Las normas electorales establecen que cualquier contenido político-electoral en radio y t.v. necesariamente debe pasar por la aduana del Instituto Nacional Electoral (INE). Ello implica ajustarse a los tiempos, formatos, horarios, estándares técnicos y a los lugares de transmisión que determine la autoridad electoral.

Si bien en un principio el INE no puede vetar o validar los contenidos de los spots que le entregan los candidatos y partidos, éstos sí pueden llegar a violar las reglas electorales y terminar en una sanción para candidatos, partidos, personas físicas y morales, además de los concesionarios y permisionarios de radio y t.v. En cambio, la información y la propaganda que circulan en Internet gozan de una mayor libertad, aun cuando sus contenidos puedan ser idénticos a los transmitidos en radio y t.v. De tal manera que no requieren ajustarse a los 30 segundos de duración del spot, pueden ser visualizados en cualquier momento y lugar, en diferentes formatos, en una computadora o en cualquier dispositivo móvil e, inclusive, en cualquier televisión digital.

Por otra parte, debido a las características técnicas en el manejo de información de las redes sociales y en Internet, no siempre quedan claras las fronteras y responsabilidades legales de las empresas que manejan la información y los sujetos que las contratan.

Las diferencias entre los contenidos político-electorales en radio y t.v., y los que circulan en Internet generan asimetrías en la información que reciben los mexicanos que tienen acceso a Internet y los que no cuentan con ese servicio. No se trata de un asunto de preferencias o meramente tecnológico, sino de la calidad, cantidad y variedad de información a la que pueden acceder alrededor del 60% de la población, en detrimiento de aquellos que solamente cuentan con los spots que se transmiten en la radio y la televisión.

A diez años de la implementación del sistema de comunicación político-electoral, los mecanismos del modelo ya no garantizan un acceso en condiciones de equidad a los medios de comunicación, debido al crecimiento acelerado y expansivo en el uso del Internet. Más bien, el sistema de espotización político-electoral parece estar afectando los derechos de acceso a la información de millones de ciudadanos que no cuentan con Internet y, por ello, no tienen acceso a la variedad de contenidos que sí circulan en esa plataforma tecnológica.

¿Cómo funcionan los spots de radio y t.v.?

El origen del modelo de comunicación política-electoral en radio y t.v. está en las elecciones del 2006. La narrativa política que alimentó la reforma electoral del año siguiente a las elecciones se concentró en la cada vez mayor influencia de las televisoras y radiodifusoras en los procesos electorales, y en la posibilidad de que quienes controlan los medios de comunicación pudieran favorecer a una o más opciones políticas, o bien obstaculizar el acceso de otras a los medios de comunicación al establecer diferentes precios y/o condiciones para el acceso a spots y otros espacios.1

Durante el año 2006, el gasto de los partidos en radio y t.v. alcanzó los mil 900 millones de pesos, equivalente al 95% del financiamiento público para gastos de campaña, sin considerar los problemas de fiscalización de los partidos políticos, al no poder acreditar 248 mil de los 600 mil spots transmitidos en esa elección.2 La solución al problema vino con la reforma constitucional en materia electoral de noviembre de 2007, en la que se le otorgó al entonces IFE la administración exclusiva de los tiempos del Estado en materia político-electoral para todos los sujetos públicos y privados.

Ello generó importantes costos para la autoridad electoral, ya que tuvo que adquirir la tecnología necesaria para dictaminar o revisar las caracterísiticas de los spots, pautarlos y darles seguimiento en todas las estaciones de radio y televisión que conforman el catálogo de emisoras, además de contratar al personal suficiente para llevar a cabo esas tareas. Tan solo en el primer año de la reforma, el IFE tuvo que invertir 1,141.4 millones de pesos para dar cumplimiento con su entonces nueva obligación legal.3

La reforma se combatió por partidos, empresas y grupos de “intelectuales” a través del juicio de amparo y por la vía electoral. Uno de esos asuntos llegó al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual determinó por siete votos contra cuatro, no analizar las posibles violaciones al procedimiento de reforma constitucional y, por lo tanto, la reforma electoral quedó intocada.4

Por otra parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió diversos juicios en los que concluyó que el impedimento para que partidos, candidatos, personas físicas o morales contraten propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, no contraviene las libertades de expresión, información, comercio o imprenta.5 Las justificaciones del TEPJF se basaron en que las restricciones para la contratación de propaganda político-electoral se prevén en la propia Constitución y, por ello, pueden restringirse o suspenderse en los términos que establezca la propia norma fundamental.

Así desde el 2007 tenemos un modelo de comunicación político-electoral basado fundamentalmente en la difusión de spots, en el que desde el inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral, el INE cuenta con 48 minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión para pautar o asignar spots de candidatos, partidos y autoridades electorales.

En este esquema, el reparto del número de spots entre autoridades electorales, candidatos y partidos políticos varía según se trate del periodo de precampaña, intercampaña o campaña, además de otros factores como la votación que hayan recibido los partidos en el periodo inmediato anterior. Asimismo, todos los canales de radio y t.v. en el país están obligados a transmitir materiales de 30 segundos, según los mapas de cobertura que comprenda su señal y el periodo del proceso electoral en que se encuentren.

Para las elecciones del 2018, estamos hablando de 200 días ininterrumpidos de transmisión de spots (del 14 de diciembre de 2017 al primero de julio de 2018 para campañas federales). Es decir, 6.6 meses en los que estaremos expuestos a 59 millones de spots, lo que significa un promedio de 295,000 spots por día durante más de medio año.6

Las peculiaridades del Internet

A diferencia de la radio y la t.v., el Internet es un medio de comunicación interactivo, en el que los usuarios no solamente reciben, sino que también pueden generar y transmitir información. Debido a las características técnicas de la red, la Organización de Naciones Unidas lo ha considerado como un medio fundamental para que las personas ejerzan su derecho a la libertad de opinión y expresión.7 De ahí que, desde principios de la década pasada, a nivel internacional se ha venido dando un debate sobre la neutralidad de la red, entendida como el principio por el cual los proveedores de servicios de Internet y los gobiernos deben tratar a todo tráfico de datos por igual, sin discriminarlo, degradarlo o priorizarlo.

En materia electoral, la Sala Superior del TEPJF había venido sosteniendo el criterio de que el Internet posibilita un ejercicio cada vez más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión y, por ello, cualquier medida que pueda impactarlo, debe estar orientada a salvaguardar la libre interacción entre los usuarios, como parte de su derecho humano a la libertad de expresión. Por ejemplo, en materia de redes sociales, el TEPJF ha sostenido que cualquier información que se publique en esos medios requiere la intención del usuario para ingresar al sitio en donde se encuentra el contenido informativo y, por lo tanto, su acceso es voluntario.8

Pero si bien las redes contribuyen a lograr una sociedad mayor y mejor informada y facilitan la libertad de expresión y asociación, no son espacios ajenos o al margen de las normas y restricciones previstas en la Constitución.9

No obstante, hasta ahora no ha habido una sola sentencia en materia electoral, en la que se prohíba expresamente la difusión de algún contenido en Internet. Incluso en algunos casos controversiales, siempre se ha privilegiado la libertad en la difusión de la información a fin de salvaguardar las libertades de expresión y los derechos político-electorales de los ciudadanos.10

Así también, la Suprema Corte de Justicia ha sostenido que el Estado debe tomar todas las medidas necesarias para fomentar la independencia en las tecnologías de la información y la comunicación, además de asegurar el acceso de los mismos a los particulares. De ahí que las restricciones que pueden considerarse legítimas y proporcionales en el caso de los medios de comunicación tradicionales, no suelan serlo cuando se aplican al Internet.11

Dos formas de hacer campaña

Debido a las grandes disparidades en la regulación por una parte de la radio y la t.v. y por otra del Internet, la información político-electoral fluye no solo a distintas velocidades, sino con contenidos y alcances diferentes.

Resulta difícil imaginar que Jaime Rodríguez (el Bronco) hubiera llegado a ser el primer gobernador sin partido en Nuevo León, si únicamente hubiera hecho uso de los spots en radio y t.v. que le correspondían como candidato independiente. Si revisamos los materiales de su campaña en Youtube, salta a la vista la riqueza de este medio para transmitir ideas y propuestas políticas, además de la posibilidad de contar historias con una narrativa política propia, más allá de los 30 segundos del spot.12 Otro ejemplo: en las últimas elecciones alemanas, Christian Lindner, el presidente del partido Liberal (FDP) desplegó una campaña muy exitosa con un solo spot en Internet. La campaña tuvo especial empuje entre los jóvenes y su partido regresó al parlamento federal alemán, después de cuatro años de ausencia.13

En México todavía no inician las precampañas para la elección del 2018, y ya se pueden encontrar materiales en Internet de prácticamente todos los probables candidatos(as) que cuentan su vida, logros y propuestas políticas.

De acuerdo con datos del INEGI, en 2007 México contaba con 18.5 millones de usuarios de Internet; para el segundo trimestre de 2016 ya somos 65.5 millones, equivalente al 59.5% de la población en el país.14

Además según la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales del Instituto Federal de Telecomunicaciones 2016, el teléfono celular es el dispositivo más utilizado para ver contenidos de Internet. Casi el 65% de los suscriptores móviles cuentan con Internet en su celular y el 50% de los hogares en México cuentan con ese servicio. México ocupa el tercer lugar a nivel mundial en crecimiento de fibra óptica para este servicio, después de Australia y Nueva Zelanda.15

Usuarios de Internet por tipo de uso

Actividad

Proporción

Para comunicarse

88.9%

Para obtener información

84.5%

Para acceder a contenidos audiovisuales

81.9%

Para entretenimiento

80.1%

Para acceder a redes sociales

75.8%

Para apoyar la educación/capacitación

51.8%

Los periódicos, revistas o libros

45.3%

Para descargar software

30%

Para interactuar con el gobierno

22.2%

Para ordenar o comprar productos

15.9%

Para operaciones bancarias en línea

9.9%

Fuente: INEGI

Sin embargo, los números siguen mostrando que los medios de comunicación más extendidos son todavía la radio y la t.v. Alrededor del 96% de los entrevistados en la Encuesta Nacional de Consumos Audiovisuales cuenta con un televisor, con un promedio de 1.9 aparatos por hogar. Así también el 74% de las personas con televisión reportó consumir contenidos de t.v. abierta y el porcentaje de personas que escuchan radio se ubicó en 41%.

