El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos humanos en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, El Juego de la Suprema Corte presenta esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos. En esta edición se presentan los asuntos conocidos en el período enero-febrero 2015.

1. Derechos del debido proceso[1]

¿Afecta el derecho al debido proceso y otros derechos constitucionales, que un juez de amparo niegue a una persona información clasificada por la autoridad responsable como reservada o que requiere a las propias responsables para que sea presentada?

La Corte resolvería afirmativamente y, en ese sentido, las personas podrían interponer un recurso de queja contra la decisión del juez. Entendido en sentido contrario, se podría presentar un daño grave y trascendental, debido a que dichos documentos podrían impactar en el sentido de la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo, por lo que negar el acceso al quejoso se le dejaría en estado de indefensión, no permitiéndosele acciones como la ampliación de su demanda o bien rebatir lo sentado en tales documentos. De igual forma, por lo que hace al requerimiento a las responsables, la naturaleza propia de la información, clasificada como reservada, justificaría que por un recurso de queja se analice la posibilidad de exhibir dicha información en un juicio de amparo.

2. Derecho de audiencia[2]

¿En qué momento debe darse vista al quejoso cuando el órgano colegiado advierte una causal de improcedencia diferente a la advertida por el Juzgado de Distrito? Respondería la Corte, el asunto debe quedar en lista y ahí, darle vista al quejoso, para proceder en los términos respectivos y posteriormente retomar el asunto, analizando los argumentos expuestos.

3. ¿Procede el juicio de amparo contra actos del Consejo de la Judicatura Federal?[3]

En este caso se analizaba el tema del régimen laboral del Poder Judicial Federal, a través del la posibilidad de revisar una decisión del Consejo de la judicatura Federal, sobre un conflicto de naturaleza laboral con una de sus empleadas. El problema se planteaba en dos niveles.

Primero. La ley de amparo señala que las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal son inatacables, por lo que se solicitaba el análisis de constitucionalidad de esta disposición.

Segundo. El análisis de constitucionalidad tenía que pasar por definir, qué lectura se debía de hacer al texto fundamental en esta materia.

derechosLa Corte aceptaría, retomando el concepto de restricción constitucional, la hipótesis de improcedencia constitucional, en ese sentido las decisiones del CJF son inatacables, cuando estén referidas al ejercicio de las facultades que le fueron conferidas –administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación- y aquellas vinculadas con los conflictos de trabajo entre el Poder Judicial de la Federación y sus trabajadores, emitidas funcionando en Pleno o en Comisiones. Igualmente, abona en la interpretación a la hipótesis cuando el CFJ actúe como particular en una relación de coordinación –y no de supra-subordinación- donde igual será improcedente el juicio de amparo, por existir el procedimiento ordinario previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

4. Derechos laborales y factores de producción[4]

Este asunto tiene su origen en la modificación de un contrato colectivo de trabajo –disminuyendo los derechos de los trabajadores- determinada por una Junta de Conciliación y Arbitraje, bajo el argumento de que se acreditaba la necesidad de la medida, en razón de la difícil situación económica de la empresa.

Sobre ello, el Sindicato de Trabajadores solicitó que el laudo fuera declarado improcedente. La Corte declaró procedente el amparo.

El ponente en su exposición señalaría la importancia de este asunto en los siguientes términos: “El proceso de resolución que hemos seguido en este asunto responde claramente al interés de salvaguardar, primordialmente, los derechos constitucionales establecidos para los trabajadores dentro del equilibrio de los factores de la producción, pero sin desconocer que las condiciones económicas generales del país y, en particular, de una determinada industria, pueden afectar a las empresas, al grado de hacer imposible su operación y poner en riesgo lo más importante de la relación laboral que, es la fuente de trabajo.”

Ahora bien, el tema central lo pondría la Corte en definir bajo qué estándar se determinaría la necesidad de la modificación del contrato, y ello pasaba por responder lo siguientes: ¿Por qué los derechos de los trabajadores tienen que disminuirse? Y ¿por qué en esa forma determinada por la Junta de Conciliación?

Al definir la Junta la disminución de las prestaciones de los trabajadores, diría la Corte, más allá de significar que la empresa se encontraba en una situación económica apremiante –lo cual era insuficiente- debió de fundar y motivar cómo esto significaría un elemento que garantizara la subsistencia de la empresa, pero no lo hizo así.

5. Discapacidad y discriminación[5]

La legislación de Baja California, definía los Centros de Desarrollo Infantil como: “el establecimiento donde se brinda cuidado temporal, alimentación y que en su caso brinden educación inicial, a menores en edad lactante, maternal, preescolar y menores con discapacidad no dependientes, cualquiera que sea su denominación”. En ese sentido se debía analizar si la especificidad de “menores con discapacidad no dependientes” estaba creando una discriminación hacia otro tipo de discapacidad.

Diría la ministra ponente, no hay necesidad de la distinción, ni razonabilidad porque las desventajas resultan de mayor gravedad que las hipotéticas ventajas de aceptar la validez de la norma.

En los Sistemas Universal e Interamericano de Derechos Humanos, no se ha distinguido entre tipos de discapacidad, aceptar tal diferencia, sería contrario a los mismos y al principio pro persona reconocido en el sistema constitucional mexicano

Es importante indicar de que en los efectos de la declaratoria de invalidez, se le dio al Congreso de Baja California, hasta el siguiente periodo de sesiones para legislar sobre ello.

6. Sistema penitenciario[6]

El objetivo de este asunto, era tratar de definir y dar contenido, al principio de reinserción social establecido en la Constitución, originalmente el proyecto era un poco más ambicioso, pero conforme se fueron dando las votaciones, se fueron restringiendo lo temas analizados y resueltos, para quedar considerados aquí, los de manera más claramente definidos.

¿La participación de la víctima en la audiencia de beneficios ante el juez de ejecución es congruente con el principio de reinserción social?[7]

Es constitucional, pero la Corte no avaló el argumento propuesto por la ministra ponente, sobre la coherencia con el principio de reinserción social.

De igual manera se aprobaría que no hay ninguna vulneración, porque en delitos graves, a personas que han sido condenadas con una sanción, dada la gravedad de los mismos, la propia ley establezca que no tienen derecho a los beneficios de preliberación –tratamiento preliberacional y libertad preparatoria-[8].

La Corte declararía válido que: “La Autoridad Ejecutora podrá suprimir el libre acceso a un derecho o prerrogativa de los sentenciados en los Centros Penitenciarios cuando su ejercicio tenga fines ilícitos”[9]

Refrendando decisiones de este tipo tomadas en la Sala –no gozar de algún beneficio, por la comisión de determinados delitos-, declararía que la improcedencia de los beneficios de tratamiento preliberacional y libertad preparatoria, cuando se trata de delitos considerados como graves -lo cual se da de manera independiente de los tratamientos técnicos o de los estudios que se practiquen- es una medida constitucional, donde no se impide la reinserción social ya que cualquier otra medida puede ser aplicada.

¿Qué se deberá considerar para la ubicación de los sentenciados en los centros penitenciarios?

Diría la Corte, al no lograr la votación necesaria para declarar inconstitucional la última parte del artículo respectivo: “la mayor información posible sobre cada uno de ellos a través de datos documentales, entrevistas y observación directa de su comportamiento; información que complementará a los estudios técnicos”[10].

Medidas disciplinarias: ¿Cuál es su naturaleza? ¿Se requiere que sea el juez de ejecución de sanciones penales quien las imponga al sentenciado o es posible que lo haga la autoridad administrativa?[11]

El problema radicaba en definir si las medidas disciplinarias como amonestación, exclusión temporal de ciertas diversiones, suspensión de visitas familiares, aislamiento por no más de 30 días, resultaban al final de cuentas en una modificación de la pena, porque de ser así, debían ser tomadas por una autoridad judicial y no administrativa.

Se entenderían estas medidas como actos de molestia y no de privación, pues su contenido supondría una afectación en la esfera jurídica del sentenciado; sin embargo, dicha afectación en los derechos de éste sería temporal y preventiva, y tendría como finalidad conservar el orden y el respeto al interior del Centro en el que el sentenciado se encontrare ejecutando su pena.

Acorde con lo anterior, se definiría que tales medidas pueden ser impuestas por una autoridad administrativa, como el caso del Consejo Técnico propuesto por la ley en análisis; no obstante, reconoció que se debe respetar y satisfacer ciertos requisitos acordes con el objetivo de las medidas.

¿La incorporación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal al Comité de Visita General previsto en la ley impugnada, supone una violación a la autonomía de esta Comisión?[12]

No, aquello no supone una limitación en su actuar, conserva su libertad y autonomía, ya que se considera las funciones encomendadas se encuentran dentro de las que constitucionalmente desempeña, de defensores de derechos humanos, en este caso en el régimen de reinserción social.

¿El requisito de cubrir el costo del dispositivo de monitoreo electrónico, que permite gozar del beneficio de reclusión domiciliaria, supone una violación al derecho a la igualdad y a la no discriminación de los sentenciados?

El proyecto propondría que es una acción afirmativa necesaria que impide privar a una persona de un beneficio legal y el establecimiento de obstáculos para el logro de los fines del principio de readaptación social, pero el argumento fue desestimado[13].

7. Acceso a la justicia. Acciones afirmativas. Núcleos ejidales[14]

En este asunto se analizaba el problema de los plazos para la interposición de una demanda de amparo en relación con los núcleos ejidales o comunales de población. El punto en análisis era que la ley de amparo anterior -aunque como diría uno de los ponentes, la hipótesis se trasladó a la ley vigente- no determinaba un plazo y con esto, diría el promotor del juicio de amparo en análisis, se podría estar generando un trato discriminatorio y violentaba las formalidades del procedimiento.

Se resolvería que esta decisión de la falta de plazo, se traducía en una acción afirmativa o positiva, que se había dado por el contexto histórico de vulnerabilidad de los ejidos, lo que se traducía en una medida proporcional.

