Picapleitos, cuervos, avenegras, abogansters, coyotes, chicaneros, “chocarreros, pánfilos, seres de chicha o nabo, o tontos de capirote”…,1 son algunos motes endilgados a las personas que ejercen la abogacía; provocados, generalmente, por su comportamiento tan despistado como malicioso. Y es que estos operadores jurídicos, al confundir lo pragmático con lo indebido, terminan negando la posibilidad de declarar válida o inválida cualquier tipo de acción desarrollada dentro de la faceta que desempeñan.

No hay que olvidar que, si bien cada profesión es un trabajo, no cada trabajo es una profesión. Es decir, no cada trabajo es una forma de ganarse la vida pues, de alguna u otra manera, la idea que encierra una profesión suele empatarse con cierto prestigio y cierta dignidad que otros trabajos no profesionales a menudo excluyen.

Cuando, por lo general, las noticias sobre abogados (limitadas a efímeros escándalos locales, notas rojas, o intrascendentes chimes sociales) quedan relegadas de la agenda pública, por la atención que reciben los actos de otros agentes del derecho (como los jueces o los propios servidores públicos de la administración en turno), en días pasados, un par de casos sobre abogados han sido la excepción, llamando la atención no solo de una gran parte del gremio sino de la comunidad en general. El impacto de ambas noticias descubre una soberana confusión respecto al tratamiento de los conflictos profesionales de los abogados en nuestro entorno, y de sus respectivas consecuencias para con sus clientes y el sistema con el que trabajan.

Ilustración: Patricio Betteo

El primer caso2 trata sobre el prestigioso abogado Javier Coello Trejo, quien encabeza la defensa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya (actualmente prófugo de la justicia, por estar presuntamente implicado en la trama de Odebrecht por lavado de dinero y corrupción), pero, al mismo tiempo, también funge desde hace años como el apoderado legal de Alejandro Gertz Manero, nada más y nada menos que, el Fiscal General de la República que está a cargo de investigar a dicho exfuncionario.

El segundo caso (difundido por la mayoría de los medios de comunicación del país) implica la detención del célebre y mediático abogado Juan Collado (quien ha sido defensor de personajes como Carlos Ahumada, Diego Fernández de Cevallos, Raúl Salinas de Gortari, Mario Villanueva…, incluso recientemente se encargó de llevar a cabo el divorcio de Enrique Peña Nieto), por su probable responsabilidad en la comisión de diversos delitos como delincuencia organizada y lavado de dinero.

En ambos supuestos, y en términos generales, podría llegar a afirmarse que la lógica que impregna lo sucedido se equipara con aquella memorable declaración atribuida al lúgubre cacique del partido político hegemónico que durante muchos años gobernó en México, Gonzalo N. Santos, quien al ser cuestionado sobre los límites de sus turbias prácticas gubernamentales en provecho personal, respondió que: “la moral es un árbol que da moras…”. Pues, mientras se deforma y se desconoce un ámbito al que necesariamente se tiene que recurrir para reconocer alguna concepción de la justicia de una realidad jurídica, parecería que los abogados involucrados aprovechan el carácter liberal de su profesión para situarse en una cómoda posición que justifica todas y cada una de sus diligencias.

Y aunque lo sucedido con Coello y Collado parecería coincidente, lo cierto es que cada uno pone en evidencia particularidades de la forma en que la moral se ve relacionada con el ejercicio profesional del Derecho. Vale la pena hacer algunas breves reflexiones respecto de lo sucedido con cada caso.

Conflictos de intereses excusados en el libre ejercicio de la abogacía: Caso Coello

El caso de Javier Coello, en cualquier entorno medianamente civilizado en el que el Estado de derecho se intente respetar (y con mayor énfasis en el que un cambio de administración anhele dar un gran golpe contra la corrupción, siendo la trama de Odebrecht una oportunidad inmejorable para marcar un importante precedente) sería a todas luces un escándalo, un hecho indefendible que mancharía la reputación de defensores y defendidos.

