Si en algo coincidimos todos los mexicanos es que el fenómeno de la corrupción presenta un obstáculo al progreso de la sociedad debido, entre otros, a sus efectos negativos en el goce de los derechos fundamentales de los ciudadanos. La corrupción, como ya se ha reconocido, presenta un impedimento real y muchas veces absoluto en la materialización de los derechos económicos, políticos y sociales de los ciudadanos. En el estudio publicado el 6 de diciembre de 2019, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corrupción y Derechos Humanos, se señala que: “los estados no pueden cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos cuando existe corrupción extendida. Por el contrario, la privación de los derechos como la alimentación, la salud, la vivienda y la educación son algunas de las terribles consecuencias que produce la corrupción en los países latinoamericanos.”

México es país 138 de 180 países a nivel mundial de acuerdo al índice de Transparencia Internacional del 2019. Es decir, que estamos prácticamente al final de la lista. Escándalos como la llamada estafa maestra –un mecanismo descubierto por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Animal Político-, dejaron al descubierto el uso de redes de diversas instancias del gobierno, universidades públicas y empresas privadas para evitar que los recursos destinados a servicios elementales que se traducen en derechos humanos como el acceso a la salud, alimentación, apoyos a adultos mayores, fueron cínicamente desviados a causa de estos esquemas de corrupción. En ese contexto, surge una gran interrogante: ¿Existe el derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción? En su caso, ¿se puede considerar como un derecho humano?

Ilustración: Víctor Solís

Estos cuestionamientos han detonado en nuestro sistema jurídico algunos importantes precedentes de entre los que se destacan los siguientes. La primera referencia judicial respecto al derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción data de la resolución del juicio de amparo indirecto 1311/2016, promovida por MCCI ante el juez octavo de distrito en materia administrativa. El cual resolvió que el incumplimiento de ciertas obligaciones por parte de BANOBRAS, FONADIN y otras instituciones estatales1 violentaba los derechos fundamentales a la rendición de cuentas, la transparencia, honradez en uso de recursos públicos así como al derecho humano al ambiente libre de corrupción.

De conformidad con lo previsto en los artículos 6, 16, 108, 109 y 134  constitucionales, puede concluirse válida mente que la CPEUM reconoce los derechos fundamentales a la transparencia, honradez y rendición de cuentas respecto del uso de recursos públicos ya que establece un régimen de actuación y comportamiento estatal asi como responsabilidades administrativas con el fin de…b) establecer a favor de los ciudadanos, principios rectores de función pública que se traducen en una garantía a su favor para que los mencionados servidores públicos se conduzcan con apego a la legalidad y los principios constitucionales de honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio público … Situación que se traduce en un derecho fundamental a favor de los particulares de vivir en un ambiente libre de corrupción en el que todos los funcionarios públicos desempeñen su labor, precisamente con la suficiente honestidad, transparencia y apertura como para que se confíe en su labor y en su toma de decisiones. Por esto, en la reforma constitucional relacionada con el SNA se reconoció la necesidad de que los particulares participaran en dichos tópicos, con la interposición de quejas o denuncia que fueran necesarias para lograr el debido manejo de recursos en manos del Estado.” [Énfasis de las autoras]

Ahora en el ámbito penal tenemos un segundo caso, derivado de una denuncia presentada por MCCI y organización TOJIL, en relación con hechos de gran corrupción posiblemente cometidos por servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la Universidad Autónoma del estado de México y particulares en la red de la llamada estafa maestra. En este caso, las organizaciones solicitaron que se les reconociera el carácter de víctima dentro de un procedimiento penal seguido por delitos de corrupción, al tratarse de un bien jurídico de carácter colectivo y tener disposición expresa en la ley de víctimas que establece que tratándose de estos delitos de bien jurídico de carácter colectivo.

