La imagen es fuerte, por no decir desconcertante, pues pone en entredicho la apariencia de autonomía de la cabeza del poder judicial en México: el ministro presidente, Arturo Zaldívar, asiste, el día de ayer, a la conferencia de prensa matutina de López Obrador. Apareció en ese espacio donde día tras día el presidente de la República es dueño y señor de la agenda pública del país, un escenario en el que si AMLO está acompañado es fundamentalmente por algunos de sus subordinados y para informar de las novedades de su administración.

La secuencia dice mucho. El ministro presidente toma la palabra; explica la iniciativa de reforma judicial; da las gracias al titular del poder ejecutivo y, una vez más, abraza la retórica de la llamada cuarta transformación, para rematar con lo siguiente: “Estoy seguro que de aprobarse esta reforma, avanzaremos hacia el logro de una justicia plena y completa, hacia la consolidación de un auténtico Estado de derecho y lograr que renazca la esperanza de la gente en la justicia”.

Luego, el presidente Obrador vuelve al estrado y pide firmar la iniciativa de forma inmediata, “porque aquí no hay mucho protocolo, ni ceremonia…, la mayoría de las cosas se hacen de manera espontánea, ya se acabó aquel tiempo de que todo era acartonado”. El presidente firma el documento, flanqueado por Zaldívar y el consejero jurídico de presidencia, Julio Scherer. Finalmente, para la foto, AMLO suma a su secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Entre murmullos, el ministro Zaldívar abandona el recinto; la mañanera continúa como de costumbre.

¿Cómo calificar el acontecimiento? Entre las muchas esferas, a partir de las cuales se puede evaluar la autonomía de un presidente de la Suprema Corte —y, por supuesto, la del resto de los ministros y de la institución como tal—, existen tres claves: su narrativa, su papel ante un eventual rediseño institucional y, por supuesto, sus votaciones en los múltiples casos que resolverán de forma colegiada.

En este sentido, no sólo por esta mañanera, sino por sus declaraciones públicas de los últimos meses, Arturo Zaldívar ha perdido de manera rotunda la batalla de la narrativa. En vez de imaginar un discurso propio, creativo e inteligente, que proteja la autonomía de los integrantes de la Suprema Corte y del poder judicial de la federación y, por supuesto, que esboce con rigor técnico los problemas de estas instituciones que representa, lo que ha hecho en estos trece meses de gestión es mimetizar su narrativa a la cantaleta que se machaca todos los días en las conferencias matutinas del presidente de la República. El clímax de esta concesión de Zaldívar al actual gobierno federal es la estampa de hoy: el presidente de la Suprema Corte como secretario de justicia, un integrante más del gobierno federal.

Por ello, esta propuesta de reforma judicial, desde su anuncio a finales del año pasado, despertó muchísimo interés, inclusive fuera de los círculos de los abogados. ¿Zaldívar apoyaría una reforma que cediese el poder judicial al nuevo grupo político en el poder? Así como abdicó en su autonomía discursiva, ¿también sería comparsa de una reforma regresiva para el poder judicial federal? ¿Estaría dispuesto a apoyar modificaciones en el número y extensión del cargo de los integrantes de nuestro tribunal constitucional encaminadas a capturar esta institución, como proponían las iniciativas presentadas por el senador Ricardo Monreal? La respuesta a estas cuestiones, después de meses de especulación, es clara: no.

En efecto, vale señalar que la iniciativa que se presentó el día de hoy, en términos generales, tiene tres grandes aciertos. En primer lugar, no busca redefinir la justicia constitucional en el país; sin ánimos de reinventar el hilo negro judicial, la iniciativa no es grandilocuente ni está envuelta en un tufo refundacional. Más bien, y este sería su segundo tino, se trata de una propuesta abocada a tratar de mejorar aspectos estrictamente técnicos y que son fruto de un largo proceso de reformas graduales para fortalecer al poder judicial cuya fecha de inicio podemos trazar, por lo menos, desde 1988. Es decir, varios de los cambios propuestos por la iniciativa de Zaldívar son ajustes que —desde la academia, la prensa, la sociedad civil y el mismo poder judicial— se han venido señalando como necesarios para mejorar el funcionamiento de la maquinaria judicial. Por último, es necesario apuntar que la serie de propuestas que engloba esta iniciativa no se plantea como una moneda de cambio para impulsar ajustes en demérito de la autonomía de las instituciones aquí en juego: Suprema Corte y Consejo de la Judicatura, principalmente. Sin duda habrá que analizar y discutir con detalle cada uno de los muchos cambios propuestos, pero es claro que con esta iniciativa no se cede ninguno de los logros institucionales alcanzados mediante reformas previas, ni mucho menos cae en la tentación de alterar la composición de la Corte y el Consejo.