Las diferencias también saltan a la vista en cuanto a la disponibilidad de tecnologías en las entidades federativas, en donde Oaxaca y Chiapas registran los valores más reducidos y solo Sonora y Baja California Sur se ubican por encima del promedio en el porcentaje de hogares con Internet. Así también, de acuerdo con los datos del INEGI, la proporción de usuarios de tecnologías de la información hace evidente que el uso del Internet es un fenómeno predominantemente urbano.16

¿Hacia a dónde vamos?

Las normas electorales en radio y t.v. surgieron a partir de la coyuntura del conflicto postelectoral del 2006. En ese entonces, se generaron los consensos políticos necesarios para modificar la Constitución y las normas electorales, de manera tal que solo los partidos y candidatos tuvieran acceso a estos medios bajo el ojo vigilante de la autoridad electoral.

Si ponemos atención a los datos estadísticos, nos daremos cuenta que hace diez años, el número de usuarios en Internet no era significativo, en comparación con la cobertura prácticamente universal de la radio y la televisión. Por esa razón, en el año 2007, la propuesta de que todos los espacios con contenido político-electoral fueran controlados por la autoridad electoral en aras de mantener las condiciones de equidad en las elecciones tenía cierto sentido. Sin embargo, diez años más tarde, el número de usuarios en Internet es de casi el 60% de la población en México, y los patrones de consumo de la ciudadanía respecto de cómo se informa, cómo se entretiene y de dónde obtiene su información han cambiado de manera importante.

La política y las elecciones no están ajenas a esos cambios y prueba de ello es su presencia cada vez mayor en redes sociales y en otros espacios en Internet. Por ello resulta absurdo continuar con un modelo de comunicación político-electoral densamente regulado en radio y televisión, que bajo el esquema del spot tiene posibilidades limitadas para comunicar e informar a la ciudadanía y, por el contrario, a base de repeticiones constantes de los materiales genera saturación y hartazgo sobre los temas electorales.

Si revisamos nuevamente los datos del INEGI veremos que alrededor de 43.7 millones de mexicanos no cuentan con acceso al Internet; por lo tanto, la información sobre temas político-electorales que recibe por medios electrónicos solo viene de la radio y la televisión. Así también, los datos apuntan a que esa población se concentra principalmente en ciertos estados de la República con importantes niveles de marginación y pobreza.

En ese sentido, el sistema de comunicación político-electoral genera importantes distorsiones entre la información que reciben los mexicanos que no cuentan con acceso a Internet y aquellos que pueden acceder a contenidos e información diferente a la transmitida en los spots de radio y t.v.

Por otra parte, las sentencias de los tribunales mexicanos muestran claramente las dificultades de hacer cumplir las normas mexicanas en las redes sociales y en el Internet. Una empresa como Facebook puede establecer en sus políticas de uso, que la propaganda que se contrate y vea en México debe entenderse con Facebook Irlanda y no con Facebook México.17 O bien, otra empresa como Google que maneja motores de búsqueda, puede alegar que las demandas por daño moral respecto de la información que administra para servidores en México, deben presentarse ante los tribunales federales o estatales del condado de Santa Clara, California, en Estados Unidos de Norteamérica por tener ahí su domicilio oficial, y no en México.18

Adiós a la neutralidad

El 14 de diciembre es una fecha clave no solamente por el inicio de la avalancha de spots en México, sino porque en la Unión Americana se prevé que se apruebe la propuesta de la Comisión Federal de Comunicaciones para terminar con las protecciones legales que garantizan un acceso igualitario al Internet y lo consideran como un servicio básico para la ciudadanía.

Sin neutralidad en la red, los grandes operadores de Internet pueden discriminar entre los tipos, contenidos y la calidad del servicio que ofrecen.19 Se trata pues, de establecer reglas para el uso de Internet, resolver cómo y quienes deben financiar la expansión de su estructura y capacidad, cómo deben circular sus contenidos, y sus consecuencias legales.

En México, el artículo 145 de la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) establece los principios en materia de neutralidad en la red, y actualmente el Instituto Federal de Telecomunicaciones está preparando los lineamientos para su implementación, previa consulta pública.

Convendría mucho que en su momento se incluyera en la discusión sobre la neutralidad de redes a la materia electoral, como parte de una reforma necesaria y urgente al sistema de comunicación político-electoral en México.

Los derechos de las audiencias previstos por la LFT deberían aplicarse también para los contenidos político-electorales, y generar un sistema uniforme que distinga entre la publicidad y el contenido de un programa, o que evite la transmisión de propaganda político-electoral en horarios de programación infantil, y/o que se incluyan los avisos parentales correspondientes.

Francisco Zorrilla. Maestro en derecho por la Universidad Rheinische Friedrich-Wilhelms en Bonn, Alemania, especialista en derecho constitucional por la UNAM y licenciado en derecho por el ITAM. En su ejercicio profesional ha trabajado como abogado en diversos despachos, en el entonces Instituto Federal Electoral y en el Instituto Electoral del Distrito Federal. Actualmente se desempeña como Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Distrito Federal.


1 Ver. Murayama, Ciro, En Democracia sin garantes. Las Autoridades vs. la reforma electoral. Córdova, Lorenzo y Salazar Pedro, Coords, “Reforma para la consolidación democrática vs. Contrarreforma desde el interés privado”, UNAM, México, pp. 1-27.

2 Datos consultables en: Casar, María Amparo, nexos, Anatomía de una reforma electoral, primero de agosto de 2009.

3 Información disponible en el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral CG42/2008 del 31 de marzo de 2008.

4 Amparo en Revisión 2021/2009, Pleno, Suprema Corte de Justicia de la Nación.

5 SUP-RAP-201/2009 y Acumulados.

6 Zepeda, Aurora, Excelsior, Rumbo al 2018, “¿Traes paraguas? Se anuncia lluvia de 59 millones de spots, primero de diciembre de 2017.

7 ONU. Informe del Relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Sr. Frank La Rue. 16 de Mayo de 2011, párrafo 20.

8 SUP-JRC-185/2017.

9 SUP-REP-123/2017.

10 Por ejemplo, las sentencias de los expedientes SRE-PSC-107/2017 y SUP-JDC-865/2017 de las Salas Especializada y Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respectivamente.

11 Amparo en Revisión 1/2017, Segunda Sala, Suprema Corte de Justicia de la Nación.

12 https://www.youtube.com/watch?v=iGwHG1-unqI

13 Ver. https://redaccion.nexos.com.mx/?p=8235

14 INEGI, Datos Nacionales, Estadísticas a propósito del día mundial del Internet (17 de mayo),14 de mayo de 2015 y 15 de mayo de 2017, Aguascalientes, Ags.

15 Informe IFT “Las telecomunicaciones a más de 3 años de la reforma constitucional en México. Evolución de los sectores regulados (2t 2013-1T 2017)

16 INEGI, Comunicado de Prensa Núm. 122/17, 14 de marzo de 2017, Aguascalientes, Ags.

17 Ver. SUP-JDC-545/2017 y SUP-RAP-204/2017 y Acumulados.

18 Ver. Juicio de Amparo 422/2016 del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en la que se negó el amparo a la empresa Google, respecto de la sentencia de la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que se asumió como competente para conocer de un juicio por daño moral de un ciudadano mexicano en contra de la empresa.

19 Faus, Joan, El País, Economía, “Estados Unidos presenta el plan para desmantelar la neutralidad de la Red”, 21 de noviembre de 2017.

Leer completo

La renuncia de José Antonio Meade a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público ha distraído a la opinión pública de varios sucesos por demás relevantes. Uno de ellos es la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la que decidió finalmente la suerte de las elecciones a gobernador en el estado de Coahuila. Se trata de una decisión clave para los procesos electorales que tendrán lugar en 2018 en dos temas medulares: fiscalización electoral y rebase a tope de gastos de campañas. En este sentido, aquí se presenta un texto cuyo autor, experto en materia electoral, ofrece un retrato por demás claro y sólido respecto una actuación desastrosa más de los actuales magistrados electorales. 

El viernes pasado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la declaración de validez de la elección a la gubernatura del estado de Coahuila, y la entrega de constancia de mayoría a Miguel Ángel Riquelme Solis, postulado por la coalición “Por un Coahuila Seguro”.

Durante la sesión, los magistrados que integran la Sala resolvieron varios asuntos vinculados con el cómputo de la elección, infracciones a las normas electorales, la fiscalización y sobre las denuncias de un rebase de topes de gastos de campaña.

La decisión del TEPJF llega 173 después del día de la elección y a siete de que tome posesión el nuevo gobernador de esa entidad, según lo establece la Constitución de Coahuila.

El retraso para determinar al ganador de los comicios en ese estado se debe en gran medida a la dificultad de fiscalizar los gastos de campaña y a las consecuencias de rebasar los topes establecidos por la autoridad electoral local.

No obstante, las conclusiones de la fiscalización a las campañas dejan más dudas que certeza sobre el origen y destino de los gastos realizados. El caso de la revisión de los topes de gasto en Coahuila revela de cuerpo completo un sistema de fiscalización tremendamente complejo, de difícil acceso para el ciudadano, en el que intervienen diversas autoridades electorales y en el que existen importantes espacios de discrecionalidad para la toma de decisiones.

