El pasado 5 de septiembre los senadores Cruz Pérez Cuellar, Rubén Rocha Moya y Germán Martínez Cázares, integrantes del grupo parlamentario del partido Morena en la Cámara de Senadores, presentaron una iniciativa de reforma al régimen transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF) con la finalidad de reducir el periodo de encargo de cuatro magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).1

De prosperar esta reforma, los magistrados José Luis Vargas e Indalfer Infante Rodríguez tendrían que dejar el cargo el próximo 31 de octubre; mientras que el periodo de los magistrados Felipe Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón se reduciría a octubre de 2022.

A simple vista, esta iniciativa podría malinterpretarse como una medida legislativa tendiente a transgredir la independencia judicial del TEPJF; sin embargo, como se explicará más adelante, la iniciativa pretende enmendar de una vez por todas la arbitrariedad cometida a finales del año 2016 por el Congreso federal —posteriormente, respaldada por una mayoría en el Pleno de la Suprema Corte— consistente en prolongar indebidamente el cargo de cuatro magistrados electorales de la Sala Superior, lo que dañó severamente la independencia judicial y la legitimidad del máximo tribunal electoral de nuestro país.

No está demás mencionar que la relevancia de esta iniciativa de reforma a la LOPJF debe entenderse en el contexto de la denominada ‘Ley Bonilla’, cuyo contenido ha sido fuertemente criticado tanto por la oposición política como por el propio partido político del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla; sin dejar de lado las atinadas criticas que al respecto han emitido importantes abogados constitucionalistas.2 Como sabemos, en esencia, la objeción a dicha normatividad se centra en la inconstitucionalidad de la prolongación del mandato para el que fueron originalmente electos los servidores públicos a través de leyes emitidas con posterioridad a su elección, supuesto que en tiempos del ilustre ministro José María Iglesias habría encuadrado en la tesis de la “incompetencia de origen” de las autoridades responsables en el juicio de amparo.3

Ilustración: Patricio Betteo

En dos distintos textos publicados bajo los títulos Tribunal 404 y La Suprema Corte y, ¿el fin de la legitimidad del Tribunal Electoral? sostuvimos puntualmente la inconstitucionalidad de la prolongación del periodo de duración de los cargos para los cuales fueron elegidos los magistrados electorales de la Sala Superior del TEPJF.4

Explicábamos que, desde la publicación de la reforma en materia electoral del año 2007, el artículo 99 de nuestra Constitución establece que la elección de los miembros que integren la Sala Superior del TEPJF debe ser escalonada. Por ello, el decreto de la reforma constitucional en materia electoral de 2007 estableció que fuera la ley secundaria la que regulara el escalonamiento que se seguiría en los nombramientos de los magistrados electorales.

Para dar cumplimiento a lo anterior, en 2008 se modificaron algunas disposiciones de la LOPJF y en el artículo cuarto transitorio del decreto respectivo se estableció el procedimiento a seguir para la elección escalonada de los magistrados de la Sala Superior, mismo que se reproduce a continuación:

Artículo Cuarto.- Para efectos del escalonamiento en la elección de los magistrados de la Sala Superior establecido en el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estará a lo siguiente:

I. Antes del 20 de abril de 2015, la Cámara de Senadores elegirá al magistrado electoral de la Sala Superior que sustituya al magistrado cuyo mandato concluye en la fecha antes citada; el electo lo será para un período que concluirá el 4 de noviembre de 2016.

II. A más tardar el 30 de octubre de 2016, la Cámara de Senadores elegirá a siete nuevos magistrados electorales de la Sala Superior que iniciarán su mandato el 4 de noviembre de 2016; dos de ellos concluirán su mandato el 31 de octubre de 2019, dos más el 31 de octubre de 2022 y los tres restantes el 31 de octubre de 2025. Al aprobar los nombramientos el Senado deberá señalar el período de mandato que corresponde a cada magistrado. Todos aquellos que hayan desempeñado el cargo de magistrado electoral no podrán ser reelectos.

En 2016, ocho años después, la Suprema Corte y el Senado eligieron de manera coordinada a los siete magistrados electorales de la Sala Superior de conformidad con el artículo 99, párrafo decimo primero, de la Constitución, el cual establece que:

Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior y regionales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La elección de quienes las integren será escalonada, conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley.