¿Acaso, entonces, Zaldívar cedió su autonomía en la narrativa de las instituciones que representa, a cambio de mantener el control de dirección del proceso de reforma judicial? Es posible.

Pero lo importante ahora es desmenuzar esta iniciativa que plantea cambios a siete artículos constitucionales, propone la expedición de dos nuevas leyes federales (Ley de Carrera Judicial y una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación), así como reformas a cinco ordenamientos (Ley de Amparo, Ley Federal de Defensoría Pública, Código Federal de Procedimientos Civiles, Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado y Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución). Ofrecemos a continuación un primer análisis de diversos aspectos de la iniciativa en cuestión.

Propuestas de modificaciones positivas 

1) Consolidación de un sistema de precedentes en la jurisprudencia. Mucho se ha escrito sobre las disfunciones de nuestro sistema de jurisprudencial. Hoy en día, se exige, al menos por la vía de reiteración, cinco sentencias resueltas en el mismo sentido, sin ninguna en contrario y con una mayoría calificada, para que el criterio de la Corte sea obligatorio para todos los poderes judiciales; algo enteramente anacrónico e ineficiente. De ahí que, en uno de los cambios más significativos de la iniciativa, se busque modificar el sistema de jurisprudencia de tal forma que las razones que justifiquen una sentencia aprobadas por ocho votos o más resulten obligatorias para todos los jueces federales y locales.1 Sin embargo, de una manera un tanto inexplicable, la propuesta plantea que en este sistema de precedentes sea necesario elaborar tesis para los criterios relevantes.2 Se trata de algo por demás desatinado y contradictorio y que impide transitar por completo hacia a un sistema de precedentes. Parecería, pues, que si la reforma se aprueba en estos términos, los abogados mexicanos continuarán sin desarrollar la habilidad más elemental para operar en un sistema de precedentes: analizar los hechos y argumentos de una sentencia y, a partir de ello, establecer cuáles son las razones indispensables que sostienen el sentido del fallo.

2) Simplificación del procedimiento de la figura de declaratoria general de inconstitucionalidad. Al ser una de las excepciones del arcaico principio de relatividad de las sentencias de amparo, esta figura encierra un enorme potencial igualitario para fomentar un mejor acceso a la justicia, en la medida de que permite que las sentencias de amparo sirvan de base para expulsar normas inconstitucionales del ordenamiento. No obstante, en la práctica la figura ha tenido una funcionalidad casi nula, en gran medida debido al galimatías de procedimiento que la regula. Reducir el número de casos necesarios para realizar una declaratoria sería un cambio enormemente positivo. Ojalá la propuesta se apruebe y, llegado el momento, la Corte sea prudente en los estudios de inconstitucionalidad que realice en sentencias de amparo.

3) Ampliación del listado de instituciones con legitimación para utilizar las controversias constitucionales. Este sencillo cambio propone incluir a los órganos constitucionales autónomos de las entidades federativas para el ejercicio de estos medios de control constitucional, una medida adecuada teniendo en consideración la relevancia que han adquirido en relación con la Constitución federal y nuestro intrincado federalismo.3

4) Fortalecimiento de la carrera judicial. No cabe duda que la profesionalización de la función jurisdiccional es algo favorecedor para el sistema de justicia. La propuesta amplía el catálogo de cargos que forman parte de la carrera judicial, lo cual es una apuesta por el mérito y la equidad. Asimismo, la posibilidad que engendra la creación de una nueva ley, que regule de forma particularizada tanto cuestiones sustantivas como adjetivas de la carrera judicial, en definitiva, podría consolidar las reglas y principios que regulan las adscripciones, capacitaciones, responsabilidades administrativas, derechos y obligaciones de los involucrados, políticas de combate al nepotismo, entre varias más. A pesar de ello, lo que podría ser discutible es que sea el poder legislativo quien defina dichos criterios; quizá convendría que esto sea algo que realice el propio Consejo a partir de ciertas reglas establecidas claramente en la Constitución. Adicionalmente, parecería que la iniciativa no se hace cargo de las garantías de independencia y autonomía que requeriría un nueva Escuela Federal de Formación Judicial,4 pues no queda del todo claro que la mera calidad de órgano auxiliar del CJF sea el diseño que permita evitar los múltiples problemas que se han advertido en los últimos lustros. Sin reglas que aíslen a la escuela de las presiones del Consejo se correría el riesgo de que la transición del Instituto de la Judicatura Federal a la Escuela Federal de Formación Judicial no sea otra cosa que un mero cambio de nombre —como ha sucedido, por ejemplo, con los órganos equivalentes en la justicia electoral—.