Unas reglas muy complejas

Como parte de las reformas en materia electoral del 2014,1 se modificó la Constitución para establecer la posibilidad de anular elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes, entre otros casos, cuando se exceda el gasto de campaña en 5% del monto autorizado.2

El límite o tope de gasto de campaña es una cantidad máxima de dinero que puede gastar el partido y sus candidatos para determinada elección. La lógica que siguen los topes de gastos es generar condiciones de equidad en el uso del dinero entre partidos y candidatos, de manera tal que todos los participantes en la contienda electoral se ajusten a un rango de gasto y así la competencia sea más equitativa.

Para acreditar el rebase del tope de gastos de campaña de una candidatura se requieren elementos objetivos y materiales, y que las violaciones sean determinantes, lo que según el texto constitucional se puede presumir cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primer y segundo lugar sea de menos del 5% de votos.

En esos casos, la autoridad electoral se debe decretar la nulidad de elección y convocar a una extraordinaria en la que no podría participar la persona sancionada.

Por otra parte, como producto de esas mismas reformas electorales, se redistribuyeron las competencias entre las autoridades electorales y se creó la figura de los Organismos Públicos Electorales (OPLES) en los estados y el nuevo Instituto Nacional Electoral (INE) con competencias federales y nacionales.

Así, al INE le corresponde fiscalizar el origen, monto, destino y aplicación de recursos de candidatos y partidos a nivel federal y local. En cambio, los OPLES conservan algunas atribuciones vinculadas estrechamente con el financiamiento, como es el caso de la definición de los topes de gastos de precampaña y campaña.

El INE revisa por etapas los informes de los ingresos y gastos de los candidatos a cargos de elección popular y de los partidos políticos, de manera que primero emite un “dictamen consolidado” de carácter contable y, posteriormente, una resolución en la que explica y detalla si se infringieron las reglas de fiscalización y, en su caso, sanciona y determina las responsabilidades correspondientes.

Adicionalmente, el INE cuenta con la posibilidad de investigar el origen de los recursos erogados en las campañas (a través de procedimientos sancionadores en materia de fiscalización) ya sea motivado por una denuncia en contra del partido o candidato o, bien, de manera oficiosa cuando lo estime conveniente, con la finalidad de tener certeza sobre la legalidad de los recursos que fueron reportados ante la autoridad electoral.

Rebasar o no rebasar el tope de gastos

El 13 de octubre del 2016, el Instituto Electoral de Coahuila fijó el tope de gastos de campaña para la elección para gobernador en $19´242,478.57.

Una vez que transcurrieron los periodos de precampaña y campaña, se llevaron a cabo las elecciones en ese estado el 4 de junio y el 14 de julio siguiente el INE aprobó el dictamen consolidado de la revisión de gastos y la resolución correspondiente,3 en el que se concluyó, entre otros aspectos, que el candidato de la coalición “Por un Coahuila Seguro” a la gubernatura del estado de Cohauila había rebasado el tope de gastos de campaña.

A partir de ahí, la determinación sobre si la coalición y su candidato habían rebasado el tope de gastos tuvo cinco modificaciones, hasta la decisión final del pasado viernes, cuando la Sala Superior concluyó que no se rebasaron los topes originalmente aprobados.

Definición del tope de gastos de campaña

IEC/CG/069/2016

Instituto Electoral de Coahuila

INE/CG313/2017

Instituto Nacional Electoral

INE/CG447/2017

Instituto Nacional Electoral

INE/CG465/2017

Instituto Nacional Electoral

INE/CG501/2017

Instituto Nacional Electoral

SUP-JDC-1014 y SUP-JDC-398/2017 Acumulados

Sala Superior del TEPJF

13 de octubre de 2016

14 de julio de 2017

5 de octubre de 2017

20 de octubre de 2017

30 de octubre de 2017

24 de noviembre de 2017

$19,242,478.57

7.91%

10.52%

1.61%

9.21%

No hubo rebase

Las variaciones en el monto final del dinero gastado en la campaña se debieron a los ajustes que tuvo que hacer el INE a partir de la información obtenida de algunos procedimientos sancionadores sobre gastos no reportados por la coalición y también debido a una batalla legal ante el TEPJF sobre los alcances de la fiscalización electoral.

En este ir y venir del tema entre el INE y el TEPJF se generaron precedentes y criterios interesantes que dejan dudas sobre la eficiencia del sistema de fiscalización, el rol de las autoridades electorales y la eficacia del sistema en su conjunto.

Problemas para acreditar los gastos

En contra del primer dictamen y resolución sobre los gastos de campaña a la gubernatura en Coahuila, el candidato ganador y los partidos que lo postularon, impugnaron la determinación del INE ante el TEPJF.

Las demandas se enfocaron en controvertir las conclusiones del INE, en las que determinó que el candidato y la coalición que lo postuló incurrieron en diversas irregularidades contables y omisiones al no reportar gastos por diversos conceptos tales como alimentos, spots de video transmitidos en el estadio “Santos”, spots de T.V., bardas, muros, y gastos de propaganda en Internet y redes sociales.

Uno de los temas que despertaron mayor interés de los gastos revisados por la Sala fue la conclusión 45, en la que el INE estimó que no se habían atendido las observaciones por concepto de gastos de publicidad en la red social Facebook.

a) Facebook Irlanda

Durante la revisión de los informes de los partidos y candidatos, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE tiene la posibilidad de solicitar información a terceros sobre las operaciones efectuadas con los proveedores.

En el caso, con la finalidad de confirmar diversas operaciones detectadas en Facebook, el INE solicitó información a Facebook México y Facebook Irlanda de acuerdo con lo reportado en sus informes.

En el caso de Facebook México, la empresa refirió que no estaba en la posibilidad de entregar la información requerida por el INE, ya que esa información no está en su poder, no es de su propiedad y está fuera de su control y acceso. Según los términos de servicio de Facebook, la entidad de control de datos responsable de la información y de operar el servicio para los usuarios y anunciantes mexicanos es Facebook Irlanda.

Por otra parte, Facebook Irlanda contestó al INE enviando una traducción oficial, en la que reconoció que hubo una contratación de publicidad relacionada con diversas direcciones electrónicas, que el cliente compró sus anuncios usando más de un tipo de moneda (pesos mexicanos, dólares americanos y/o euros) dentro del periodo del 1º de diciembre de 2016 al 5 de junio de 2017.

De ahí que ante la falta de información en lo reportado en los informes, el INE concluyera que ni la coalición, ni el proveedor que contrató para ellos la publicidad en Facebook, acreditaron los pagos por publicidad que en su momento reconoció Facebook Irlanda.

No obstante, el TEPJF determinó echar para abajo la decisión del INE,4 ya que no existían los elementos ciertos e indubitables del pago a Facebook y su monto, además de la temporalidad que ello comprendió. Como resultado de lo anterior, se ordenó al INE que no contabilizara la totalidad de lo informado por Facebook Irlanda al caso concreto para el rebase de topes de gastos de campaña. Es decir, se ordenó descontar $1´413,709.67 del tope de gastos de campaña del candidato de la coalición “Por un Coahuila Seguro”.

La decisión llama la atención porque tal y como lo razonó uno de los magistrados disidentes en su voto particular, si existen dudas sobre un gasto o ingreso en materia de fiscalización de los recursos de los partidos, lo procedente es aclararlo. Es decir, lo ordinario hubiera sido ordenarle al INE que solicitara nuevamente información más precisa a Facebook Irlanda para contar con todos los datos correspondientes y no simplemente eliminar ese gasto de la contabilidad.

b) Representantes generales y de casilla

Los partidos y los candidatos independientes pueden acreditar representantes generales (RGS) y de casilla (RCS) ante la autoridad electoral para que estén presentes durante toda la jornada electoral.

Al igual que sucede con otros gastos en la campaña, la participación de los RGS y RCS representa una erogación que debe sumarse al tope de gastos de campaña de partidos y candidatos y reportarse en el sistema electrónico de fiscalización del INE.5

No obstante, los primeros días de junio de este año, la Unidad de Fiscalización del INE informó a los partidos que en caso de que la participación de sus representantes fuera voluntaria, gratuita y desinteresada, el formato correspondiente para reportar esa acción no se adjuntaría al sistema electrónico de fiscalización, sino que quedaría bajo su resguardo para su posterior análisis.

Al revisar los informes de gastos, el INE no encontró los documentos que acreditaran la gratuidad de los servicios de algunos representantes y, por ello, se requirió a los partidos la documentación comprobatoria. Como resultado de ello, los partidos involucrados remitieron al INE una serie de escritos de las personas que fungieron como RCS y RGS fechados después del día de la elección, en los que manifestaban que su función había sido de manera gratuita.

El INE estimó que el gasto no se comprobó efectivamente ya que la emisión de las cartas y recibos con posterioridad a la fecha de la elección podía implicar una comprobación amañada del gasto y la fabricación de pruebas que en su momento no fueron obtenidas.

Sin embargo, contrario a lo razonado por el INE, la Sala Superior consideró que el hecho de que los comprobantes de gasto de los RGS y RCS se hubieran emitido con posterioridad a la fecha de la elección no era razón suficiente para no tener por acreditado el gasto.6

Al igual que en el caso de los gastos en Facebook Irlanda, el expediente no se regresó al INE para que se recabara la información y se hicieran mayores requerimientos. En la resolución del TEPJF se razonó que era un imperativo pronunciarse sobre la validez de la elección a gobernador en el estado de Coahuila antes del 1º de diciembre y, por ello, era indispensable resolver sobre el rebase de topes de gastos, de ahí que se le ordenara al INE descontar $375,74.93 respecto a los gastos por concepto de RGS y RCS.

