permean en la vida de todos los mexicanos y, aunque normalmente no nos detengamos a analizar cómo y a quiénes afectan sus decisiones, creo que el caso del matrimonio entre personas del mismo sexo es un recordatorio del papel tan determinante que juegan los ministros. Sus decisiones resuenan en la vida cotidiana. Vaya, hasta retumban en el lecho nupcial.

Ana Tovar (@anitatovarf). Organizadora  de la “Semana de Diversidad Sexual” del ITAM.


[i] 2009. Butler, Judith, “Is Kinship Always Already Heterosexual?”, Undoing Gender, Routledge, Nueva York, 2004, pp. 102-130.

[ii] Eric Fassin cita a Pierre Bourdieu retomando sus ideas sobre la familia, para los propósitos de este ensayo será adaptada, también, a la idea del matrimonio. Fassin, Eric, “A propósito de las familias homoparentales”, Debate feminista.,Año 16. Vol. 32, Octubre 2005, pp. 52-71.

[iii] Lamas, Marta, “Las bodas gay en España”, Debate feminista, Año 16, Vol. 32, Octubre 2005, pp. 114-132.

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La semana antepasada se publicó finalmente la sentencia de la Suprema Corte relativa al caso del matrimonio y adopción gay (acción de inconstitucionalidad 2/2010). Vale subrayar que los medios de comunicación y la opinión pública ignoraron de manera rotunda la que sin duda es la fuente informativa más relevante de un tribunal: la sentencia. Ahí se encuentra no sólo la decisión, sino los argumentos que impactarán en otros asuntos en que se aborden temas similares y, en general, en la dinámica social. De ahí la importancia de analizar del siguiente texto, que precisamente analiza el  producto final de un largo proceso de deliberación por parte de los ministros de la Corte.

La Constitución y el derecho civil

Podría decirse que tanto la discusión como la sentencia pueden dividirse en dos grandes apartados: matrimonio y adopción. Si se analiza cada uno, se verá que el primero estuvo dominado por una retórica jurídico-civilista, mientras que el segundo lidió con la cuestión de la homosexualidad y la homofobia. Esto es: cuando se discutía el matrimonio, la pregunta era si éste tenía una esencia protegida constitucionalmente, cuestión que casi no tenía que ver con los homosexuales; mientras que en la adopción, la pregunta era si los niños se verían dañados, directa o indirectamente, por la homosexualidad de sus padres.

Ahora bien, si algo vale destacar de la sentencia es la cantidad de páginas que dedica a desarticular lo que denomino como “retórica civilista del matrimonio”. De los ministros, el que representó perfectamente esta postura fue Aguirre Anguiano. Para él, el matrimonio es una figura jurídica atemporal, que va más allá del sistema político, económico, jurídico, social o religioso que rija en el momento. Además, se trata de una figura que fue edificada con un fin muy puntual: la procreación (“biológica”). Dado que sólo un hombre y una mujer pueden lograr, a través de la cópula, un embarazo, entonces, el matrimonio sólo puede ser entre personas del sexo opuesto. Y dado que la figura se define por su fin, si éste cambia, aquélla cambia también. Así, lo que se tiene es algo, pero no es matrimonio. De ahí la sugerencia de Aguirre Anguiano de renombrar a la unión entre personas del mismo sexo como “androgamia, ginecogamia, homogamia o lesbogamia”.

Así, lo primero que hace la sentencia es desmitificar la figura del matrimonio: “no se trata de un concepto inmutable o petrificado” y, por lo tanto, indisponible para el legislador. Se trata, más bien, de una figura histórica, no natural. Y, por ello, lo que algunos llaman “matrimonio” bien podría denominarse como “matrimonio aristotélico-tomista” y lo que otros nombran como “androgamia” bien puede ser llamado como “matrimonio liberal-igualitario”. Bajo esta concepción, todos los matrimonios tienen un apellido. Y el que nos corresponde, hoy en día, afirma esta sentencia de la Corte, es el “matrimonio-constitucional”. Con ello, la sentencia procede a sujetar al matrimonio al régimen constitucional. Lo cual no sólo implica que éste pueda modificarse, sino que debe modificarse de forma que concuerde con el sistema constitucional.

