En una democracia, una de las actividades que envuelve prácticamente cada capa de la sociedad es la abogacía. Esta fue la conclusión de Alexis de Tocqueville al estudiar la incipiente democracia estadounidense: las reglas, derechos, medios de defensa y demás artilugios jurídicos, propios de un régimen democrático, hacen de los abogados un personaje imprescindible. Es más: para el autor de La democracia en América,1 los abogados no sólo eran inevitables en una democracia, cumplían además una función medular para la supervivencia de ésta. Su característico amor por las formas y el orden, erigían a los abogados en un dique frente a las pasiones irreflexivas intrínsecas a cualquier democracia. No hay olvidar que, para Tocqueville, uno de los riesgos más amenazantes del régimen naciente era la tiranía de la mayoría, las fuerzas autodestructivas latentes en el nuevo protagonista del teatro político: el pueblo. Aquí algunos subrayados al respecto:
Los hombres que han hecho un estudio especial de las leyes, han aprendido en esos trabajos hábitos de orden, cierto gusto de las formas y una especie de amor instintivo hacia el encadenamiento regular de las ideas, que los hacen naturalmente muy opuestos al espíritu revolucionario y a las pasiones irreflexivas de la democracia. (p. 267)
Se encuentra, pues, escondida en el fondo del alma de los abogados una parte de los gustos y de los hábitos de la aristocracia. Tiene, como ella, una inclinación instintiva hacia el orden y un amor natural por las formas. Como ella, sienten un gran disgusto por los actos de la multitud y menosprecian secretamente el gobierno del pueblo. (p. 268)
Lo que los abogados ansían sobre todas las cosas, es la vida de orden y la mayor garantía del orden es la autoridad. No hay que olvidar por otra parte que, si aprecian la libertad, la colocan en general a la legalidad muy por encima de ella. Temen menos a la tiranía que a la arbitrariedad y, en tanto que el legislador se encargue por sí mismo de quitar a los hombres su independencia, estarán casi contentos. (p. 269)
El cuerpo de abogados forma el único elemento aristocrático que puede mezclarse sin esfuerzo a los elementos naturales de la democracia, y combinarse de una manera afortunada y durable en ellos. No ignoro cuáles son los defectos inherentes al espíritu jurista y, sin embargo, sin esa mezcla del espíritu de abogado con el espíritu democrático, dudo que la democracia pudiese gobernar largo tiempo a la sociedad. No puedo tampoco creer que, en nuestros días, una república pudiera consolidarse, si la influencia de los abogados en los negocios no creciera allí en proporción al poder del pueblo. (p. 270)
Cuando el pueblo norteamericano se deja embriagar por sus pasiones o se entrega al descarrío de sus ideas, los abogados le hacen sentir un freno casi invisible que lo modera y lo detiene. A sus instintos democráticos, oponen secretamente sus inclinaciones aristocráticas; a su amor por la novedad, su respeto supersticioso hacia lo antiguo; a la inmensidad de sus designios sus puntos de vista estrechos; a su desprecio por las reglas, su gusto por las formas; y a su arrebato, su hábito de proceder con lentitud. (p. 271-2)
Ahora bien: ¿Sigue siendo válida, hoy en día, esta reflexión de Tocqueville? ¿Qué tanto ha servido el gremio de abogados para la consolidación democrática en México? ¿Se trata meramente de licenciados que, uniformados de almidón y mancuernillas, se regodean al balbucear irreflexivamente códigos y leyes? ¿Estamos ante una naciente clase de abogados que ven en el derecho un instrumento para impulsar los urgentes cambios sociales del país?
El juego de la Suprema Corte
1 Tocqueville, A. La democracia en América, trad. Luis R. Cuéllar, FCE, México, 1957, primera edición en francés 1835.
En Oaxaca, en el extremo de la burla y el pisoteo a la dignidad humana, la participación de corrupto e inmoral Abogado oaxaqueño Fernando Enrique Méndez Ortega, designado Magistrado por Ulises Ruiz Ortiz, se lleva la joya de la corona al reducir pena a violadores e implicados en violación de niño de escuela privada, a lo que la Sociedad Mexicana contra los Abusos Sexuales de Menores y Personas Indefensas en México, A. C., manifiesta:
En los años recientes, la sociedad mexicana se ha visto obligada a organizarse para denunciar a integrantes del aparato de procuración y administración de justicia, que incurren en abuso y burla a la sociedad a la que pretendidamente deben servir.
En razón de que los recursos públicos se originan en lo que nosotros aportamos al erario vía impuestos, derechos y otras contribuciones, es importante combatir la corrupción de jueces, agentes del ministerio público, Subprocuradores, Magistrados, Presidentes de Tribunales, Procuradores y personal de la administración pública estatal y federal, que obtienen ingresos de nuestros recursos públicos, llevan asuntos a sus despachos y viven lujosamente.
Oaxaca no ha estado exenta de personas cuya obligación es servir a la sociedad y que sin embargo, por razones, intereses económicos, políticos de grupos, o camarillas, meras desviaciones sexuales o complicidades de familias incrustadas en el aparato burocrático, e inescrupulosamente sirven a intereses ajenos a los de la justicia y el bienestar de la sociedad en su conjunto. Como lo es el ejemplo mencionado de Fernando Enrique Méndez Ortega y Evncio Nicolás Martínez Ramírez.
El daño que hacen los integrantes de las oficinas de procuración y administración de justicia a Oaxaca y México, al favorecer a personas implicadas directa o indirectamente en Abusos Sexuales de Menores y Personas Indefensas, es terrible e irreversible.
Las personas que favorecen a violadores y sus cómplices, deben darse a conocer y vigilar sus actuares, ya en Oaxaca y otros puntos del país, con lo que nuestra Asociación contribuye a la causa mexicana.
El caso del niño violado en el Instituto San Felipe, es sólo uno más que pone al descubierto la manera tan impune en que jueces, agentes del ministerio público, magistrado Méndez Ortega y el entonces Procurador Evncio nicolás Martínez Ramírez, burlan y dañan a la sociedad oaxaqueña y mexicana, sin que el mismo aparato de justicia pueda sancionarlos; ¡sólo queda la posibilidad de la condena pública!
El o los casos de Oaxaca evidencian el colmo del cinismo, la desvergüenza de los Abogados como el mismísimo Presidente del Tribunal Superior de Justicia, un político saltimbanqui que trae consigo a misrables e insensibles abogados que afectan la democracia oaxqueña y mexicana.
Alicia Castellanos Vásquez, Mariana Domínguez Felguérez, Noemí Cordero Obregón, Leticia Sandoval del Valle, Orlando Figueroa Matus, Susana H. Mendoza Martínez, Dalia de la Luz Cifuentes Sierra, Luis Antonio Bustamante Ortíz, Guadalupe Álvarez Florez, Sandra Rebeca Méndez Sibaja, Carlos Habib Romero Chagoya, Lucía Torres Guzmán, Estasia Enriquez Cotero, Carlos Eduardo López Figueroa, Adrián Enrique Gómez Núñez, Edith Guijón Colmenares, María de Lourdes Arias Pazos, Vanessa Sánchez Alcázar