A finales de 2019, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la contradicción de tesis 346/2019. Con ello, determinó que la vía idónea para el cambio de actas de nacimiento de personas trans es la administrativa. Este pronunciamiento representa un paso hacia la interrupción de los ciclos de discriminación y violencia a los que está expuesta esta comunidad.1 Para hablar sobre este avance y su potencial transformador,  primero, pongámonos en contexto.

Actualmente en México, la mayoría de esos procedimientos legales —regulados en las legislaciones civiles— requieren la opinión de terceros para convalidar la identidad de las personas trans.2 En nuestro país, solo en 10 entidades federativas de 32 se pueden modificar las actas de nacimiento sin judicializar la solicitud: Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí y Tlaxcala.3 La fijación del criterio jurisprudencial derivado de la contradicción de tesis 346/2019,  tiene el potencial de cambiar esta situación.

Ilustración: Gonzalo Tassier

Los orígenes de la contradicción de tesis 346/2019

En 2016, Amicus DH comenzó un proceso de litigio en el que acompañó a personas trans en Guanajuato para la modificación de sus actas de nacimiento mediante un proceso administrativo. Los Tribunales Colegiados de ese Circuito, como órganos terminales, conocieron en revisión de los asuntos.4 Los juicios dieron origen a la jurisprudencia XVI.1ª.A. J/47 (10ª.). Sustancialmente, la postura fue que exigir un procedimiento judicial para el cambio de las actas de nacimiento no era desproporcionado ni discriminatorio en atención al principio instrumental de seguridad jurídica.

Por otra parte, en Chihuahua, Cheros AC y México Igualitario impulsaron litigios similares a partir de 2017. A diferencia del caso de Guanajuato, los órganos del Poder Judicial de la Federación en Chihuahua se decantaron, con la tesis PC. XVII.J/20A (10a), por sostener que la vía administrativa, por su naturaleza, era la más idónea para garantizar el derecho a la identidad de las personas trans. Ante ese contexto, el representante legal de los asuntos que dieron origen al criterio en Chihuahua, denunció la contradicción de tesis ante la SCJN.

A pesar de que el pasado 20 de febrero de 2019, la SCJN evadió pronunciarse sobre el tema al declarar inexistente la contradicción de tesis 130/2018,5 la denuncia en Chihuahua permitió insistir en la relevancia de esta discusión jurídica. Así, el pronunciamiento de la SCJN al resolver la CT 346/2019, implica un avance fundamental para los derechos de la comunidad trans. De tal manera que, a partir de su publicación, la modificación de actas de nacimiento podrá solicitarse mediante un juicio de amparo y ningún juzgador federal podrá negarse a otorgarlo. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que ello implica tiempo, costos y la exposición de la solicitud —todavía— ante las instancias judiciales.  Es decir, el criterio de la SCJN implica un instrumento para judicializar, constitucionalmente, la solicitud del cambio de las actas de nacimiento.

El papel fundamental de la sociedad civil

Visto fuera de las paredes de la SCJN, este pronunciamiento es un criterio construido desde la sociedad civil. Los primeros intentos formales comenzaron a principios de 20056 y, a lo largo de los años, el trabajo de incidencia de decenas de colectivos y organizaciones ha rendido frutos legales. Lo que este proceso demuestra es que los cambios jurídicos más trascendentales en materia de diversidad sexual han sido procesos largos, complejos y sobre todo, que son producto del trabajo de una cantidad muy variada de actores.

Una lectura de estos procesos, desde el constitucionalismo democrático,7 nos demuestra que la judicatura es una voz importante. Que a pesar de ser la última no es la única y que, en todo caso, en el reconocimiento de estos derechos, su papel ha sido el de funcionar como un catalizador de voces para la construcción de la vida constitucional en nuestro país.

Ante la práctica de los órganos jurisdiccionales de no reconocer los derechos de las identidades diversas, se debe insistir en que su implementación es una obligación para el Estado mexicano y particularmente para los órganos jurisdiccionales. Desde la academia se ha identificado esta  resistencia. Así, Karina Ansolabehere, a partir de la categoría “tribunales difusores”, ha nombrado a los órganos que hacen referencia en sus ejecutorias a convenciones,  instrumentos de soft law, y otras herramientas de derecho internacional, sin que necesariamente impacten en el fondo de los asuntos.8 Algunas de las ejecutorias de las que derivó la contradicción de tesis 346/2019, incurren en esta práctica: en el uso de los derechos humanos como accesorios procesales.

De esta manera, la jurisprudencia de la SCJN pone fin a la práctica de difundir los derechos de las personas trans sin aprovecharlos para resolver, de fondo, los asuntos sobre el cambio de actas de nacimiento. Sin embargo, como han evidenciado otros autores, los efectos de esperar soluciones “desde arriba” por conducto de una “corte redentora”,9 implica —al menos procesalmente— la espera de un tiempo considerable para que la SCJN ejerza facultad de atracción y, posteriormente, fije criterios con carácter obligatorio. De igual manera, el entendimiento de la SCJN como proveedora única de los criterios jurisprudenciales, inhibe una discusión con la que el resto de los órganos del Poder Judicial de la Federación deberían estar comprometidos.

