Vivimos en tiempos en donde recordar lo fundamental se torna necesario. A unos días de que se elija a una nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vale la pena recordar, brevemente, qué es lo que hace un juez constitucional y por qué es tan importante su función.

El juez constitucional es la máxima autoridad jurisdiccional en un Estado constitucional, es decir, en aquél tipo de Estado que tiene una Constitución que se reconoce como normativa. Así vista la Constitución no es un documento programático, ideal o meramente político, sino que es un documento en el que cada uno de sus contenidos es normativo, obligatorio.

El juez constitucional es el que tiene la facultad de interpretar y aplicar la Constitución a casos concretos. A diferencia de los jueces ordinarios, donde su función es aplicar las leyes a las distintas controversias cotidianas, los jueces constitucionales tienen a su cargo el deber de imponer límites al poder político a través de salvaguardar los derechos fundamentales que protege la Constitución y las garantías institucionales de la misma.

Así, en nuestro sistema constitucional, los ministros de nuestra Corte tienen la facultad de resolver controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y amparos. Todos estos mecanismos de control constitucional, los cuales, esencialmente, limitan al poder político. Y no lo olvidemos, son los únicos que pueden expulsar definitivamente, y de forma general, a las normas que contravienen la Constitución de nuestro sistema jurídico.

Lo anterior no es baladí, porque la Constitución no es un documento normativo común y corriente. A diferencia de muchas leyes de nuestro sistema, a la Constitución la integran una serie de normas jurídicas plasmadas en formas de principios, que a su vez expresan valores morales. La dificultad reside en que estos principios tiene una textura abierta, es decir, su hipótesis y su respectiva consecuencia jurídica no queda del todo clara, sino que varia de acuerdo al caso a resolver y a la ideología de quien la interprete.

Así, principios como igualdad,  libertad, dignidad de la persona o, en su caso, como democracia, federalismo, soberanía, son conceptos que requieren de una interpretación por parte de los jueces constitucionales. Y esta interpretación, a su vez, depende de la concepción del derecho que sostengan y de la teoría política que sigan.

Por eso, se habla de jueces conservadores o liberales, formalistas o activistas, positivistas,  iusnaturalistas, realistas o postpositivistas. Dependiendo de su adscripción a alguna de las anteriores concepciones del derecho y del pensamiento político, la lectura que le den a la Constitución será distinta, como distinta será la resolución de los asuntos que les corresponda resolver. Por eso vemos enormes desacuerdos entre los jueces constitucionales, en especial, en los que integran las Cortes Supremas. Ellos no se limitan a leer la Constitución, sino que la piensan, la construyen. Así se forja una cultura constitucional y de derechos que marca a distintas generaciones.

Piénsese en el caso del derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo, es decir, a abortar. Fue la Corte de los Estados Unidos de América en 1973, que decidió, bajo cierta lectura del texto constitucional, que éste era un derecho de las mujeres protegido por la Constitución, aunque en ningún lugar de la misma se encuentre escrito. O el derecho al matrimonio igualitario o a la libertad del consumo de cannabis, ya sea para efectos medicinales o recreativos, que en nuestro país no estaban expresamente formulados en la Constitución. Pero fue la Corte a través de una interpretación –liberal, progresista- concluyó que esos derechos sí están protegidos por nuestro sistema constitucional, aunque en ningún lugar de la misma estén expresamente señalados como tales.

¿Esto significa que los ministros pueden hacer lo que les plazca con las lecturas de la Constitución? Para nada. El derecho, a diferencia de otras esferas de la razón práctica, como la moral o la ética, tiene una dimensión institucional, es decir, hay un conjunto de normas preestablecidas que limitan la actuación de los jueces constitucionales. No pueden ignorar estas normas porque fueron dadas por otro poder, el legislativo, quien tiene una legitimidad democrática de la cual los jueces carecen. El juez que las ignora cae en lo que se conoce como “activismo judicial” y eso es nocivo para el sistema democrático. Es no reconocer como dice Atienza “que el Derecho es también una práctica autoritativa, en las que las reglas juegan un papel esencial […] el juez que es deferente hacia el legislador (que asume la existencia de límites) no es, por ello, el juez formalista, sino el que trata de encontrar un equilibrio adecuado entre las exigencias de la autoridad y la necesidad de satisfacer los fines y valores que caracterizan al Derecho del Estado Constitucional”.1

Martín Vivanco Lira. Abogado por la Escuela Libre de Derecho. Maestro en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante. Maestro en teoría política por la London School of Economics and PoliticalScience. Candidato a Doctor en Derecho por la Universidad de Chile. Panelista en el programa “Punto y Contrapunto” de Foro TV. Twitter: @MartinVivanco.


1 Atienza, Manuel, “Siete tesis sobre el activismo judicial”.