Sin embargo, aprovechando un panorama tan impreciso, en el que las cuestiones públicas y privadas se intrincan, el abogado Coello fluctúa indistintamente dentro de un espectro moral que depende, en mayor o menor medida, de las su increíble capacidad para poder identificar cuando al mismo tiempo funge como coadyuvante del Estado mexicano y como detractor del mismo, aconsejando que su cliente se dé a la fuga y obstaculizando la investigación por el mayor caso de corrupción en la historia reciente del país.

Y es que cuando el mismo abogado que acusa, está contratado por el defensor, resulta innegable el conflicto de intereses. Lo sorprendente es que, a diferencia de la mayoría de este tipo de casos, los vínculos entre Gertz, su abogado y Lozoya no resultan sigilosos, ni discretos, sino que son bastante groseros, tan explícitamente burdos que los involucrados ¡lo aceptan sin el menor pudor! Atreviéndose a excusarse en el libre ejercicio de la profesión, en antiguas amistades antes de la obtención de un determinado cargo, en su hipotético profesionalismo, o incluso en intermediarios que ahora han intercambiado puestos.

Queda claro que una visión excesivamente liberal de la abogacía está generalizada y normalizada en México. Incluso, podría decirse apresuradamente, que todo lo que hizo Coello y sus colegas es válido, porque así es el oficio de abogado, nos guste o no. Porque es el profesionista liberal por excelencia, el free rider del ámbito jurídico. Ni un juez “atado” al sistema, mucho menos un legislador que tiene que responder a ciertos líderes o ideologías, así, el abogado “goza” de amplias y dilatadas libertades para ampliar su espectro y  poder tener muchos clientes. Nada más equivocado.

Lo cierto es que en este tipo relaciones profesionales, en que los abogados tienen como clientes a partes encontradas (¡y peor aun cuando una de ellas es el Estado!), su rol no es el de ser simple y sencillamente espectadores y objetivos aplicadores de reglas procesales, apegándose a lo que dice el derecho, sino que los abogados fungen como personas de confianza, como los agentes encargados de conocer estrategias exclusivas y manejar información importante cuyo impacto, irremediablemente, repercutirá sobre alguno  de los representados de manera contraproducente.

Conocer las dos caras de la misma moneda, quizá sea algo bueno para este tipo de abogados, pues lo que les interesa es tejer una amplia red clientelar, donde los favores y el dinero aceitan las relaciones para intercambiar a su vez otros favores. Pero para alguno de sus clientes, tarde que temprano, la historia acabará mal.

Precisamente, de esa tensión emanan los riesgos para que un abogado no se limite a desarrollar sus actividades de forma estricta dentro del campo jurídico, sino que, aprovechando la coyuntura política en la que se desenvuelve, sea cómplice de una estrategia diseñada para ir más allá del caso inmediato y del cliente particular, buscando el perjuicio de la otra parte en disputa. De manera que su inmoralidad profesional afecta a toda la sociedad en su conjunto.

Aquella popular frase satírica del humorista estadounidense Groucho Marx que postula: “Estos son mis principios. Si no le gustan tengo otros”, cobra sentido en la profesión forense para ejemplificar el caso de Coello; pues las divergentes razones que motivan sus medios de acción se vuelven pretextos para justificar cualquier fin.

La ética está mermada por la rentabilidad: caso Collado

El caso de Juan Collado es un claro ejemplo de cómo en el ejercicio del derecho la ética está mermada por la rentabilidad. Abogados como este se caracterizan por aparentar profesionalidad, por cultivar más las relaciones sociales que por cuidar diligentemente el ejercicio del derecho, de ahí su prestigio, su “fama”, su afamada reputación de casos ganados y su cartera de clientes, de enarbolarse bajo la bandera de técnicos jurídicos carentes de toda moralidad, dispuestos a conseguir a cualquier costa lo que el cliente desee…, siempre y cuando pueda pagar sus honorarios. En definitiva, una visión de la abogacía que solo responde a sus propios intereses.

Sin cuestionarse los límites, las consecuencias y mucho menos la posibilidad de poder decir no, Collado durante muchos años tuvo el atrevimiento de animar relaciones y cerrar negocios que, indefectiblemente, terminó por complicar. Al cruzar tantas zonas grises, claramente comprometidas entre lo público y lo privado, este tipo de abogado deja de ser el puente entre dichos ámbitos y termina por convertirse en un infiltrado, un jugador tramposo, un agente sesgado con información y contactos privilegiados para saber de qué manera construir sus estrategias para obtener beneficios.

