El presente texto trata sobre las coaliciones y candidaturas comunes y los criterios que se han adoptado para establecer sus límites y alcances. La finalidad del texto es presentar la forma en la que el TEPJF ha buscado evitar que estas asociaciones políticas se utilicen para eludir las reglas,1 de manera que generen situaciones que no tengan como objetivo fortalecer la democracia.

Las coaliciones y candidaturas comunes son formas de participación política con fines electorales, mediante las cuales dos o más partidos políticos deciden postular a los mismos candidatos. Estas formas de participación se distinguen principalmente por dos razones: a) la necesidad de suscribir una misma plataforma política, pues esto sólo es necesario en coaliciones; y b) las candidaturas a postular, una candidatura común puede presentar solo una candidatura y una coalición al menos el 25 % de las candidaturas.2 Así, en las coaliciones debe existir coincidencia ideológica y política entre los partidos políticos participantes; mientras que las candidaturas comunes mantienen su individualidad ya que sólo están de acuerdo en postular un candidato ya sea por su trayectoria o por el arraigo que tiene en la comunidad, entre otras cuestiones.

La posibilidad de que los institutos políticos se asocien deriva del derecho a la libertad de asociación en materia política.3 Este derecho cuenta con una dimensión colectiva que implica la libertad de auto-organización para alcanzar los objetivos de quienes formaron cada partido político. Así, la posibilidad de formar coaliciones y candidaturas comunes se encuentra reconocida como un derecho de los partidos.4 Lo anterior no supone que los partidos políticos puedan participar conjuntamente sin atender los procedimientos y requisitos definidos legalmente, sino que exige que la regulación para participar en alianzas sea objetiva y razonable.

En la Ley General de Partidos Políticos se encuentran los diversos requisitos5 que los partidos deben cumplir para participar en coaliciones y candidaturas comunes.6 Entre estas reglas se encuentra la obligación de que las coaliciones sean uniformes. El principio de uniformidad se fundamenta a partir de la reforma constitucional político-electoral del 10 de febrero de 2014 que incluyó la obligación de regular un sistema uniforme de coaliciones para los procesos electorales.7 No obstante, su origen proviene de la norma electoral del entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales publicado desde el 14 de enero de 2008.

La literalidad del artículo no ha cambiado desde su entrada en vigor. Se define a la uniformidad como la prohibición de los partidos de participar en más de una coalición y la obligación de que se integre con los mismos partidos para cada tipo de elección. ¿Qué implica, entonces el principio de uniformidad en la práctica? ¿Pueden los partidos integrar diferentes coaliciones, siempre que se respete un mínimo de coincidencia entre los partidos que las integran? ¿Pueden coexistir ambos formatos de participación, es decir, una candidatura común y una coalición que estén conformadas por los mismos partidos en una misma elección? En este caso, ¿habría alguna limitante para la formación de candidaturas comunes?

El principio de uniformidad bien entendido pretende fortalecer y estabilizar el sistema democrático. Por tanto, la tarea de los órganos de justicia es procurar la correcta aplicación del principio de uniformidad en la formación de asociaciones políticas para evitar la desnaturalización de esas figuras. Por ello, parecería que las controversias surgen a partir del entendimiento del principio de uniformidad y si le es aplicable a las candidaturas comunes. Las problemáticas se pueden clasificar en dos grandes temas: a) la viabilidad de las coaliciones dinámicas; y b) los límites a las candidaturas comunes ante la coexistencia de coaliciones.