Sin embargo, pese a que en última instancia el noveno tribunal colegiado de Ciudad de México determinó confirmar la negativa de considerar a las organizaciones como víctima dentro del procedimiento penal a través de la resolución la revisión de amparo penal 216/2019, emitió cuatro tesis aisladas,2 respecto de las cuales, se destaca que pese a negar el tema en el fondo, se reconoció la existencia del derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción:

HUMANO A VIVIR EN UN AMBIENTE LIBRE DE CORRUPCIÓN. NO SE VIOLA POR EL HECHO DE QUE A UNA ASOCIACIÓN CIVIL QUE TIENE COMO OBEJTO COMBATIRLA NO SE LE RECONOZCA EL CARÁCTER DE VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO QUE DENUNCIÓ, POR NO ESTAR DEMOSTRADO QUE COMO CONSECUENCIA DE ÉSTE SUFRIÓ UN DAÑO FÍSICO PÉRDIDA FINANCIERA O MENOSCABO DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES. En la cual, como sugiere el título el tribunal abiertamente reconoce el derecho humano a un ambiente libre de corrupción con base en los artículos 6, 108, 109 y 134 de la CPEUM y con la reforma que creó el SNA que advierten “la existencia de responsabilidades administrativas que tienen como fin tutelar el correcto y cabal desarrollo de la función administrativa y, por ende, establecer, a favor de los ciudadanos, principios rectores de la función pública que se traducen en una garantía a su favor para que los servidores públicos se conduzcan con apego a la legalidad y a los principios constitucionales de honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio público.3 …. [Énfasis de las autoras]

Los precedentes anteriormente mencionados forman parte de la materialización judicialde una premisa necesaria para el goce y disfrute de otros derechos: el reconocimiento de un derecho primordial a vivir en un ambiente libre de corrupción, como un derecho humano en sí mismo. Concepción sustentada en los criterios de nuestro marco jurídico nacional y a la luz de la interpretación de lo establecido por la Convención en contra de la Corrupción de las Naciones Unidas conocida como la Convención de Mérida,4 la Convención Interamericana Contra la Corrupción de la OEA,5 así como en el ordenamiento jurídico mexicano con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción,6 así como el nuevo régimen de responsabilidades de los servidores públicos.

Ahora bien, en un caso diverso se destaca el importante precedente establecido en la sentencia emitida por el juez sexto de distrito de amparo penal en Ciudad de México, quien en el juicio 22/2019 concedió el amparo para que la Organización TOJIL fuera considerada como víctima dentro de la investigación que se sigue en contra de servidores públicos de la ahora Fiscalía General de la República que pactaron la pena de nueve años que le fue impuesta al ex gobernador Javier Duarte de Ochoa dentro de un procedimiento abreviado.

No obstante, la relevancia de esta importante resolución, la Fiscalía General de la República impugnó el histórico fallo, lo cual llevo el tema al séptimo tribunal colegiado del primer circuito bajo el amparo revisión 159/2019. En una dividida discusión, del 16 de enero de 2020, se definió por mayoría de dos votos (magistrados Antonia Herlinda Velasco y Miguel Enrique Sánchez Frías) revocarla emblemática sentencia de amparo que representaba la democratización de la investigacion y persecución de los delitos de corrupción.

La resolución niega a TOJIL su reconocimiento víctima de delitos de corrupción debido a que la magistrada ponente, Antonia Herlinda Velasco Villavicencio, consideró que la organización no había sufrido ningún daño o afectación en su esfera jurídica como resultado de los delitos denunciados (cohecho y contra la administración pública). Aún más grave, el magistrado Enrique Sánchez Frías sustento su voto en sentido de negar el amparo, argumentando que al haberse dado la posibilidad a la quejosa de presentar la denuncia y que derivado de ello se haya iniciado una investigación, era suficiente para colmar el derecho a la participación ciudadana en combate a la corrupción. Asimismo, que  debido a queno se cuenta con datos de que ninguno de los miembros de la organización fue hostigado, amenazado, silenciado por investigar y denunciar estos actos de corrupción, la organización no ha resentido un afectación en lo que él llama la posibilidad de participar en los procesos penal por hechos de corrupción. Aunado a ello, en esta visión el referido magistrado refirió que no puede concederse este carácter debido a que no se acredita la existencia del derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción como un derecho humano, toda vez de ni de la Constitución ni de los tratados internacionales puede advertirse de manera explícita la existencia de este derecho.