5) Mejoramiento de la defensoría pública federal. A todas luces, se trata de uno de los principales aciertos de la reforma. Al mejorar este servicio se intenta destacar la labor de los abogados como los agentes primarios en el accionar del sistema, ya que si se tienen buenas demandas en consecuencia se orilla a generar buenas sentencias. Ahora bien, a pesar de que es importante destacar la ampliación de estos servicios en cuestiones de amparo en materia familiar y, sobre todo, orientar la formación y selección de los defensores hacia la escuela judicial, habrá que mencionar que estas acciones son sólo pequeños pasos para convertir a los defensores públicos “en verdaderos abogados de los pobres”.5 Vale la pena enfatizarlo: lo presentado no es una reforma de acceso a la justicia.

6) Eliminar la posibilidad de que la Suprema Corte revoque decisiones del Consejo de la Judicatura. Sobra mencionar que esta propuesta es correcta; la Suprema Corte no debe incidir en estas decisiones. La situación actual consiste en aceptar, en mayor o menor medida, una enredada relación de subordinación del Consejo frente la Corte. Lo cual va en contra de la lógica de que exista un Consejo de la Judicatura independiente y sólido al enfrentar casos comprometidos. No obstante, hay que subrayar que si se aprueba tal propuesta el reto sería garantizar el derecho a un recurso judicial efectivo al interior del Consejo de la Judicatura. Y si se tomara en serio lo que encierra el fondo de esta modificación sería tiempo de empezar a discutir la necesidad de que el presidente del Consejo no sea la misma persona quien funge como presidente de la Suprema Corte.

Propuestas de modificaciones controvertidas

1) Permitir la creación de órganos ad hoc para violaciones graves a derechos humanos o casos que tengan un impacto social de especial relevancia. Esta propuesta de modificación al artículo 100 constitucional es ambivalente.6 La creación de órganos con capacidades técnicas especializadas para atender casos por violaciones graves a derechos humanos o crímenes establecidos en el Estatuto de Roma ha sido una propuesta defendida en la lógica de un modelo de justicia transicional. Con una adecuada regulación, el primer supuesto que se propone sería atendible. Lo que parece mucho más cuestionable (y peligroso) es abrir la posibilidad de que el CJF cree órganos ad hoc para casos que tengan “un impacto social de especial de relevancia” (lo que sea que esto signifique). En el contexto actual, la propuesta se antoja como una vía para controlar el turno y resolución de aquellos casos que han sido particularmente relevantes para la administración lopezobradorista (la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la construcción de uno nuevo en Santa Lucía, el Tren Maya y un largo etcétera). Un supuesto con tal vaguedad y ambigüedad parece una receta perfecta para la arbitrariedad. Convendría entonces eliminar el segundo supuesto (casos de impacto social de especial de relevancia) y establecer parámetros claros y estándares concretos para el primero (violaciones graves a derechos humanos). No olvidemos que las reglas de turno y competencia son también garantías de independencia.