Señalaría la Corte: “entraña una norma que establece un tratamiento diferenciado, en tanto prevé de manera excepcional y acotada para los núcleos de población, sujetos al régimen ejidal o comunal, que puedan promover el juicio de amparo en cualquier tiempo; y constituye una medida temporal de discriminación positiva, que fue creada al haberse reconocido todo un contexto de circunstancias generadoras de un estado de desigualdad material entre tales entes tutelados”.

Víctor Manuel Collí Ek. Investigador de la Universidad Autónoma de Campeche y responsable del proyecto de investigación: “La vigencia de la Constitución en la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional” 154998, CONACYT-SEP, del cual el presente estudio es un producto. www.victorcolliek.com

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[1] Contradicción de Tesis 157/2014. Sesionada el día 20 de enero de 2015. Ponente Min. Jorge Mario Pardo Rebolledo. Votación favorable, p. 40.

[2] Contradicción de Tesis 325/2014. Sesionada el día 22 de enero de 2015. Ponente Min. Olga Sánchez Cordero. Votación económica unánime, p. 71.

[3] Amparo Directo en Revisión 1312/2014. Sesionado el día 27 de enero de 2015. Ponente. Min. José Fernando Franco González Salas. Engrose consultable aquí.  

[4] Amparo directo 4/2009. Sesionado el 28 de septiembre de 2009, 18 de febrero de 2010, 17, 19 y 23 de agosto de 2010 –todas las anteriores fue ponente el Min. Cossío Díaz-, el 29 de enero de 2015. Ponente Min. Alberto Pérez Dayán. Mayoría de 8 votos por la concesión del Amparo. Consultable aquí.

[5] Acción de Inconstitucionalidad 86/2009. Ponente Min. Olga Sánchez Cordero. Sesionada el 7 de noviembre de 2013; 3, 5, 9 y 10 de febrero de 2015. Ley de Salud Pública para el Estado de Baja California –reformas 13 de noviembre de 2009-; CPEUM; Convención de los Derechos del Niño y Convención Americana de Derechos Humanos.

[6] Acción de Inconstitucionalidad 16/2011 y su acumulada 18/2011. Ponente Min. Olga Sánchez Cordero. 10, 12, 16, 17 y 19 de febrero de 2015. Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal. CPEUM. Convención Americana de Derechos Humanos.

[7] Sesión de 19 de febrero de 2015, pág. 12. Unanimidad por el proyecto modificado.

[8] Sesión del 17 de febrero de 2015, p. 15. 7 votos en contra de la propuesta.

[9] Sesión del 17 de febrero de 2015, p. 23, 7 votos en contra de la propuesta.

[10] Sesión del 17 de febrero de 2015, p. 33. Se votarían dos propuestas que pretendían declarar inconstitucionalidad: Primera, sobre “y observación directa de su comportamiento”, 8 votos en contra de la propuesta. Segunda, “información que complementará a los estudios técnicos”, 6 votos en contra de la propuesta.

[11] Sesión del 19 de febrero de 2012, pág. 28. 8 votos a favor de la propuesta modificada.

[12] Sesión del 19 de febrero de 2015, pág. 46. 8 votos a favor de la propuesta modificada

[13] Sesión del 19 de febrero de 2015, pág. 65. 6 votos a favor de la propuesta del proyecto, por lo que es desestimada y se declaró válido el artículo.

[14] Amparo directo en revisión 466/2011. Ponente Min. Jorge Mario Pardo Rebolledo,  Sesionado el día 21, 25 y 26 de noviembre de 2013 (Pon. Min. Margarita Luna Ramos); 23 de febrero de 2015.

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san.quintinEl caso de los jornaleros agrícolas de San Quintín, Baja California, en paro laboral en exigencia de condiciones decentes de trabajo, no es nuevo y es representativo de la explotación que millones de trabajadores en el país padecen. Se trata de una situación que nace con la informalidad: no hay contrato; crece con ausencia de salario digno y prestaciones laborales, jornadas de trabajo irregulares, inseguridad e inestabilidad en el empleo; no muere, se transforma en pobreza y esclavitud, y se prolonga por generaciones. Ante la evidente falta de capacidad institucional del Estado para garantizar el derecho al trabajo, vale la pena reflexionar sobre las alternativas que ofrece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el marco jurídico interamericano, hay diversas referencias al derecho al trabajo que encontramos en instrumentos internacionales, como son: la Carta de la Organización de Estados Americanos[1], en la Declaración Americana de Derechos Humanos[2], en la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3] (CADH) y en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[4] (Protocolo de San Salvador).  Ahí se asientan los fundamentos jurídicos que sostienen que todo el que trabaja tiene derechos laborales, independientemente de donde trabaje.

Estos instrumentos, motivan el actuar de la CIDH, institución que los aplica de manera directa a los casos de los cuales conoce. Entonces, sabiendo que existen estándares internacionales de derechos que se alejan de la realidad que se vive día a día en nuestros países y que hay quien vigile su cumplimiento, millones de personas alrededor del continente amenazan con acudir en estos casos a la CIDH. Así lo escuché ya en una entrevista que le realizaban a uno de los jornaleros, por lo que es importante aclarar que tratándose del derecho al trabajo, la CIDH se comporta de forma voluble.

Pero aun cuando el artículo 26 de la CADH se refiere al compromiso de los Estados a adoptar providencias que les permitan lograr progresivamente la plena efectividad del derecho al trabajo, la realidad es que la opción de hacer uso del sistema de peticiones individuales no existe para los trabajadores en cuanto a su derecho al trabajo. Es decir, aunque el Protocolo de San Salvador manifiesta expresamente la justiciabilidad del párrafo a) del artículo 8, lo cierto es que éste se refiere solamente a los derechos sindicales.

La única posibilidad, entonces, de presentar casos en materia laboral ante la CIDH, es cuando se refieren a derechos sindicales. Los jornaleros agrícolas, no tienen un contrato laboral. Lo cual, en estricto sentido, hace que no sean reconocidos como trabajadores y, por lo tanto, no forman parte de un sindicato, ya que el sindicato vela por los derechos de los trabajadores, pero los jornaleros al ser trabajadores informales, no son reconocidos como tales. Si bien esta opción sería en principio inviable, esto no significa que se encuentren canceladas todas las opciones que ofrece la CIDH.

Otro de los mecanismos que se encuentran disponibles en la CIDH, es el de medidas cautelares[5], que serán otorgadas para prevenir daños irreparables a la persona, en situaciones de gravedad y urgencia. En un análisis realizado de las medidas cautelares otorgadas en 2012 y 2013[6], se desprendió que ninguna se refiere al derecho al trabajo y en años anteriores, la medidas cautelares relacionadas con este derecho, fueron otorgadas bajo la perspectiva de proteger a defensores de derechos humanos y no el derecho al trabajo en sí mismo.

Así tenemos la MC 21/11 otorgada a los miembros del Centro de Apoyo al Trabajador, por hostigamientos y amenazas, por fomentar la protección de los derechos laborales en México; la MC 56/07, que se otorgó en beneficio de los integrantes del Foro Laboral Obrero Campesino al haber sufrido hostigamientos en virtud de su trabajo de defensores de los derechos de los trabajadores migrantes en Monterrey México; y la MC 346/06, otorgada a la Asociación por una Sociedad más Justa, por el asesinato de su apoderado legal en casos de defensa de derechos laborales[7].

Dicho esto, también hay que señalar que no hay impedimentos jurídicos para la improcedencia de las medidas cautelares en materia laboral, siempre que se acredite la gravedad, urgencia y la existencia de daños irreparables. Sobra decir que las condiciones de vida indigna que se generan a partir de la vulneración al derecho al trabajo, afectan el derecho a la vida, el desarrollo personal y el proyecto de vida, lo cual tiene altas posibilidades de ser irreparable. La garantía del derecho al trabajo, impacta en la pobreza o la prosperidad de las personas y por lo tanto, en la vida que se vive.

Otra de los mecanismos a explorar son las audiencias temáticas que se realizan en la CIDH, mismas que son solicitadas por las organizaciones de la sociedad civil con el fin de exponer temáticas variadas y que son aprobadas o no por la CIDH. Debido a la vigencia y relevancia mediática que la situación de los jornaleros agrícolas ha adquirido, sería altamente probable que se concrete una audiencia sobre el tema en el próximo periodo de sesiones, en donde en un lado de la mesa se sienten los jornaleros y sus representantes, frente al gobierno mexicano, que estará sentado del otro lado de la mesa. Ahí los jornaleros expondrían sus agravios y el gobierno expondría los avances que se han logrado en el tema.

Un ejercicio similar ya se realizó mediante la mesa de diálogo en la que estuvieron presentes los senadores integrantes del grupo plural para vigilar los derechos humanos y laborales de los jornaleros, autoridades de Gobernación y representantes de la Alianza de Organizaciones del Valle de San Quintín, en donde se acordó la revisión integral de las condiciones de trabajo[8]. La diferencia que existe con una audiencia ante la CIDH, es que los representantes de los jornaleros y las autoridades, dialogan frente a los comisionados de la CIDH que se sientan del otro lado de la mesa, de manera pública, lo cual da visibilidad a nivel regional.

Pero si visibilidad regional es lo que se busca, el Protocolo de San Salvador en su artículo destinado a los “Medios de Protección”[9] de los derechos, entre ellos el derecho al trabajo, faculta a la CIDH para realizar la publicación de informes. Entre ellos se ha publicado por ejemplo, “El trabajo, la educación y los recursos de las mujeres: la ruta hacia la igualdad en garantía de los derechos económicos, sociales y culturales” (2011).  La diferencia de esta alternativa con las anteriormente expuestas, es que las temáticas de los informes no se deciden a solicitud de parte, es decir, no basta con solicitar que se publique un informe sobre un tema determinado.

Si esto fuera de interés para los jornaleros, habrá que plantearlo frente a la Unidad sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la CIDH, que se creó en noviembre de 2012 en el marco del 146 periodo ordinario de sesiones.

Interpretar si las alternativas que ofrece la CIDH son buenas, malas, suficientes o insuficientes, quedará en cada uno de nosotros. En mi opinión simplemente son las alternativas existentes, dentro de una Comisión Interamericana que se encuentra tan rebasada como las instituciones al interior de los países, pero en la que, a diferencia de estas últimas, sigue concentrada la única y última esperanza de millones de personas en el continente Americano.

