En una entrada anterior en este blog manifesté mi predilección por una justicia constitucional deliberativa, según la cual, la Suprema Corte es un actor más en la interpretación de la Constitución, que construye a través del diálogo con los demás poderes y la ciudadanía el significado constitucional.

Con base en estas ideas, analizo el reciente debate que se sostuvo en la Corte, a raíz de la impugnación de algunos de los artículos de la Ley Reglamentaria (LR) de la fracción VI del artículo 76 de la Constitución Federal. Dicho artículo prevé la facultad del Senado para resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de un Estado, cuando alguno de ellos acuda con ese fin, o cuando con motivo de dichas cuestiones se haya interrumpido el orden constitucional, mediando un conflicto de armas.

En mi opinión, la discusión de este asunto refleja la desconfianza de algunos ministros respecto a los demás Poderes de la Unión, en cuanto a la Constitución se refiere. Mi intención es poner de manifiesto su pretensión de arrogarse la única palabra en materia constitucional. Para estos efectos, me interesa centrarme en los argumentos sostenidos en las sesiones del Pleno referentes al engranaje entre controversias constitucionales y cuestiones políticas:

  • Parámetro de control. La diferencia entre conflictos políticos y las controversias constitucionales radica en el parámetro de control, mientras que la cuestión política versa sobre la legalidad del ejercicio de las atribuciones de los Poderes en disputa, la controversia constitucional versa sobre su constitucionalidad. 
  • Subsidiariedad. La competencia del Senado es subsidiaria en relación con la de la Suprema Corte.
  • Justiciabilidad. La decisión de lo que es justiciable para efectos de la improcedencia de la cuestión política corresponde a la SCJN.
  • Constitucionalización. Los conflictos sólo se constitucionalizan cuando una de las partes decide llevar el conflicto ante la Corte.
  • Palabra final. Las decisiones que el Senado dicte en las cuestiones políticas son impugnables ante la SCJN vía controversia constitucional.

Los argumentos antes reseñados muestran una clara tendencia de la Corte ha convertirse en soberana.

El argumento relativo al parámetro de control viene a decirnos que el Senado no puede utilizar la Constitución como norma para resolver los conflictos políticos que se ponen a su consideración. La pregunta es: ¿por qué no? En un Estado de democrático la Constitución debe ser tomada en cuenta para la resolución de cualquier conflicto, sea o no político, y sea o no decidido en sede judicial. El carácter político sólo determina que debe resolverse en sede política, pero no que la Constitución este ausente. Para una teoría menos Corte-centrista, existe un espacio para la discusión constitucional fuera de los tribunales. El Senado resuelve un conflicto político con base en consideraciones políticas, jurídicas, sociales, entre las cuales debe figurar la norma suprema. Así lo establece el propio artículo 4 de la LR.

Respecto al carácter subsidiario de la facultad del Senado, la lectura conjunta de los artículos 3, último párrafo, y 6, fracción V de la LR, no permite concluir que se trate de una facultad subsidiaria o residual, por lo menos no en el sentido de que la Corte tenga primacía sobre el Senado. Es cierto que el artículo 3, último párrafo de la LR, establece que no se podrá plantear una cuestión política si existe vía jurisdiccional para la resolución del conflicto. Pero eso no es lo mismo que decir que la Corte goza de una posición privilegiada. Se trata de ámbitos distintos en los que cada uno tiene una esfera competencial propia.

Por lo que toca a la exclusividad de la Corte para definir cuándo un conflicto político puede ser resuelto jurisdiccionalmente, lo que impediría la presentación de una cuestión política ante el Senado, es necesario plantearse ¿Qué es resoluble jurisdiccionalmente? ¿Quién debe definirlo?

De una lectura conjunta del artículo 3, último párrafo, con el 12, fracción III de la LR, que establece que para la procedencia de la cuestión política debe de tratarse de una cuestión de índole no constitucional, podríamos llegar a la conclusión de que lo resoluble en vía jurisdiccional es lo de índole constitucional. Lo que nos dejaría con la interrogante de qué cuestiones políticas son de índole constitucional y cuáles no.

En mi opinión, ésta es una tarea imposible. Lo constitucional y lo político están en una misma línea sin que sea dable distinguirlos. De ahí que, lo que sea jurisdiccional no depende de la materia sino de la decisión que tomen el Senado o la Suprema Corte, respecto a la conveniencia de ser decididos política o jurisdiccionalmente. Ahora, ¿Quién debe definirlo?

Hasta la fecha, la Corte ha precisado por sí sola cuál es el objeto de la controversia constitucional y cuándo se está ante conflictos constitucionales resolubles en sede política.[1] La implementación legal de la facultad del Senado obliga a cambiar esta postura y a tomar en cuenta su punto de vista. Es verdad que la Corte podrá sentar criterios de qué es justiciable para efectos de la procedencia de la controversia constitucional, pero no para determinar si una cuestión política ante el Senado es o no procedente. Es decir, si las partes plantean el problema ante la Corte, ésta podrá precisar si el asunto puede ser resuelto vía jurisdiccional, ya sea porque sí es un acto objeto de control o no porque es una cuestión política. Ahora, si el conflicto se lleva ante el Senado, sólo a éste corresponde definir si es una cuestión política no justiciable. Claro que podrá prestar atención (y sería recomendable que lo hiciera) a lo que la Corte haya dicho en sus autos o sentencias, pero eso muy distinto a que deba sujetarse a lo que ella establezca. En el primer caso estamos ante un diálogo inter-orgánico, en el segundo ante la soberanía judicial. ¿Cuál queremos?

Asimismo, el argumento de que la constitucionalización de los conflictos deriva de su conocimiento por la Corte parece no tener sustento. La “naturaleza” constitucional del conflicto no depende del órgano al que se somete, sino de la materia del problema que se debate. Así, los conflictos (políticos o no) son constitucionales si se trata de la interpretación de su texto. No es cierto que el Estado constitucional requiera de una Corte omnipresente, ni que sea el único sendero para cumplir con sus postulados.

En lo que toca a la posibilidad de impugnación de las decisiones del Senado vía controversia constitucional, es otra forma más de arrogarse la palabra final en materia constitucional. Es así, incluso en el supuesto de que la revisión sólo verse sobre el carácter político de la cuestión. Revisar la decisión del Senado es una invasión de su competencia constitucional y contrario al texto expreso de artículo 21 de la LR. La definición de qué conflictos políticos son justiciables, debe hacerse a través de un diálogo recíproco en el que ninguno de los Poderes puede imponer su visión.

Estamos ante la apropiación de la Constitución por uno de los actores constitucionales. Las propuestas interpretativas que nos presentan no son las más democráticas. Es una institución celosa de los otros Poderes, que pretende para sí el control absoluto de la Constitución. Desafortunadamente se sigue el peligroso camino, que bien ha denunciado el constitucionalismo popular, de la supremacía judicial.

Roberto Niembro. Becario del servicio de doctrina del Tribunal Constitucional de España.


[1] La doctrina de las political questions no dice que los conflictos políticos no sean constitucionales, sino que deben ser resueltos en sede política.