La decisión del presidente López Obrador de enviar una iniciativa de Ley de Amnistía al Congreso no es trivial. Es quizá uno de los pocos actos que realmente empatan con el ideario de izquierda que este gobierno dice enarbolar. No me centraré en los méritos o deficiencias técnicas de la ley, porque otros ya lo han hecho (entre otros, Alejandro Hope y Pedro Salazar). Lo que quiero resaltar es lo que hay detrás de una ley de este calado. Veamos.

Todo sistema jurídico se basa en una concepción del ser humano. El derecho penal no es la excepción. En nuestra tradición tenemos un código que tipifica ciertas conductas como delitos. Es decir, acciones que se realizan en el mundo deben encuadrar en una hipótesis normativa para detonar la consecuencia de la misma. En el caso del derecho penal la consecuencia suele ser mucho más grave que en las demás disciplinas jurídicas: llega hasta la privación de la libertad, y en otras latitudes, de la vida. Y es que en la esfera de lo penal es donde vemos emerger el brazo más fuerte del Estado: el punitivo, el que castiga y decide quién debe separarse de la sociedad y quién no. No es cosa menor.

El problema se da en lo presupuestos que se requieren para que el sistema opere de esta manera. Primero, se debe suponer que los seres humanos somos completamente autónomos, libres, capaces de trazar nuestro proyecto vital por nosotros mismos. Segundo, se debe de partir de una premisa que asuma que somos iguales ante la ley y que tenemos las mismas oportunidades para ejercer nuestros derechos.

Así, uno comete un delito porque uno “decide” hacerlo así. Uno opta por la criminalidad y, precisamente, como es una opción –una decisión que se toma en libertad- el Estado puede válidamente intervenir en nuestra vida y castigarnos. Y también uno tiene ciertos derechos –derecho de acceso a la justicia, debido proceso, etcétera- garantizados que le permiten defenderse de las acusaciones que se le imputan.

Ilustración: Víctor Solís

Pero pasa que estos presupuestos son espinosos, con muchísimos bemoles. No es cierto que somos totalmente autónomos, libres. Ya lo dijo Freud hace un siglo: el ser humano obedece a pulsiones inconscientes, soterradas en lo más profundo de su ser; es decir, “no es dueño y señor en su propia casa”.1 Somos mucho menos autónomos de lo que creemos porque somos mucho más complejos de lo que reconocemos. Nos nos mueve sólo la utilidad y la racionalidad, sino también sentimientos, emociones, pensamientos, cultura. Cualidades y características que, en gran medida, son moldeadas por nuestra circunstancias sociales y económicas.

Y tampoco es cierto que tenemos las mismas oportunidades de ejercer nuestros derechos. Como dice Roberto Saba, hay grupos sociales –mujeres, indígenas, personas con discapacidad, migrantes y los pobres estructurales- que están en una situación de desventaja estructural, a saber, que se ven inmersos en un fenómeno de sometimiento y exclusión sistemática. Los integrantes de estos grupos no tienen la posibilidad de ejercer sus derechos más básicos porque ese tipo de desigualdad “afecta la propia autonomía personal.”2 Ellas y ellos no tienen la posibilidad de ejercer los derechos fundamentales de acceso a la justicia.

Entonces si no somos realmente libres, ni tenemos las mismas oportunidades, no es cierto que los que delinquen lo hagan porque son criminales sin escrúpulos, malas personas, desalmados que se han apartado de la senda del bien. Hay personas que ni siquiera saben por qué están en la cárcel, qué delito cometieron. Pero como el derecho actúa –la más de las veces- en abstracto, nada de esto importa. No importa si se robó para comer, o si obligaron a alguien a transportar un paquete -cuyo contenido desconocía- y resultó ser droga. Tampoco importa mucho si decenas de indígenas están encarcelados porque no hablan español y no tenemos suficientes traductores. Al sistema actual no le importan las condiciones sociales y económicas de trasfondo, simplemente se actualiza el tipo penal y se abren las puertas de la cárcel.

La Ley de Amnistía voltea a ver esas condiciones olvidadas y reconoce en el ser humano a un individuo que no puede abstraerse de su entorno. Por eso propone liberar a quien no debe estar en la cárcel. Esto, hay que decirlo, sí es propio de un pensamiento de izquierda: es el Estado poniendo el acento en la mitigación de las desigualdades estructurales. Es entender las desigualdades para dejar de tener una justicia miope.

Ahora, que en caso de aprobar esta ley vaya a realmente servir es harina de otro costal. Ya se ha señalado: la mayoría de los delitos menores por las cuales injustamente se va a la cárcel, se cometen en el fuero local. Su lenguaje frente al derecho al aborto es desafortunado. No queda claro quiénes pueden ser beneficiarios de la ley por los términos tan ambiguos que utiliza. El sentido de la ley contradice los principios de otra reforma que impulsó este gobierno: la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa: por un lado, ofrece amnistía, por el otro, abre más las puertas de la cárcel.

Muchos de estos defectos todavía se pueden corregir en sede legislativa. Espero que así sea y no sólo quede en una buena intención que traiga malos resultados. La simple propuesta es un buen comienzo.

Martín Vivanco Lira. Abogado por la Escuela Libre de Derecho. Maestro en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante. Maestro en teoría política por la London School of Economics and PoliticalScience. Candidato a Doctor en Derecho por la Universidad de Chile. Panelista en el programa “Punto y Contrapunto” de Foro TV. Twitter: @MartinVivanco


1 “Así quiso el psicoanálisis aleccionar al yo. Pero sus dos tesis, la de que la vida instintiva de la sexualidad no puede ser totalmente domada en nosotros y la de que los procesos anímicos son en sí inconscientes, y sólo mediante una percepción incompleta y poco fidedigna llegan a ser accesibles al yo y sometidos por él, equivalen a la afirmación de que el yo no es dueño y señor en su propia casa”. Freud, Sigmund, “La dificultad del Yo” en Tulbert,  Silvia (ed.), Sigmund Freud: fundamentos del psicoanálisis, Madrid, ESDAF, 2000.

2 Saba, Roberto, Más allá de la igualdad formal ante la ley. ¿Qué les debe el Estado a los grupos desaventajados?, pp. 288 y ss.