El matrimonio y los derechos fundamentales

En esta línea, la sentencia conecta la evolución del matrimonio con los cambios fácticos que han ocurrido en la sociedad (“más personas se divorcian”, “menos personas se casan”, “tenemos madres solteras”, “tenemos parejas infértiles”, “ya existe la reproducción asistida”, “es posible la reasignación de sexo”), pero también vincula las modificaciones al régimen familiar a los cambios normativos que han ocurrido, explicitando así los diversos supuestos que subyacen al concepto del matrimonio.

El libre desarrollo de la personalidad es clave en el razonamiento de la Corte.[i] Este derecho implica “el derecho de todo individuo a elegir, en forma libre y autónoma, cómo vivir su vida, lo que comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; la de procrear hijos y decidir cuántos o bien decidir no tenerlos; la de escoger su apariencia personal; así como su libre opción sexual.” Esto significa que:

  • Se puede elegir ser hombre o ser mujer [derecho a la identidad sexual];
  • Se puede elegir ser masculino o femenino o cualquier otra combinación que llegue a surgir [derecho a la identidad de género];
  • Se puede elegir ser heterosexual, homosexual o bisexual o cualquier otra “opción sexual” que llegue a surgir [derecho a la libre opción sexual];
  • Se puede elegir tener sexo sin reproducirse (y, agregaría, reproducirse sin tener sexo, si la tecnología y la economía lo permiten o si la adopción se configura como una especie de reproducción “jurídica”) [derecho a decidir el número de hijos];
  • Se puede permanecer casado hasta que la muerte lo separe de su pareja o hasta que ya no la aguante [libertad, “pura y dura”].[ii] Por lo mismo, es posible unirse en matrimonio sin ser padre o madre y se puede ser padre o madre sin unirse en matrimonio (o incluso ya no estándolo, como ocurre con el divorcio).

Queda claro que, con lo anterior, el “matrimonio aristotélico-tomista” queda destrozado: la indisolubilidad entre sexo-género-orientación sexual (hombre-masculino-heterosexual y mujer-femenina-heterosexual), entre la sexualidad y la reproducción (el sexo siempre debe de estar encaminado a la reproducción), entre el matrimonio y la descendencia (“el único medio moral de fundar a la familia es el matrimonio”) se desbaratan. Y, con ello, la concepción del matrimonio como sacramento al interés de la comunidad. Para la Corte, por el contrario, el matrimonio no está al servicio de la sociedad, sino de cada persona, de acuerdo con su “proyecto de vida”. Así concluye la sentencia este tema:

[Así, la] relación jurídica matrimonial ha dejado de vincularse al fin de la procreación, [para sostenerse] primordialmente, en los lazos afectivos, sexuales, de identidad, solidaridad y de compromiso mutuos de quienes desean tener una vida en común.

De ahí que en la definición actual del Código Civil del Distrito Federal, “el matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua”, lo importante sea el afecto y nada más.

El Estado y el derecho a la no discriminación

En cuanto al tema de la adopción, la labor de la Corte fue doble: por un lado, insistir en que la orientación sexual de los padres es irrelevante para efectos de su desempeño como tales (y para el desarrollo de los menores) y, por el otro, conceptualizar al derecho a la no discriminación de forma tal que implica la obligación estatal de no adoptar decisiones discriminatorias, pero también de erradicar la discriminación social. En palabras de la Corte:

[No] puede aceptarse la presunción […] acerca de que este tipo de adopción afecta el interés superior de los niños y niñas, pues los colocará en una situación de “desigualdad” frente a otros menores que sí estén en una familia heterosexual y, además, que serán objeto de discriminación social. Como hemos señalado, existe actualmente una gran diversidad de familias, sobre todo, monoparentales, por lo que, sostener lo afirmado por el Procurador, sería tanto como decir que todos los niños y niñas que crecen en familias distintas, están en desventaja frente a los otros; además, es indiscutible que, en un Estado democrático de derecho, el legislador debe buscar la eliminación de las diversas formas de discriminación e intolerancia que se presentan en la sociedad, lo cual se logra a través del reconocimiento y protección de todo tipo de familia que pueda existir, no de su “exclusión” o “negación”.