En el voto particular del magistrado Reyes Rodríguez se pone en duda el criterio de la mayoría de los demás magistrados de la Sala, ya que sostiene que se tuvo certeza que el partido no tuvo bajo su resguardo los recibos de los representantes, y, por lo tanto, no se generaron entre el 4 y el 7 de junio, lo que actualizaba una violación a las reglas de fiscalización.

En ese sentido, el magistrado disidente razona que la decisión del TEPJF es contraria a los principios de integridad electoral, al permitir propiciar o realizar “malas prácticas” que fomenten la opacidad, dificulten el proceso de fiscalización o imposibiliten la actividad probatoria.

c) Gastos en producción y post-producción de 84 videos

Entre los varios procedimientos sancionadores en materia de fiscalización que inició el INE con la finalidad de investigar el origen de los recursos erogados en la campaña para gobernador en Coahuila, se inició una investigación en contra de la coalición “Por un Coahuila Seguro” por la omisión de reportar cuatro videos.

No obstante, durante la sustanciación del procedimiento, el INE advirtió que se omitió reportar la producción de 84 videos y, en consecuencia, sancionó.

Los involucrados acudieron nuevamente al TEPJF, que al conocer del asunto determinó revocar la determinación del INE, ya que el procedimiento originalmente se había iniciado por 4 videos y no por 84, lo que se trataba de hechos novedosos y ello violaba las garantías de proceso de los involucrados, concretamente su derecho de defensa.7

Una vez más, la Sala Superior razonó que lo ordinario en una violación de ese tipo sería reponer el procedimiento; esto es, regresar el asunto al INE para que les diera derecho de audiencia los probables infractores. Sin embargo, eso no era necesario en el caso ya que las erogaciones, correspondientes a la producción y post-producción, ya habían sido objeto de revisión durante la revisión del informe de gastos de campaña. Por lo tanto, le ordenó al INE que para efectos de determinar el monto total de gastos de campaña para gobernador de Coahuila, le descontara a la coalición y a su candidato el monto de $1´461,600.00.

Al igual que en el asunto anterior, en su voto particular, el magistrado Reyes Rodríguez reiteró no compartir el proyecto, ya que los conceptos fiscalizados por el INE se refieren a la producción y post-producción, y los documentos y contratos reportados por los involucrados consisten en la colocación de publicidad, por lo que se trata de conceptos diferentes. Así que si existen dudas sobre un gasto o un ingreso en materia de fiscalización, lo procedente es aclararlo y no eliminarlo.

d) Tarjetas y desplegados

Durante la sesión del 24 de noviembre en la Sala Superior también se discutieron otros asuntos vinculados con la fiscalización de las campañas en Coahuila, que revelan las ambigüedades y amplios espacios interpretativos de las autoridades electorales para aplicar las normas.

El 14 de julio el INE determinó sancionar a la coalición “Por un Coahuila Seguro” y a su candidato por la utilización de recursos para la elaboración y adquisición de tarjetas de cartón denominadas “Mi Monedero Rosa”, “Mi Monedero” y “Mi Tarjeta de Inscripción” que se entregaron a la ciudadanía formando un registro, y que ofertaban un beneficio futuro en forma de programas sociales.

En su momento, se impugnó la sanción del INE ante el TEPJF, y la mayoría de los magistrados concluyó que el gasto en las tarjetas de cartón sí cumplió con los fines de financiamiento público para campaña porque se trata de una propuesta de campaña.8

Sin embargo, la postura minoritaria en el asunto sostenía que la Sala Superior se abstuvo de analizar la licitud de esa propaganda y solo revisó si estaba reportada en el sistema de fiscalización. Ello ya que presentaron un beneficio vinculado con un registro en un formato que contiene datos personales, contraviene las normas electorales que prohíben a partidos y candidatos la oferta o entrega de algún beneficio directo, indirecto o inmediato, en especie o en efectivo.

Por otra parte, los magistrados también discutieron si un desplegado publicado en diversos diarios por militantes, candidatas del PRI y presidentas municipales de Coahuila debía contabilizarse en el tope de gastos de campaña del candidato de la coalición “Por un Coahuila Seguro”.

Ello porque el entonces candidato de la coalición “Alianza por Coahuila” realizó diversas declaraciones en un acto de campaña en ciudad Acuña, en las que aludió directamente a las lideresas del PRI, en términos despectivos.

La Sala concluyó que no podía contabilizarse como propaganda, ya que la publicación está amparada por la libertad de expresión y, por ello, el desplegado tenía como finalidad expresar su oposición o rechazo a lo manifestado por el candidato de la coalición “Alianza por Coahuila” y no así un beneficio en favor de otra candidatura.

Tanto las tarjetas como el desplegado son acciones en principio ordinarias durante el periodo de campaña que pueden o no tener una repercusión respecto de la normativa electoral, pero los límites sobre su legalidad no son claros y por lo tanto resultan discutibles.

El problema de la fiscalización se magnifica si consideramos que el próximo año el INE estará fiscalizando 30 campañas locales, las de diputados federales y senadores, además de la elección presidencial.

Francisco Zorrilla. Maestro en derecho por la Universidad Rheinische Friedrich-Wilhelms en Bonn, Alemania, especialista en derecho constitucional por la UNAM y licenciado en derecho por el ITAM. En su ejercicio profesional ha trabajado como abogado en diversos despachos, en el entonces Instituto Federal Electoral y en el Instituto Electoral del Distrito Federal. Actualmente se desempeña como Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Distrito Federal.


1 El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de Reforma Constitucional en Materia Político-Electoral. El 23 de mayo de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley General en Materia de Delitos Electorales,  iniciando su vigencia el día 24 de mayo de 2014.

2 Ver. Artículo 41, fracción VI, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3 Ver. Resolución INE/CG313/2017 respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados locales y Ayuntamiento, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

4 Ver. SUP-JDC-545/2017 y SUP-RAP-204/2017 Acumulados.

5 Ver. SUP-RAP-686/2017.

6 Ver. SUP-RAP-687/2017, SUP-JDC-688/2017, SUP-RAP-689/2017, SUP-RAP-692/2017, SUP-RAP-694/2017 y SUP-JDC-904/2017 Acumulados.

7 Ver. SUP-RAP-719/2017 y Acumulados.

8 Ver. SUP-RAP-202/2017.

Leer completo

Hace una semana, la organización “Ahora” pidió la renuncia de todos los consejeros integrantes del Consejo General del INE. Las razones para ello se sintetizan en lo que consideran falta de independencia del INE para organizar y conducir los procesos electorales, marcadamente la elección presidencial del 2018.

elecciones

La petición de ese movimiento no es espontánea ni parece que vaya a quedarse como una ocurrencia del momento, más bien abre un doble frente para el INE.

Por una parte, “Ahora” es grupo organizado de ciudadanos, en el que destacan importantes académicos, activistas sociales, artistas y otras figuras públicas que tienen un impacto considerable en la opinión pública.

Por otro lado, “Ahora” es también una organización con una agenda política que busca impulsar a Emilio Álvarez Icaza como candidato independiente a la presidencia de la República en el 2018. Ello puede llevarnos en un futuro cercano, a una situación de descalificación y desconfianza a priori del árbitro electoral por parte de uno de los posibles candidatos presidenciales y, por lo tanto, a un desgaste todavía mayor de las autoridades electorales involucradas.

La organización que lidera Álvarez Icaza ha expuesto de manera clara, concisa y, me atrevo a decir que hasta didácticamente,1 algunas de las deficiencias, errores y problemáticas que ha sufrido el INE y por las cuales su independencia, imparcialidad, credibilidad y autoridad han sido severamente cuestionadas.

Probablemente por el peso de las acusaciones de esa organización y del potencial para convertirse en un gigantesco problema para el INE, hace unos días los 11 consejeros electorales nacionales dieron conjuntamente una rueda de prensa para tratar de calmar las aguas.

¿Nos sirve cambiar de consejeros?

Aunque es indudable que el INE no atraviesa por su mejor momento, estoy convencido de que el cambio de sus consejeros por sí solo no resuelve el problema. Recién en un artículo publicado en el periódico Excelsior,2 Pascal Beltrán señalaba acertadamente que el cambio de consejeros en el 2007 del entonces IFE, lejos de robustecer a esa institución, contribuyó a su deterioro. No porque unos consejeros fueran mejores o peores que los otros, sino simple y sencillamente porque el órgano se debilitó y fue más fácil su captura por los partidos políticos.

El problema mayor del INE y de otras instituciones electorales no son las personas que los dirigen, sino el entramado institucional en el que deben operar.

La compleja normativa legal en materia electoral, en particular a partir de la reforma del 2014, contribuyó a sepultar los restos de confianza y credibilidad ciudadana en las instituciones electorales. Tan es así, que incluso sus entonces impulsores y defensores dentro y fuera del Congreso son ahora sus mayores críticos.

La reducción de los plazos en la fiscalización hace imposible revisar a profundidad los verdaderos gastos de las campañas, y menos aún cuando la autoridad nacional tendrá la responsabilidad de revisar los ingresos y gastos de campañas en 30 estados, diputados federales y senadores, además de la elección presidencial.

Las reglas de la “cancha pareja” son un buen intento para buscar la equidad entre los contendientes en la elección del 2018. Sin embargo, habría que tomar en cuenta que no se trata de una iniciativa del INE sino de un mandato del Tribunal Electoral para establecer una serie de reglas que regulen las condiciones y modalidades en que los partidos políticos pueden hacer uso de los tiempos en radio y televisión.

El INE es víctima de una monstruosa centralización de los procesos electorales, y paradójicamente el discurso oficialista aconseja la desaparición de lo que queda de los organismos electorales locales, ahora llamados OPLES. Ello aun y cuando fueron los propios consejeros electorales quienes eligieron a quienes integran esos organismos locales en todo el país, además de tener el control y la facultad legal de revisar y supervisar prácticamente todas sus actividades.