La jurisprudencia de la SCJN es vital, pero implica apenas un logro tangible para que se garanticen materialmente otros derechos de la comunidad trans en México. Habrá que sacar del armario a los congresos estatales para que, en cumplimiento de su obligación de garantizar derechos humanos, legislen al respecto.

La ruta de litigio que emprendan las personas trans y las organizaciones de la sociedad civil, debe tomar en cuenta que las paredes del armario que representa la transfobia institucionalizada, no terminan por abolirse con un pronunciamiento judicial. Como afirma Eve Kosofsky, la epistemología del armario, por la fuerza de la estructura dicotómica de la que deriva “encuentra muros que se levantan alrededor suyo”, incluso mientras los sujetos que salen de él “dormitan”.10 Ante este panorama, la contradicción de tesis 346/2019, tiene la capacidad para desdibujar las desigualdades de la población trans en México y expulsar a las instituciones estatales de la opacidad.

Rebeca Lora Hernández. Abogada por la Universidad Iberoamericana, León y cofundadora de Amicus DH A.C. Twitter: @Rebeca_lorea.

Luis Alfredo García Martínez. Estudiante de la maestría en justicia constitucional en la Universidad de Guanajuato. Twitter: @alfredogamt.


1 Veáse Flores, Andrew R., Park,  Andrew s., et al., “Public Support for Transgender Rights: A Twenty-three Country Survey”, IPSOS, The William Institute, UCLA School of Law, diciembre de 2016.

2 Para una cartografía global de los requisitos legales, médicos y psiquiátricos que se exigen para el cambio de actas de nacimiento véase Duffy, Sandra & González Gil, Matilda, et al., (coords.), “Informe de mapeo legal trans”, 2016.

3 En el caso de Chihuahua, la legislación no ha sido modificada. Sin embargo, la Dirección General del Registro Civil anunció, unos días antes de la resolución de la CT 346/2019, que permitirán la adecuación en la vía administrativa. En San Luis Potosí, la ley tampoco ha sido reformada, pero se adoptó un procedimiento administrativo a partir de una reforma al Reglamento de la Ley del Registro Civil, publicada el 17 de mayo de 2019.

4 Los criterios contendientes en la CT de los casos que acompañó Amicus corresponden a los Amparos en revisión administrativa 42/2017, 80/2017, 35/2017, 313/2016. También formó parte de la CT 346/2019 y el Amparo en revisión administrativa 40/2017.

5 La SCJN basó su decisión en la diferencia de modelos legislativos para declarar inexistente la CT. Pero la discrepancia de criterios de origen no era sobre si había modelos legislativos distintos, sino sobre si judicializar era necesario e idóneo y sí exigir no era un requisito discriminatorio y excesivo para las personas trans. Señaló que en Guanajuato hay dos procedimientos para el cambio de las actas de nacimiento (rectificación judicial y aclaración administrativa), mientras que en Baja California solo existe un modelo para la modificación de las actas de nacimiento.

6 Véase Vázquez, Daniela Esmeralda, et al., “El movimiento trans en México. Una mirada desde Almas Cautivas”, Almas Cautivas, 2017.

7 En términos generales, el constitucionalismo democrático se pregunta por el papel de los jueces en las democracias. Parte de la aceptación del conflicto como algo necesario. Particularmente, Robert Post, considera que el proceso de adjudicación debe realizarse escuchando a la mayor cantidad de voces que integran las democracias. La prensa, la academia y el activismo son elementos indispensables que deben ser tomados en cuenta. De esta manera, el conflicto y la discusión es vista como algo que nutre la deliberación. Post, Robert & Siegel, Reva, “Constitucionalismo democrático. Por una reconciliación entre Constitución y pueblo”, trad. de García Jaramillo, Leonardo,  Buenos Aires, Argentina, Siglo XXI Editores, 2013. p. 65.

8 Ansolabehere, Karina, “Difusores y justicieros. Las instituciones judiciales en la política de derechos humanos”, Perfiles Latinoamericanos, FLACSO, vol. 22, núm. 44, México, Julio-Diciembre 2014, pp. 143-169.

9 Pou, Francisca & Lara Chagoyán, Roberto, “¿De verdad deseamos una corte redentora?”, en Vázquez Rodolfo (coord.), Corte jueces y política, 2ª. ed., Fontamara, México, 2012, pp. 135-147.

10 Véase Kosofsky Sedgwick, Eve, “La epistemología del armario”,  trad. de Bladé Costa, Teresa, Ediciones de la tempestad, Barcelona, 1998, p. 92.