Hasta ahora el TEPJF ha tenido dos posturas respecto del principio de uniformidad en el contexto de las coaliciones.  Por un lado, se sostiene que del principio de uniformidad se extrae la viabilidad de formar coaliciones dinámicas, es decir, aquellas en las que dos o más partidos contiendan de manera diferenciada, pero sólo entre los partidos que suscribieron el convenio de coalición, respecto de los distintos cargos a elegir –diputaciones, ayuntamientos y la gubernatura–.8 Por otro lado, se establece que las coaliciones deben participar como una unidad fija,9 por lo que la participación dinámica sería insostenible pues se estaría formando más de una coalición para un proceso electoral.10

Esta última postura es la que actualmente cuenta con mayoría y considero que es la que garantiza la funcionalidad de las coaliciones y abona a la representatividad y gobernabilidad. La representatividad implica que los partidos están obligados a representar a sus votantes.11 Si en una misma coalición hay diferentes formas de participación entre los partidos que la integran, entonces los ciudadanos tendrían poca información y certeza sobre sus representantes, debilitando el vínculo representativo. Respecto a la gobernabilidad, en sistemas multipartidistas algunos gobiernos han usado a las coaliciones para garantizar mayorías legislativas estables y para brindar cierto grado de seguridad y previsibilidad. Así, las coaliciones han sido una solución a los problemas derivados de la combinación de un sistema presidencialista y un sistema multipartidista.12

Ante ese escenario, las coaliciones son capaces de estabilizar y fortalecer el sistema democrático y, por tanto, garantizar una mayor gobernabilidad. Si se permitiera la formación de coaliciones dinámicas se abriría la posibilidad de que los partidos celebren un número indefinido de coaliciones y, por tanto, de posibilidades electorales. Esto podría generar un escenario con muchas opciones políticas y, por tanto, los efectos serían similares a un sistema multipartidista que tiende a fragmentar y debilitar la democracia.

Por tanto, el TEPJF ha optado por una lectura del principio de uniformidad que comprende a las coaliciones como una unidad fija, pues contribuye a garantizar la representatividad, la gobernabilidad eficaz y, además, facilita la revisión de dichas asociaciones frente al cumplimiento de las normas. Entonces, a partir de la posibilidad de que coexistan convenios de coalición y de candidatura común, ¿cuál sería el límite para las candidaturas comunes?

El TEPJF ha sido consistente en considerar viable la coexistencia de coaliciones y de candidaturas comunes por los mismos partidos, sin embargo, existen posiciones diferidas respecto a los requisitos que las candidaturas comunes deben cumplir en los casos de simultaneidad. A raíz de algunos asuntos se ha tenido que analizar si hay límites a la libertad de asociación en materia política frente al sistema normativo existente. Por una parte, se ha sostenido que no hay límites de participación pues los partidos pueden formar las candidaturas comunes que consideren convenientes de forma simultánea a una coalición sin que tengan que cumplir con la uniformidad, pues ello solo aplica cuando tienen que suscribir una plataforma política común.13 Por otro lado, se definió que el principio de uniformidad sí es aplicable a las candidaturas comunes cuando los partidos que las suscriben celebren un convenio de coalición en un mismo proceso electoral. Por lo que si un grupo de partidos forma una coalición podrá suscribir convenios de candidatura común siempre y cuando equivalgan a menos del 25 % de las candidaturas.14

En ese mismo criterio se estableció que si un grupo de partidos pretende respaldar todas las postulaciones para un mismo tipo de cargo, deben necesariamente realizarlo a través de una coalición. Esto es así, pues materialmente se estaría formando una plataforma electoral común, por lo que se debe evitar que las candidaturas comunes se utilicen como medios para manipular o eludir el régimen en materia de coaliciones.

De esta manera, al igual que en el caso de la inviabilidad respecto de las coaliciones dinámicas, podríamos afirmar que el TEPJF ha intentado últimamente evitar formas de participación que, si bien no están explícitamente prohibidas por definición en la ley, van en contra de los derechos constitucionales que permiten la formación de tales formas de participación asociada.