Ante el mandato de la Constitución que establece el derecho fundamental a la igualdad y la prohibición de discriminación, el Tribunal Constitucional debe ser parte de esta tendencia que evite y establezca los criterios para no discriminar. El derecho debe ser parte del avance social. Si esta Suprema Corte estableciera que la reforma impugnada es inconstitucional, porque la sociedad va a discriminar a los niños que sean adoptados por parejas homosexuales, se discriminaría a estos niños desde esta sede constitucional, lo cual sería sumamente grave.

Lo anterior es importante porque implica que la Corte está adoptando una concepción de la igualdad que se aleja de una estrictamente formal. Esto es, para la Corte, la igualdad y el derecho a la no discriminación no sólo implican que el Estado debe de abstenerse de distinguir cuando no tiene razón para ello, sino que también debe proteger a las personas frente a terceros (entiéndase: cuando ocurra discriminación entre particulares) y más aún debe promover un ambiente libre de discriminación. Sobra mencionar que el potencial de esta manera de entender el derecho a la no discriminación es inmenso y, por ello, ojalá que la Corte exprima al máximo las consecuencias de este concepto aquí esgrimido.

Una brevísima conclusión

No es la primera vez que la Corte resuelve casos donde tiene que decidir en torno al régimen familiar a la luz de la Constitución en años recientes. De hecho, esta sentencia se suma a una lista de resoluciones que, de alguna forma u otra, inciden en la regulación del matrimonio, la paternidad y la familia en general, así como en la sexualidad, el cuerpo y el género. Me refiero, en concreto, a los temas de violación entre cónyuges (modificación de jurisprudencia 9/2005), despenalización del aborto (acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada), inter y transexuales (amparo directo civil 6/2008) y el divorcio unilateral y sin causales (amparo directo en revisión 917/2009).

Si se revisan las sentencias en conjunto, queda claro que ha estado ocurriendo un cambio en el razonamiento de la Corte en torno a estos temas.[iii] Poco a poco, parece ir construyendo una concepción liberal e igualitaria de la sexualidad y la familia, fundada en los diversos derechos consagrados en la Constitución, al punto en el que las viejas “instituciones civiles” resultan renovadas. Por la gracia interpretativa de la Corte, el matrimonio definitivamente ya no es parte de una concepción tradicionalista de la familia, ahora tiene una base constitucional más sólida que parte de separación entre la Iglesia y el Estado, para complementarse con el libre desarrollo de la personalidad y la igualdad, en relación al cuerpo, al género, a la orientación sexual, a la sexualidad y a la reproducción. Y esto, aunque sobra mencionarlo, es un avance mayúsculo en la difícil tarea de lograr una sociedad mexicana mucho más libre e igualitaria.

Estefanía Vela. Estudiante, en proceso de titulación, de la licenciatura de Derecho del ITAM y asistente de investigación del área de Derechos Sexuales y Reproductivos del CIDE. Twitter: @samnbk


[i] Lo increíble del razonamiento de la Corte es que, más que quedarse en el derecho a la igualdad, finca el grueso de su argumentación en la libertad. El problema con el derecho a la igualdad, muchas veces, es que no cuestiona aquello a lo cual algo se quiere asemejar. Esto es: es muy distinto decir “el homosexual es como el heterosexual” a “eres libre de desear a quien quieras”. El primero asume que la heterosexualidad es, para efectos prácticos, mejor, mientras que el segundo no prejuzga sobre la opción sexual. Lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, en el campo del género: “lo femenino es tan valioso como lo masculino” es distinto a “puedes comportarte como tú elijas”. [Para un análisis de la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos desde esta perspectiva, véase “Sexualities and the ECHR: Introducing the Universal Legal Subject” de Michele Grigolo.] Ahora, lo anterior no significa, obviamente, que el derecho a la igualdad y a la no discriminación no afecten la regulación del matrimonio. Sobre todo si se toma en consideración la situación de la mujer respecto del hombre. Parafraseando a Regina Larrea: aunque el sexo (y el género), conceptualmente ya no es importante, lo sigue siendo en la práctica… Esto es: el ser “mujer” (“femenina”) o ser “hombre” (“masculino”) –sobre todo en una relación heterosexual (aunque no exclusivamente)– sigue siendo importante. De ahí que, en el diseño de políticas públicas, y por el derecho a la igualdad y a la no discriminación, se tenga que atender a esta realidad. [Para un análisis de los criterios de la Corte en el tema de la igualdad y la no discriminación, véase “La Corte ante la igualdad y la no discriminación” de Regina Larrea.]