Hasta ese momento José Luis Vargas Valdez e Indalfer Infante González fueron designados por el Senado de la República para un periodo de tres años que concluiría el 2019 y; por su parte, Felipe Fuentes Barrera y Reyes Mondragón Rodríguez, para un periodo de seis años que concluiría hasta el 2022 y Janine Otálora Malassis, Mónica Soto Fregoso y Felipe de la Mata Pizaña para un periodo de nueve años que culminará en el 2025.

Sin embargo, días después de concluido el procedimiento de elección, y habiendo rendido protesta ante el Senado los siete magistrados de la Sala Superior el 27 de octubre de 2016, el Congreso de la Unión decidió aumentar —a través de una reforma a la LOPJF— el periodo de encargo de cuatros magistrados, esto a pesar de que, como hemos insistido, el nombramiento ya se había realizado conforme al artículo 99 constitucional y al régimen transitorio de la LOPJF.

Así pues, luego de un polémico procedimiento legislativo, el 03 de noviembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma el artículo Cuarto de las Disposiciones Transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado el 1o. de julio de 2008, cuyos fragmentos se citan a continuación:

Artículo Cuarto.- …

Los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, electos por la Cámara de Senadores el 20 de octubre de 2016 y cuyo mandato inicia el 4 de noviembre del mismo año, desempeñarán su encargo conforme a lo siguiente:

a) Los dos Magistrados electos originalmente para el periodo comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2019, durarán en su encargo hasta el 31 de octubre de 2023;

b) Los dos Magistrados electos originalmente para el periodo comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2022, durarán en su encargo hasta el 31 de octubre de 2024, y

c) Los tres Magistrados restantes, ejercerán su encargo en los mismos términos de la elección realizada por la Cámara de Senadores, en el periodo comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2025.

Y agrega en el régimen transitorio respectivo:

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A la entrada en vigor del presente Decreto, la Cámara de Senadores realizará, durante la presente Legislatura, las acciones necesarias para dar cumplimiento al mismo en relación con los dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, electos el 20 de octubre de 2016 y cuyo mandato concluirá el 31 de octubre de 2019 y de los dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, electos en esa misma fecha y cuyo mandato concluirá el 31 de octubre de 2022. Las acciones deberán de incluir la correspondiente toma de protesta para el desempeño del cargo con su nueva duración.

El Senado de la República emitirá una declaración para la aplicación del presente Decreto una vez publicado.5

En cumplimiento de lo anterior, el 4 de noviembre de 2016, la Cámara de Senadores emitió un nuevo acuerdo para cumplir con la modificación al periodo de los magistrados de la Sala Superior, en el que se establece que:

Quinto.- Los magistrados José Luis Vargas Valdez, Indalfer Infante Gonzales, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón, serán convocados por el presidente de la Mesa Directiva para acudir ante el Pleno de la Cámara de Senadores a rendir la protesta por el periodo que para cada uno de ellos dispone el Decreto por el que se reforma el artículo Cuarto de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de noviembre de 2016.6

Finalmente, el 5 de noviembre de 2016 se tomó la protesta nuevamente a los magistrados electorales por el nuevo plazo señalado. Así, a José Luis Vargas e Indalfer Infante González, quienes deberían dejar el cargo en 2019, se les amplió el plazo de 3 a 7 años, es decir, hasta el 2023; mientras que los otros dos, Felipe Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón, elegidos por un periodo que concluía en el 2022, recibieron un aumento de 6 a 8 años, esto es, hasta el 2024.

Ante esta situación, los partidos políticos Morena y de la Revolución Democrática promovieron por separado acciones de inconstitucionalidad en contra del decreto que reformó el precepto transitorio aludido de la LOPJF. El asunto fue turnado al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien en su proyecto original propuso resolver las acciones de inconstitucionalidad 99/2016 y su acumulada 104/2016 en el sentido de declarar inconstitucional el “Decreto por el que se reforma el artículo Cuarto de las Disposiciones Transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado el 1o. de julio de 2008”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de noviembre de dos mil dieciséis.

Sin embargo, una vez discutido el asunto en el Pleno, y con argumentos sumamente endebles, se determinó reconocer la validez de dicho decreto por mayoría de seis votos de los ministros Luna Ramos, Pardo Rebolledo, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Aguilar Morales; mientras que los ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea y Piña Hernández votaron por la invalidez del referido decreto.7

En ese orden de ideas, estimamos que la propuesta de los senadores Cruz Pérez Cuellar, Rubén Rocha Moya y German Martínez Cázares tiene como finalidad salvaguardar elementos fundamentales que el poder legislativo violentó y que la Suprema Corte se negó a defender tales como la supremacía constitucional, la división de poderes y la independencia del máximo tribunal electoral de nuestro país.