2) Limitar las controversias constitucionales exclusivamente a violaciones directas a la Constitución.7 Esto, en principio, pareciera positivo y acorde con la retórica de consolidar a la Corte como “auténtico tribunal constitucional”. Sin embargo, vale señalar que, por la manera como se ha venido desarrollando nuestro sistema federal, la propuesta tiene ciertos inconvenientes. Desde 1999,8 la Corte había sostenido el criterio consistente en que era posible analizar violaciones indirectas a la Constitución (esto es, cuestiones de legalidad). Esto abrió la puerta para que, entre otras cosas, la Corte pudiese proteger la integridad y autonomía de las haciendas municipales, pero al mismo tiempo generó una carga de trabajo nada despreciable, al grado de que, en una votación dividida, la propia Corte recientemente abandonó el criterio fijado en 1999.9 La propuesta de reforma apuesta por liberar a los ministros de esta engorrosa tarea, pero tiene el inconveniente de que no articula un mecanismo alternativo y efectivo para la protección de los municipios. El segundo inconveniente de la propuesta está relacionado con la posibilidad de que la reforma se (mal)interprete para limitar la controversias en las que se alegan violaciones a leyes generales. Al respecto, cabe recordar que México ha apostado por un modelo de federalismo cooperativo, en el cual muchas materias -como educación, salud, seguridad pública- no son exclusivas de la federación, los estados, o los municipios. Al mismo tiempo, se ha llevado a cabo un proceso de “desconstitucionalización” en la medida en que ha fijado que, en estas materias, la distribución de competencias ya no se fija en la Constitución, sino en leyes generales. Dicho esto, vale señalar entonces que buena parte de los conflictos propios de nuestro federalismo se centran en la distribución que realizan las leyes generales. Ante esta propuesta, cabe preguntarse si se pretende o existe la posibilidad de que la reforma se interprete en el sentido de que las controversias no serán procedentes cuando se aleguen violaciones a leyes generales —algo a todas luces inconveniente—.

3) Una mayor discrecionalidad en el amparo directo en revisión o la tropicalización de un certiorari. Para dejar atrás los criterios de “importancia y trascendencia”, cuyo manejo resulta bastante dispar por cada secretario de estudio y cuenta, la reforma propone incluir la idea del “interés excepcional” para abordar aquellos asuntos que se consideren primordiales en materia constitucional o derechos humanos y así, idealmente, generar una mejor administración de la cantidad de asuntos que se sentencian en la Suprema Corte por privilegiar el carácter excepcional del recurso de revisión en el amparo directo. Lo que de entrada parecería un gran avance, al final, se descubre como una contradicción no sólo al limitar en términos generales la procedencia del amparo sino, y sobre todo, por medio de la desaparición del recurso de reclamación. De tal forma que no sería el propio órgano colegiado quien lo apruebe (como en un verdadero certiorari), sino que dicha eliminación de la reclamación contra el desechamiento de amparos directos en revisión quedaría al arbitrio absoluto de la presidencia de la Corte, es decir, sería una decisión discrecional pero no colegiada.

4) Creación de plenos regionales y tribunales colegiados de apelación. No queda del todo clara cuál es la racionalidad de sustituir los plenos de circuito por unos novedosos plenos regionales (integrados por tres magistrados), al menos tratándose de la resolución de contradicciones de criterios. De hecho, parece que el diseño actual es mucho más adecuado, en tanto es más flexible y respeta un principio básico de cualquier sistema judicial: el hecho de que, conforme se sube en la jerarquía, se fortalece la colegialidad y, consecuentemente, se incrementa el número de integrantes de los órganos. Lo que se propone en la iniciativa va en una lógica distinta y, más bien, parecería que pretende la creación de una suerte de súper-tribunales colegiados, que vendrían a debilitar a los tribunales colegiados de circuito existentes. Por ello, parecería más sensato mantener el esquema actual, y quizá dotar a los plenos de circuito con la facultad de resolver conflictos competenciales (si lo que se busca es reducir la carga de trabajo de la Corte). Por otra parte, la propuesta de crear tribunales colegiados de apelación (también de tres integrantes), cuyas decisiones podrán ser sólo revisadas por la Corte, parece seguir la lógica de debilitar a los colegiados de circuito, aunque aquí se presenta la paradoja de que la remoción de competencia potencialmente podría incrementar la carga de trabajo de la Corte. Vistas en conjunto, la creación de plenos regionales y colegiados de apelación parecería carecer de una racionalidad sistemática.