En descargo del INE habría que decir que su tan criticada tibieza con partidos y candidatos políticos tiene mucho que ver con los criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral, en particular con su integración anterior. Casos como la pérdida de registro del PT, las sanciones al PVEM, las destituciones de consejeros electorales de los OPLES, criterios sobre el uso de programas sociales, entre otros, han incidido en la actuación y decisiones del INE.

Sin duda alguna, las personas que dirigen una entidad gubernamental imprimen su sello personal en el ejercicio de la función pública. Sin embargo, el marco institucional y las reglas del juego delimitan siempre e irremediablemente su marco de acción.

En un interesante estudio sobre el funcionamiento de la judicatura chilena,3 Lisa Hilbink explica por qué jueces entrenados y nombrados por gobiernos democráticos facilitaron y a la vez legitimaron políticas como las de Augusto Pinochet. La conclusión del estudio apunta a que la concepción del rol judicial internalizada por los jueces, así como el diseño estructural en el que funcionaban, desincentivaron la defensa de los principios y valores democráticos liberales en Chile. Es decir, aun cuando existían algunas diferencias políticas personales entre algunos jueces y el régimen en turno, particularmente en la Corte Suprema chilena, ese factor no era suficiente en sí mismo para explicar la pobre defensa de los principios democráticos por parte de los tribunales, no solo durante, sino que también antes y después de la dictadura chilena.

En este sentido, todo parece indicar que la crisis actual del INE no es responsabilidad exclusiva de sus consejeros, sino parece más bien un producto de las reformas electorales, criterios administrativos, jurisdiccionales y presiones políticas y mediáticas a las que hemos sometido a esa institución a lo largo de casi dos décadas.

“Ahora” responde al INE

La conferencia de prensa ofrecida el pasado viernes 21 de julio por los once consejeros electorales tuvo una respuesta contundente. En un comunicado de prensa, difundido en los medios de comunicación y en redes sociales, “Ahora” recriminó al INE su falta de responsabilidad constitucional, política e histórica de cara al 2018.

Es particular porque en vísperas del proceso electoral más importante y complejo de nuestra historia, el INE no ha sabido reconocer la insuficiencia y el fracaso de los mecanismos de fiscalización de los que dispone, su responsabilidad al elegir a las autoridades locales (OPLES), y su rol central para contener o buscar detener el uso de programas sociales, entre otros.

Si bien el INE, como otras autoridades electorales, enfrenta un entramado institucional complejo para realizar sus funciones, ello no implica que quienes lo dirigen no puedan reconocer las insuficiencias al aplicar las normas electorales o en la operación de la propia institución.

El discurso institucional del INE que califica como un éxito las elecciones recién celebradas, así como la fiscalización del dinero de las campañas políticas, transmite en la opinión pública la idea de que quienes lo dirigen viven en un realidad alterna, lo cual debilita su autoridad justo como árbitro electoral.

Recientemente en una entrevista para la revista Proceso, el exconsejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde Ramírez, señalaba que el INE estaba actuando únicamente bajo una óptica legalista, sin adoptar un rol de autoridad política e incluso de autoridad moral en los procesos electorales.

En el peor escenario, la falta de autocrítica de los consejeros del INE puede terminar en un juicio político en términos del artículo 109 de la Constitución por incurrir en actos u omisiones que afecten los intereses públicos fundamentales o su buen despacho, y en un descrédito de la autoridad electoral más importante del país.

Espero sinceramente que el INE pueda superar los cuestionamientos tan tempranos a su actuación, y que ello contribuya a reforzar su papel como árbitro y autoridad electoral en los comicios del 2018. De no ser así el contagio a las demás instituciones parece inminente.

Francisco Zorrilla. Maestro en derecho por la Universidad Rheinische Friedrich-Wilhelms en Bonn, Alemania, especialista en derecho constitucional por la UNAM y licenciado en derecho por el ITAM. En su ejercicio profesional ha trabajado como abogado en diversos despachos, en el entonces Instituto Federal Electoral y en el Instituto Electoral del Distrito Federal. Actualmente se desempeña como Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Distrito Federal.


1 http://elsecuestro.ahora.si/

2 http://bit.ly/2vGVonC

3 Hilbink Lisa, Jueces y política en democracia y dictadura. Lecciones desde Chile, Flacso, México, 2014.

Leer completo

En las últimas semanas ha trascendido en los medios de comunicación que diversos partidos políticos podrían llegar a un consenso en la Cámara de Diputados para llevar a cabo una nueva reforma electoral. El entusiasmo legislativo contrasta con las advertencias de los consejeros electorales del INE, en el sentido de que una eventual modificación al sistema electoral en estos momentos podría poner en juego la estabilidad política del país.

elecciones

De ahí que previo a la definición sobre la conveniencia o no de la reforma, valdría la pena hacer un recuento sobre la operación, las fortalezas y las debilidades que ha mostrado el sistema electoral mexicano, en especial en lo relativo a las autoridades electorales.

Para empezar, debemos tener presente que las actuales reglas electorales son producto de la última gran reforma electoral (2014) que tuvo sus orígenes en los objetivos del llamado “Pacto por México”, así como en las negociaciones que llevaron a cabo las entonces principales fuerzas políticas que suscribieron ese acuerdo. Uno de los objetivos destacados de esta reforma fue el crear un sistema electoral más competitivo y menos costoso, y con estándares y procedimientos similares en todo el país. Para ello se modificó el esquema de competencias de las autoridades electorales e incluso su denominación.

Desde entonces contamos con una autoridad nacional electoral (INE) y con 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), todos estos autónomos e independientes, con personalidad jurídica y patrimonio propio, pero que en la práctica funcionan cada vez más como si se tratara de una sola institución. Ello se debe principalmente a la concentración de competencias y tareas electorales en el INE y en el control que puede ejercer sobre las tareas que realizan los OPLES.

A partir de la facultad de asunción, el INE puede realizar directamente todas las actividades propias de los OPLES y, al ejercer la de atracción, el INE puede conocer de cualquier asunto trascendente competencia de los OPLES o, bien cuando estime necesario, fijar un criterio de interpretación en un caso novedoso.

Así, a tres años de la publicación de la reforma electoral en el Diario Oficial de la Federación, contamos ya con algunos elementos que nos permiten hacer una revisión preliminar sobre el funcionamiento de la reforma.

La designación de los nuevos consejeros locales

La narrativa política que acompañó la implementación de la reforma electoral hizo énfasis en que se debía evitar la injerencia de los gobernadores y/o el legislativo local en los órganos electorales, además de la necesidad de uniformar los estándares en la organización de las elecciones en los estados.

A partir de esa idea primigenia, la solución que se ofreció en la reforma fue que ya no fueran los congresos locales, sino el INE quien eligiera a los consejeros que integrarían los OPLES -a fin de garantizar la profesionalización en el cargo de los consejeros locales.

Para ello, el INE llevó a cabo un novedoso mecanismo de designación de consejeros que comprende examen de conocimientos, ensayo presencial, valoración curricular y una entrevista. A través de ese procedimiento se designaron consejeros electorales de manera escalonada en dieciocho entidades en 2014, trece en 2015, dos en 2016 y en 2017 se hará lo propio en catorce entidades.

Por otra parte, en un hecho inédito, el INE también removió en nueve casos a los consejeros electorales de los OPLES por causas graves en su desempeño. Se trata de los siete consejeros electorales del OPLE de Chiapas, un consejero del OPLE de Querétaro y de la consejera presidenta del OPLE de Colima.

En el caso del Instituto Electoral de Chiapas se acreditó que los consejeros validaron los registros de candidaturas en ese estado sin respetar la cuota de género, lo que evidentemente incumplía con la Constitución y la ley. Adicionalmente dejaron pasar alteraciones importantes y evidentes en la integración del padrón de ciudadanos en el extranjero, lo que dio lugar a múltiples denuncias de ciudadanos chiapanecos que no pudieron votar el día de la elección porque aparecían inscritos en ese padrón sin que ellos tuvieran conocimiento, además de que fueron registrados como si ya hubieran votado.

Cuando el INE conoció del caso determinó únicamente destituir a tres de los siete consejeros. Ello porque la votación para su destitución se llevó a cabo de manera individualizada, y no se alcanzó la mayoría calificada prevista por la ley para la destitución de cuatro de ellos. Empero, la decisión del INE se controvirtió ante la Sala Superior del TEPJF, la cual ordenó la destitución de todos los consejeros por la comisión de faltas graves, así como iniciar el procedimiento para la designación de sus relevos.

En Colima, unos días después de la elección, la consejera presidenta del OPLE le concedió una entrevista al periodista Joaquín López Dóriga y, sin contar con datos definitivos de la votación en ese estado, informó que las tendencias se habían revertido y favorecían al candidato a la gubernatura por el PAN. Unos momentos más tarde, la funcionaria volvió a llamar al programa para aclarar que con otros datos que le habían hecho llegar, más bien la ventaja era para el candidato del PRI y no del PAN.

El  Consejo General del INE había decidido inicialmente suspender por treinta días sin goce de sueldo a la Consejera Presidenta del OPLE de Colima. Sin embargo, la Sala Superior del TEPJF ordenó su destitución al estimar que dadas las circunstancias de crispación política en la entidad, su actuar fue notoriamente negligente, inepto y descuidado por lo que no debía permanecer en el cargo.

En Querétaro, por su parte, el partido Movimiento Ciudadano denunció que uno de los consejeros del OPLE percibía una remuneración por desempeñar actividades docentes en la Universidad Autónoma del Estado; lo que contraviene diversas normas jurídicas vinculadas con el ejercicio del cargo y por ello el funcionario debía ser removido.