Estos criterios también son relevantes pues según la lógica del comportamiento de los partidos políticos, vista desde la perspectiva de la elección racional, estos siempre buscan utilizar ciertos medios para alcanzar los fines deseados.15 En este sentido, la teoría propuesta por Riker establece que los partidos se conducen por la noción de ganar por lo que buscarán maximizar sus resultados al menor costo posible.16

Es por esta razón, que el TEPJF ha buscado modificar las acciones de los partidos para lograr el respeto a las normas y principios respectivos. El reto institucional ha sido y seguirá siendo delimitar con claridad el marco en el que se puede ejercer el derecho de asociación, además de establecer, de forma concisa, las reglas que deberán cumplir los partidos que decidan participar conjuntamente. Es decir, ante los incentivos que tienen los partidos para desviarse del verdadero objetivo de las coaliciones y las candidaturas comunes, en la búsqueda de sus propios beneficios, las instituciones electorales deben actuar para contenerlos y lograr que estas herramientas abonen a la consolidación de la democracia.

Ana Cecilia López. Asesora de la ponencia de Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Gabriela Alejandra Leyva Orozco. Asesora de la ponencia de Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Reyes Rodríguez Mondragón. Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.


1 Por ejemplo, de financiamiento, fiscalización o la utilización ventajosa de las prerrogativas de radio y televisión.

2 En la reforma constitucional en materia político-electoral del 10 de febrero de 2014 se establecieron las definiciones de los tres tipos de coaliciones, las cuales se distinguen por la cantidad de candidaturas que los partidos políticos decidan registrar para un mismo proceso electoral (federal o local) y de forma conjunta, bajo una misma plataforma electoral. Estas son las siguientes:
i. Coalición total, en esta se postulan la totalidad de los candidatos.
ii. Coalición parcial, es aquella en la que se postulen al menos 50 % de las candidaturas.
iii. Coalición flexible, en la cual se postulen al menos 25 % de las candidaturas.
Los tipos de coaliciones también se definen en el artículo 88, de la Ley General de Partidos Políticos.

3 En los artículos 9 y 35 constitucionales se reconoce el derecho de los ciudadanos de asociarse libremente para tomar parte, en forma pacífica, en los asuntos políticos del país. También, en los artículos 16 de la Convención Americana y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se identifica la dimensión política del ejercicio del derecho de asociación.

4 Véase el artículo 23, párrafo 1, de la Ley General de Partidos Políticos.

5 Véanse los artículos 85, párrafos 2, 4 y 6; 87, 89, 90, 91 y 92, de la Ley General de Partidos Políticos.

6 En el párrafo 5, del artículo 85 de la Ley General de Partidos Políticos se señala que “será facultad de las entidades federativas establecer en sus Constituciones Locales otras formas de participación o asociación de los partidos políticos con el fin de postular candidaturas”.

7 Véase el artículo transitorio segundo del decreto de reforma aludido.

8 La Sala Superior sostuvo esta postura en el SUP-JRC-49/2017, aprobado por mayoría en la sesión pública del 16 de marzo de 2017. Dicho criterio también se encuentra en los juicios SUP-JRC-457/2014 y SUP-JRC-106/2016.

9 Véanse las sentencias relativas a los asuntos SUP-JRC-38/2018, SUP-REC-84/2018, el SUP-RAP-718/2017

10 Véase el artículo 87, párrafo 9, de la Ley General de Partidos Políticos.

11 Cain, Bruce, John Ferejohn, y Morris Fiorina. «The Personal Vote: Constituency Service and Electoral Independence.» The Journal of Politics 50, nº 4 (1998).

12 Chasquetti, Daniel. «Democracia, multipartidismo y coaliciones en América Latina: evaluando la difícil combinación.» En Tipos de Presidencialismo y Coaliciones Políticas en América Latina, de Jorge Lanzar, 319-349. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2001.

13 Véase el juicio SUP-REC-23/2018 aprobado por mayoría el 22 de marzo de 2018.

14 Véase el juicio SUP-REC-24/2018 aprobado por mayoría el 22 de marzo de 2018 y el SUP-JRC-66/2018 aprobado el 23 de mayo del mismo año.

15 McCubbins, Mathew D., y Michael F. Thies. Rationality and the Foundations of Positive Political Theory. Los Angeles, 1996.

16 Riker, William. The Theory of Political Coalitions. New Haven: Yale University Press, 1962.

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