En los próximos días, el presidente de López Obrador deberá integrar una terna de candidatos a ocupar la vacante —debido a la reciente renuncia a su cargo como ministro de Eduardo Medina Mora— y enviarla a la Cámara de Senadores para que ésta designe a un nuevo ministro.

Diversos actores políticos han sugerido al presidente que la terna esté conformada por hombres y/o mujeres independientes, con una trayectoria comprobada y alejados del partido político que hoy gobierna México. Asimismo, algunas organizaciones civiles han planteado la necesidad de transparentar el mecanismo que se utilizará para la conformación de dicha terna.1

Desde luego, esta no es la primera vez que el nombramiento de un integrante del máximo tribunal de nuestro país incentiva el debate público. Gran parte de la polémica se ha debido a la deficiente regulación y oscuridad que ha caracterizado al procedimiento de integración de las ternas por parte del presidente de la República.  Un ejemplo de lo anterior fue la carta enviada por litigantes, académicos y organizaciones de la sociedad civil al expresidente Enrique Peña Nieto en 2015, solicitándole que transparentara el procedimiento que utilizaría para integrar la terna de candidatos a ocupar las vacantes de los exministros Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero. Lo cual no sucedió.2

Ilustración: Víctor Solís

Y es que de acuerdo con los artículos 89, fracción XVIII, y 96 de la Constitución, el presidente de la República tiene la facultad de enviar al Senado una terna de candidatos a ministros de la Suprema Corte, sujetándose a los requisitos mínimos para ser ministro que establece el artículo 95 constitucional. Los cuales, en nuestra opinión, son insuficientes para garantizar la independencia, el prestigio profesional y académico, así como la contribución social en las materias relacionadas con el derecho constitucional y los derechos humanos, de quienes aspiran a integrar la Corte.

En ese orden de ideas, al tratarse de requisitos relativamente fáciles de superar, el ejecutivo federal cuenta con una enorme discrecionalidad al decidir quiénes conformarán la terna. Con esto se incentiva que, al final del día, lo único que determine la decisión del presidente sea su cercanía o afinidad política con los elegidos. De igual manera, se deja de lado tanto la opinión de la ciudadanía, como las recomendaciones de los especialistas en materia jurídica.

Desde luego, nos parecen importantes y merecedoras de análisis las propuestas de reforma al texto constitucional para modificar la manera en que se lleva a cabo la designación de los ministros de la Suprema Corte; sin embargo, en tanto dicha reforma a la Constitución no llegue, proponemos una alternativa para que el ejecutivo federal garantice la transparencia en la integración de las ternas de candidatos a la Corte —incluyendo la que está por presentar para sustituir al exministro Eduardo Medina Mora— sin la necesidad de esperar a que se reforme el texto constitucional, lo anterior a la luz de un ejercicio de derecho comparado entre México y Colombia.

La Corte Constitucional colombiana y el decreto número 0537

En Colombia, al igual que en nuestro país, el presidente de la República es el encargado de integrar las ternas de los candidatos a magistrados de la Corte Constitucional, mismas que debe enviar al Senado para que éste decida quién será el nuevo magistrado de dicho tribunal.

Así, en relación con el nombramiento de jueces constitucionales, el artículo 239, párrafo segundo, de la Constitución de Colombia señala de manera muy genérica que:“…los Magistrados de la Corte Constitucional serán elegidos por el Senado de la República para períodos individuales de ocho años, de sendas ternas que le presenten el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado…”.

De igual manera, los artículos 318 de la Ley 5 de 1992 y 44 de la Ley 270 de 1996, reglamentarios del artículo 239 de la Constitución colombiana, omiten ahondar en el procedimiento a seguir por el presidente de la República para integrar las ternas respectivas, quedando dicha facultad a su total discrecionalidad, a excepción de los requisitos que cada candidato debe cumplir como mínimo según el propio texto fundamental.

En virtud de lo anterior, el 25 de marzo de 2015, Juan Manuel Santos, entonces presidente de Colombia, publicó el decreto presidencial número 0537 mediante el cual reguló el trámite que debía seguirse para la integración de las ternas de candidatos a ocupar el cargo de magistrado de la Corte Constitucional, esto en respuesta a una serie de solicitudes de la sociedad civil donde se reclamaba transparencia en el procedimiento.3

De acuerdo con el artículo 189, numeral 11, de la Constitución colombiana, el presidente de la República tiene la facultad de “ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes”. Dicha disposición le permitió a Santos reglamentar su propia facultad de integrar las ternas de candidatos a integrar la Corte Constitucional.