Tania Espinosa Sánchez. Abogada por la Universidad Iberoamericana y maestra en Estudios Legales Internacionales por The Fletcher School of Law and Diplomacy.

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[1] Artículo 34

[2] Artículo 14

[3] Artículo 26

[4] Artículo 6, 7 y 8

[5] Artículo 25 del Reglamento de la CIDH

[6] Espinosa Sánchez, Tania. Medidas Cautelares para Trabajadores Informales. Revista Académica de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, año XIII, núm. 24, julio – diciembre de 2014, pág. 172.

[7] Ibíd. págs.  172 y 173

[8] “Segob y senadores revisarán condiciones laborales de jornaleros en San Quintín” en MVS Noticias, 25 de abril de 2015, página consultada el 30 de abril de 2015, disponible aquí.

[9] Artículo 19.7 del Protocolo de San Salvador

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error2A propósito de la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre la constitucionalidad del arraigo para delitos graves en el ámbito federal, diversas organizaciones y especialistas se han pronunciado en contra del fallo, e incluso a favor de la desaparición de la figura del arraigo del sistema jurídico, por considerarla contraria a los derechos humanos.

De la decisión de la Corte pueden realizarse diversos análisis; uno de ellos, que ya se ha realizado [i], es respecto a la obligación que tenía la Corte de realizar un control de convencionalidad y realizar un análisis del arraigo bajo estándares internacionales de derechos humanos, cosa que no sucedió.

Otra cuestión interesante para analizar, es el argumento expuesto por el ministro Cossío[ii] respecto a que la Corte debe replantearse la función de los artículos transitorios de una reforma constitucional y preguntarse si éstos puede hacer extensiva una restricción a los derechos humanos (en este caso, la restricción a la libertad personal, establecida en el artículo 16 constitucional).

En este texto, sin embargo, quisiera explicar las razones por las cuales, a mi parecer, la Suprema Corte se equivocó al decidir en la forma en que lo hizo sobre el arraigo y por qué no es una excepción en la que se pueda restringir válidamente un derecho humano (en este caso, la libertad personal).[iii]

Vayamos por partes. Primero, es importante recordar dos cosas: (1) la reforma constitucional del 18 de junio de 2008 constitucionalizó la figura del arraigo; es decir, introdujo la figura explícitamente en el artículo 16 de la Constitución para que fuera aplicada en casos de delincuencia organizada (en determinadas circunstancias)[iv]; y (2), el artículo undécimo transitorio de la misma reforma prevé que en tanto entra en vigor el sistema procesal acusatorio, los agentes del Ministerio Público podrán solicitar al juez el arraigo domiciliario del indiciado tratándose de delitos graves.

Ahora, ¿cuál fue el sentido de la decisión de la Corte? El proyecto de la sentencia parte de que el arraigo debe entenderse como una excepción constitucional explícita a la regla general de libertad personal y que el constituyente permanente, en el artículo décimo primero transitorio del decreto de la reforma, introdujo una habilitación legislativa para regular el arraigo penal a nivel federal para delitos graves; por lo tanto, concluye que el artículo 133 Bis del CFPP respeta el régimen constitucional y es compatible con el cuerpo legal de los derechos humanos, pues fue emitido conforme a dicha habilitación legislativa, a pesar de ser una restricción expresa al derecho a la libertad personal [v].

Seis de once ministros votaron a favor de la constitucionalidad del artículo[vi], por considerar que el arraigo representa una limitación o una restricción a la libertad personal establecida en la propia Constitución, motivo por el que no lo consideran violatorio de los derechos humanos ni de las convenciones internacionales.

En contraste, los ministros que se pronunciaron en contra de la constitucionalidad del artículo 133 Bis del CFPP consideran que la figura del arraigo no cumple con los requisitos exigidos convencionalmente para imponer un límite válido al derecho a la libertad personal, además de ser violatoria de otros, como el derecho a la presunción de inocencia, la integridad física (por riesgo de tortura), etcétera.

¿Por qué se equivocó la Corte al avalar la figura del arraigo como una excepción válida al derecho a la libertad personal?

Más allá de que el arraigo se encuentre constitucionalizado, esta decisión pudo ser el primer precedente en el que la Corte fijara su postura en contra de una figura que es injustificadamente restrictiva de derechos humanos, ineficaz para los fines para los que supuestamente fue constituida y que crea escenarios ad hoc para la transgresión de otros derechos.

Una figura incompatible con los derechos humanos

La libertad personal, la presunción de inocencia e incluso la integridad física por riesgo de tortura, son derechos vulnerados con la implementación del arraigo, pues es una medida que priva de la libertad a una persona fuera de proceso, sin que haya siquiera sido acusada formalmente.

Es importante distinguir tres cuestiones respecto a la vulneración de derechos humanos, y son las razones por las cuales considero que el arraigo no debería existir en nuestro sistema jurídico.

a) Existe una restricción directa a la libertad personal. La misma Suprema Corte había declarado inconstitucional el arraigo[vii], previamente a su incorporación en la Constitución, al considerarlo un acto violatorio de las garantías de legalidad, de seguridad jurídica y, primordialmente, de la libertad personal.

b) Una restricción (como excepción) a derechos sólo puede ser válida si se cumplen ciertos requisitos. Para restringir válidamente un derecho humano, deben cumplirse determinados requisitos, como son: idoneidad, necesidad, proporcionalidad, razonabilidad, excepcionalidad, etc. Sin embargo, el arraigo no es una medida que sea necesaria, proporcional ni razonable para la restricción del derecho a la libertad personal. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la regla general es la libertad, y la limitación o restricción de ésta es siempre la excepción. Entonces, el Estado no puede detener para posteriormente investigar; por el contrario, sólo está autorizado a privar de la libertad a una persona cuando haya alcanzado el suficiente conocimiento de los hechos para poder llevarla a juicio.[viii]

c) Existen violaciones indirectas a otros derechos. Como ya se dijo, el arraigo no sólo implica el sacrificio del derecho a la libertad personal, sino que ha favorecido a la vulneración de otros derechos, como la integridad personal[ix].

El arraigo amplía las posibilidades de que una persona sea torturada, debido a la discrecionalidad y escaso control jurisdiccional en su ejecución. De acuerdo con información obtenida por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la CNDH indicó que entre el 18 de junio de 2008 y abril de 2014, se han ventilado 112 quejas por violaciones de derechos humanos relacionadas con el arraigo, de las cuales el 38 por ciento fue por detención arbitraria y el 41 por ciento por tratos crueles, inhumanos o degradantes. Del total de los casos, el 26 por ciento presentó ambas violaciones. Los tratos crueles mencionados en las quejas van desde golpes y lesiones, hasta fracturas y aplicación de descargas eléctricas en genitales u otras partes del cuerpo. Asimismo, hubo largos plazos de incomunicación que entorpecieron el desarrollo de una defensa adecuada.

Arraigo: abuso e ineficacia

El arraigo ha sido una medida de la que se ha abusado y que ha sido aplicada de manera indiscriminada, discrecional, arbitraria y, como ya se vio, en agravio de los derechos humanos. Esto responde a una tendencia de detener para investigar, en lugar de investigar para detener[x]. El arraigo, como varios expertos han señalado, se ha convertido en una medida que cumple con la necesidad de suplir las deficiencias de las instituciones responsables de la investigación de los delitos.

Este recurso también se ha caracterizado por ser poco efectivo para combatir a la delincuencia.[xi] Los números no mienten: de acuerdo con el Informe “Arraigo, Medidas Cautelares y Ejecución Penal”, elaborado por el Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia y de la CMDPDH, la PGR informó que 9,761 personas habían sido arraigadas de 2008 a junio de 2014. De ellas, el 72.7 por ciento fue consignado; sin embargo, entre 2008 y 2011, de un total de 8,595 personas arraigadas en el ámbito federal, únicamente el 3.2 por ciento obtuvo una sentencia condenatoria, lo cual indica que este método es ineficaz como una herramienta que facilite la investigación.

Por ello, la Corte se equivocó al decidir en el sentido en que lo hizo respecto al arraigo (independientemente de que sólo sea aplicable en tanto el sistema acusatorio esté vigente a nivel nacional) pues definió su postura respecto a una figura que injustificadamente restringe y viola derechos humanos.

Karen Silva Mora. Abogada por la UNAM. Asistente de investigación en el CIDE y coordinadora de Desarrollo Institucional del Programa de Política de Drogas del CIDE. Twitter: @karensvm

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[i] Ver también el análisis que realiza Adriana Muro en El Juego de la Suprema Corte: La Suprema Corte y los costos de su decisión sobre el arraigo.

[ii] Puede consultarse la posición del Ministro José Ramón Cossío en el Amparo Directo en Revisión 1250/2012 sobre el arraigo aquí.

[iii] Esto a propósito de debates que he tenido con algunos colegas que consideran que el arraigo no debería desaparecer, sino ser regulado y estrictamente vigilado por los jueces; ello porque consideran que es una herramienta que si deja de utilizarse arbitrariamente, como se ha hecho hasta ahora, puede ser útil para proteger personas, bienes jurídicos, pruebas así como para evitar que un indiciado se sustraiga de la acción de la justicia, además de permitir a las autoridades perfeccionar la investigación. Ellos consideran que los malos resultados que ha tenido el arraigo (incluida la vulneración de otros derechos como la integridad personal) , son consecuencia de una mala regulación y que es un problema de los operadores y no de la figura en sí misma.

[iv] Siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.

[v] Véase: contenido de las Versiones Taquigráficas de las sesiones públicas ordinarias del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebradas los días 9, 13 y 14 de abril de 2015.

[vi] Eduardo Medina Mora, Margarita Luna Ramos, Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena votaron a favor. En contra: Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar, Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero y Luis María Aguilar Morales.

[vii] Véase: Tesis Aislada, 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVII, Enero de 2008; Pág. 2756. I.9o.P.69 P.; y Tesis Aislada, 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIII, Febrero de 2006; Pág. 1170. P. XXII/2006.