[ii] En el amparo directo en revisión 917/2009 se desarrolla, de forma más extensa, la relación entre el divorcio y la libertad.

[iii] El cambio en el razonamiento de la Corte puede verse, más claramente, si se contrasta, por ejemplo, la contradicción de tesis 5/92 de 1994 con la modificación de jurisprudencia 9/2005 de 2005: en ambas, el tema es la violación entre cónyuges. Sin embargo, en la primera sostiene que en el Distrito Federal si el esposo viola a su esposa “para imponer la cópula normal”, se configura más bien el delito de “ejercicio indebido de un derecho”. El problema, apuntaba la Primera Sala de entonces, estriba en la normalidad del sexo, más que en su violencia: si está encaminado a procrear (fin del matrimonio) o no. Once años después, con independencia de la tipificación penal, la violación es violación con independencia de quien la perpetre. La libertad sexual y el derecho a decidir el número de hijos (derechos espejos, prácticamente, en el razonamiento de la Corte) sirven como base para explicar la regulación y así, modificar la jurisprudencia fijada en 1994.

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La Suprema Corte de Justica, como se sabe, hace algunos días, después de varias sesiones de discusión, ratificó con una aplastante mayoría (nueve ministros contra dos) la constitucionalidad de las reformas a la legislación civil del Distrito Federal que permitieron el matrimonio entre personas del mismo sexo. Asimismo, la Corte determinó que este matrimonio es válido en cualquier otra entidad federativa y que puede participar, en las mismas condiciones que un matrimonio heterosexual, en el proceso legal correspondiente para adoptar niños.

La decisión propició que la opinión pública nacional voltease con especial atención a escudriñar la actuación de los ministros de la Corte, pero también aguijoneo el interés de la prensa internacional, al grado de que periódicos como The New York Times y El país registrasen puntualmente esta resolución y varios de los aspectos que giraron en torno a ésta. Esta enorme curiosidad no debe sorprendernos: el matrimonio gay es la última batalla de un largo conflicto entre conservadores y liberales, donde a lo largo de varias décadas se han enfrentando dos visiones del mundo diametralmente opuestas respecto nociones como libertad sexual, familia, interés superior del niño, entre otros. De ahí que en estos momentos en diversos países, sea en la arena legislativa, judicial o académica, se debata la posibilidad de permitir el matrimonio entre homosexuales: unos tratan de superar el último obstáculo hacia una plena igualdad, mientras que otros defienden la última barrera que detiene el ocaso de la sociedad.

Esto significa, entonces, que con esta decisión nuestra Suprema Corte se coloca en el bando progresista del debate y da un paso mayúsculo para abatir la discriminación que sufre la comunidad homosexual. Además de enviarle al país un mensaje por demás saludable y pedagógico: la sociedad mexicana no es uniforme; por el contrario, se define a partir de una diversidad de concepciones del mundo, preferencias religiosas, inclinaciones sexuales, modelos de familia… Y en tales términos está protegida por la Constitución.

Ahora bien, más allá de celebrar esta resolución por estos y otros motivos, también es necesario analizar otros aspectos que giraron alrededor de esta discusión, en aras de elaborar un balance mucho más completo de esta relevante decisión. Aquí, entonces, algunos apuntes.