Originalmente el INE acordó remover al consejero de su cargo al haberse acreditado la falta. No obstante, la Sala Superior concluyó que se habían cometido violaciones al debido proceso en el procedimiento disciplinario, por lo que echó para abajo la resolución del Consejo General del INE y dejó entrever que la remoción del cargo no es la única sanción posible para los consejeros electorales.

Todos estos casos revelan la dificultad que enfrenta el INE para disciplinar y sancionar a los consejeros electorales con el actual marco normativo. El problema es aún mayor, si consideramos que el procedimiento de remoción de consejeros se ha venido usando por diversos actores políticos, como un mecanismo de presión durante las contiendas electorales. Prueba de ello es el elevado y constante número de solicitudes de remoción de consejeros de los OPLES, tal y como lo reconoce el consejero del INE, Ciro Murayama.1

Debido a los problemas en la elección y la sanción de los consejeros de los OPLES, el INE acordó modificar el reglamento correspondiente, recién a finales de febrero de este año. Entre las modificaciones más relevantes del proyecto están el contemplar sanciones intermedias como la amonestación y la suspensión del cargo por un tiempo definido, una lista de reserva para aspirantes a consejeros y que para el caso de una vacante de los presidentes de los OPLES, sus integrantes puedan elegir entre ellos al sucesor o sucesora.2

El servicio profesional electoral nacional

El artículo 41, Base V, apartado D de la Constitución creó el servicio profesional electoral nacional, y en un artículo transitorio se facultó al INE para expedir los lineamientos para la incorporación de todos los servidores públicos de los entonces IFE y organismos locales al mismo.

Ello generó un sistema híbrido en el que los trabajadores del INE y de los OPLES conservan su relación laboral con sus respectivas instituciones, pero todos deben ingresar al servicio profesional nacional.

En su momento, el tema fue controvertido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual determinó que le corresponde al INE reglamentar el servicio profesional electoral de los órganos ejecutivos y técnicos de los OPLES y que las relaciones de trabajo entre los OPLES y sus trabajadores se regirán por las leyes locales.3

Así los trabajadores que ya estaban incorporados a un sistema profesional electoral en su entidad y que se certificaron en el sistema nacional, conservan su antigüedad y sus derechos laborales.4

Sin embargo, es evidente que el servicio profesional está vinculado con la relación laboral del trabajador y tiene repercusiones sobre ésta. Por ejemplo, el artículo 394  del Estatuto del Servicio Profesional enumera las causas por las que termina la relación laboral, entre ellas, el no obtener por tercera vez consecutiva una calificación mínima de ocho en la evaluación del desempeño.

Por lo tanto, las determinaciones que se generen en el INE respecto del servicio profesional podrían afectar el estatus laboral de un trabajador en cualquiera de las 32 OPLES en el país.

Los lineamientos para la designación de los servidores públicos en OPLES

En adición a los lineamientos del servicio profesional electoral, el INE aprobó normas para la designación de los servidores públicos titulares de las áreas ejecutivas de dirección de los OPLES.

En el documento en cuestión se refiere que la designación de los servidores públicos, titulares de las áreas ejecutivas de dirección de los OPLES, debe sujetarse a normas tendentes a preservar los principios de la materia, a efecto de que las autoridades electorales observen congruencia y uniformidad en la toma de decisiones de su estructura.

Cuando en su momento se impugnaron los lineamientos aprobados por el INE, la Sala Superior sostuvo que no se invadía la competencia de los estados, porque el INE cuenta con la atribución para atraer cualquier asunto de competencia de los OPLES, como es el caso del nombramiento de sus funcionarios ejecutivos.5 Por ello, el INE en ejercicio de su facultad de atracción puede regular y homologar los perfiles de los servidores públicos que integrarán los OPLES, sin que con ello se vulnere la autonomía estatal.

A partir de ese criterio, la Sala Regional de la ciudad de México del TEPJF resolvió que la designación del titular de la Unidad de Fiscalización, por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, violaba los principios de independencia y autonomía del Instituto Electoral del Distrito Federal.

De acuerdo con la Sala, si el instituto local goza de autonomía e independencia en sus decisiones y funciones, la designación de sus titulares debe hacerse por el propio instituto electoral con base en los principios rectores de la función electoral, y no a través del órgano legislativo de la entidad.

Los convenios con los OPLES y el reglamento de elecciones

A partir de la reforma electoral del 2014, el INE es la autoridad electoral competente para realizar la capacitación electoral, ubicación de casillas, designación de funcionarios de mesas de casillas, integración del padrón, listas de electores, el diseño y determinación de los distritos electorales a nivel federal y local.

En cambio, a los OPLES les corresponde la preparación de la jornada electoral, impresión de documentos y producción de materiales electorales, resultados preliminares, encuestas y sondeos de opinión, escrutinios y cómputos, declaración de validez, el otorgamiento de constancias en las elecciones locales y las no reservadas al INE.

Ante esta complicada distribución de competencias y tareas vinculadas estrechamente entre sí, el INE y los OPLES acordaron celebrar convenios de colaboración y coordinación para la realización de las elecciones. Hasta ahora, se han firmado diecisiete convenios en 2015 y trece en 2016. Los temas centrales han sido la casilla única, los programas en materia registral, los sistemas informáticos relacionados con el proceso electoral, el acceso a radio y televisión, así como la fiscalización.

En algún momento se cuestionó la legalidad de la firma de esos convenios, en particular la posibilidad de que el INE y los OPLES ejercieran atribuciones de manera conjunta.

Sobre el tema, la Sala Superior razonó que si el INE cuenta con la atribución para delegar la función relativa a la capacitación electoral, ubicación e integración de las casillas y sus funcionarios, por mayoría de razón cuenta con la atribución para celebrar convenios de colaboración y coordinación a efecto de que los organismos públicos electorales locales coadyuven con éste en el ejercicio de las atribuciones precisadas.6

Más recientemente, el INE expidió una nueva norma conocida como el “Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral” que tiene por objeto regular todas las cuestiones relativas a los procesos electorales tanto locales, como federales y coincidentes.

Aquí cabe resaltar que este reglamento aglutinó todos los temas en los que el INE ya había ejercido sus facultades de atracción, y dejó en claro que todos los mecanismos relativos a las elecciones serán definidos por el INE y, en su caso, podrán ser delegados a los OPLES cuando esa autoridad nacional así lo determine.

Financiamiento de los OPLES

Probablemente el financiamiento de los OPLES sea el problema estructural más visible en el nuevo sistema electoral. Si bien los OPLES son supervisados por el INE en sus labores y tareas, su presupuesto depende de los ejecutivos y congresos locales.

En ese sentido, tal y como lo ha manifestado el TEPJF en diversas ocasiones, la autonomía de los organismos públicos es un componente esencial para el funcionamiento y consolidación del sistema electoral, porque permite salvaguardar la independencia e imparcialidad en las decisiones de las autoridades electorales.

Durante la vigencia del nuevo sistema electoral, en algunos casos, los ejecutivos locales han modificado a la baja los presupuestos enviados por los OPLES sin que haya justificación aparente alguna, tal y como sucedió en 2016 para el estado de Veracruz y, más recientemente, en 2017 para el estado de Nayarit.

En el caso veracruzano, el TEPJF concluyó que no existía disposición jurídica que permitiera al gobernador apartarse de la propuesta original del proyecto de presupuesto de egresos presentado por el OPLE. En ese sentido, la Sala Superior determinó que una reducción financiera sustantiva, obstaculiza las actividades que le corresponden a la autoridad electoral local y, por ende, trastoca gravemente la función que tiene asignada constitucionalmente.7

No obstante, actualmente no existe una norma que obligue al ejecutivo y/o al legislativo de las entidades a ajustarse a los presupuestos de los OPLES, y tampoco existe disposición alguna que establezca un común denominador en los presupuestos de los OPLES, de manera tal que éstos puedan ser comparables entre sí.

Apuntes de viaje

Si revisamos en retrospectiva las motivaciones que dieron lugar a la reforma electoral del 2014, podríamos advertir que en el diagnóstico del problema e implementación de la reforma se pasó por alto las importantes asimetrías entre los institutos electorales en términos de recursos, personal, formación y profesionalización.

Algunos estudios sobre la calidad de las elecciones previos a la reforma del 2014 ya daban cuenta de este problema y, en este sentido, mostraban que algunos estados como Chiapas, Veracruz, Chihuahua, Yucatán y Tabasco concentraban el mayor número de irregularidades en las elecciones. Mientras que el Distrito Federal, Colima, Morelos, Guanajuato, Estado de México y Michoacán salían mucho mejor evaluados.8

La evidencia surgida a partir de la reforma parece apuntar a que aún después de la desaparición formal de los institutos electorales, algunas de esas asimetrías persisten en los OPLES porque las condiciones entre ellos siguen siendo disímbolas. Probablemente el mejor ejemplo de ello sea la disparidad de presupuestos, en los que existen marcadas diferencias que van más allá de factores como la extensión territorial, densidad poblacional, costo de vida en el estado u otros factores.9

Otro aspecto que resulta evidente de la reforma electoral del 2014 es su profunda complejidad y el desgaste que ha representado su implementación para las autoridades electorales. El INE ha tenido que llenar los vacíos de la norma a través de reglamentos y lineamientos administrativos, que en todos los casos se han controvertido ante los tribunales electorales.

Todo ello ha generado un sistema electoral poco accesible al ciudadano, en el que no queda del todo claro el alcance de las tareas y responsabilidades de las autoridades electorales. Más aún, la operación conjunta de tareas electorales de rutina tales como la capacitación de ciudadanos, instalación de casilla, traslado de paquetes y monitoreo de la jornada electoral, se ha vuelto un factor de riesgo al depender en buena medida de la entrega oportuna de recursos estatales.