[viii] CIDH. Caso Norín Catriman y otros, en Informe “Arraigo, Medidas Cautelares y Ejecución Penal” elaborado por el Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia y de la CMDPDH.

[ix] Véase: Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia y comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Arraigo, Medidas Cautelares y Ejecución Penal. El uso del arraigo a nivel federal, en el estado de Nuevo León y el Distrito Federal: Análisis de constitucionalidad, legislación y práctica, México, enero 2015.

[x] Véase: Conclusiones Preliminares Visita a México del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez Abril 21–Mayo 2 2014

[xi] Ver De la Rosa, Carlos, “Arraigo, un fracaso insostenible”, en Animal Político, abril de 2015.

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La semana pasada, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió un amparo interpuesto por la asociación Mexicanos Primero. Se trata de un caso histórico por abrir una rendija para atacar desde la trinchera ciudadana los diversos casos de corrupción que acontecen en nuestro país, pero también porque ofrece una buena batería de criterios jurídicos novedosos relacionados principalmente con el interés legítimo y que bien pueden ser exprimidos en el futuro por otras organizaciones de la sociedad civil. En el siguiente video, el abogado Luis M. Pérez de Acha, arquitecto de la estrategia jurídica de este juicio de amparo, explica precisamente en qué consistió esta estrategia y cuáles son algunos de los escenarios jurídicos futuros a partir de la victoria alcanzada con este asunto.

Luis M. Pérez de Acha. Doctor en Derecho por la UNAM y socio de Pérez de Acha, Ibarra de Rueda y Asociados, S.C. Twitter: @LuisPerezdeAcha

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El pasado 15 de octubre de 2014 se convirtió para muchos en un día histórico. Fue alrededor de las dos de la tarde cuando la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, gracias al voto de su mayoría, determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal a favor de tres pacientes del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas”, mejor conocido como INER.

A efecto de recapitular los antecedentes del caso aún y cuando ya hemos hablado de los mismos en otras ocasiones-, me permito enfatizar algunos hechos: el INER es el instituto nacional de salud en México que atiende a la mayor cantidad de pacientes que viven con VIH/SIDA. En el INER, el Sida es la primer causa de muerte por enfermedades infecciosas en personas entre los 18 y 45 años.

SALUN-UN-DERECHONo obstante lo anterior, al día de hoy el INER no cuenta con un servicio clínico especializado para la atención de pacientes con VIH/SIDA u otras enfermedades de transmisión aérea que reúna los requisitos necesarios para brindar condiciones adecuadas de atención, cuidado y tratamiento. Por el contrario, las condiciones actuales de infraestructura del “Pabellón 4”, dentro del cual son atendidos, se encuentran muy por debajo de lo ordenado por los estándares médicos y científicos indispensables para brindar la mejor atención y cuidado a estos pacientes.

A modo de corolario se destaca que, como es bien sabido, en estados avanzados de la enfermedad, el sistema inmunológico de los pacientes se encuentra por demás deteriorado. Para ello, el tratamiento que se les brinde debe de ser otorgado en completo aislamiento para evitar el contagio de otras enfermedades oportunistas. A pesar de ello, dentro del Pabellón 4 del INER los pacientes se ven obligados, entre otras cosas, a compartir tanto habitación como servicios sanitarios con otros pacientes que padecen de distintas patologías, además de que no se cuenta con un sistema de administración y ventilación del aire que impida la trasmisión de agentes infecciosos.

Lo anterior no ha sido ajeno ni mucho menos desconocido para las autoridades sanitarias, pues fue en el año 2007 cuando desde el INER se propuso llevar a cabo un proyecto de construcción de una clínica especializada que se ajusta a todos los requisitos clínicos y científicos necesarios para brindar el mejor tratamiento a los pacientes que viven con VIH/SIDA. Este proyecto es conocido como “Pabellón 13” y de construirse sería la primera unidad hospitalaria en México diseñada con base en la contención de agentes infecciosos y de bioseguridad.

Así, fue en el año 2010 cuando se entregó el proyecto ejecutivo de la obra, para el cual fueron erogados 7 millones y medio de pesos. A partir de la entrega de este proyecto, el propio INER dio inicio a la tramitación de todos los permisos, certificados y requerimientos administrativos necesarios para iniciar la ejecución de la obra y que constituyen los requisitos indispensables para acceder a los recursos para infraestructura y equipamiento del Pabellón 13. Dos años después, en febrero de 2012, se tuvo conocimiento de manera informal, que el proyecto del Pabellón 13 había sido, sin justificación que mediara, suspendido.

Es interesante señalar que en ese mismo año, la Secretaría de Salud gastó 2 mil millones de pesos en publicidad oficial, cuando el Congreso de la Unión sólo le había autorizado gastar para este rubro 200 millones de pesos. Lo que nos lleva a concluir que la obra del Pabellón 13 no pudo haber sido suspendida por falta de recursos, a diferencia de lo que en algún momento alegó el propio INER.

El escenario antes descrito fue insostenible para Adrián, Leonardo y Rogelio, pacientes del INER que viven con VIH, pues representa sin lugar a dudas una violación a su derecho al más alto nivel posible de salud. Recordemos que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dispone en su artículo 2 que todos los Estados se comprometen a adoptar medidas, hasta el máximo de sus capacidades, incluidas las económicas, para garantizar el desarrollo y disfrute progresivo de los derechos humanos ahí reconocidos. Por su parte, el artículo 12 de dicho Pacto, reconoce para todas las personas, el disfrute al más alto nivel posible de salud física y mental.

Así, en el mes de diciembre de 2012, Adrián, Leonardo y Rogelio, de la mano del equipo de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C., dieron inicio a una batalla en la arena judicial que se vio resuelta dos años después en el seno de la Suprema Corte. El proyecto de resolución estuvo a cargo del ministro Alberto Pérez Dayán y la cuestión de derecho planteada fue determinar si la omisión en llevar a fin la ejecución del proyecto del Pabellón 13 constituía una violación al derecho al nivel más alto posible de salud de los quejosos, ello relacionado con el principio de progresividad, el máximo uso de recursos disponibles y el control judicial del presupuesto.

El proyecto elaborado por el ministro Pérez Dayán, proponía otorgar el amparo a favor de los quejosos. El mismo fue discutido durante varias sesiones de la Segunda Sala de la Corte y, finalmente, votado a favor por la mayoría de los integrantes de esta Sala, con el voto en contra de la ministra Margarita Luna Ramos. Esta votación fue suficiente para determinar amparar a los quejosos y con ello obligar a las autoridades responsables a respetar y garantizar el derecho a la salud no sólo de los quejosos, sino de todos los pacientes que viven con VIH/SIDA y que son atendidos en el INER.

En este sentido, esta Segunda Sala resolvió, entre otras cosas que la atención médica que les ha sido proporcionada a los quejosos no resulta apegada al derecho humano del nivel más alto posibe a la salud… Por ello, la adecuación a la infraestructura del INER se encuentra comprendida dentro de las obligaciones que los artículos 2 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales imponen al Estado mexicano, pues éste debe contar con establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención a la salud, que resulten aceptables desde el punto de vista cultural y que sean apropiados desde el punto de vista científico y médico y de buena calidad”.

Asimismo, la resolución sostiene que cuando el Estado mexicano incumpla con la plena realización del derecho al nivel más alto posible de salud, aduciendo una falta de recursos, corresponderá no sólo a éste comprobar dicha situación, sino que además deberá acreditar que ha realizado todos los esfuerzos posibles para utilizar hasta el máximo de los recursos con que dispone para alcanzar este objetivo. De ahí que no basta la simple afirmación de la limitación presupuestaria para que se tenga por demostrado que ha adoptado todas las medidas hasta el máximo de los recursos que disponga para lograr la plena realización del derecho humano al más alto nivel posible de salud.

Lo sucedido el pasado 15 de octubre en la Suprema Corte es en realidad histórico, pues la resolución que pone fin al litigio sobre el caso de Pabellón 13 establece un precedente sumamente relevante al tratarse de un caso que abona en el avance de la justiciabilidad de los derechos económicos sociales y culturales en México.

Además, es la primera vez en la historia de nuestro país que la Corte, interpretando tanto la Constitución como los tratados internacionales aplicables en la materia, y con ello los alcances del derecho al nivel más alto posible de salud, reconoce la protección especial de las personas que viven con VIH/SIDA y ordena la construcción de una clínica especializada para dar tratamiento a estos pacientes, o bien la inversión pública necesaria para dar la misma atención que construir un hospital significaría.

Ahora queda el reto de la implementación y ejecución de la sentencia, para lo cual la sentencia ordena a las autoridades responsables considerar qué medida resulta más adecuada para brindar a los pacientes un tratamiento médico digno y apropiado, ya sea mediante la remodelación del Servicio Clínico 4 en el que actualmente son atendidos, o bien mediante la construcción del Pabellón 13. Cualquiera de estas dos opciones deberá ir acorde con el respeto al derecho a la salud de los pacientes.

Sabemos que aquí no termina la historia del Pabellón 13, y que el camino por recorrer es aún largo, pero esta sentencia logra dejarnos un muy buen sabor de boca pues representa que aún podemos tener confianza en la justicia mexicana. Sabemos también que el caso de Pabellón 13 es uno entre mil, y es por ello que esta resolución es esperanzadora pues abre puertas para que la búsqueda por el respeto irrestricto de los derechos humanos y la exigencia de justicia, sea poco a poco y paso a paso, alcanzada.

María Sánchez de Tagle. Abogada del área de Estrategias Jurídicas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C. (mailto: maria@fundar.org.mx)

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En México convergen distintos movimientos migratorios: es un país de origen, de destino, de retorno y de tránsito de personas migrantes. El gobierno ha enfrentado estos fenómenos desde una óptica de seguridad nacional, de control y de criminalización, a través de una política disuasiva de la migración irregular de las personas que transitan por territorio mexicano.