El presidente Santos clasificó este instrumento como una medida de “autorregulación” para alentar la confianza de los ciudadanos respecto del proceso que se sigue para nombrar a los altos dignatarios de su país. Meses después de su publicación, el decreto número 0537 se llevó a la práctica a propósito de la salida del magistrado Mauricio González de la Corte Constitucional.

Primero se emitió una invitación pública dirigida a todos los ciudadanos para postularse como candidatos a ocupar el cargo de magistrado constitucional. Una vez registrados, se realizó un filtro entre los mismos atendiendo a los criterios mínimos que establece la ley. Acto seguido, las universidades del país se encargaron de emitir sus opiniones relativas a los candidatos restantes.

Cabe señalar que, pese a la facultad que el decreto le daba al ejecutivo colombiano para proponer adicionalmente otros candidatos distintos a los que se registraron gracias a la convocatoria pública, éste decidió no ejercerla.

Posteriormente, el mandatario se entrevistó con algunos de los candidatos para finalizar la conformación de la terna y presentarla al Senado. Una vez hecho lo anterior, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, reveló que la terna se conformaría por Catalina Botero Marino, ex Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH; Magdalena Correa Henao, académica y servidora pública de la Agencia Jurídica del Estado, y Alejandro Linares, egresado de Harvard y exvicepresidente jurídico de Ecopetrol, misma que pasó al Congreso de la República. Finalmente, el Senado se decantó por Alejandro Linares para conformar al tribunal constitucional colombiano.

Por último, hay que mencionar que para fundamentar la emisión del decreto número 0537, el presidente colombiano también citó los principios de participación y pluralidad, igualdad, moralidad, imparcialidad y publicidad previstos en los artículos 1 y 209 de la Constitución colombiana.

A nuestro parecer, la interpretación que el expresidente Santos hizo de dichos principios para autorregular su actuación en uno de los procedimientos más importantes de un Estado constitucional, como lo es el nombramiento de jueces constitucionales, representa una auténtica voluntad de promover la participación ciudadana y la transparencia en los actos gubernamentales, hecho que debiera tomarse como referente en otros países de América Latina.

La necesidad de un decreto que autorregule la facultad de integración de las ternas a ministros

A diferencia de la Constitución colombiana, nuestro texto constitucional no señala de manera literal y expresa la facultad del presidente de la República para ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de decretos, resoluciones y órdenes que resulten necesarios para la ejecución de las leyes.

Sin embargo, el fundamento de la facultad reglamentaria del ejecutivo federal en México ha derivado de la interpretación que ha hecho la Suprema Corte de la fracción I del artículo 89 constitucional, mismo que a la letra dice: “Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia”. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte ha emitido la siguiente jurisprudencia:

FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL. SUS PRINCIPIOS Y LIMITACIONES. La Suprema Corte ha sostenido reiteradamente que el artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal establece la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo Federal, la que se refiere a la posibilidad de que dicho poder provea en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes; es decir, el Poder Ejecutivo Federal está autorizado para expedir las previsiones reglamentarias necesarias para la ejecución de las leyes emanadas por el órgano legislativo. Estas disposiciones reglamentarias, aunque desde el punto de vista material son similares a los actos legislativos expedidos por el Congreso de la Unión en cuanto que son generales, abstractas e impersonales y de observancia obligatoria, se distinguen de las mismas básicamente por dos razones: la primera, porque provienen de un órgano distinto e independiente del Poder Legislativo, como es el Poder Ejecutivo; la segunda, porque son, por definición constitucional, normas subordinadas a las disposiciones legales que reglamentan y no son leyes, sino actos administrativos generales cuyos alcances se encuentran acotados por la misma Ley. Asimismo, se ha señalado que la facultad reglamentaria del Presidente de la República se encuentra sujeta a un principio fundamental: el principio de legalidad, del cual derivan, según los precedentes, dos principios subordinados: el de reserva de ley y el de subordinación jerárquica a la misma. El primero de ellos evita que el reglamento aborde novedosamente materias reservadas en forma exclusiva a las leyes emanadas del Congreso de la Unión o, dicho de otro modo, prohíbe a la ley la delegación del contenido de la materia que tiene por mandato constitucional regular. El segundo principio consiste en la exigencia de que el reglamento esté precedido de una ley, cuyas disposiciones desarrolle, complemente o detalle y en los que encuentre su justificación y medida. Así, la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo Federal tiene como principal objeto un mejor proveer en la esfera administrativa, pero siempre con base en las leyes reglamentadas. Por ende, en el orden federal el Congreso de la Unión tiene facultades legislativas, abstractas, amplias, impersonales e irrestrictas consignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para expedir leyes en las diversas materias que ésta consigna; por tanto, en tales materias es dicho órgano legislativo el que debe materialmente realizar la normatividad correspondiente, y aunque no puede desconocerse la facultad normativa del Presidente de la República, dado que esta atribución del titular del Ejecutivo se encuentra también expresamente reconocida en la Constitución, dicha facultad del Ejecutivo se encuentra limitada a los ordenamientos legales que desarrolla o pormenoriza y que son emitidos por el órgano legislativo en cita”.4