¿Debemos desaparecer los OPLES?

Si analizamos el funcionamiento del sistema electoral a vuelo de pájaro, podríamos llegar a la conclusión de que los OPLES son prescindibles ya que el INE tiene competencia para asumir la organización de cualquier elección en el país. Lo cual implicaría que los estados dejaran de financiar las elecciones locales.

Sin embargo, si revisamos con atención lo que ha sucedido en estos tres años en que se ha implementado la reforma electoral llegaríamos a la conclusión contraria.

En principio, porque se ha avanzado en la construcción de un sistema a través de la vía legislativa, administrativa y jurisprudencial que aspira a estandarizar la calidad de las elecciones en todo el país, protegiendo la autonomía e independencia de los organismos electorales en los estados.

En ese sentido, suprimir a los OPLES equivaldría a tirar por la borda una inversión de tres años en recursos financieros, materiales y humanos para profesionalizar las elecciones en todo el país.

Más aun, el paso lógico siguiente de la implementación de la reforma electoral del 2014 es que el INE empiece a delegar en los OPLES diversas tareas electorales para despresurizar el sistema. Ello debería ser posible ya que el INE previamente ha certificado el profesionalismo de los consejeros electorales, miembros del servicio profesional electoral, directivos de las áreas ejecutivas y ha emitido las normas administrativas que rigen las tareas y procesos electorales en todo el país.

Finalmente, la desaparición de los OPLES y la concentración de las tareas electorales en el INE podría llevar a una parálisis del sistema nacional electoral ante conflictos político-electorales similares al del 2006, como en su momento lo advirtió José Woldenberg. Sin duda alguna, el proceso electoral del 2018 será una buena prueba de resistencia del sistema electoral con sus treinta elecciones locales, de diputados federales, senadores y presidente de la República. Esperemos superar la prueba.

Francisco Zorrilla. Maestro en derecho por la Universidad Rheinische Friedrich-Wilhelms en Bonn, Alemania, especialista en derecho constitucional por la UNAM y licenciado en derecho por el ITAM. En su ejercicio profesional ha trabajado como abogado en diversos despachos, en el entonces Instituto Federal Electoral y en el Instituto Electoral del Distrito Federal. Actualmente se desempeña como Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Distrito Federal.


1 Ver. Murayama Ciro, “Modelo INE-OPLE: un primer balance”, en Revista Voz y Voto, Número 287, enero 2017.

2 Ver.  Instituto Nacional Electoral, Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la modificación al Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y la remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales aprobado mediante el acuerdo INE/CG86/2015, en Punto 7. Sesión Ordinaria del 24 de febrero de 2017.

3 Diario Oficial de la Federación, sentencia dictada por el Tribunal Pleno en la Acción de Inconstitucionalidad 51/2014 y sus acumuladas 77/2014 y 79/2014, promovidas por el Partido de la Revolución Democrática y Partido Acción Nacional, así como los Votos Concurrentes formulados por los Ministros José Fernando Franco González Salas y José Ramón Cossío Díaz en dicho fallo, 16 de febrero de 2015.

4 Ver. SUP-JDC-581/2016 y Acumulados.

5 Ver. SUP-RAP-749/2015 y acumulados.

6 Ver. SUP-RAP-460/2016.

7 Ver. SUP-JE-108/2016.

8 Ver. Loza Nicolás y Méndez Irma, “De la calidad de las elecciones a la calidad de las democracias en los estados mexicanos, 2001-2012”, en Revista Mexicana de Derecho Electoral, Número 4, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.

9 Ibidem. Murayama Ciro…

Leer completo

En junio del año 2013, se aprobó la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y, entre otros temas importantes, se incluyó lo que ahora conocemos como los derechos de las audiencias. El reconocimiento de los derechos de los televidentes y radioescuchas se incorporó en el artículo sexto de la Constitución, como una vertiente del derecho a la información y a la libertad de expresión.

telecomunicaciones

Un año después, en 2014, se reformó la Ley Federal de Telecomunicaciones, que al igual que la Constitución, precisa que las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general y, por ello, el IFETEL debe vigilar y sancionar los incumplimientos a la ley de la materia.

Para realizar esa labor de orden e interés público, esta ley facultó al Instituto Federal de Telecomunicación (IFETEL) para expedir disposiciones administrativas de carácter general con la finalidad de regular los derechos de las audiencias, así como para asegurar el cumplimiento a los derechos de información, expresión y recepción de contenidos.

Como parte de ese proceso, en julio de 2015, el IFETEL sometió a consulta pública el “Proyecto de Lineamientos Generales sobe los Derechos de las Audiencias”. Recibió las observaciones correspondientes de diversas organizaciones vinculadas con los medios de comunicación y, a finales del año pasado, publicó la versión final de los lineamientos que entrarían en vigor en el mes de febrero de 2017.

¿Por qué regular la radio y la televisión?

En este sentido, vale recordar que la lógica detrás de la reforma constitucional y legal en materia de telecomunicaciones es la de “democratizar” el acceso a los medios, evitar la manipulación de las audiencias, así como garantizar la libertad de expresión en los medios de comunicación.

Actualmente existen legislaciones similares en Reino Unido, España, Australia y Colombia por mencionar algunos ejemplos. Se trata de legislaciones nacionales que consideran como una función primordial del Estado, el proteger y clarificar los derechos de las audiencias respecto de los contenidos que se difunden en radio y televisión.

El caso mexicano sigue esta senda internacional e incluye conceptos tales como “alfabetización mediática”, entendida como las acciones que tienen como finalidad promover la capacidad de análisis, comprensión y evaluación que permitan a las audiencias ejercer derechos inherentes a la eficiente utilización de contenidos audiovisuales.

Como parte del catálogo de derechos de las audiencias se incluyen la obligación de los medios de diferenciar con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta, el distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa, y la prohibición de transmitir propaganda o publicidad como si fuera información periodística o noticiosa. También se incluyen disposiciones especiales para las audiencias infantiles y con discapacidad, guías electrónicas de programación, además de la figura de la defensoría de audiencia.

En suma, los Lineamientos Generales sobre la defensa de las Audiencias buscan poner cierto orden a los contenidos que se difunden en la radio y televisión, y mejorar la calidad de la información que reciben las audiencias.

Las impugnaciones a los lineamientos sobre defensa de las audiencias

La protección de las audiencias no es un tema novedoso en nuestro país, desde el 2013 se incluyó expresamente en la Constitución, después en la Ley Federal de Telecomunicaciones y, en 2015, como ya se mencionó, se abrió una consulta pública a nivel nacional para recibir observaciones sobre el entonces proyecto de lineamiento sobre los derechos de las audiencias.

Sin embargo, no fue sino hasta hace unos días que tanto la Presidencia como el Senado de la República presentaron sendas controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que cuestionan la constitucionalidad de algunas disposiciones de la Ley de Telecomunicaciones y el contenido de los Lineamientos sobre la defensa de las Audiencias.

El argumento central de las controversias se basa en que el IFETEL, al emitir los lineamientos sobre defensa de las audiencias, estaría invadiendo una facultad exclusiva del Congreso de la Unión, ya que estaría regulando directamente una disposición constitucional.

Adicionalmente a ello, en las controversias se solicita que la Corte analice si los lineamientos vulneran la libertad de expresión y si invaden la competencia electoral –al no distinguir entre publicidad comercial de la de partidos y autoridades electorales.

Las dificultades que enfrenta la regulación

Independientemente de las buenas intenciones y beneficios que pueda aportar la regulación sobre la defensa de las audiencias, resulta evidente que ésta implica diversas cargas importantes para la industria de la radio y la televisión.

Para empezar, el nombramiento de un “Defensor” que deberá ser inscrito ante el IFETEL antes del inicio de sus funciones y que operaría de manera independiente al concesionario de radio o televisión, aun cuando éste deba cubrir los honorarios correspondientes.

En caso de que los departamentos o áreas internas del concesionario de radio o televisión no atiendan los requerimientos del defensor, el IFETEL podría iniciar un procedimiento administrativo sancionador en contra de tales empresas.

La distinción de la publicidad en los contenidos de la programación puede representar un reto importante porque el formato de diversos programas en radio y televisión está diseñado para transmitir “cápsulas de publicidad” entremezcladas con segmentos de entretenimiento. Más aun, existen programas de “televenta” dedicados exclusivamente a la promoción de diversos servicios y productos que tienen una demanda importante en algunos sectores de la población.

Por otra parte, la precisión entre la opinión y la información puede tener también sus repercusiones en el formato de algunos programas noticiosos o de debate, ya que a partir de alguna noticia o información se suele debatir y comentar con cierta libertad, sin especificar en cada comentario si se trata de una opinión o de una información noticiosa.

En el caso de las audiencias infantiles resulta casi imposible cumplir con algunos de los cometidos de los lineamientos, como es el caso de las prohibiciones para la publicidad infantil, ya que no se está modificando el sistema de comunicación político-electoral. De forma tal que durante los horarios de programación infantil, se seguirán transmitiendo los spots de los candidatos y partidos políticos en alguna entidad que tenga un proceso electoral y las audiencias infantiles seguirían expuestas a ellos.

Cabe recordar que la Suprema Corte ya ha conocido de otras controversias en las que se ha cuestionado la constitucionalidad1 de las facultades del IFETEL para emitir disposiciones administrativas de carácter general. En esos casos, la Corte ha precisado que el IFETEL sí puede emitir normas generales en el ámbito de sus competencias bajo ciertos límites de contenido y jerarquía. Por lo que próximamente, los ministros de la Suprema Corte tendrán que analizar si los lineamientos expedidos por el IFETEL excedieron sus competencias o si bien se ajustan al marco constitucional y legal aplicable a la materia.