En 2013, el Instituto Nacional de Migración (INM) registró 86 mil 929 eventos de extranjeros detenidos en estaciones migratorias, de los cuales uno de cada 10 (9 mil 893) fueron registrados como menores de edad. Asimismo, el INM reportó 80 mil 79 eventos de extranjeros devueltos a su país de origen o de residencia habitual . La gran mayoría de las personas deportadas son originarias de Centroamérica , particularmente de Honduras, Guatemala y El Salvador, países que enfrentan graves problemas socio-políticos, con altos índices de violencia. Las detenciones de personas migrantes en México se llevan a cabo en 58 estaciones migratorias y estancias provisionales distribuidas en puntos estratégicos del flujo migratorio.

Todo Estado democrático tiene la obligación de garantizar la igualdad ante la ley y, por tanto, todas las personas, incluidas las que migran, deben gozar de los mismos derechos. En México, el orden jurídico contempla sólo algunas restricciones a dicha regla general, mismas que deben estar contempladas en la propia Constitución y estar acordes con el marco jurídico internacional. No obstante, diversas políticas públicas y disposiciones legales en materia migratoria restringen los derechos de las personas migrantes, sin que dichas limitaciones sean constitucionales ni compatibles con las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos.

Al respecto, cobra especial relevancia la detención administrativa de personas migrantes en estaciones migratorias que no pueden acreditar su estancia regular en el país, pues se trata de una medida prevista en la Ley de Migración y a la que el INM destina una cantidad considerable de recursos, ya que constituye uno de los pilares de la política migratoria actual.

inmEl elemento más importante que debe considerarse respecto de la privación a la libertad de personas migrantes (a la que, por cierto, la legislación migratoria se refiere eufemísticamente con los términos de “presentación” o “alojamiento”), es que no está prevista en la Constitución. La norma máxima contempla distintas formas de detención y señala plazos máximos para cada una de ellas, sin que la detención administrativa con fines de control migratorio encuadre en alguna de ellas, además de que excede cualquiera de los plazos conferidos a la autoridad administrativa para privar de la libertad a una persona. Toda privación de la libertad que no esté de conformidad con la legislación nacional será ilegal o arbitraria, tanto con respecto a la legislación nacional como con el derecho internacional.

La detención administrativa de personas migrantes debe analizarse también a la luz de diferentes estándares de derechos humanos que son vinculantes para el Estado mexicano: para que la detención no sea considerada arbitraria, es necesario que el Estado demuestre que la detención sea razonable en todas las circunstancias, necesaria en el caso concreto y proporcional a la finalidad legítima, tal como lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Vélez Loor vs. Panamá.

Los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad requieren que antes de privar de la libertad a una persona, la autoridad debe considerar otros medios en virtud de los cuales se pudieran alcanzar los mismos objetivos, sin interferir con el derecho a la libertad y la seguridad personales. Si bien es cierto que la legislación mexicana contempla como alternativa la custodia, la falta de una adecuada regulación y su accesibilidad en la práctica la vuelven cuestionable: un ejemplo es que, entre enero de 2010 y diciembre de 2011, el INM otorgó únicamente 92 custodias, de acuerdo con International Detention Coalition (con base en información obtenida a través de los mecanismos de acceso a la información).

Los periodos de tiempo en los que las personas migrantes permanecen privadas de la libertad deben tomarse en cuenta igualmente. La Ley de Migración establece que los extranjeros no podrán permanecer por un plazo mayor a 15 días hábiles en una estación migratoria, y establece las siguientes excepciones permitiendo que el período se extienda hasta 60 días hábiles en los siguientes casos:

• Que no exista información fehaciente sobre su identidad y/o nacionalidad, o exista dificultad para la obtención de los documentos de identidad y viaje;
• Que los consulados o secciones consulares del país de origen o residencia requieran mayor tiempo para la expedición de los documentos de identidad y viaje;
• Que exista impedimento para su tránsito por terceros países u obstáculo para establecer el itinerario de viaje al destino final;
• Que exista enfermedad o discapacidad física o mental médicamente acreditada que imposibilite viajar al migrante presentado.

La Ley de Migración indica que, transcurridos los 60 días hábiles, el extranjero deberá abandonar la estación migratoria y el INM le otorgará la condición de estancia de visitante con permiso para realizar un trabajo remunerado en el país. En caso de que el extranjero haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en el que se reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional, o se haya interpuesto un juicio de amparo y exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el país, no hay un tiempo máximo de detención. Es decir, sin plazos máximos la detención puede ser prolongada y, en algunos casos, indefinida, especialmente para los apátridas o los solicitantes de asilo sin documentación cuya identidad no puede ser verificada, o cuando los procedimientos de asilo se retrasan o, en el caso de otros inmigrantes, cuando su expulsión no puede llevarse a cabo por razones jurídicas o prácticas.

La detención administrativa a la que son sometidas las personas migrantes que no acrediten una estancia legal en territorio mexicano, no sólo es un tipo de privación de la libertad que no está prevista expresamente en el texto constitucional, sino que excede cualquiera de los plazos que la Constitución confiere a la autoridad administrativa para privar de la libertad a una persona, además de que puede llegar a ser indefinida y, por tanto, arbitraria.

El marco jurídico internacional en materia de derechos humanos establece garantías procesales respecto de la detención, mismas que se aplican independientemente de la condición migratoria del individuo. Las personas migrantes, al igual que los nacionales, tienen derecho al disfrute de protección judicial, al acceso a la justicia, así como a las garantías judiciales.

La Constitución en México reconoce el derecho de toda persona a una defensa legal por parte de un abogado de su elección a partir del momento en que es detenida. Más aún, cuando la persona detenida no cuenta con recursos, el Estado debe brindarle una defensa jurídica gratuita. A pesar de que, en papel, las personas migrantes tienen derecho a la asistencia jurídica durante el procedimiento administrativo migratorio, en pocas ocasiones gozan de dicha asistencia ya que, por una parte, los obstáculos establecidos en la práctica limitan el acceso de abogados de organizaciones de la sociedad civil a las estaciones migratorias y, por otra, porque el Estado no cuenta con un cuerpo de defensores de oficio para cuestiones relativas a la privación de libertad por motivos migratorios.

La Ley de Migración establece que la persona migrante tiene derecho al debido proceso , aunque en la práctica se limita constantemente su acceso al expediente administrativo y, en varios casos, se viola la obligación de asegurar la disponibilidad de peritos traductores certificados para garantizar el debido proceso de quienes se encuentren frente a trámites o procedimientos administrativos que pongan en riesgo sus derechos fundamentales, como la libertad o posible expulsión.

Las reflexiones en torno a la detención a la que son sometidas más de 80 mil personas anualmente en nuestro país son un llamado de atención al Poder Ejecutivo en torno a su política migratoria, al Poder Legislativo en torno a la legislación migratoria, y al Poder Judicial en torno a sus atribuciones para garantizar la constitucionalidad y legalidad de los actos y políticas del Poder Ejecutivo.

Numerosas organizaciones de la sociedad civil trabajan cotidianamente desde hace varios años ayudando a las personas migrantes en su tránsito por México, y se han sumado a un esfuerzo encaminado a llevar ante los tribunales, particularmente ante la Suprema Corte de Justicia, los dilemas de la legislación migratoria vigente. El objetivo de las diversas organizaciones es acudir ante el máximo tribunal para obtener un pronunciamiento que brinde certeza sobre la interpretación que debe darse al derecho a la libertad de las personas migrantes en el país, conforme a la Constitución y a los tratados internacionales de los que México es parte. El pronunciamiento de la Suprema Corte determinaría el alcance de los derechos de los migrantes y las obligaciones de todas las autoridades, de manera que cese la inhumana práctica de encerrar a las personas migrantes en prisiones migratorias como castigo por no portar papeles en su tránsito por el país.

Alejandra Carrillo Soubic. Consultora en temas de migración y desarrollo.
Santiago Corcuera Cabezut. Vicepresidente de la Comisión Mesoamericana de Juristas A.C., y miembro del Comité de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas.
José Antonio Guevera Bermúdez. Presidente de la Comisión Mesoamericana de Juristas A.C. y miembro del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas.

 

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El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos fundamentales en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, El Juego de la Suprema Corte presenta esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos. En esta edición se presentan los asuntos conocidos en abril de 2014.