A continuación, con el propósito de esclarecer el valor democrático e institucional de la iniciativa de reforma propuesta por los legisladores, enlistaremos los razonamientos planteados por el ministro Alfredo Ortiz Mena, líder de la minoría de cinco ministros de la Suprema Corte que votó en el sentido de declarar inconstitucional el decreto que prolongó el periodo de encargo de los magistrados electorales de la Sala Superior del TEPJF. Por último, mencionaremos los argumentos esgrimidos en la exposición de motivos de la referida reforma presentada en el Senado de la República.

Argumentos del ministro Alfredo Ortiz Mena

• Violación al procedimiento de designación artículo 99 constitucional.
• Violación a la independencia judicial y división de poderes.
• Violación a los principios de seguridad jurídica e irretroactividad de la ley.
• Violación al esquema regulatorio de escalonamiento de las magistraturas electorales.8

Argumentos expuestos en la exposición de motivos de la iniciativa de reforma presentada en la Cámara de Senadores

• La restitución del orden jurídico original de la temporalidad de los nombramientos garantizará, en mayor medida, los principios de abstracción y generalidad de la ley.
• La restitución del orden de nombramientos originalmente previsto fortalece la división de competencias entre dos poderes del estado y con ello el sistema constitucional.
• La restitución del orden originalmente previsto elimina cualquier falta de legitimidad de los magistrados electorales, por la ausencia de competencia de los órganos que ampliaron el plazo.
• La restitución del orden originalmente previsto, además de ser más apegada a la constitución, paralelamente, pondera la necesidad de fortalecer la legitimidad judicial.
• La restitución del orden originalmente es más apegada a la ponderación política, ajena al control judicial, respecto de la conveniencia de un escalonamiento más estable.
• La restitución del orden originalmente previsto contribuye a eliminar cualquier sospecha de retroactividad.

Una vez expuesto lo anterior, tenemos que el Congreso de la Unión tiene la oportunidad de rectificar con relación a una decisión que claramente puso en jaque a la justicia electoral de nuestro país, opinión que comparte la minoría de ministros de la Suprema Corte. La cual, en su momento, votó en el sentido de declarar inconstitucional el decreto que prolonga la duración de los magistrados electorales en su cargo.

De prosperar la iniciativa de reforma propuesta por los senadores Cruz Pérez Cuellar, Rubén Rocha Moya y German Martínez Cázares, el poder legislativo estaría devolviendo la independencia judicial y la legitimidad a nuestro máximo tribunal electoral, misma que en su momento le arrebató indebidamente.

No puede pasar desapercibido que, desde el 27 de junio de 2017, fecha en que el Pleno de la Suprema Corte resolvió la acción de inconstitucionalidad 99/2016 y su acumulada 104/2016, la integración y la presidencia del máximo tribunal de nuestro país ha cambiado, lo que podría implicar un cambio en el criterio mayoritario en torno al tema que nos ocupa.

En ese sentido, sobre el eventual escenario que podría traer consigo la aprobación de esta reforma a la LOPJF, habría que adelantarnos a las posibles demandas de amparo promovidas por parte de los magistrados los magistrados José Luis Vargas Valdez, Indalfer Infante Gonzales, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón para defender la validez del decreto que le permitió prorrogar la duración de sus cargos y, paralelamente, para impugnar la constitucionalidad del nuevo decreto que reduciría la temporalidad de los mismos; asimismo, habría que adelantar los argumentos que seguramente se sostendrán en caso de promoverse acciones de inconstitucionalidad contra la reforma al régimen transitorio de la LOPJF.

Por último, es necesario reflexionar sobre la interpretación conforme que el Poder Legislativo también está obligado a hacer de las normas jurídicas de nuestro sistema normativo, lo anterior para plantear posibles métodos de cooperación entre Congreso de la Unión y el poder judicial para efectos de preservar la supremacía constitucional frente a cualquier intento contramayoritario en contra de las instituciones de nuestro país.

Iván Estrada Acero. Licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y alumno de la maestría en derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Becario Conacyt.