El pretexto de que para un abogado todo vale, de que todo es permitido mientras se consiga la satisfacción de las pretensiones de su cliente, se torna tan vago como peligroso al momento en que se confinan los juicios valorativos que llegaran a confrontar sus intereses.

Parecería que lo apasionante y entretenido de las series norteamericanas sobre abogados es directamente proporcional a la imagen tan distorsionada como idílica que un sinfín de supuestos profesionistas en México se han construido a la medida para poder tener su conciencia tranquila.

Y es que enseñar ética a los abogados a partir de Suits, Ally McBeal o The Good Wife, en definitiva, puede ser entretenido incluso apasionante y temerario. Sin embargo, en un país tan desigual, con graves problemas de acceso a la justicia, donde la corrupción impera en múltiples espacios, y en donde las partes en los procesos probablemente no ganen debido a un sistema imparcial y justo sino en ocasión de quién tenga más dinero para pagar al mejor abogado; difícilmente, la ética jurídica puede tomarse en serio.

El sistema norteamericano no es el mexicano, ni Collado una versión campechana del protoabogado hollywoodense: líder, empresario, amigo de los poderosos y hasta estrella de la farándula. El ejercicio profesional de la abogacía exige límites éticos, ya que las reglas siempre serán imperfectas e interpretables.

A manera de cierre

Habrá que tener muy presente que el derecho en sí mismo resulta insuficiente ante estos casos que evidencian turbias prácticas profesionales; la moral, sin duda, puede ayudar bastante pero se requieren esfuerzos institucionales y luchar incesantemente contra lógicas retrógradas en la abogacía para que las actuaciones de Coello y Collado tengan repercusiones en su actuar profesional.

Qué bueno que las diversas barras y colegios de abogados, hoy más que nunca, tengan un rol tan politizado, firmando desplegados e incitando a levantar la voz contra cualquier acto de autoridad cuando sea necesario. Sin lugar a dudas, es digno de celebrarse. Pero, más allá de cuestionar por qué no lo habían realizado con esta vehemencia en anteriores sexenios, lo importante sería saber si alguno de estos abogados que se han visto involucrados en distintos escándalos se encuentra afiliado a estos colectivos y cuál es su opinión al respecto. Sería bueno conocer cuántos procesos disciplinarios en contra de sus abogados tienen registrados, las consecuencias de ellos o, simplemente, su idea respecto a los efectos que casos como los de Coello y Collado impactan sobre todo el gremio.

Se demanda combatir la corrupción, reformando incesantemente el sistema, y se enfocan en los jueces, en los servidores públicos, en idear bondadosas e inútiles campañas de cultura de la legalidad… ¡Se olvida al mayor gremio del país! Los abogados.

Cuando deje de ser más sencillo obtener un reconocimiento de validez oficial de estudios (RVOE) para una escuela de derecho -la “licencia” que emite la SEP o las secretarías locales en la materia para poder abrir una institución educativa- que poner un Oxxo, y tener una cédula de abogado sea más difícil que comprarla o contratar un coyote, al momento en que el acceso a la justicia no sea una cuestión de clase, tal vez podamos empezar a elevar la calidad de los abogados en México.

Dudo que lo de Coello y de Collado sirva para algo. Pero ojalá entendamos que no habrá reformas estructurales, ni propaganda política como lo que es la llamada cuarta transformación hasta incluir a quienes ejecutan todos esos cambios, a quienes accionan el proceso, a quienes tienen la posibilidad de conocer las pretensiones de los clientes y, por ende, su noción de comunidad y de Estado de derecho: los abogados.

Juan Jesús Garza Onofre. Investigador en el departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante, España. Twitter: @garza_onofre.


1 Loperena, José María, El circo de la justicia, Barcelona, Flor de vientos, 2006, p. 11.

2 Investigado por Arturo Ángel y Andrea Cárdenas, Animal Político y Quinto Elemento Lab, “Emilio Lozoya y Alejandro Gertz: acusado y fiscal tienen el mismo abogado”, en Animal Político, 25 de junio de 2019.