1. Independencia Judicial y Autonomía Municipal

En el Municipio de San Pedro Garza García estableció un sistema de justicia municipal administrativa, con el que Nuevo León pretendía cumplir con una obligación constitucional devenida de 1999. Básicamente la reforma indicaba que los municipios de esa entidad federativa tenían la facultad de crear organismos para la solución de controversias entre los particulares y la administración pública municipal, en el entendido de que, en caso de que decidan no crearlos, el competente para conocer de estos asuntos, debía ser el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. En ese sentido, se solicitaba el análisis del diseño de justicia implementado y la potencial violación: del principio de independencia, propia de un tribunal, y la autonomía municipal. Dentro de los aspectos analizados, se encontraron los siguientes.
1) Falta de certeza en el proceso de designación de los magistrados, porque ni se establecen los principios de publicidad y transparencia exigidos a través de la participación ciudadana y vecinal, ni se prevé la existencia de una convocatoria pública o de un concurso de aptitudes para el proceso de selección y nombramiento. Sobre esto, la Corte resolvería que sí existe esta certeza, pues se diseñó un proceso complejo de designación de magistrados, en donde intervienen el Presidente Municipal, se exige la aprobación de dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento y las dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado. A su vez, se establecen otras garantías de independencia judicial, tales como: la garantía de no reducción del salario de los magistrados; las incompatibilidades del cargo; un período para el ejercicio del cargo, que excede el del Ayuntamiento.
2) La ley coloca a los magistrados como inferiores jerárquicos dependientes del Ayuntamiento, pues éste tiene libre decisión en cuanto a la creación y determinación del órgano, su composición e integración, la determinación de su estructura jurídico-administrativa, su presupuesto y el otorgamiento de licencias a los magistrados. A esto, la Corte decidiría que son cuestiones inherentes al hecho de que se trata de órganos insertos en la estructura municipal, en donde la ley provee los lineamientos bajo los cuales esas facultades deben ejercerse y se establecen suficientes mecanismos para que los órganos tengan garantizada su independencia.
3) La creación de los tribunales administrativos municipales como órganos descentralizados de la administración municipal, se presumiría contraria a la independencia judicial. Se estableció, por un lado, que existe libertad de configuración o diseño, al igual que, se entiende que la descentralización no atenta contra la independencia judicial, porque evita la dependencia jerárquica. Además se debe entender que las reglas propias de la descentralización, serán aplicables siempre que no atenten con la especialidad del órgano jurisdiccional creado y con su independencia.
4) La remuneración de los magistrados se encuentra sujeta a la discreción del Presidente Municipal y del Ayuntamiento, quienes la deciden anualmente. Esta facultad debe entenderse como debidamente acotada, en tanto que los magistrados recibirán un emolumento que no excederá las dos terceras partes de lo que percibe el Presidente Municipal, pero no podrá ser disminuido durante su encargo.
5) La legislación impugnada no garantiza la permanencia ni estabilidad en el cargo de magistrado, especialmente se delineaban dos motivos: primero, una de las causas de terminación del cargo de magistrado, residía en el nombramiento de otra persona en su lugar; segundo, el Ayuntamiento podía decidir cuándo crear y desaparecer el tribunal. El establecimiento de la designación de otro magistrado como causa de terminación de nombramiento, sin que exista una causa objetiva en la ley, más allá del acto simple de designación en sustitución, efectivamente atenta contra el principio de autonomía, pues deja esta decisión sin referencia objetiva, en manos del Ayuntamiento y del Congreso. A su vez, la decisión de creación y desaparición, puede en términos prácticos concebirse como una causa de remoción de los magistrados sin causa justificada, consecuentemente atentatoria a la independencia, pero si se entiende que la facultad es fundada y motivada, lo cual podría ser viable (por razones de presupuesto, falta de asuntos, el hecho de que no sea costeable, etc.) entonces sí tiene una justificación no lesiva de la independencia judicial.
6) La intervención del Congreso en la designación de los magistrados, atentaría contra la autonomía municipal, el Congreso debe ratificar por las dos terceras partes de sus integrantes. Esto se podría entender como una garantía adicional y acorde con el principio de libertad de configuración de las entidades federativas.
7) No se establece a la autoridad que determine las causas de responsabilidad de los magistrados, lo cual de una lectura al sistema jurídico-constitucional del Estado de Nuevo León, se podría afirmar con la ministra Luna Ramos: “también considero que desde un punto de vista de interpretación legal, si quienes tienen la facultad de nombrar lo que son, a propuesta del Presidente Municipal, el Congreso del Estado, en mi opinión, el Congreso del Estado también puede asumir con mayoría de razón ser el encargado de tramitar y resolver estos procedimientos de responsabilidades”. Se reconoce en consecuencia la laguna y la Corte da un plazo al Congreso para legislar sobre ello –dentro del próximo periodo ordinario-.

* Controversia Constitucional 79/2013. Discutida el día 1 de abril de 2014. Ponente ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Se analizaban diversos aspectos de la Ley de justicia alternativa para el Estado y municipios de Nuevo León. El artículo 17 y 115 de la CPEUM. Mayoría de 10 votos. Antecedente en la Controversia Constitucional 61/2010, resuelta el 14 de junio de 2012.

2. Derechos Laborales-Libertad de configuración

ministos votación abril 2014¿Cuál es el marco constitucional de las relaciones laborales de los trabajadores de la Comisiones Estatales de Derechos Humanos? Una ley emitida por el Congreso del Estado de Hidalgo, determinó que era el apartado A del 123 de la Constitución. El apartado A comúnmente se entiende aplicable a la relación capital-trabajo o sea al ámbito de las empresas particulares, mientras que el B regula la remuneración y responsabilidades de los servidores públicos dentro de los poderes del Estado, esto quiere decir la burocracia. En ese entendido, los trabajadores de los poderes públicos en los Estados se rigen por una ley emitida en los Congresos estatales, pero teniendo como referencia el apartado B. Una pregunta clave, en este sentido, fue: ¿debía suceder lo mismo en el caso de una Comisión estatal de derechos humanos?
Para responder, la Corte recurriría a la categoría de “Autónoma” de la CEDH, determinada desde la Constitución mexicana, esto es, no se encuentra inmersa en los poderes locales, por lo que no tendría que abordar el tema de la misma. La Corte definiría que la ley estatal era adecuada, las entidades federativas tendrían libertad de configuración y margen de apreciación para “la experimentación democrática”. En resumen, los estados pueden decidir, para este caso, cualquiera de los dos apartados del 123 constitucional (A o B) y determinar la legislación aplicable.

* Acción de Inconstitucionalidad 1/2012. Ponente ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Artículo 123 de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Artículos 116-VI, 124, 123 de la CPEUM. Discutida el jueves 3 de abril de 2014. Siete votos.

3. Derechos Humanos a las Personas Morales

En este asunto, a partir de un problema de tipo fiscal, personas morales estaban solicitando que se les reconocieran derechos humanos. En ese sentido, se trataba de responder a la pregunta ¿las personas morales pueden gozar de estos derechos? La Corte resolvería que sí, a partir de determinados supuestos. Primero, el orden jurídico mexicano reconoce la existencia de personas morales, que tienen personalidad jurídica y son sujetos de derechos y obligaciones.
En un análisis del 1º constitucional, al afirmarse que todos los mexicanos gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados, se incluye a las personas morales. Igualmente, se reconoce que les es aplicable el principio pro persona. Un punto fundamental, se reconocen los derechos humanos para las personas morales, pero con el presupuesto de que éstos sean los consecuentes a su naturaleza y fines.

* Contradicción de tesis 360/2013. Ponencia ministra Margarita Luna Ramos. Discutida el día 21 de abril de 2014. Relacionada con la contradicción de tesis 56/2011. Unanimidad de 11 votos.

4. Principio de Progresividad de los Derechos Humanos

Debía determinarse cuál era la norma aplicable para fijar el plazo de promoción de un juicio de amparo directo, en el que se impugna una sentencia definitiva privativa de libertad personal, dictada en anterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, esto es, antes del 3 de abril de 2013. En este sentido, las normas jurídicas potencialmente aplicables eran: las relativas a la Ley de Amparo derogada –que no requería un plazo-, o las de la nueva Ley -en específico el plazo de ocho años previsto en la fracción II del artículo 17-. Se determinaría que la norma aplicable es la nueva. Ahora bien, decidido esto, se tenía que analizar si la interposición de un plazo, cuando en la ley anterior no exigía alguno, no resultaba lesivo de derechos humanos, y era conforme con el principio de progresividad de los mismos.
Para determinar esto último, se propuso la realización de un “test de proporcionalidad”, para definir el fin constitucionalmente válido, la necesidad y proporcionalidad de la medida. Lo primero que debía considerarse, es la existencia de una interdependencia entre el derecho de acceso a la justicia, los derechos a la reparación del daño, el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas. En el test debía considerarse esta interdependencia.
Primer punto, uno de los fines principales del plazo, es el de brindar seguridad jurídica a las víctimas del delito. En especial, el derecho a la reparación del daño. De acuerdo con la ley anterior, la falta de término era lesiva, al existir una indefinición sobre el disfrute de los derechos derivados de la reparación, al igual que afectaba prerrogativas a la verdad y la justicia. En ese sentido, la limitación del plazo tiene una finalidad constitucionalmente legítima. Por otro lado, la restricción del plazo es razonable, permite preparar la defensa y dejar un equilibrio entre el derecho de los sentenciados y los de la víctima.
La proporcionalidad de la medida se determina atendiendo a la existencia del plazo razonable de 8 años, un plazo mayor a los que permiten controvertir otro tipo de sentencias y actos. Sobre la progresividad se afirmó, que es importante contar con un plazo, lo cual es compatible con el derecho de acceso a la justicia. La previsión del plazo de ocho años no implica una medida legislativa regresiva, no es un obstáculo desproporcionado, porque permite contar con un tiempo adecuado para ejercitar este derecho y tutelar la libertad deambulatoria.

* Contradicción de Tesis 366/2013. Ponente ministra Olga Sánchez Cordero. Discutida los días 28 y 29 de abril de 2014. 8 votos. Se analizaban artículos transitorios de la Nueva Ley de Amparo y el 17 de CPEUM.

Víctor Manuel Collí Ek. Investigador de la Universidad Autónoma de Campeche y responsable del proyecto de investigación: “La vigencia de la Constitución en la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional” 154998, CONACYT-SEP, del cual el presente estudio es un producto.

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Todavía ahora me ha tocado escuchar algunas veces cómo jueces de edad se lamentaban por la abolición de esta bárbara costumbre. Nadie en esa época, dudaba de la necesidad de la tortura; ni los jueces, ni los acusados.”

Alexandr S. Pushkin

Antecedentes

Israel Arzate fue detenido arbitrariamente por elementos del Ejército el 3 de febrero de 2010 (3 días después de la masacre de Villas de Salvárcar), fue incomunicado y torturado por más de 30 horas en instalaciones militares. Oficialmente se afirmó que fue detenido en “flagrancia” el día 4 al conducir un vehículo robado y que espontáneamente “confesó” su participación en los hechos de Villas de Salvárcar.

Se le formularon dos imputaciones: posesión de vehículo robado y homicidio de 15 personas y lesiones y tentativa de homicidio a otras 10 más. Las respectivas vinculaciones a proceso fueron materia de amparo indirecto y su resolución definitiva fue asumida por la Primera Sala de la SCJN.

Organizaciones como Article 19, Fundar, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Organización Mundial Contra la Tortura, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos realizaron pronunciamientos sobre este proceso. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y el Comité contra la Tortura, ambos del sistema de Naciones Unidas, emitieron resoluciones sobre el caso.

Su caso fue defendido por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y el Centro Juárez de Apoyo a Migrantes. El 6 de noviembre de 2013 Israel Arzate recuperó su libertad tras casi 4 años de detención.

Las tesis

Israel-Arzate-PostalAsí, el pasado 12 de mayo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia publicó el engrose de la resolución del amparo en revisión 703/2012, relativo al caso de Israel Arzate Meléndez y el día 23 las tesis aisladas que derivaron del proceso fallado en noviembre de 2013. En el marco de la discusión, advertíamos en otra entrada sobre el carácter emblemático del caso y la posibilidad que para la Corte representaba su resolución y el impacto estructural que podría tener en el sistema de justicia y en la lucha contra el fenómeno sistemático de la tortura.

