Caso Florence Cassez

Hace unos años, el ministro Arturo Zaldívar fue muy cuestionado cuando propuso, por violaciones al debido proceso, amparar y otorgar la inmediata libertad a la ciudadana francesa Florence Cassez, sentenciada como partícipe de la banda de secuestradores “Los Zodiaco”. Se trató de un asunto sumamente mediático, al ser detenidos ella y sus supuestos cómplices en flagrancia y, más aún, en vivo ante las cámaras de la televisión nacional.

Luego de siete años de litigios, Arturo Zaldívar presentó un proyecto de amparo para liberar a Cassez, el cual si bien fue rechazado en una primera votación; en un segundo intento, ahora bajo la ponencia de la entonces ministra Olga Sánchez Cordero, se alcanzó una votación 3-2 de los integrantes de la primera sala de la Suprema Corte que resultó en la liberación inmediata de la francesa.

Para el presente escrito, destacan los criterios que, impulsados en su momento por el ministro Zaldívar y actualmente consultables en formato de tesis aisladas publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, por un lado, abandonan la doctrina consolidada de la Suprema Corte que impedía que los asuntos relativos a la valoración de pruebas sean objeto  del recurso de revisión en contra de las sentencias de amparo directo y; por el otro, que establecen el concepto de “efecto corruptor” (tesis 2003564 y 2003563) que incluso podría ser reclamable a la par del principio de presunción de inocencia en su vertiente extraprocesal (tesis 2013214, 2003692, 2003692 y 2003694).

Tales criterios -tan vanguardistas como polémicos- abrieron la puerta para que hechos, incluso fuera (antes de iniciado) el procedimiento ministerial y de aperturado el juicio penal,  pudieran ser considerados como corruptores de forma insuperable respecto de la suerte de todo el proceso penal, pues pudiera resultar que, como concluye la tesis 2003564: “…el actuar de la autoridad ha provocado condiciones sugestivas en la evidencia incriminatoria que conllevan la falta de fiabilidad de todo el material probatorio, viciando tanto el procedimiento en sí mismo como sus resultados, por lo que procede decretar la libertad del acusado cuando la violación produce la afectación total del derecho de defensa”.

Ilustración: Víctor Solís

Caso Rosario Robles

De lo que ya se sabe, dada su actualidad y trascendencia, es que Rosario Robles fue privada temporalmente de su libertad de forma muy discutible, pues el fundamento para que se le haya aplicado tal medida cautelar fue considerado, por gran parte del foro jurídico y periodístico, más apreciación subjetiva por parte del juez de control que objetivamente sustentada en lo jurídico. Tal es el caso de la opinión al respecto del ministro en retiro, José Ramón Cossío:  “…no es un buen precedente para el modelo de justicia en México la prisión preventiva  justificada otorgada por Felipe de Jesús Delgadillo Padierna…”.

Ahora bien, una vez que se da a conocer la relación familiar del juez de control Delgadillo Padierna con Dolores Padierna (“Lola” como se refirió a ella al dedicarle su tesis profesional de licenciado en derecho),1 se planteó por la opinión pública una duda razonable respecto a si debió o no haberse excusado del caso. Esto debido a que la ahora diputada de Morena, tía materna del mencionado juez de control, acusó públicamente en su momento a Rosario Robles, hoy recluida en Santa Martha Acatitla, de ser un actor clave en el episodio de los video-escándalos en el año de 2004. El cual, entre otras, tuvo como consecuencia que René Bejarano, esposo de Dolores Padierna, fuera no solo enviado ocho meses a la cárcel, sino afectado irreparablemente en su imagen pública.

¿Qué procedería ante dicha relación de parentesco?

De la lectura integral y sistemática de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (artículo 146) y del Código Nacional de Procedimientos Penales (artículo 37), se concluye que ningún juzgador debe conocer de asuntos en donde él y/o sus familiares, como es el caso de la tía materna de Delgadillo Padierna, tengan un interés directo o personal en los mismos. La determinación del concepto de “interés directo o personal” debe hacerse también a la par de lo referido en la fracción VI del citado numeral 37:

Cuando antes de comenzar el procedimiento o durante éste, haya presentado él, su cónyuge, concubina, concubinario, conviviente o cualquiera de sus parientes en los grados que expresa la fracción II de este artículo, querella, denuncia, demanda o haya entablado cualquier acción legal en contra de alguna de las partes, o cuando antes de comenzar el procedimiento hubiera sido denunciado o acusado por alguna de ellas;

En ese tenor, se tiene que un juez penal no puede conocer de ningún asunto en donde él y/o sus familiares o parientes, en los grados referidos, haya manifestado una denuncia o acusación extra-proceso legal, pues esto actualizaría, ateniéndose a las características del caso, su interés directo o personal en el mismo, si en esto se añade lo que sobre la enemistad manifesta alude la fracción II del cardinal 146 de dicha norma orgánica.