-      Razones y argumentos. La opinión pública, por el momento, se ha limitado a registrar la decisión de este caso: es constitucional las reformas legales del Distrito Federal que permiten el matrimonio y adopción entre personas del mismo sexo. Falta, sin embargo, un elemento medular: las razones y argumentos definitivos que apuntalarán esta decisión. Si seguimos el procedimiento de decisión de la Suprema Corte, lo primero que tenemos es la discusión de los ministros que parte de un proyecto de resolución presentado por alguno de éstos (en este caso se trató del ministro Sergio Valls), luego viene la votación que define el sentido de la decisión del asunto en cuestión y, finalmente, corresponde la confección de lo que en la jerga jurisdiccional se conoce como engrose. Es decir, el texto definitivo de la sentencia donde la decisión se acompaña con sus correspondientes argumentos. En este caso en concreto, conocer estos razonamientos finales tiene enorme relevancia, toda vez que al resolverse con el apoyo de una mayoría de nueve votos, tanto la decisión adoptada como los argumentos se vuelven obligatorios para el resto de los órganos jurisdiccionales del país. Lo cual se volverá clave ante el escenario que se vislumbra: un abultado número de litigios derivados de los posibles conflictos que se susciten por las disímiles o contrarias definiciones de matrimonio en el resto de las entidades federativas, así como por temas de seguridad social. Por ello, el verdadero impacto (y relevancia) de esta decisión sólo podrá evaluarse una vez que conozcamos el dichoso engrose. Y bien haría la opinión pública de no olvidarse de este aspecto.

-      Derecho comparado. Uno de los primeros puntos que decidió la mayoría de los ministros, a partir del proyecto presentando por el ministro Sergio Valls, consistió en definir qué hacer con el estudio que éste presentó sobre legislaciones y sentencias de otros países que abordan el tema del matrimonio gay. La mayoría consideró que no era obligatorio ni útil para la Corte mexicana considerar soluciones jurídicas de otras latitudes y, por ello, determinó que este estudio no debía formar parte del documento final de la resolución. No es la primera vez que nuestra Corte ningunea las aportaciones argumentativas, persuasivas o de legitimidad que puede aportar el derecho comparado. Al contrario, se trata de un provincianismo judicial que arrastra desde hace lustros. Así, mientras otros tribunales del mundo han aprendido a aprovechar esta herramienta, nuestra Suprema Corte, como lo demuestra una vez más con este caso, sigue sin resolver una pregunta no menor: ¿Qué hacer con el derecho comparado?

-      Nivel de discusión. Algo que fue muy llamativo de este asunto fue que, contrario a lo que sucede en la mayoría de los casos que resuelve la Corte mexicana, el nivel de discusión fue bastante bueno. Es cierto: hubo diferentes posturas, lecturas y propuestas para entender y resolver el asunto. Sin embargo, la mayoría de los ministros ofrecieron posiciones sólidas, propias de un juez constitucional.  Es alentador que en esta ocasión gracias a Juan Silva Meza, Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío, Fernando Franco y Arturo Zaldívar se haya dado un muy buen peloteo de argumentos. Sin olvidar, claro está, a Sergio Valls quien, a pesar de no destacarse a lo largo de su carrera por ser un ministro muy agudo, presentó un buen proyecto de resolución. Esperemos que este nivel de debate no haya sido excepcional –fruto del azar o del enorme interés que despertó en la opinión pública este asunto-, y se convierta más bien en la dinámica característica de nuestro tribunal constitucional. Sólo alguien con una visión aldeana de las instituciones colegiadas puede desear que meramente un ministro destaque en las discusiones y que éste sea siempre el mismo.

-      Jueces mediáticos. Un comportamiento que empieza presentarse cada vez con más frecuencia entre algunos ministros, al momento de discutir asuntos de enorme atractivo para la opinión pública, consiste en lanzar sus participaciones durante los debates pensando en que tan atractivos serán para los medios de comunicación. No hay que olvidar que, contrario a lo que sucede en el resto de los tribunales constitucionales del mundo, en nuestra Suprema Corte las discusiones entre los ministros no sólo son públicas sino también mediáticas. Este diseño arroja una serie de beneficios en cuanto a transparencia, legitimidad y cultura judicial; pero también implica el riesgo de que los ministros cedan ante los coquetos de la lógica mediática. Aclaro: mi preocupación no reside en que los ministros utilicen un lenguaje mucho menos abigarrado y barroco, para apostar por uno mucho más accesible. Cualquier avance en este sentido debe aplaudirse. Me parece, sin embargo, que lo que estamos presenciando es algo diferente: se trata de ese pernicioso germen inherente a la dinámica contemporánea entre gobernantes y medios: la tentación de agradar a la audiencia, sea atrapando el titular del día siguiente o lanzando la frase idónea para twitter. La Corte es una arena privilegiada donde se deben debatir, a través de argumentos jurídicos expresados de manera sencilla y accesible, los valores de nuestra democracia. Pero no mediante frasecillas cursis y melosas.