La Primera Sala generó ocho tesis aisladas que se agrupan en tres rubros: a) tortura; b) derecho a la libertad personal, detención y puesta a disposición inmediata y obligaciones judiciales al realizar el control de detención, y; c) estudio de pruebas superveniente cuando versen sobre violaciones a derechos humanos.

Tortura

La Corte refrenda la prohibición absoluta de la tortura. Establece que la tortura tiene una doble dimensión: como violación de derechos humanos y como delito y que tales actos actualizan una categoría especial y, de tal gravedad, que impone la obligación de las autoridades de llevar a cabo un análisis y una protección de la máxima intensidad bajo los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.

Con relación a las obligaciones de garantía y protección, establece que toda autoridad que tenga conocimiento por parte de una persona que denuncie haber sido víctima de tortura o cuando tenga conocimiento de indicios o datos que la presuman, deberá de oficio y de forma inmediata, dar vista al Ministerio Público para que inicie una investigación de manera independiente e imparcial.

La Suprema Corte establece que las autoridades tienen la obligación de intervenir de forma expedita cuando existan denuncias de tortura y el deber de garantizar una investigación adecuada en un plazo razonable y determinar la responsabilidad a través de un proceso penal.

Añade que debe considerarse como denuncia todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad. Consecuentemente, la obligación de protección recae en todas las autoridades y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar un caso en el que se alegue que una declaración incriminatoria fue realizada bajo tortura.

Cuando la denuncia de tortura se dé en el marco de una investigación o de un proceso penal, las autoridades deben iniciar una investigación diligente y conforme a los más altos estándares de protección de derechos humanos. El hecho de que no se hayan practicado de forma inmediata exámenes pertinentes para determinar la existencia de tortura, no exime a las autoridades de la obligación de realizarlos e iniciar la investigación respectiva, la que debe practicarse con independencia del tiempo transcurrido desde la comisión de los actos denunciados.

Finalmente, la Corte refrenda la regla general de exclusión de prueba ilícita y de manera específica en aquellos casos en que los datos de investigación o medios de prueba hayan sido obtenidos mediante actos de tortura.

Libertad personal

La Corte reitera que la libertad personal se reconoce y protege como un derecho humano de primer orden, con tutela convencional y constitucional. De ahí la legítima expectativa de las personas de no verse afectadas sino por causas justificadas y bajo supuestos de excepcionalidad reconocidos y limitados de forma taxativa por la Constitución y los tratados internacionales.

Cuando las autoridades aduzcan una detención en flagrancia deben acreditar fehacientemente la existencia de elementos objetivos y razonables para justificar válidamente la afectación a la libertad y seguridad personal. Si la detención no se da bajo el respeto del sistema constitucional y convencional, cumpliendo los requisitos y garantías establecidos a favor de la persona asegurada, será considerada como arbitraria. La consecuencia es su invalidación y la de los datos de investigación o pruebas obtenidos de forma directa e inmediata con la detención.
Si una autoridad realiza una detención bajo el supuesto de flagrancia debe remitir de forma inmediata a la persona ante la autoridad competente sin retraso injustificado o irracional. Asimismo, la persona debe ser informada en el momento de la detención de las razones y justificación de la misma y de los cargos formulados en su contra.

Finalmente, las autoridades ministeriales y judiciales tienen la obligación de realizar un control estricto y riguroso de las condiciones de la detención y ordenar la libertad inmediata de la persona si la detención fue ilegal o arbitraria. La obligación de protección se refuerza cuando existen indicios o denuncia expresa de violación a derechos humanos. Consecuentemente, las autoridades deben allegarse de todos los elementos y datos necesarios para salvaguardar la defensa adecuada de quien está sujeto a su tutela.

Control jurisdiccional y violaciones a derechos humanos

La Corte estableció que el hecho de que el juez natural no haya tenido acceso a la carpeta de investigación, tratándose de la primera fase del nuevo procedimiento penal, no es impedimento para que los órganos jurisdiccionales de amparo admitan y valoren medios de prueba supervenientes que no obren en la carpeta de investigación, pero que tengan vinculación directa con violaciones a derechos humanos en dicha etapa de investigación, atendiendo a la tutela judicial efectiva y al principio de excepcionalidad que adquieren mayor preponderancia cuando se trata de violaciones graves como la tortura.

Conclusión

Los criterios del caso Israel Arzate constituyen un avance significativo en la lucha por la erradicación de la tortura en nuestro país y pueden ayudar a consolidar el nuevo sistema de justicia penal de carácter acusatorio, adversarial y oral, puesto a prueba en este caso. En un país donde la tortura es una realidad lacerante, una “endemia” como afirmó recientemente el relator de la ONU sobre tortura; la labor de los órganos jurisdiccionales debe transitar hacia un modelo de protección efectiva de los derechos humanos. La debida implementación de estos criterios representa un signo de esperanza para personas que son víctimas de este condenable acto, muchas de ellas aún en el anonimato.

Simón Hernández León. Defensor de derechos humanos. Integrante del Área de Defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). Twitter: @simonhdezleon

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Judge_l_tnbCon la publicación de la sentencia (engrose) y votos de algunos integrantes de la Suprema Corte de Justicia llega a su desenlace la contradicción de tesis 293/2011 (CT293). A continuación ofreceré ciertas discrepancias con la doctrina constitucional que respalda a la sentencia pero, sobre todo, con las posturas contenidas en los votos de algunos ministros. Me centraré en los que han mostrado de un modo u otro, un alejamiento —o diversas formas de interpretar los alcances— de la regla de preeminencia de las restricciones expresas al ejercicio de los derechos humanos contenidas en el texto constitucional, prevista en la tesis surgida de la CT293[1]. Me refiero principalmente a los ministros Cossío Díaz, Ortiz Mena y Zaldívar Lelo de Larrea y Sánchez Cordero[2].

Esas posturas manifiestan partir de un fuerte compromiso con los derechos humanos y sostienen, al menos, tres argumentos: a) el principio pro persona introduce un cambio al interior del orden jurídico de tal suerte que el criterio jerárquico ya no resulta aplicable a las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales; b) es una contradicción afirmar que deben prevalecer las normas constitucionales restrictivas de derechos humanos, pues equivale a la destrucción de la esencia del principio pro persona; c) los jueces deben examinar caso por caso la proporcionalidad de las normas jurídicas aplicables por lo que, a fin de cuentas, hay campo para revertir una restricción constitucional y favorecer la interpretación más protectora de derechos humanos.

Este debate, sin embargo, ha dado por sentado que la noción de “jerarquía” es unívoca y que todas las jerarquías normativas son puramente estructurales. Mas esto no es así. En el derecho existen jerarquías normativas estructurales; es decir, sabemos que es norma superior aquella que regula la producción de otra norma a través de una regla que confiere poderes; y que es norma inferior la producida conforme a la primera. Pero también existen jerarquías materiales, que tienen que ver con el contenido de las normas. El principio pro persona entendido como una norma de segundo grado —i.e., como enunciado sobre la interpretación y aplicación de otras normas— ofrece un criterio jerárquico-material que apela al contenido para la solución de antinomias en la aplicación de normas de derechos humanos. Implica que debe prevalecer la norma más favorable, no importando su fuente, sino su contenido protector de derechos.

Lo importante a considerar, si se toma en cuenta esta distinción, es que: 1) en realidad, no podemos escapar de las jerarquías: si “desplazamos” las estructurales nos quedan las materiales; 2) al interior de la Constitución sería posible distinguir niveles ya no estructurales sino diversas jerarquías materiales entre sus diversas disposiciones; 3) la discusión pertinente al interior de la Corte y fuera de ella, debe girar en torno a qué principio constitucional goza de preeminencia material sobre otro, e.g., si hay alguno que pueda oponerse al pro persona[3]; y 4) la argumentación a favor de la prevalencia de un principio u otro deberá estar fundada ya no en razones estructurales sino sustantivas, e.g., ¿qué principio pesa más y por qué, desde el punto de vista material? ¿Sí, y por qué, vale o debe aplicarse con carácter preeminente el principio pro persona u otro principio?

En segundo lugar, se da por sentado que las razones a favor de la regla de preeminencia son exclusivamente jerárquicas. Sin embargo, hay argumentos más sólidos y de carácter sustantivo para defenderla. Uno de ellos consiste en interpretar las restricciones constitucionales como producto de decisiones democráticas que poseen un especial estatus. Las normas resultantes de un proceso democrático son fruto de deliberaciones, compromisos y consensos entre las fuerzas políticas que representan los principales desacuerdos existentes en la sociedad sobre la justicia, la política, la economía, la seguridad nacional, etc. La defensa apresurada del pro persona, olvida que las restricciones constitucionales a los derechos no son caprichos, sino productos elaborados, razonados, consensuados y valorados por órganos democráticos complejos cuyas decisiones gozan de un especial carácter. La concepción constitucional de los derechos sobre la que se asienta la postura de los ministros, debe incluir, a su vez, una propuesta sobre el valor de las decisiones democráticamente sancionadas. De lo contrario, su posición estará incompleta y será superflua para justificar (en sentido fuerte) decisiones judiciales en una sociedad como la nuestra.

También parece asumirse que el principio pro persona, además de servir como criterio para solucionar problemas interpretativos, funciona como una regla que confiere poderes. Es decir, como una norma que, en este caso, otorga una facultad a los tribunales para examinar la regularidad de restricciones constitucionales a los derechos. ¿Cuál sería el fundamento de esa facultad? ¿A qué órganos corresponde? ¿A todos los jueces del país, sólo a la Suprema Corte? ¿Procede el amparo, la acción de inconstitucionalidad, la controversia (en un extraño escenario), el juicio de revisión constitucional electoral, el juicio ciudadano electoral? ¿Qué pasa con las causales de improcedencia de cada uno de ellos? ¿Qué consecuencias institucionales acarrearía facultar a todos los jueces para reabrir los razonamientos (ponderaciones, pues) hechos previamente por el constituyente permanente para introducir una restricción a los derechos? ¿No conduciría este esquema a un particularismo constitucional, a tener una Constitución distinta para cada ciudadano dependiendo de la interpretación que el juzgador en turno ofrezca y de su tino para desarrollar correctamente todos los pasos del principio de proporcionalidad? Entonces, para enfrentar estos problemas “caso por caso” es necesario responder previamente si existe la facultad de hacerlo en lo general.