Es cierto que la anterior interpretación puede no acatar el estricto derecho que sobre el tema de los impedimentos, excusas y recusaciones pudiera exigirse; pero esto en modo alguno puede usarse como pretexto para no reparar la violación al derecho fundamental a ser juzgado con imparcialidad. Esto debido a que la interpretación pro persona, tanto desde la óptica del juzgador como del sujeto a su potestad, debe colegir que en caso de que se ponga en duda (cierta y probable) la imparcialidad del juez, debe optarse por separarlo de inmediato del caso y, también, nulificar sus decisiones afectadas por ese hecho dubitativo. Con la consecuente reposición de las mismas y, en caso de Rosario Robles, mediante su inmediata puesta en libertad en aras de ser, prontamente, vuelta a citar a una nueva audiencia de vinculación a proceso y de dictado de medidas cautelares. En esta lógica, la duda fundada sobre el impedimento haría nugatoria la posibilidad de sancionar y penar, de forma alguna, al juez.

No obrar de esta manera, más aún en un asunto como el que se comenta, contravendría lo sostenido por el propio Arturo Zaldívar en la tesis 2018672 cuando refirió lo siguiente sobre lo que implicaría la afectación a la imparcialidad personal del juzgador:

…desde un punto de vista subjetivo, se presume, salvo manifestación de quien resuelve o prueba objetiva (sic) en contrario, la cual: (a) busca determinar los intereses o convicciones personales de quien juzga en un determinado caso (por ejemplo, si ha manifestado hostilidad, prejuicio o preferencia personal, o si ha hecho que el caso le fuera asignado por razones personales); y (b) puede basarse en un comportamiento que refleje una falta de distancia profesional de la o el Juez frente a la decisión (por ejemplo, a partir de los argumentos y el lenguaje utilizado)…

La suma de factores antes señalados llevaría pensar que el mencionado juez de control, no solo tiene un impedimento personal o directo, sino que el mismo se ha evidenciado a través de sus argumentos, lenguaje y fondo de lo efectivamente resuelto en el caso de Rosario Robles.

La intervención del CJF, ¿desafortunada?

El comunicado de prensa dado a conocer por el Consejo de la Judicatura Federal da luz sobre la forma aleatoria en que se turnan los asuntos a los juzgadores, pero se adelanta al resultado de la queja recién presentada por los abogados de Rosario Robles. Así se entiende cuando infiere que, atento a un discutible empleo del principio de inmediación, ya no tendría caso manifestarse sobre el eventual impedimento del juez Delgadillo Padierna. Asimismo, no menos importante es señalar que también justificó el dictado de la prisión preventiva, con base al supuesto domicilio falso y el consecuente riesgo de fuga que en su momento advirtió el juez de control.

Ahora, todo lo anterior no debiera permear en la decisión final que jurisdiccionalmente se tome mediante la intervención del tribunal de apelación y/o de un juez de amparo, pues, estos son los únicos con competencia para determinan la suerte jurídica de Rosario Robles en la presente etapa procesal. Sin embargo, no debe soslayarse la trascendencia que en esto habría de irrogar lo dicho por el CJF, encabezado por el propio ministro Zaldívar.

Irreparabilidad jurídica en contra de Rosario Robles

Si se mantiene como juez de control el sobrino de Dolores Padierna, esto llevaría a que él sería el mismo juzgador que determinaría si modifica o no la prisión preventiva de la hoy presa, al menos en primer término. Más aún: el sistema penal acusatorio y adversarial indica que el juez de control, y no así el tribunal de enjuiciamiento, es quien habrá de “preparar” el juicio. Es decir, tal juzgador será quien depure los hechos que serán materia de la contienda ante el tribunal, siendo él quien indicará qué pruebas sí y cuales no se deberán de desahogar ante el segundo.

Luego, si antes de que inicie la etapa del juicio de Rosario Robles no se resuelve a su favor la presunta afectación a su derecho fundamental a ser juzgada de forma imparcial (en su vertiente de la preparación judicial para ello), corre el alto riesgo que se le aplique en su contra el contenido de la jurisprudencia 2018868, también derivada de un criterio de Arturo Zaldívar. La cual impide que violaciones a derechos humanos de ese nivel, acontecidas antes de la sentencia penal, sean reparadas a través del amparo directo que sobre esta última se interponga. Como se observa, dicha jurisprudencia es diametralmente opuesta a lo que en su momento se resolvió en el caso de Florence Cassez (quién fue juzgada en el sistema inquisitivo o mixto penal, se aclara).

Conclusión

Dicen que cuando la política aparece, ni el derecho es capaz de hacer algo. De ahí que debe hacerse lo posible para evitar que aquella contamine o vicie al segundo, o como diría el ministro Arturo Zaldívar, se ejerza un “efecto corruptor”. Aquí la duda razonable, atendiendo a lo que sobre la corrupción en el mismo seno del poder judicial ha venido efectuado al respecto su máximo responsable, debería obligar a actuar como se sugirió. Más aún cuando Rosario Robles, ante su sorpresivo encarcelamiento, se dijo “presa política”, sin dejar atrás que el otro acusado por Dolores Padierna y allegados de ser el autor de los videoescándalos, Carlos Ahumada, ex pareja de Robles, fue detenido pocas horas después de que se supo lo del parentesco del juez con la legisladora federal. En política no existen las coincidencias, dice otro muy conocido refrán. Juzgue el lector lo concerniente en este caso.

Francisco José Parra Lara. Doctorando en derechos humanos por la CNDH y otras instituciones públicas.


1 Según el muy leído artículo “Juez de Rosario Robles dedicó su tesis a su tía ‘Lola’ Padierna”, Milenio.