La renuncia de Eduardo Medina Mora es un acontecimiento de proporciones históricas. Sin que exista algún otro precedente en la época contemporánea de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), hace unas horas se anunció que quien en administraciones pasadas fuera director del Cisen, Secretario de Seguridad Pública y Procurador General de la República, renunció a sus funciones como ministro de nuestro tribunal constitucional.

Las horas siguientes al anuncio fueron de absoluta incertidumbre. Brotaron las notas vagas y las especulaciones de los trascendidos. Incluso la SCJN emitió un escueto comunicado en el que se limitó a afirmar que “no cuenta con elementos para confirmar [la renuncia]”, por lo que se mantenía “a la espera del trámite”. Fue un tuit de Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, el que terminó de despejar las dudas: “El presidente de la República […] ha aceptado la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora”.

Ilustración: Víctor Solís

Se trata de un hecho extraordinario, pero que no es extraño a los procedimientos constitucionales. El artículo 98 de la Constitución señala que i) procederán las renuncias de los integrantes de la SCJN exclusivamente “por causas” graves, ii) que éstas serán sometidas al presidente de la República y iii) que si éste las acepta, el Senado deberá dar su aprobación.

Pero, más allá de lo estrictamente normativo, la renuncia de Medina Mora se da en un contexto político por demás enrarecido. Hace algunos meses, el todavía ministro difundió una carta para defender su “derecho al honor” y explicar una serie de acusaciones periodísticas respecto sus bienes. En concreto, diversos medios señalaron la realización de múltiples transferencias internacionales por montos sospechosos, por decir lo menos, para quien ha tenido una larga carrera en cargos públicos.

En su carta de defensa, después de proporcionar datos duros sobre sus cuentas bancarias, Medina Mora terminó su texto afirmando que “a lo largo de su vida profesional se ha guiado por la convicción de que los problemas más serios que aquejan a nuestra sociedad se deben a la debilidad de las instituciones” y que, por tanto, “seguiría cumpliendo sus funciones constitucionales como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera íntegra, imparcial e independiente”. Poco duraron sus palabras.

Ahora bien: más importante aún es destacar las consecuencias institucionales de esta decisión.En medio de un mar de especulaciones y de columnas que son poco más que chismógrafos, lo cierto es que algunas cosas parecen claras. Por ejemplo, sabemos que, por el momento en que se produce, la renuncia de Medina Mora para nada abona en la consolidación de la SCJN como institución independiente y de contrapeso frente a otros poderes.

Se podrá alegar que la forma en la que llegó Medina Mora al máximo tribunal del país se encontraba viciada de origen, que era un ministro impopular para la actual coyuntura política y que para algunos representaba todo lo que significaban los antiguos gobiernos. Sin embargo, simplificar las cosas de esta manera sólo evidencia un profundo desconocimiento de los riesgos en las instituciones de justicia en México. Veamos.

Si se confirma que el Presidente ha aceptado la renuncia de Medina Mora y si el Senado la aprueba, entraremos al proceso de designación de un nuevo integrante de la SCJN.

López Obrador propondrá una terna al Senado para cubrir la tercera vacante en lo que va de su mandato (¡que no llega ni a un año!) Y, como en todas las designaciones, las reglas constitucionales darán un enorme poder al Presidente: si el Senado no actúa a tiempo o rechaza una eventual segunda terna, López Obrador podrá designar directamente al sustituto de Medina Mora.

Peor aún, todo parece indicar que tendremos un procedimiento de designación no digno de una designación de tribunal constitucional. Si las cosas no cambian, y especialmente si la oposición no se toma en serio su papel de contrapeso, veremos una designación donde reinarán las prisas, la opacidad y la simulación. Así sucedió, por desgracia, tanto con la designación del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá como con la de la ministra Yasmín Esquivel Mossa. Basta con recordar el desempeño de quienes los acompañaron bochornosamente en sus respectivas ternas.

Las implicaciones institucionales de la nueva designación no serán menores. Vivimos un periodo en el que la autodenominada cuarta transformación impulsa cambios mayúsculos, muchos de los cuales pasan necesariamente por reformas a las leyes vigentes. A través de las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, la SCJN tiene el poder de invalidar cualquier ley, pero para ello es indispensable contar con 8 votos. Por ello, al presidente de la República le basta el voto de cuatro ministros para blindar la constitucionalidad de la legislación que impulse él y su partido político en el Congreso.

Quienes con la renuncia de Medina Mora –más allá del juicio que tengan respecto su trabajo como ministro, la manera como llegó a la SCJN y, en general, su carrera en el servicio público– no ven algún riesgo, ni mucho menos un atisbo de las consecuencias jurídicas que entraña el carácter político de una posible mayoría afín al actual gobierno, en definitiva, no quieren ver lo evidente.

En los siguientes días, como mínimo, debería apostarse por la transparencia. Medina Mora debe hacer públicas las razones de su renuncia —pues en su carta de renuncia no esgrime ni una sola razón de ésta—, mientras que el presidente López Obrador y el Senado también deben justificar las razones por las que las consideran (o no) como graves. Frente a un hecho de este tamaño, no podemos darnos el lujo de no conocer, a detalle las causas de un evento que ha provocado un auténtico terremoto judicial.

Juan Jesús Garza Onofre. Investigador del departamento de filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante, España. Twitter: @garza_onofre

Javier Martín Reyes. Profesor asociado de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Twitter: @jmartinreyes