-      ¿Pluralidad de opiniones? Entre los dos ministros que se opusieron al matrimonio entre personas del mismo sexo, y demás temas que la Corte resolvió en este asunto, destacó la actuación del ministro Sergio Aguirre Anguiano. A lo largo de cada una de las sesiones hizo su mayor esfuerzo por convencer al resto de sus compañeros de que las reformas legislativas del Distrito Federal eran inconstitucionales. Su férrea oposición lo llevo a intentar varios recursos argumentativos y a ofrecer participaciones excesivamente largas. Ante esto, en redes sociales como twitter, por ejemplo, se mencionó que aunque no se estuviese de acuerdo con la posición de Anguiano, era positivo que hubiera pluralidad de opiniones al interior de la Suprema Corte y que los ministros fuesen congruentes. En esto último no es difícil estar de acuerdo: uno espera que en un tribunal constitucional haya diversidad ideológica y que los jueces se aten a sus votaciones y argumentaciones previas. La pregunta, por tanto, es la siguiente: ¿Hay realmente argumentos jurídicos en las participaciones de Anguiano o, más bien, estamos frente una batería de prejuicios revestidos de latinajos? ¿Su actuación está marcada por la congruencia o por una antidemocrática terquedad que de antemano descarta las opiniones de sus colegas? Mi crítica no se dirige a descalificar a los jueces conservadores, pero si pensamos en la inteligencia y sagacidad del justice de la Corte Suprema estadounidense John Roberts, uno de los más conservadores en su historia, lo que tenemos aquí más bien es que el notario que un día despertó siendo juez constitucional se ha convertido en la caricatura de una caricatura. Y esa no es la pluralidad ni congruencia que debemos esperar en nuestra Suprema Corte.

Saúl López Noriega. Profesor de tiempo completo del Departamento de Derecho del ITAM. Twitter: @slopeznoriega

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El caso matrimonio y adopción gay que recién resolvió la Suprema Corte de Justicia, representó una excelente oportunidad para conocer la calidad de la esgrima argumentativa de los ministros de nuestro tribunal constitucional. A lo largo de las diversas discusiones, hubo diferencias, réplicas, posiciones divergentes, etcétera. Sin embargo, fueron los ministros Sergio Aguirre y Arturo Zaldívar quienes representaron dos posiciones diametralmente opuestas; dos visiones antagónicas del derecho y del mundo. Como dijo el analista político Jesús Silva-Herzog Márquez, en su cuenta de twitter, “es de celebrar que la Corte vaya de la (A)guirre a la (Z)aldívar”. Aquí, pues, algunos subrayados de las participaciones de estos dos ministros.

Sergio Aguirre Anguiano

“La Norma Suprema en principio, consigna la igualdad del varón y la mujer ante la ley y ordena a ésta proteger la organización y desarrollo de la familia […] es claro que el tipo de familia que tuvo en mente el Poder Reformador de la Constitución es el formado por el hombre, la mujer y los hijos que lleguen a procrear.”

“Estos sencillos datos etimológicos permiten sostener que el matrimonio heterosexual no es un producto de la mora religiosa, sino un elemento de nuestra cultura donde el matrimonio heterosexual y la familia, constituyen las instituciones propias de la perpetuación de la especie humana […] el adjetivo heterosexual no debe considerarse como un elemento accidental del sustantivo matrimonio, sino como un predicable esencial, pues en nuestra cultura un matrimonio celebrado entre dos personas del mismo sexo, no puede ser llamado con propiedad matrimonio.”

“Al permitir contraer matrimonio a personas del mismo sexo, se violenta el principio de igualdad, pues es una realidad que las parejas homosexuales no se encuentran en la misma situación que las parejas heterosexuales; en tan sólo éstas últimas están en posibilidad biológica y natural para concebir y procrear.”