1 Consúltese iniciativa en: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2019-09-05-1/assets/documentos/Inic_Morena_Ley_Organica_PJF.pdf

2 Véase “Caso Baja California: jugar con fuego”, disponible en: https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=9998

3 Sobre la incompetencia de origen, consúltese “Ignacio Vallarta. La incompetencia de origen y los derechos políticos”.

4 Leer “Tribunal 404” y “La Suprema Corte y, ¿el fin de la legitimidad del Tribunal Electoral?” en https://horizontal.mx/tepjf-404/ y https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?author_name=ivan-jair-estrada-acero respectivamente.

5 Consúltese en: http://www.dof.gob.mx//avisos/2529/SG_031116/SG_031116.html

6 Véase el decreto en: http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2016/11/asun_3440466_20161104_1478298313.pdf

7 Sentencia de la acción de inconstitucionalidad 99/2016 y su acumulada 104/2016 disponible en: http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=207074

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El día de hoy, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) continuará discutiendo la acción de inconstitucionalidad 99/2016 y su acumulada 104/2016 promovidas respectivamente por los partidos políticos MORENA y PRD en contra del decreto por el que se reforma el artículo cuarto de las disposiciones transitorias del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado el 1 de julio de 2008.

08-corte

Señalábamos previamente que, en virtud de dichas modificaciones realizadas por el Congreso de la Unión, cuatro de los siete miembros de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) vieron prolongado el plazo de su cargo como magistrados electorales para el que habían sido elegidos.

A los juzgadores José Luis Vargas e Indalfer Infante González, quienes deberían dejar el cargo en 2019, se les amplió el plazo de 3 a 7 años, es decir, hasta el 2023; mientras que los otros dos, Felipe Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón, elegidos hasta el 2022, recibieron un aumento de 6 a 8 años, esto es, hasta el 2024.

Lo anterior, aun cuando ya habían sido elegidos por el Senado de la República y la Constitución determina explícitamente que el cargo de magistrado electoral es de carácter improrrogable. Como era de esperarse, ello suscitó críticas provenientes desde la oposición política, la academia y organizaciones de la sociedad civil, quienes señalaron la falta de independencia del máximo tribunal electoral. En respuesta diversos partidos políticos presentaron acciones de inconstitucionalidad en contra de esta ampliación de estos cargos ante la Suprema Corte.

El ministro Alfredo Gutiérrez, ministro ponente, elaboró el proyecto de resolución que propone declarar inconstitucionales las modificaciones que prolongaron injustificadamente el tiempo de duración de los magistrados electorales. Hasta ahora, los ministros Jorge Pardo Rebolledo, Eduardo Medina Morena y Javier Laynez Potisek ya se han manifestado en contra del mismo.1

A continuación, se presenta un resumen de los puntos principales de dicho proyecto, el cual estimamos que, de convertirse en sentencia, daría un revés a uno de los ejemplos más nítidos de vulneración a los principios de división de poderes, independencia judicial y supremacía constitucional de los últimos tiempos:

a) Violación al artículo 99 de la Constitución e invasión de competencias constitucionales

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz estima que el Congreso de la Unión trasgredió el procedimiento establecido en el artículo 99, párrafo décimo primero, de la Constitución, consistente en que el Senado realice el nombramiento escalonado de los magistrados una vez conformadas las ternas por la SCJN. Esto debido a que en el decreto impugnado el Congreso se tomó la licencia para revocar y sustituir una decisión ya tomada por el órgano representativo correspondiente; lo que implica, a todas luces, una suplantación de competencias constitucionales.

b) Violación al carácter contra-mayoritario del Tribunal Electoral

Por otra parte, el proyecto señala que, a diferencia del procedimiento constitucional agravado donde se prevé que sea una mayoría calificada del Senado la que elija a cada uno de los magistrados electorales, la norma impugnada dio lugar a que los cuatro juzgadores electorales fueran elegidos en su periodo extendido por una mayoría relativa del Congreso –una prueba más de que el Senado fue excluido en la nueva asignación.

Si bien el proyecto considera que el Congreso sí tenía facultades para emitir la ley donde se estableciera el escalonamiento, dicho procedimiento ya había sido fijado y agotado anteriormente por la Corte y la Cámara de Senadores. En consecuencia, la participación unilateral del Congreso merma el blindaje que la propia Constitución había previsto para el máximo tribunal electoral.

c) Transgresión a los principios de división de poderes y justicia imparcial en su vertiente de independencia judicial, entre otros.