En ese sentido, de acuerdo con la jurisprudencia previamente citada, el presidente López Obrador tiene la facultad de reglamentar el cumplimiento de los artículos 89, fracción XVIII, y 96 de la Constitución, así como los artículos 14, fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 17, fracción XXI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de nombramiento de ministros de la Suprema Corte.

Por otra parte, si el ejecutivo federal decidiera emitir una convocatoria pública donde cualquier ciudadano o ciudadana pudiera externar su pretensión de integrar la terna respectiva y donde además se permitiera que la ciudadanía, la academia y las universidades puedan opinar acerca de los candidatos, estaría garantizando de manera amplia los principios de transparencia, máxima publicidad, participación ciudadana e igualdad dispersos a lo largo y ancho de nuestro texto constitucional.

Cada que se abre una vacante para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corre estamos ante una nueva posibilidad de que el presidente de la República en turno actúe de una manera distinta a sus predecesores. Desde luego, la renuncia del exministro Eduardo Medina Mora ha abierto de una vez más la posibilidad de erradicar, de una vez por todas, la nula transparencia que caracteriza a la integración de las ternas de candidatos a ministros por parte del presidente de la República. Una verdadera transformación de la República no puede darse el lujo de mantener las viejas prácticas antidemocráticas que han contribuido a generar opacidad y desconfianza en el procedimiento de designación de los altos funcionarios del Poder Judicial de la Federación. Urge mayor capacidad e independencia en el máximo tribunal de nuestro país.

 

Iván Estrada Acero. Licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y alumno de la maestría en derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.


1 Organizaciones civiles y ciudadanos exigen transparencia en el nombramiento del nuevo ministro o ministra. Véase: http://laprensa.mx/notas.asp?id=597403

2 Académicos y sociedad civil cuestionan al presidente Enrique Peña Nieto. Véase: https://bit.ly/2riGciP

3 Decreto número 0537 https://bit.ly/2NMha2S

4 Consultar jurisprudencia 79/2009 en: https://bit.ly/2JTUfBN

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El pasado 5 de septiembre los senadores Cruz Pérez Cuellar, Rubén Rocha Moya y Germán Martínez Cázares, integrantes del grupo parlamentario del partido Morena en la Cámara de Senadores, presentaron una iniciativa de reforma al régimen transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF) con la finalidad de reducir el periodo de encargo de cuatro magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).1

De prosperar esta reforma, los magistrados José Luis Vargas e Indalfer Infante Rodríguez tendrían que dejar el cargo el próximo 31 de octubre; mientras que el periodo de los magistrados Felipe Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón se reduciría a octubre de 2022.

A simple vista, esta iniciativa podría malinterpretarse como una medida legislativa tendiente a transgredir la independencia judicial del TEPJF; sin embargo, como se explicará más adelante, la iniciativa pretende enmendar de una vez por todas la arbitrariedad cometida a finales del año 2016 por el Congreso federal —posteriormente, respaldada por una mayoría en el Pleno de la Suprema Corte— consistente en prolongar indebidamente el cargo de cuatro magistrados electorales de la Sala Superior, lo que dañó severamente la independencia judicial y la legitimidad del máximo tribunal electoral de nuestro país.