5) Exclusividad en los concursos para quienes tengan la categoría inmediata inferior y busquen su promoción a categorías superiores (concursos cerrados). Esta cuestión, sin lugar a dudas, es de las más cuestionables de la reforma en lo relativo a la nueva estructuración de la carrera judicial. Los concursos cerrados han sido duramente criticados, pues limitan el mérito, fomentan un exacerbado mimetismo que mina la noción de pluralidad en la judicatura y traslucen una sigilosa forma de control disciplinar entre los involucrados. El mero hecho de que, por ejemplo, para ser magistrado de circuito sea exclusivamente una posibilidad para los jueces de distrito o los secretarios de estudio y cuenta de la Corte, resulta desatinado no solo por creer que es posible monopolizar y uniformizar la impartición de justicia sino también por continuar perpetuando un hermetismo gremial que, de manera indirecta, menosprecia y ve con extrañeza a cualquier persona ajena a la familia judicial –de ahí que tal hermetismo haya sido el sustrato del actual nepotismo al interior del poder judicial-. Sin llegar a sugerir la apertura incontrolada de los concursos de oposición, queda claro que la presente propuesta no está en sintonía con idear soluciones razonables que encuentren puntos medios para permitir el ingreso y la promoción de cualquier persona calificada que, independientemente de su origen, aspire a realizar labores judiciales de forma seria y comprometida.

Lo que la iniciativa queda a deber

1) Sistema de designación de ministros. Una omisión significativa de la presente iniciativa es proponer un mejor proceso de designación de los ministros. Actualmente éste tiene dos fallas estructurales. Por una parte, el presidente de la República presenta una terna por cada vacante, diluyendo su responsabilidad para justificar claramente el tipo de perfil que le interesa colocar en la Suprema Corte. En este sentido, lo ideal es que el presidente tenga que enviar un candidato por cada vacante. Por la otra, el procedimiento hoy vigente está diseñado para que el presidente gané, de una u otra manera, frente al Senado, la decisión de quién es ministro de la Corte. En primer lugar, se establece que si el Senado no determina en 30 días quién debe ser ministro de la terna enviada por el presidente, entonces, éste de manera unilateral puede designar a quien considere pertinente de los tres candidatos; en segundo término, si el Senado le rechaza al presidente en dos ocasiones sus ternas, entonces, éste último puede elegir de manera unilateral quién será ministro de los últimos tres candidatos presentados y rechazados. Claramente el tiempo de escrutinio que tiene el Senado es muy breve (30 días) y el balance está a favor del presidente para el designar de forma unilateral a los ministros de la Suprema Corte.

2) Procedimiento de renuncia de ministros. Después del fiasco del caso Medina Mora, de la innumerable cantidad de vicios que implicó el abandono de sus labores en el máximo tribunal del país y, sobre todo, ante la evidencia de que las normas que rigen dicho proceso han quedado completamente rebasadas por la coyuntura política, por lo menos, se esperaría que lo sucedido sirviera para enmendar la plana y prevenir futuros episodios tan bochornosos para la Suprema Corte. Sin embargo, en la iniciativa no hay nada de eso; no se incluye una sola palabra. Al silenciar y olvidar lo sucedido, las especulaciones sobre cómo y por qué se puede renunciar al máximo cargo judicial en México rondarán incesantemente hasta que, lamentablemente, esto vuelva a suceder.

3) Votación calificada en acciones y controversias. Al día de hoy, se han debilitado las justificaciones para establecer que en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales se exija para realizar declaratorias generales de inconstitucionalidad una mayoría calificada de 8 votos, en vez de una mayoría simple de 6. Pareciera un detalle aritmético menor, pero este requisito ha complicado muchísimo desde el año de 1995 el procesamiento de diversas discusiones de constitucionalidad en el pleno de la Suprema Corte. Aunque podría esgrimirse una defensa democrática de esta norma (entendiéndola como una deferencia al legislador democrático), lo cierto es que su puesta en práctica ha supuesto un claro debilitamiento de la función de Corte. Urge modificar esa exigencia de voto calificado.

4) Amparo fiscal. En la reforma de 2011 al juicio de amparo, la materia fiscal quedó explícitamente aislada de varios de los cambios positivos impulsados por tal proceso de ajuste constitucional. Por ejemplo, la posibilidad de realizar una declaratoria general de invalidez fue cancelada para el amparo en materia fiscal. ¿Por qué si ya se consideró por el poder judicial que cierto impuesto, cálculo fiscal o procedimiento taxativo es inconstitucional no debe expulsarse del orden jurídico y, de esta manera, beneficiar a todos los contribuyentes con independencia de que éstos tengan o no los recursos para interponer un juicio que les permita beneficiarse de dichos criterios ya establecidos por el poder judicial? Es un arreglo alevoso, a favor de la autoridad fiscal y de los grandes contribuyentes, con enorme impacto en términos de desigualdad fiscal y que genera incentivos muy perversos. Si la llamada cuarta transformación quiere abatir la desigualdad, una de tantas asignaturas pendientes es acabar con el actual diseño normativo enteramente insular del amparo fiscal.