Tras un amplio estudio del parámetro constitucional (conformado principalmente por criterios jurisprudenciales nacionales e internacionales) el proyecto estima que debe declararse inconstitucional el cambio normativo toda vez que “se introdujo justo el tipo de inestabilidad en las condiciones de los nombramientos, inamovilidad y estabilidad de los titulares de la función jurisdiccional que genera una vulneración a los principios de acceso a la justicia y división de poderes, en su vertiente de independencia judicial”.

d) Vulneración a las garantías mínimas de los juzgadores electorales

El ministro ponente también alerta del peligro que implicaría para las garantías mínimas de los juzgadores electorales inherentes al cargo, tales como la remuneración, la estabilidad en el cargo y certidumbre sobre la temporalidad de sus funciones. Si bien es verdad que en esta ocasión se trató de una prolongación de la duración en el cargo, no es menos cierto que esa prolongación no se sujetó al procedimiento constitucional previsto para los nombramientos de magistrados electorales y que, de quedarse como está, abriría la puerta a futuros cambios que afectarían la estabilidad e inamovilidad de los magistrados, dotando al legislador ordinario de un poder ilimitado.

e) Violación de los principios de seguridad jurídica e irretroactividad

Uno de los aspectos más interesantes del análisis realizado en el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz es el relativo a los conceptos de violación denunciados por los partidos MORENA y PRD contra los artículos 14 y 16 de la Constitución, que a su vez son el fundamento de los principios de seguridad jurídica e irretroactividad.

De acuerdo con la teoría de los componentes sostenida por la SCJN en anteriores ocasiones —y citada en el proyecto que nos ocupa— al realizarse el nombramiento de los magistrados electorales, el decreto original seguía teniendo consecuencias sucesivas consistentes en que esos mandatos finalizarán en fechas diferenciadas: “dos, el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve; dos más, el treinta y uno de octubre de dos mil veintidós y, tres más, el treinta y uno de octubre dedos mil veinticinco”.

Lo anterior implica que, al momento de aplicarse retroactivamente la norma impugnada a los nombramientos de los magistrados, ésta incidió en situaciones jurídicas surgidas bajo la vigencia del decreto original lo que es, evidentemente, inconstitucional.2

f) Transgresión al escalonamiento en la designación de magistrados electorales.

Por último, el proyecto también sostiene —al igual que los partidos políticos promoventes— la inconstitucionalidad del escalonamiento establecido por la norma impugnada. El ministro ponente argumenta que, “si bien el Congreso contaba con las facultades para reglamentar el régimen transitorio de escalonamiento de la Sala Superior del TEPJF, éste contradice frontalmente la arquitectura pretendida por el Poder Constituyente para la integración de uno de sus órganos especializados de naturaleza jurisdiccional”.

El ministro ponente afirma que la modificación en la duración de los cuatros magistrados electorales afectados por la reforma a la LOPFJ trastoca la idea de conseguir experiencia y periodicidad en la Sala Superior, así como la armonización del escalonamiento con los procesos electorales federales y la renovación de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE); elementos que el poder revisor de la Constitución quería garantizar al modificar el artículo 99 de la misma.

Conclusiones

Como lo menciona el ministro Gutiérrez Ortiz Mena —al inicio del estudio de fondo—, este asunto es de la mayor trascendencia constitucional, pues se decide el futuro del órgano jurisdiccional más importante del sistema electoral mexicano. Las próximas elecciones presidenciales serán validadas por esta institución y en el ideario colectivo sus anteriores decisiones han presentado problemas de legitimidad y constitucionalidad.

No deja ser interesante que las acciones de inconstitucionalidad contra la norma impugnada hayan sido promovidas por la oposición política. Se presenta ante nosotros la oportunidad de presenciar la eficacia de las herramientas jurídicas que el sistema otorga a las minorías parlamentarias para cuestionar la constitucionalidad de las leyes emitidas por las mayorías. Nada podría ser mejor que enviar el mensaje a la oposición de que la justicia constitucional es independiente y, por lo tanto, imparcial.

Tampoco podemos obviar que la Suprema Corte tiene la posibilidad de reivindicar un procedimiento constitucional para elegir a los juzgadores electorales del cual formó parte y que otro poder (el Legislativo) se encargó de suplantar. ¿Qué decidirá el máximo tribunal de nuestro país? Ya lo veremos el día de hoy.

Iván Jair Estrada Acero. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez


1 Véase aquí “Ampliación del mandato en el TEPJF divide a Corte”.

2 Para para más información sobre la teoría de los componentes, véase “Retroactividad de las leyes. su determinación conforme a la teoría de los componentes de la norma”.

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