No está demás mencionar que la relevancia de esta iniciativa de reforma a la LOPJF debe entenderse en el contexto de la denominada ‘Ley Bonilla’, cuyo contenido ha sido fuertemente criticado tanto por la oposición política como por el propio partido político del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla; sin dejar de lado las atinadas criticas que al respecto han emitido importantes abogados constitucionalistas.2 Como sabemos, en esencia, la objeción a dicha normatividad se centra en la inconstitucionalidad de la prolongación del mandato para el que fueron originalmente electos los servidores públicos a través de leyes emitidas con posterioridad a su elección, supuesto que en tiempos del ilustre ministro José María Iglesias habría encuadrado en la tesis de la “incompetencia de origen” de las autoridades responsables en el juicio de amparo.3

Ilustración: Patricio Betteo

En dos distintos textos publicados bajo los títulos Tribunal 404 y La Suprema Corte y, ¿el fin de la legitimidad del Tribunal Electoral? sostuvimos puntualmente la inconstitucionalidad de la prolongación del periodo de duración de los cargos para los cuales fueron elegidos los magistrados electorales de la Sala Superior del TEPJF.4

Explicábamos que, desde la publicación de la reforma en materia electoral del año 2007, el artículo 99 de nuestra Constitución establece que la elección de los miembros que integren la Sala Superior del TEPJF debe ser escalonada. Por ello, el decreto de la reforma constitucional en materia electoral de 2007 estableció que fuera la ley secundaria la que regulara el escalonamiento que se seguiría en los nombramientos de los magistrados electorales.

Para dar cumplimiento a lo anterior, en 2008 se modificaron algunas disposiciones de la LOPJF y en el artículo cuarto transitorio del decreto respectivo se estableció el procedimiento a seguir para la elección escalonada de los magistrados de la Sala Superior, mismo que se reproduce a continuación:

Artículo Cuarto.- Para efectos del escalonamiento en la elección de los magistrados de la Sala Superior establecido en el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estará a lo siguiente:

I. Antes del 20 de abril de 2015, la Cámara de Senadores elegirá al magistrado electoral de la Sala Superior que sustituya al magistrado cuyo mandato concluye en la fecha antes citada; el electo lo será para un período que concluirá el 4 de noviembre de 2016.

II. A más tardar el 30 de octubre de 2016, la Cámara de Senadores elegirá a siete nuevos magistrados electorales de la Sala Superior que iniciarán su mandato el 4 de noviembre de 2016; dos de ellos concluirán su mandato el 31 de octubre de 2019, dos más el 31 de octubre de 2022 y los tres restantes el 31 de octubre de 2025. Al aprobar los nombramientos el Senado deberá señalar el período de mandato que corresponde a cada magistrado. Todos aquellos que hayan desempeñado el cargo de magistrado electoral no podrán ser reelectos.

En 2016, ocho años después, la Suprema Corte y el Senado eligieron de manera coordinada a los siete magistrados electorales de la Sala Superior de conformidad con el artículo 99, párrafo decimo primero, de la Constitución, el cual establece que:

Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior y regionales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La elección de quienes las integren será escalonada, conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley.

Hasta ese momento José Luis Vargas Valdez e Indalfer Infante González fueron designados por el Senado de la República para un periodo de tres años que concluiría el 2019 y; por su parte, Felipe Fuentes Barrera y Reyes Mondragón Rodríguez, para un periodo de seis años que concluiría hasta el 2022 y Janine Otálora Malassis, Mónica Soto Fregoso y Felipe de la Mata Pizaña para un periodo de nueve años que culminará en el 2025.

Sin embargo, días después de concluido el procedimiento de elección, y habiendo rendido protesta ante el Senado los siete magistrados de la Sala Superior el 27 de octubre de 2016, el Congreso de la Unión decidió aumentar —a través de una reforma a la LOPJF— el periodo de encargo de cuatros magistrados, esto a pesar de que, como hemos insistido, el nombramiento ya se había realizado conforme al artículo 99 constitucional y al régimen transitorio de la LOPJF.