5) Secretarios de estudio y cuenta. Hoy en día, salvo notables excepciones, la mayoría de los ministros se dedican a socializar y realizar actividades propias de la cortesanía: desayunos y comidas, corte de listones, anodinas participaciones en congresos. Esto significa que, en buena medida, la labor jurisdiccional de la Suprema Corte recae en el equipo de apoyo con el que cuenta cada ministro: los llamados secretarios de estudio y cuenta. En este sentido, y mientras la mayoría ministros piense que llegar a la Suprema Corte significa un premio para ya no trabajar y sólo grillar, urge profesionalizar ese gremio de secretarios. No porque falte gente capaz dentro de ese gremio sino para evitar o disminuir el número de aquellos cuyo único mérito para realizar ese trabajo es tener relaciones con alguno de los ministros. Así esta reforma judicial debió proponer un conjunto de reglas que permita que los secretarios de estudio y cuenta sean parte de una especie de carrera judicial y no –como es actualmente- su ingreso y permanencia en ese cargo dependa de la voluntad y confianza de los ministros.

6) Ausencia de la justicia electoral. Dentro del extenso documento propuesto, llama la atención que apenas se dedican un par de líneas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). No deja de sorprender que al TEPJF prácticamente no se le toca ni con el pétalo de una coma, sobre todo si consideramos que buena parte de las modificaciones propuestas para la Corte y el Consejo podrían ser trasladables para resolver muchos de los problemas de la justicia electoral: su obsoleto sistema de jurisprudencia, la improcedencia de controversias constitucionales en materia electoral, el desbordamiento de la procedencia del recurso de reconsideración, la existencia de una carrera judicial que no pasa de ser una simulación, las disfuncionalidades de su sistema de formación electoral y una larga lista de etcéteras.

7) Presidencia de la Suprema Corte. El procedimiento de designación del presidente de la Suprema Corte ha sido sumamente costoso para esta institución. Desde hace varias renovaciones de ese cargo, los ministros en su afán de ocupar ese puesto han demeritado su trabajo judicial y han coqueteado en detrimento de su autonomía con los representantes de los otros poderes para conseguir su apoyo en dicho proceso. Esto sin considerar el enorme tiempo, a costa de la labor jurisdiccional, que dedican aquellos ministros que inician su campaña a la presidencia de la Suprema Corte con cuatro o más años de antelación. Urge repensar el procedimiento para designar al representante de la Corte.

Balance y perspectiva

El balance de la iniciativa es, en términos generales, positivo. De ahí que echar las campanas al vuelo resulte tan ingenuo como irresponsable. Además de los problemas apuntados, falta por ver cuáles serán los cambios que sufrirá esta iniciativa en las cámaras del Congreso de la Unión. Mejores iniciativas han acabado como una caricatura después de pasar por los estires y aflojes legislativos. Esperemos que, con los ajustes y adiciones pertinentes, sea aprobada esta propuesta y llegue a buen puerto.

Vale señalar que no deja de ser irónico que mientras la narrativa de Obrador y de Zaldívar mira siempre a un horizonte transformador, de un constitucionalismo popular, cercano al pueblo, esta iniciativa impulsada por ambos personajes es un excelente ejemplo de lo opuesto: el gradualismo propio del pensamiento liberal. Es decir, como ya se dijo, una iniciativa que se enfoca en cuestiones técnicas, propias de la más árida ingeniería constitucional, y que de manera moderada apunta a mejorar ciertas tuercas y engranajes de la maquinaria judicial.

En este sentido, si bien en la esfera de la narrativa desafortunadamente Arturo Zaldívar ha perdido la apariencia de su autonomía, con serio detrimento respecto el prestigio e imagen que se tenía de él, hay que decir que en la otra esfera —su rol ante un eventual cambio institucional de la Suprema Corte y el poder judicial—, a juzgar por esta iniciativa, ha logrado una victoria. No obstante sus limitaciones, la propuesta plantea mejorar varios aspectos técnicos relevantes, sin perder muchos de los logros alcanzados previamente.