Ahora, supongamos que tuviese fundamento la facultad de los tribunales para ponderar caso por caso las restricciones constitucionales a derechos. Aún así, esa operación debe conjugarse con el principio de interpretación conforme: adecuar el significado de una disposición determinada al significado de la disposición superior (materialmente hablando) de tal manera que, si la restricción a derechos admite dos interpretaciones en conflicto, de la cual una es conforme con la norma de contraste, se debe optar por ésta última. Lo interesante de esto es que la interpretación conforme, al ser un corolario del principio in dubio pro legislatore, supone presumir la regularidad material de los actos del constituyente permanente. Esa presunción, exige a un tribunal demostrar fehacientemente que se da una incompatibilidad entre la norma contenida en la restricción y el sistema de normas contenidas en el texto constitucional. Y exige demostrar, no que las restricciones “pueden” ponderarse[4] (eso es obvio), sino que la ponderación realizada en sede judicial es superior a la efectuada por el constituyente permanente. La tarea no es cualquier cosa y responde precisamente al valor especial de las decisiones democráticas.

Finalmente, vale decir que las decisiones jurídico-políticas se justifican tanto por respetar los derechos humanos como también el ingrediente democrático del Estado Constitucional. Y al juez que dude del carácter deliberativo, representativo y participativo de nuestros órganos, vale mejor invitarlo a corregir esos rasgos o bien, a arrojar su toga al fuego ya que los tribunales no son foros apropiados para el activismo político sino para la responsabilidad democrática.

Leopoldo Gama. Doctor en Derecho por la Universidad de Alicante, España. Twitter: @pologama


[1]Me refiero a la última porción contenida en una de las tesis jurisprudenciales que derivó de la decisión recaída a la CT 293/2011 de rubro: DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL (énfasis añadido).

[2]Aunque también en las discusiones los ministros Silva Meza y Valls Hernández parecieron apoyar la postura que comento. No así, la ministra Luna Ramos, y los ministros Aguilar Morales, Pardo Rebolledo y Pérez Dayán.

[3]En lugar de suponer que este principio derrota por sí mismo todo el resto de principios de una democracia constitucional.

[4] Ese “pueden” insisto no debe leerse como una facultad jurídica. Los jueces, magistrados o ministros ansiosos pueden hacer sus tests de proporcionalidad de restricciones constitucionales en las aulas, como un ejercicio académico que no debe plasmarse necesariamente en una sentencia.

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tratadosintDespués de más de siete meses desde que el Pleno de la Suprema Corte resolvió la contradicción de tesis 293/2011, el pasado 14 de abril se publicó su correspondiente sentencia (engrose). La resolución en cuestión, acordada desde el 3 de septiembre de 2013, implicó una serie de discusiones y argumentos que resultaron en el análisis más profundo que ha habido, hasta este momento, en relación con la incorporación del llamado principio pro homine mediante la reforma constitucional de 10 de junio de 2011. Sin embargo, esta resolución, así como una de las tesis de jurisprudencia derivadas de la misma, podrían eliminar parcialmente la incorporación del mencionado principio a la Constitución.

La reforma constitucional en derechos humanos y la incorporación del principio pro homine

El junio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Este decreto modificó, entre otros, el artículo 1º constitucional, mediante la incorporación del principio pro homine. Este principio fue incorporado en el párrafo segundo de dicho artículo, el cual establece que “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.”

El principio pro homine ha sido definido por la doctrina como un criterio hermenéutico en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trate de reconocer derechos protegidos y, de manera inversa, a la norma o a la interpretación menos restrictiva cuando se trata de establecer limitaciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria[1]. Este mismo criterio ha sido adoptado por la jurisprudencia nacional mediante una tesis aislada de rubro “Principio pro personae. El contenido y el alcance de los derechos humanos deben analizarse a partir de aquel.”[2]

La contradicción de tesis 293/2011

Ahora bien, los dos temas centrales que el Pleno buscó resolver mediante la contradicción de tesis 293/2011 fueron, por una parte, la posición jerárquica que ocupan los derechos humanos contenidos en tratados internacionales dentro del orden jurídico nacional y, por la otra, la obligatoriedad de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En relación con el primer tema, existieron dos principales argumentos dentro del Pleno de la Suprema Corte. El primero de ellos se inclinaba por una verdadera aplicación del principio pro homine, eliminando el criterio de jerarquía entre normas de derechos humanos contenidas en la Constitución y las contenidas en tratados internacionales suscritos por México. El segundo argumento proponía que, en virtud de la supremacía de la Constitución de conformidad con el artículo 133 de la misma y las diversas interpretaciones jurisprudenciales que se han hecho a dicho artículo, la aplicación de las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales debía sujetarse a los límites establecidos en la propia Constitución. Es decir, que en caso de contradicción entre normas de ambas fuentes, debía prevalecer, en todo caso, la norma de fuente constitucional.

Este segundo argumento se fundó en la última parte del párrafo primero del artículo 1º constitucional, el cual establece que “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.”

Zaldívar y la búsqueda de consenso

Sorprendentemente, y a pesar de que el ministro ponente Zaldívar había apoyado la postura respecto de la igualdad jerárquica entre las normas de derechos humanos de ambas fuentes y la aplicación de la norma más favorable, la tesis de jurisprudencia contenida en el proyecto definitivo presentado por dicho ministro ante el Pleno y que resultó aprobado por una mayoría de 10 a 1 (con exclusión del ministro Cossío), incluyó la mención de que, a pesar de que no existe una relación de jerarquía entre ambas clases de normas, en caso de contradicción entre las mismas, deberá sujetarse a las restricciones establecidas en la Constitución.

La decisión de Zaldívar a este respecto, que parecía ser la única manera de poner fin a lo que conllevaría a una eterna discusión respecto de la jerarquía de las normas de derechos humanos de fuente internacional, fue lograr un consenso entre los ministros mediante la emisión de una tesis de jurisprudencia que resultara razonablemente aceptable para los partidarios de las dos posturas en conflicto.

En la lectura del engrose, resulta evidente que la construcción argumentativa realizada por el ministro Zaldívar no es consistente con esa conclusión, como él mismo lo explica en el voto particular emitido a la par del engrose y en el cual establece que el cambio de criterio se debió a que era necesario tomar, de una buena vez, una decisión respecto al alcance de la reforma de 2011.

Las fallas de la Suprema Corte

La tesis mencionada anteriormente, de rubro “Derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, pero cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de aquéllos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional”, no solamente tiene una serie de errores interpretativos, sino que resulta impráctica debido a que uno de los puntos principales de la misma -el alcance del término “restricción expresa”- deberá ser analizado nuevamente, lo que impide fijar un criterio definitivo al respecto.

En primer lugar, a pesar de que la tesis de referencia no establece expresamente un criterio de jerarquía entre las normas de derechos humanos de ambas fuentes, sí establece un criterio de prevalencia material que resulta contrario al principio pro homine.

Adicionalmente, el Pleno de la Suprema Corte no analizó las normas de interpretación y aplicación correspondientes al principio pro homine, las cuales dejan de lado los criterios de interpretación tradicionales de supremacía, temporalidad y especialidad, y permiten la aplicación de la norma más favorable, independientemente de los criterios anteriores.

Por último, a pesar de que en las numerosas sesiones en las que se discutió la contradicción de tesis 293/2011 se tomaron distintas posturas en relación con lo que debe interpretarse por “restricción expresa”, ni la tesis de jurisprudencia derivada de la misma ni el propio engrose reflejaron alguna de dichas posturas.

Las posibles consecuencias

Todas las fallas anteriores en que incurrió la mayoría del Pleno pueden derivar en alguno de los siguientes escenarios: (i) en caso de que la Constitución no regule algún derecho humano en particular, deberán aplicarse, en su caso, las normas contenidas en tratados internacionales; (ii) en caso de contradicción entre normas de la misma fuente, ya sean constitucionales o de tratados internacionales, deberá prevalecer aquella que resulte más favorable; y (iii) en el caso de que exista contradicción entre normas de distinta fuente, y este es precisamente el caso relevante, la norma de derechos humanos contenida en un tratado internacional podría verse limitada por la Constitución, incluso si la norma constitucional resulta menos favorable.

En este último escenario podría darse el caso de que, en un análisis posterior al alcance del término “restricción expresa” se llegue a una interpretación amplia de dicho término, por lo que podría entenderse que, en cualquier caso en que la Constitución sea más restrictiva en cuanto a la protección del derecho humano en cuestión, la norma de derecho internacional se verá limitada por la misma, prevaleciendo en todo caso la norma constitucional, lo cual eliminaría de plano el principio pro homine, tras menos de tres años de vida en el orden jurídico mexicano.

¿Cómo arreglarlo?

Eventualmente, la Suprema Corte tendrá que analizar nuevamente a qué se refirió con “restricción expresa” y tendrá que fijar un criterio claro y preciso que permita aplicar estas restricciones y limitaciones de manera uniforme. Cuando llegue ese momento, que seguramente no tardará mucho, la Corte deberá interpretar dicho término de la manera más limitada posible (por ejemplo, restringiéndolo únicamente a la suspensión de garantías a que se refiere el artículo 29 constitucional). Una interpretación en este sentido permitiría la subsistencia del principio pro homine y una verdadera aplicación de la norma más favorable en materia de derechos humanos.

Eduardo Diego-Fernández Forseck. Estudiante, en proceso de titulación, de la licenciatura en Derecho del ITAM.


[1] Ver: Pinto, Mónica, Temas de derechos humanos, Editores del Puerto, Argentina, 1997, p. 81.

[2][TA] PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUEL. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Décima Época, Libro V, Febrero 2012, Tomo 1, p.659.

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