Así pues, luego de un polémico procedimiento legislativo, el 03 de noviembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma el artículo Cuarto de las Disposiciones Transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado el 1o. de julio de 2008, cuyos fragmentos se citan a continuación:

Artículo Cuarto.- …

Los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, electos por la Cámara de Senadores el 20 de octubre de 2016 y cuyo mandato inicia el 4 de noviembre del mismo año, desempeñarán su encargo conforme a lo siguiente:

a) Los dos Magistrados electos originalmente para el periodo comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2019, durarán en su encargo hasta el 31 de octubre de 2023;

b) Los dos Magistrados electos originalmente para el periodo comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2022, durarán en su encargo hasta el 31 de octubre de 2024, y

c) Los tres Magistrados restantes, ejercerán su encargo en los mismos términos de la elección realizada por la Cámara de Senadores, en el periodo comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2025.

Y agrega en el régimen transitorio respectivo:

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A la entrada en vigor del presente Decreto, la Cámara de Senadores realizará, durante la presente Legislatura, las acciones necesarias para dar cumplimiento al mismo en relación con los dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, electos el 20 de octubre de 2016 y cuyo mandato concluirá el 31 de octubre de 2019 y de los dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, electos en esa misma fecha y cuyo mandato concluirá el 31 de octubre de 2022. Las acciones deberán de incluir la correspondiente toma de protesta para el desempeño del cargo con su nueva duración.

El Senado de la República emitirá una declaración para la aplicación del presente Decreto una vez publicado.5

En cumplimiento de lo anterior, el 4 de noviembre de 2016, la Cámara de Senadores emitió un nuevo acuerdo para cumplir con la modificación al periodo de los magistrados de la Sala Superior, en el que se establece que:

Quinto.- Los magistrados José Luis Vargas Valdez, Indalfer Infante Gonzales, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón, serán convocados por el presidente de la Mesa Directiva para acudir ante el Pleno de la Cámara de Senadores a rendir la protesta por el periodo que para cada uno de ellos dispone el Decreto por el que se reforma el artículo Cuarto de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de noviembre de 2016.6

Finalmente, el 5 de noviembre de 2016 se tomó la protesta nuevamente a los magistrados electorales por el nuevo plazo señalado. Así, a José Luis Vargas e Indalfer Infante González, quienes deberían dejar el cargo en 2019, se les amplió el plazo de 3 a 7 años, es decir, hasta el 2023; mientras que los otros dos, Felipe Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón, elegidos por un periodo que concluía en el 2022, recibieron un aumento de 6 a 8 años, esto es, hasta el 2024.

Ante esta situación, los partidos políticos Morena y de la Revolución Democrática promovieron por separado acciones de inconstitucionalidad en contra del decreto que reformó el precepto transitorio aludido de la LOPJF. El asunto fue turnado al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien en su proyecto original propuso resolver las acciones de inconstitucionalidad 99/2016 y su acumulada 104/2016 en el sentido de declarar inconstitucional el “Decreto por el que se reforma el artículo Cuarto de las Disposiciones Transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado el 1o. de julio de 2008”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de noviembre de dos mil dieciséis.

Sin embargo, una vez discutido el asunto en el Pleno, y con argumentos sumamente endebles, se determinó reconocer la validez de dicho decreto por mayoría de seis votos de los ministros Luna Ramos, Pardo Rebolledo, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Aguilar Morales; mientras que los ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea y Piña Hernández votaron por la invalidez del referido decreto.7

En ese orden de ideas, estimamos que la propuesta de los senadores Cruz Pérez Cuellar, Rubén Rocha Moya y German Martínez Cázares tiene como finalidad salvaguardar elementos fundamentales que el poder legislativo violentó y que la Suprema Corte se negó a defender tales como la supremacía constitucional, la división de poderes y la independencia del máximo tribunal electoral de nuestro país.

A continuación, con el propósito de esclarecer el valor democrático e institucional de la iniciativa de reforma propuesta por los legisladores, enlistaremos los razonamientos planteados por el ministro Alfredo Ortiz Mena, líder de la minoría de cinco ministros de la Suprema Corte que votó en el sentido de declarar inconstitucional el decreto que prolongó el periodo de encargo de los magistrados electorales de la Sala Superior del TEPJF. Por último, mencionaremos los argumentos esgrimidos en la exposición de motivos de la referida reforma presentada en el Senado de la República.