“[…] se habla también de un derecho constitucional moderno, ¿y saben en qué consiste el derecho constitucional moderno? En ser normalmente irracionales, abangar, tratándose de derechos y derivaciones de carácter sexual. ¿Eso es la modernidad? ¡Qué barbaridad!”

3 de agosto de 2010

“Nos enfrentamos entonces a un problema de constitucionalidad de la norma que permite el acceso a la adopción de menores por parte de parejas homosexuales, pues éstas no ofrecen un ambiente que asegure el desarrollo óptimo del menor. El mero establecimiento de los requisitos que establecen las normas que regulan el sistema de adopción, no garantiza por sí solo el interés superior del menor. El ambiente-desarrollo que proporciona una pareja homosexual, con independencia de los requisitos generales para la procedencia de la adopción, no asegura el interés superior del menor […]”

“[…] algunas universidades por cierto muy bien rankeadas […] opinan ue hicieron estudios profundos al respecto y que no es de la mejor conveniencia de los críos el ser adoptados por parejas homoparentales porque dicen que el medio los presiona para un desarrollo sin lisuras, para un desarrollo accidentado […] el grado de estrés que se produce en la crianza de estas criaturas es del todo inconveniente.”

12 de agosto de 2010

Arturo Zaldívar Lelo

“[…] Me parece preocupante muchas de las cosas que acabo de escuchar, la familia es la unión de hombre y mujer y los hijos que ellos procreen; me acabo de enterar que las familias con hijos adoptivos no son familia, me parece una aberración con todo respecto. La familia hoy en un mundo moderno no es un concepto unívoco, no hay un concepto ideal de familia, hay muchos conceptos de familia […] el mundo ya ha cambiado y lo tenemos que reconocer y yo creo que la Constitución la tenemos que interpretar de una forma evolutiva, de una forma que garantice los derechos de todos, no hay familias de primera y familias de segunda, todas las familias merecen el respecto de la Constitución […]”

3 de agosto de 2010

“Yo no creo que un concepto jurídico que estar atado ni al uso milenario, ni a la etimología, ni al diccionario, a mí me parece que las instituciones progresan, avanzan, evolucionan y que esto permite, mientras no se vulnere la Constitución, que los legisladores puedan ir adaptándolo.”

“Una de las bases, de los fundamentos de una democracia constitucional, es precisamente la tolerancia, y la tolerancia implica el respeto a todas las creencias, a todas las preferencias, a todas las orientaciones sexuales y a todas las diferentes formas de ser de la gente y un respeto que no es nada más retórica, sino un respeto que tiene que traducirse en la vigencia plena de los derechos de quienes son diferentes, de manera primordial de las minorías, el test democrático de una sociedad no se da tanto en qué y cuál es el nivel de respeto de la mayoría, sino cuál es el nivel del respeto a los derechos de las minorías.”

5 de agosto de 2010

“[…] se nos ha dicho que no hay estudios en México sobre cuál es el efecto en los menores de las familias homoparentales y esto es cierto; sin embargo, yo pregunto: Tampoco hay estudio de familias heteosexuales, tampoco hay estudios de padres adoptivos solteros, ¿Esto significa que necesariamente htemeos que declarar inconstitucional también este tipo de adopciones? Estamos partiendo -me parece- cuadno decimos: No hay estudios, de un prejuicio, y el prejuicio es: Como no hay estudios, partimos de la base que esto es malo y nos tiene que demostrar que no lo es, y esto creo que es falso.”

“[…] en virtud de que estamos en una situación en donde por mandato al artículo 1 constitucional diferenciar o evitar un derecho, o no otorgar un derecho con base en la orientación sexual sería una carga sospechosa que nos obliga la Constitución a hacer un escrutinio estricto y muy cuidadoso, y toda vez que no hay prueba alguna, no hay dato duro ninguno que haga pensar que esto afecta el interés superior del niño, y no sólo eso, con esto sería suficiente, pero no sólo eso; creo que al menos desde mi punto de vista es todo lo contrario, me parece que esta reforma que estamos discutiendo es perfectamente constitucional […]”

16 de agosto de 2010

El juego de la Suprema Corte

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