Ahora bien, en medio de la obscuridad derivada de criterios sumamente cerrados y tradicionalistas sobre la debida aplicación de los derechos surgió un faro de esperanza, el voto disidente y particular de la magistrada Lilia Mónica López Benítez. Quien en esencia abordó lo siguientes tópicos:

• Recordar que la redefinición del concepto de víctima es esencial para el momento que se vive en la sociedad mexicana;

• Recordó a sus colegas que su labor no era interpretar el derecho de forma estática, sino conforme al principio de progresividad, resaltando que el proyecto presentado por la magistrada Velasco Villavicencio impedía el progreso de los derechos de las víctimas, así como de la lucha contra la corrupción;

• De igual forma resaltó que la reforma del 2011 justamente ampliaba el espectro de aplicación de los derechos humanos y que era su deber como juristas buscar la mayor protección de las personas y replantear y redefinir el concepto de víctimas;

• Que no compartía el sentido ni las razones del proyecto debido a que desde su óptica el marco jurídico actual que contempla el artículo 20 apartado C de la Constitución, en relación con el 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el párrafo quinto del artículo 4 de la Ley General de Víctimas establecen de manera puntual, el derecho de TOJIL a ser víctima de un delito de bien jurídico colectivo, tal como lo es el de cohecho que atenta contra la adecuada administración pública que es un derecho de todos los ciudadanos

• Que más allá del debate que pueda generarse ante la existencia o no, del derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción como un derecho humano, lo cierto es que ese derecho, sea fundamental o no, es en sí mismo un derecho que se traslada en un bien jurídico tutelado por los delitos de corrupción, tal como lo es el de cohecho. Por lo cual, al ser la organización titular del bien jurídico debe reconocerse su carácter de víctima. Incluso al margen de la discusión del derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción como un derecho humano.

Para finalizar, es importante recordar que hasta febrero de 2006 el derecho mexicano consideraba que un hombre podía violar a su esposa y que eso no sería delito, sino solo sería el “ejercicio indebido de un derecho”. Que hasta el 2008, la víctima no era una parte del procedimiento penal. Que hasta 2011, el derecho mexicano sostenía que sólo los jueces de amparo o medios de control concentrado podrían hacer un control constitucional y hoy todos los jueces pueden hacer un control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Es decir, el derecho ha cambiado vertiginosamente por jueces valientes, que con argumentos jurídicos y con una visión progresista han ayudado a que podamos estar más cerca de la justicia. Esperamos que pronto el pensar que los ciudadanos no somos víctima de las corrupción, sea solo otra de las aberrantes historias que se deje de contar.

Estefanía Medina y Adriana Greaves. Cofundadoras de TOJIL.


1 CAPUFE, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública en CAPUFE.

2 Número de registro 2021043, 2021172, 2021080 y 20210.

3 En consecuencia, en el manejo de los recursos públicos y en la transparencia que debe permear en dichos temas; lo cierto es que aun cuando la quejosa, como asociación civil, conforme a su acta constitutiva, tiene como objeto combatir la corrupción y la impunidad a través de demandas, denuncias, quejas, querellas o cualquier instancia administrativa, ello no le da el carácter de víctima u ofendido del delito, si no está demostrado que sufrió un daño físico, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia del delito que denunció en la carpeta de investigación respectiva, por lo que no existe violación al derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción, en virtud de que la Constitución General de la República, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General de Víctimas, no le dan facultad para participar en un procedimiento penal con dicho carácter.

4 Ratificado y firmado por el Ejecutivo Federal el 11 de diciembre de 2003.

5 Firmada el  29 de marzo de 1996 y ratificada el 27 de mayo de 1997.

6 Decreto publicado en el DOF el 18 de julio de 2016.