Argumentos del ministro Alfredo Ortiz Mena

• Violación al procedimiento de designación artículo 99 constitucional.
• Violación a la independencia judicial y división de poderes.
• Violación a los principios de seguridad jurídica e irretroactividad de la ley.
• Violación al esquema regulatorio de escalonamiento de las magistraturas electorales.8

Argumentos expuestos en la exposición de motivos de la iniciativa de reforma presentada en la Cámara de Senadores

• La restitución del orden jurídico original de la temporalidad de los nombramientos garantizará, en mayor medida, los principios de abstracción y generalidad de la ley.
• La restitución del orden de nombramientos originalmente previsto fortalece la división de competencias entre dos poderes del estado y con ello el sistema constitucional.
• La restitución del orden originalmente previsto elimina cualquier falta de legitimidad de los magistrados electorales, por la ausencia de competencia de los órganos que ampliaron el plazo.
• La restitución del orden originalmente previsto, además de ser más apegada a la constitución, paralelamente, pondera la necesidad de fortalecer la legitimidad judicial.
• La restitución del orden originalmente es más apegada a la ponderación política, ajena al control judicial, respecto de la conveniencia de un escalonamiento más estable.
• La restitución del orden originalmente previsto contribuye a eliminar cualquier sospecha de retroactividad.

Una vez expuesto lo anterior, tenemos que el Congreso de la Unión tiene la oportunidad de rectificar con relación a una decisión que claramente puso en jaque a la justicia electoral de nuestro país, opinión que comparte la minoría de ministros de la Suprema Corte. La cual, en su momento, votó en el sentido de declarar inconstitucional el decreto que prolonga la duración de los magistrados electorales en su cargo.

De prosperar la iniciativa de reforma propuesta por los senadores Cruz Pérez Cuellar, Rubén Rocha Moya y German Martínez Cázares, el poder legislativo estaría devolviendo la independencia judicial y la legitimidad a nuestro máximo tribunal electoral, misma que en su momento le arrebató indebidamente.

No puede pasar desapercibido que, desde el 27 de junio de 2017, fecha en que el Pleno de la Suprema Corte resolvió la acción de inconstitucionalidad 99/2016 y su acumulada 104/2016, la integración y la presidencia del máximo tribunal de nuestro país ha cambiado, lo que podría implicar un cambio en el criterio mayoritario en torno al tema que nos ocupa.

En ese sentido, sobre el eventual escenario que podría traer consigo la aprobación de esta reforma a la LOPJF, habría que adelantarnos a las posibles demandas de amparo promovidas por parte de los magistrados los magistrados José Luis Vargas Valdez, Indalfer Infante Gonzales, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón para defender la validez del decreto que le permitió prorrogar la duración de sus cargos y, paralelamente, para impugnar la constitucionalidad del nuevo decreto que reduciría la temporalidad de los mismos; asimismo, habría que adelantar los argumentos que seguramente se sostendrán en caso de promoverse acciones de inconstitucionalidad contra la reforma al régimen transitorio de la LOPJF.

Por último, es necesario reflexionar sobre la interpretación conforme que el Poder Legislativo también está obligado a hacer de las normas jurídicas de nuestro sistema normativo, lo anterior para plantear posibles métodos de cooperación entre Congreso de la Unión y el poder judicial para efectos de preservar la supremacía constitucional frente a cualquier intento contramayoritario en contra de las instituciones de nuestro país.

Iván Estrada Acero. Licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y alumno de la maestría en derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Becario Conacyt.


1 Consúltese iniciativa en: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2019-09-05-1/assets/documentos/Inic_Morena_Ley_Organica_PJF.pdf

2 Véase “Caso Baja California: jugar con fuego”, disponible en: https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=9998

3 Sobre la incompetencia de origen, consúltese “Ignacio Vallarta. La incompetencia de origen y los derechos políticos”.

4 Leer “Tribunal 404” y “La Suprema Corte y, ¿el fin de la legitimidad del Tribunal Electoral?” en https://horizontal.mx/tepjf-404/ y https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?author_name=ivan-jair-estrada-acero respectivamente.