Falta, por supuesto, la batalla en la esfera de los votos. Ahora hay que esperar las posiciones del ministro Zaldívar, y del resto de sus colegas, ante las decenas de asuntos que están en la antesala de la Suprema Corte y que someten a escrutinio constitucional varias de las principales políticas públicas impulsadas por el presidente López Obrador. Y varias de las cuales tendrán que empezar a resolver pronto. Ahí, en esa aritmética de votaciones y las decisiones, está la prueba última de la autonomía judicial.

Juan Jesús Garza Onofre. Investigador de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Twitter: @garza_onofre.

Saúl López Noriega. Profesor e investigador titular de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Twitter: @slopeznoriega.

Javier Martín Reyes. Profesor asociado de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Twitter: @jmartinreyes.


1 La redacción propuesta, a incluir en el artículo 94 constitucional, es la siguiente: “Las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias dictadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de ocho votos, y por las Salas, por mayoría de cuatro votos, serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas”.

2 Específicamente, se propone la siguiente redacción para el artículo 218 de la Ley de Amparo: “Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales o los tribunales colegiados de circuito establezcan un criterio relevante, se elaborará la tesis respectiva en la que se recojan las razones de la decisión, esto es: los hechos relevantes, el criterio jurídico que resuelve el problema abordado en la sentencia y una síntesis de la justificación expuesta por el tribunal para adoptar ese criterio. De esta manera la tesis deberá contener los siguientes apartados: I Rubro: mediante el cual se identificará el tema abordado en la tesis. II. Narración de los hechos: en este apartado se describirán de manera muy breve los hechos relevantes que dieron lugar al criterio adoptado por el tribunal para resolver el caso. Cuando se trate de jurisprudencia por contradicción, se describirá el punto en el que discreparon los órganos contendientes. III. Criterio Jurídico: en el que se reflejará la respuesta jurídica adoptada para resolver el problema jurídico que se le planteaba al órgano jurisdiccional. IV. Justificación: se expondrán de manera sucinta los argumentos expuestos por el órgano jurisdiccional en la sentencia para sostener el criterio jurídico adoptado en la resolución”.

3 El nuevo artículo 105 de la constitución que se propone, añade: “Dos órganos constitucionales autónomos de una entidad federativa, y entre uno de estos y el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo de esa entidad federativa”.

4 La redacción propuesta para el párrafo respectivo del artículo 100 constitucional es la siguiente: “[…] El Consejo de la Judicatura Federal contará con una Escuela Federal de Formación Judicial encargada de implementar los procesos de formación, capacitación y actualización del personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial de la Federación y sus órganos auxiliares, así como de llevar a cabo los concursos de oposición para acceder a las distintas categorías de la carrera judicial en términos de las leyes y demás disposiciones aplicables”.

5 Se propone que el artículo 100 constitucional señale los siguiente: “El servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal será proporcionado por el Consejo de la Judicatura Federal a través del Instituto Federal de Defensoría Pública, en los términos que establezcan las leyes y demás disposiciones aplicables. La Escuela Federal de Formación Judicial será la encargada de capacitar a las y los defensores públicos, así como de llevar a cabo los concursos de oposición”.

6 La redacción propuesta es la siguiente: “El Consejo de la Judicatura Federal podrá designar uno o más órganos jurisdiccionales para que conozcan de los asuntos vinculados con hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos o que tengan un impacto social de especial relevancia, lo que constituirá una excepción a las reglas de turno y competencia”.

7 Para ello, se propone que el último párrafo de la fracción I del artículo 105 constitucional establezca lo siguiente: “En las controversias [constitucionales] previstas en esta fracción únicamente podrán hacerse valer violaciones directas a esta Constitución, así como a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte”.

8 Específicamente, desde la resolución de la controversia constitucional 31/97, promovida por el Ayuntamiento del Municipio de Temixco, Morelos y resuelta por el Pleno el 9 de agosto de 1999.

9 Véase la discusión generada en el recurso de reclamación 150/2019-CA, derivado de la controversia constitucional 279/2019, interpuesto por el municipio de Úrsulo Galván, Veracruz, y resuelto en la sesión del 3 de diciembre de 2019 por una mayoría de cinco votos a favor (y cuatro en contra).