Francisco Zorrilla. Maestro en derecho por la Universidad Rheinische Friedrich-Wilhelms en Bonn, Alemania, especialista en derecho constitucional por la UNAM y licenciado en derecho por el ITAM. En su ejercicio profesional ha trabajado como abogado en diversos despachos, en el entonces Instituto Federal Electoral y en el Instituto Electoral del Distrito Federal. Actualmente se desempeña como Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Distrito Federal.


1 Controversia Constitucional 117/2014.

Leer completo

El viernes pasado, el Congreso de Morelos determinó revocar el mandato a Cuauhtémoc Blanco Bravo, al considerar que no cumple con los requisitos de elegibilidad para ocupar el cargo de presidente municipal de Cuernavaca, Morelos.

Unos días antes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Juzgado Cuarto de Distrito del Décimo Octavo Circuito ordenaron al Congreso morelense suspender la remoción de Blanco, hasta en tanto se resolvieran la controversia constitucional planteada por el mismo municipio de Cuernavaca y el amparo indirecto presentado por su presidente municipal, respectivamente.

calle

De acuerdo con el comunicado oficial de la LIII Legislatura del estado de Morelos,  los legisladores aprobaron revocar el mandato al presidente municipal de Cuernavaca, pero dejaron pendiente la ejecución de esa decisión hasta en tanto se resuelvan en definitiva los asuntos que están en la Corte y en el juzgado federal.

Así, el Congreso local concluyó el proceso de remoción a Blanco; de tal manera, que su permanencia efectiva en el cargo depende únicamente de lo que resuelva el Poder Judicial Federal.

¿Por qué quieren destituir a Cuauhtémoc?

De acuerdo con los artículos 41, fracción IV de la Constitución del estado de Morelos, 182 y 183 de la Ley orgánica municipal de esa entidad, el Congreso del estado puede decretar la revocación del mandato de alguno de los integrantes de un ayuntamiento, en el supuesto de que éste no reúna los requisitos de elegibilidad previstos para el cargo.

Para ello se contempla un procedimiento en el que la Comisión de Gobierno del Congreso se erige en jurado, revisa las pruebas aportadas al caso y llama a comparecer y ofrecer pruebas al acusado. Una vez concluido el procedimiento, el asunto se somete a votación y, únicamente, procede la destitución si al menos dos terceras partes de los integrantes del Congreso aprueban la remoción.

En el caso de Cuauhtémoc Blanco, el Congreso local estimó que no cumplió con uno de los requisitos para ser electo, ya que supuestamente presentó una credencial de elector falsa al registrarse como candidato al cargo.

¿Pueden los legisladores locales analizar la elegibilidad de Blanco Bravo?

Eso es precisamente lo que tendrá que determinar la Suprema Corte de Justicia. De acuerdo con el artículo 105 fracción I de la Constitución, la Corte puede conocer de controversias que se presenten entre un municipio y un estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Esto es, la Corte revisará si el trámite de solicitud de revocación de mandato del presidente municipal de Morelos y las normas que rigen ese acto, se apegan a las competencias constitucionales y legales que debe tener el Congreso de Morelos.

Anteriormente, ya se han presentado conflictos legales relacionados con la determinación de las autoridades competentes para conocer de la remoción de funcionarios electos popularmente en el estado de Morelos.

En marzo del 2015, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conoció de los casos de dos legisladores,1 respecto de los cuales el Congreso de Morelos determinó aprobar la declaratoria de procedencia y la separación del cargo al considerarlos responsables de los delitos de peculado, abuso de autoridad y diversos ultrajes.

La Sala Superior resolvió en aquellos casos que la declaración de procedencia de la acción penal en contra de un diputado local, no tiene efecto o vinculación con sus derechos político-electorales, ya que la naturaleza de ese procedimiento está encaminada a la salvaguarda de los intereses públicos, ya que constituye una medida de carácter político-administrativa y no electoral.

Esto es, que no le correspondía a una autoridad electoral resolver sobre el asunto, sino más bien al Congreso del Estado al tratarse de una facultad parlamentaria. Sin embargo, el caso de Cuauhtémoc Blanco es diferente al de los legisladores locales.

De la elegibilidad de un candidato

Ordinariamente, el análisis de la elegibilidad de un candidato no es competencia de un órgano legislativo ya constituido, sino más bien de la autoridad electoral. No hay que olvidar que en nuestro país migramos de un sistema en el que los Colegios Electorales integrados por legisladores calificaban las elecciones, a otro esquema en el que las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia electoral son las responsables de esas tareas.

De acuerdo con la jurisprudencia reiterada de la Sala Superior del Tribunal Electoral,2 el análisis de la elegibilidad de los candidatos puede realizarse en dos momentos. En principio, al momento de su registro ante la autoridad electoral y, posteriormente, cuando se califica la elección respectiva.

En el caso de Cuauhtémoc Blanco esos dos momentos ya transcurrieron y la autoridad electoral competente determinó que cumplía con todos los requisitos de elegibilidad para contender por el cargo de presidente municipal de Cuernavaca. En un primer momento, cuando el Consejo Municipal Electoral en Morelos lo registró como candidato y, luego, cuando el Instituto Electoral Morelense le entregó su constancia como presidente municipal electo.

Independientemente de lo anterior, y con posterioridad a su elección, los legisladores del Congreso estatal consideraron que existen pruebas que indican que Blanco Bravo presentó una credencial de elector falsa en su registro y, por ello, habría incumplido con los requisitos previstos en la ley electoral.

Más aún, de acuerdo con el comunicado de prensa del Congreso estatal, el hecho de que el presidente municipal de Cuernavaca no se haya presentado a la audiencia en el procedimiento de destitución ante los diputados, da por hecho según los legisladores, que los cargos en su contra son válidos.

Por otra parte, todavía quedan pendientes los pronunciamientos de la FEPADE y de la Procuraduría General de Justicia del estado sobre si se ejercerá acción penal en contra de Blanco por la comisión de algún delito electoral y, en su caso, si éste tiene que ver con la falsificación de su credencial para votar.

La credencial para votar y los derechos político-electorales

El problema de analizar la elegibilidad del presidente municipal de Cuernavaca en su calidad de funcionario electo y ejerciendo el cargo es que esos actos ya quedaron firmes y corresponden a una etapa electoral concluida.

Más aún, en su momento, el tema sobre la elegibilidad de Blanco Bravo fue materia de controversia en los tribunales electorales y terminó confirmándose su registro al considerar que sí cumplía con todos los requisitos para postularse al cargo.

Por otra parte, la destitución de Cuauhtémoc a partir de la presunción sobre la falsedad de uno de los documentos que presentó para registrarse como candidato parece algo desmedida, si consideramos lo resuelto por el Tribunal Electoral en asuntos similares.

En abril de 2015, la Sala Superior del Tribunal Electoral conoció sobre la presunta inelegibilidad de Xóchitl Gálvez como candidata a Jefa Delegacional en Miguel Hidalgo, al no contar con una credencial para votar con domicilio en la Ciudad de México.

En ese caso, el Tribunal Electoral reiteró su criterio en el sentido de que la credencial para votar tiene actualmente una doble función: como documento oficial necesario para ejercer el derecho al sufragio y como medio de identificación oficial hasta en tanto no se expida la cédula de identidad ciudadana.

No obstante, la Sala Superior concluyó que ese requisito era desproporcionado como condición necesaria para registrarse como candidato y no atendía a un criterio de derechos humanos pro persona establecido en el artículo 1º de la Constitución.

De ahí que si bien la presentación de la credencial para votar está prevista por la norma electoral, ese documento por sí mismo carece de un fin constitucionalmente legítimo, ya que en ese caso entorpecía el pleno ejercicio de un derecho humano fundamental.

¿Y qué pasó con el juicio político en contra de Cuauhtémoc?

Poco después de que se diera a conocer la suspensión de la remoción del presidente municipal de Cuernavaca,  el abogado Raúl Carrancá y Rivas solicitó al Congreso morelense el inicio de un juicio político en contra de Blanco.

Las razones para el juicio político fueron hechas públicas en conferencia de prensa por el propio Carrancá, y básicamente aluden a que Cuauhtémoc Blanco no cumplió con el requisito de residencia en la ciudad para poder ser electo como presidente municipal.

Aunque evidentemente se trata de las mismas razones por las cuales se inició el proceso de destitución en contra de Cuauhtémoc, en la conferencia de prensa los abogados que presentaron la solicitud de juicio político enfatizaron que en su opinión no procedía la suspensión provisional ni la definitiva ya que se trataba de un asunto de interés social y orden público.

En otras palabras, se acudió al juicio político para destituir a Blanco en la lógica de que su ejecución no podría ser suspendida como en el caso del procedimiento de remoción del cargo que también se ventiló ante el Congreso del estado de Morelos.

No obstante, unos días después la Suprema Corte ordenó la suspensión de la medida ya que la remoción del cargo del presidente municipal dejaría sin materia la controversia constitucional en estudio.

Seguramente en estas primeras semanas del año tendremos noticias de cómo avanza la discusión del asunto en la Corte y, en su caso, si el asunto amerita la emisión de nuevos criterios.

Francisco ZorrillaMaestro en derecho por la Universidad Rheinische Friedrich-Wilhelms en Bonn, Alemania, especialista en derecho constitucional por la UNAM y licenciado en derecho por el ITAM. En su ejercicio profesional ha trabajado como abogado en diversos despachos, en el entonces Instituto Federal Electoral y en el Instituto Electoral del Distrito Federal. Actualmente se desempeña como Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Distrito Federal.


1 Ver juicios para la protección de los derechos político electorales SUP-JDC-764/2015 y SUP-JDC-765/2015.

2 Ver Jurisprudencia 7/2004 en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, página 109.

Leer completo