5 Consúltese en: http://www.dof.gob.mx//avisos/2529/SG_031116/SG_031116.html

6 Véase el decreto en: http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2016/11/asun_3440466_20161104_1478298313.pdf

7 Sentencia de la acción de inconstitucionalidad 99/2016 y su acumulada 104/2016 disponible en: http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=207074

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El día de hoy, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) continuará discutiendo la acción de inconstitucionalidad 99/2016 y su acumulada 104/2016 promovidas respectivamente por los partidos políticos MORENA y PRD en contra del decreto por el que se reforma el artículo cuarto de las disposiciones transitorias del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado el 1 de julio de 2008.

08-corte

Señalábamos previamente que, en virtud de dichas modificaciones realizadas por el Congreso de la Unión, cuatro de los siete miembros de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) vieron prolongado el plazo de su cargo como magistrados electorales para el que habían sido elegidos.

A los juzgadores José Luis Vargas e Indalfer Infante González, quienes deberían dejar el cargo en 2019, se les amplió el plazo de 3 a 7 años, es decir, hasta el 2023; mientras que los otros dos, Felipe Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón, elegidos hasta el 2022, recibieron un aumento de 6 a 8 años, esto es, hasta el 2024.

Lo anterior, aun cuando ya habían sido elegidos por el Senado de la República y la Constitución determina explícitamente que el cargo de magistrado electoral es de carácter improrrogable. Como era de esperarse, ello suscitó críticas provenientes desde la oposición política, la academia y organizaciones de la sociedad civil, quienes señalaron la falta de independencia del máximo tribunal electoral. En respuesta diversos partidos políticos presentaron acciones de inconstitucionalidad en contra de esta ampliación de estos cargos ante la Suprema Corte.

El ministro Alfredo Gutiérrez, ministro ponente, elaboró el proyecto de resolución que propone declarar inconstitucionales las modificaciones que prolongaron injustificadamente el tiempo de duración de los magistrados electorales. Hasta ahora, los ministros Jorge Pardo Rebolledo, Eduardo Medina Morena y Javier Laynez Potisek ya se han manifestado en contra del mismo.1

A continuación, se presenta un resumen de los puntos principales de dicho proyecto, el cual estimamos que, de convertirse en sentencia, daría un revés a uno de los ejemplos más nítidos de vulneración a los principios de división de poderes, independencia judicial y supremacía constitucional de los últimos tiempos:

a) Violación al artículo 99 de la Constitución e invasión de competencias constitucionales

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz estima que el Congreso de la Unión trasgredió el procedimiento establecido en el artículo 99, párrafo décimo primero, de la Constitución, consistente en que el Senado realice el nombramiento escalonado de los magistrados una vez conformadas las ternas por la SCJN. Esto debido a que en el decreto impugnado el Congreso se tomó la licencia para revocar y sustituir una decisión ya tomada por el órgano representativo correspondiente; lo que implica, a todas luces, una suplantación de competencias constitucionales.

b) Violación al carácter contra-mayoritario del Tribunal Electoral

Por otra parte, el proyecto señala que, a diferencia del procedimiento constitucional agravado donde se prevé que sea una mayoría calificada del Senado la que elija a cada uno de los magistrados electorales, la norma impugnada dio lugar a que los cuatro juzgadores electorales fueran elegidos en su periodo extendido por una mayoría relativa del Congreso –una prueba más de que el Senado fue excluido en la nueva asignación.

Si bien el proyecto considera que el Congreso sí tenía facultades para emitir la ley donde se estableciera el escalonamiento, dicho procedimiento ya había sido fijado y agotado anteriormente por la Corte y la Cámara de Senadores. En consecuencia, la participación unilateral del Congreso merma el blindaje que la propia Constitución había previsto para el máximo tribunal electoral.

c) Transgresión a los principios de división de poderes y justicia imparcial en su vertiente de independencia judicial, entre otros.

