¿Cómo debe otorgarse la publicidad gubernamental? Sobre el caso La Voladora

La Voladora 97.3 FM es una pequeña radio comunitaria de la Amecameca en el Estado de México. Desde hace 5 años obtuvo su permiso después de largas luchas para que el Estado reconozca el papel social que desempeña este medio. Hoy en día, esta radio abanderó otra batalla. Y esta batalla es la de todas y todos los mexicanos.

¿Por qué la lucha de una radio que seguramente nunca han escuchado y ni sabían que existía les importaría? Porque lo que está en juego trasciende las comunidades del volcán y la sobrevivencia de un medio comunitario. Se trata aquí del paisaje mediático que uno sueña para México, de las posibilidades de escoger para cada uno de nosotros lo que lee, lo que ve y escucha. Se trata de poder acceder a una oferta variada y múltiple, de la riqueza de un mundo en color al lugar del blanco y negro. Es una lucha para que todos estos medios a través de los cuales uno se informa y percibe la realidad  sean cada vez más numerosos y diversos; como un espejo de las múltiples voces que agitan México.

El año pasado, la Secretaría de Salud negó a la Voladora la asignación de publicidad oficial argumentando que «invariablemente busca medios de amplia cobertura» y que la radio «no cubre las expectativas de difusión de la Secretaría de Salud para lograr sus objetivos». La Voladora solicitó la protección del Poder Judicial vía un amparo en contra de esta decisión y la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso en febrero de este año. Pronto, la SCJN dará a conocer una resolución que impacta directamente sobre la libertad de expresión de los miembros de la radio, de la comunidad Amecameca, de los mexiquenses y de todos los mexicanos en general.

En una sociedad democrática, la publicidad oficial o gubernamental se justifica porque es un canal de comunicación directo e imprescindible entre los gobernantes y los gobernados. Esta herramienta permite transparentar y dar a conocer las decisiones del gobierno, informar a los mexicanos para permitir una ciudadanía al tanto de sus derechos y capaz de tomar decisiones informadas.

Además, la manera en la que se asigna esta pauta tiene un impacto directo sobre la estructura del modelo mediático mexicano. Cada año se gastan millones de pesos en México a través de la publicidad oficial. En 2010 por ejemplo, el informe de la Cuenta Pública reportó un ejercicio de 4,493 millones de pesos en comunicación social y publicidad oficial. Esta bolsa de recursos se reparte sin criterios claros ni transparentes. En serio, como lo argumentó la Secretaría de Salud ¿sólo se basarían en el rating?

Si tal es el caso, hay que preocuparse por el futuro de los medios en el país. En un mundo mediático dominado por un duopolio, es de pensar que bajo esta lógica la mayoría de los recursos en publicidad oficial llegan a Televisa y TV Azteca.  Pocos reciben mucho y muchos reciben poco. Esta tendencia solo agudiza más la brecha inmensa que existe entre estas mega compañías y los otros en lugar de que el Estado intenté revertir esta distorsión. Bajo esta lógica, mañana sólo nos tocará un puñado de medios transmitiendo mensajes uniformados y homogeneizados, una sola realidad para un país tan complejo y colorido.

La libertad de expresión y la pluralidad informativa son murallas que impiden la llegada y el arraigo de regímenes autoritarios. El Estado es garante de estas libertades y del derecho a recibir, investigar y difundir información que implican. Por lo tanto no puede darse el lujo de comportarse como un ente privado al contratar publicidad oficial. En esta contratación hay mucho más que un simple acto mercantil. No es lo mismo que una empresa decida no anunciarse en un medio a que el gobierno descarte a un medio y le prohíba la posibilidad de recibir pauta gubernamental cuando el mismo Estado debe ser el guardián de la diversidad informativa de la sociedad.

El Estado, como parte de sus obligaciones internacionales[1] debe cumplir con principios de transparencia, no discriminación, razonabilidad, justificación de sus actos y legalidad, entre otras; obligaciones que se aplican a la asignación de la publicidad oficial. Al negar recursos para publicidad oficial a la radio, la Secretaría de Salud no solo olvida su papel de promotor de la diversidad y del derecho a recibir información de los radioescuchas de La Voladora. Bajo esta lógica, nos priva a todos de nuestra libertad de expresión, nos quita la posibilidad de escuchar múltiples voces. Bajo esta lógica, favorece sólo ciertos grupos mediáticos al momento de asignar la publicidad gubernamental basándose en criterios de rating sin tomar en cuenta la audiencia a quiénes van dirigidos estos mensajes.

Al contrario, la publicidad oficial podría pensarse como herramienta regulatoria de este paisaje mediático oligarca y homogéneo: un instrumento para que el Estado preserve la pluralidad informativa y permita que “el discurso de los poderosos no acalle o impida la expresión de los débiles”[2].

Justine Dupuy: Investigadora del área de transparencia y rendición de cuentas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación

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[2] Libertad de expresión y estructura social de Owen Fiss in Problemas contemporáneos de la Libertad de Expresión, (Compilador) Miguel Carbonell, Porrúa, CNDH.