Tras un amplio estudio del parámetro constitucional (conformado principalmente por criterios jurisprudenciales nacionales e internacionales) el proyecto estima que debe declararse inconstitucional el cambio normativo toda vez que “se introdujo justo el tipo de inestabilidad en las condiciones de los nombramientos, inamovilidad y estabilidad de los titulares de la función jurisdiccional que genera una vulneración a los principios de acceso a la justicia y división de poderes, en su vertiente de independencia judicial”.

d) Vulneración a las garantías mínimas de los juzgadores electorales

El ministro ponente también alerta del peligro que implicaría para las garantías mínimas de los juzgadores electorales inherentes al cargo, tales como la remuneración, la estabilidad en el cargo y certidumbre sobre la temporalidad de sus funciones. Si bien es verdad que en esta ocasión se trató de una prolongación de la duración en el cargo, no es menos cierto que esa prolongación no se sujetó al procedimiento constitucional previsto para los nombramientos de magistrados electorales y que, de quedarse como está, abriría la puerta a futuros cambios que afectarían la estabilidad e inamovilidad de los magistrados, dotando al legislador ordinario de un poder ilimitado.

e) Violación de los principios de seguridad jurídica e irretroactividad

Uno de los aspectos más interesantes del análisis realizado en el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz es el relativo a los conceptos de violación denunciados por los partidos MORENA y PRD contra los artículos 14 y 16 de la Constitución, que a su vez son el fundamento de los principios de seguridad jurídica e irretroactividad.

De acuerdo con la teoría de los componentes sostenida por la SCJN en anteriores ocasiones —y citada en el proyecto que nos ocupa— al realizarse el nombramiento de los magistrados electorales, el decreto original seguía teniendo consecuencias sucesivas consistentes en que esos mandatos finalizarán en fechas diferenciadas: “dos, el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve; dos más, el treinta y uno de octubre de dos mil veintidós y, tres más, el treinta y uno de octubre dedos mil veinticinco”.

Lo anterior implica que, al momento de aplicarse retroactivamente la norma impugnada a los nombramientos de los magistrados, ésta incidió en situaciones jurídicas surgidas bajo la vigencia del decreto original lo que es, evidentemente, inconstitucional.2

f) Transgresión al escalonamiento en la designación de magistrados electorales.

Por último, el proyecto también sostiene —al igual que los partidos políticos promoventes— la inconstitucionalidad del escalonamiento establecido por la norma impugnada. El ministro ponente argumenta que, “si bien el Congreso contaba con las facultades para reglamentar el régimen transitorio de escalonamiento de la Sala Superior del TEPJF, éste contradice frontalmente la arquitectura pretendida por el Poder Constituyente para la integración de uno de sus órganos especializados de naturaleza jurisdiccional”.

El ministro ponente afirma que la modificación en la duración de los cuatros magistrados electorales afectados por la reforma a la LOPFJ trastoca la idea de conseguir experiencia y periodicidad en la Sala Superior, así como la armonización del escalonamiento con los procesos electorales federales y la renovación de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE); elementos que el poder revisor de la Constitución quería garantizar al modificar el artículo 99 de la misma.

Conclusiones

Como lo menciona el ministro Gutiérrez Ortiz Mena —al inicio del estudio de fondo—, este asunto es de la mayor trascendencia constitucional, pues se decide el futuro del órgano jurisdiccional más importante del sistema electoral mexicano. Las próximas elecciones presidenciales serán validadas por esta institución y en el ideario colectivo sus anteriores decisiones han presentado problemas de legitimidad y constitucionalidad.

No deja ser interesante que las acciones de inconstitucionalidad contra la norma impugnada hayan sido promovidas por la oposición política. Se presenta ante nosotros la oportunidad de presenciar la eficacia de las herramientas jurídicas que el sistema otorga a las minorías parlamentarias para cuestionar la constitucionalidad de las leyes emitidas por las mayorías. Nada podría ser mejor que enviar el mensaje a la oposición de que la justicia constitucional es independiente y, por lo tanto, imparcial.

Tampoco podemos obviar que la Suprema Corte tiene la posibilidad de reivindicar un procedimiento constitucional para elegir a los juzgadores electorales del cual formó parte y que otro poder (el Legislativo) se encargó de suplantar. ¿Qué decidirá el máximo tribunal de nuestro país? Ya lo veremos el día de hoy.

Iván Jair Estrada Acero. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez


1 Véase aquí “Ampliación del mandato en el TEPJF divide a Corte”.

2 Para para más información sobre la teoría de los componentes, véase “Retroactividad de las leyes. su determinación conforme a la teoría de los componentes de la norma”.

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