El próximo 30 de noviembre, concluyen los cargos de Sergio Aguirre Anguiano y Guillermo Ortiz Mayagoitia como ministros de la Suprema Corte de Justicia. Debido a que justo ese mismo día termina la gestión de Felipe Calderón como presidente de la República, existen dudas de a quién le corresponde realizar las propuestas de sustitutos ante el Senado: Peña Nieto o Calderón. El procedimiento no es claro sobre este punto. Es posible, por ello, que gracias a un arreglo político cada uno defina una de las vacantes.

Lo cierto, no obstante, es que la renovación de la Corte es un proceso de enorme relevancia para la vida institucional del país que en principio se repite cada dos años, aunque desafortunadamente en cada ocasión pasa desapercibido para la opinión pública.

La importancia de la integración de nuestra corte constitucional se debe a que ésta es el árbitro de nuestra democracia. Su tarea consiste en resolver los complejos conflictos derivados de nuestro federalismo y división de poderes, así como proteger los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución. Esta labor vale subrayar es todavía más relevante debido a que en no pocos de los asuntos que resuelve la Corte se pronuncia por primera vez respecto un tema de constitucionalidad. Es decir, es cierto que nuestra Constitución está cerca de cumplir cien años de haberse promulgado, pero también lo es que durante buena parte del siglo XX la hegemonía priísta dificultó que ésta se entendiese como una norma jurídica. Fue hasta la llegada del pluralismo político, hace algunos lustros, que el texto constitucional se empezó a aprovechar ahora sí como una herramienta social para procesar los conflictos propios de la diversidad social.

Esta renovación de la Corte, sin embargo, se presenta en una coyuntura que exige un escrutinio todavía más estricto por el Senado –que deberá ratificar como ministros a dos de los seis candidatos que se presenten- y por parte de la opinión pública.

Peña Nieto ha señalado que una vez que asuma el cargo de presidente de la República impulsará un conjunto de reformas en energía, seguro universal, recaudación fiscal, etc. Se trata de temas peliagudos. Algunos por el calibre del cambio que se busca necesitarán de una reforma constitucional, pero en la mayoría bastará con una nueva ley o, en su defecto, con un ajuste a la existente. Por ello, es indispensable poner atención a la relación entre la fuerza numérica de la oposición en el poder legislativo y los requisitos para someter a revisión constitucional las reformas legislativas que eventualmente se aprueben.

La acción de inconstitucionalidad, en este sentido, es un medio de control propio de las minorías legislativas que, entre otros requisitos, exige que sea interpuesta por el 33% de los integrantes de alguna de las cámaras del Congreso federal. Esto es, 43 senadores o 165 diputados. La suma de todos los partidos oposición satisface este número sin mayor problema: 66 senadores y 250 diputados (PAN, PRD, PT, MC); en el caso de las izquierdas (PRD, PT y MC) que pintan como la oposición más férrea suman 136 diputados y 28 senadores. Se quedan cortos. Mas no es descabellado que en ciertos escenarios logren el número exigido. Al menos esto fue lo que sucedió cuando una ensalada de senadores del PRI, PAN y PRD impugnó la llamada Ley Televisa.

El otro ingrediente de esta coyuntura es el papel de Aguirre Anguiano y Ortiz Mayagoitia en la dinámica interna de la Corte. No porque a lo largo de su carrera hayan destacado por presentar las soluciones jurídicas más creativas y novedosas. Su relevancia reside, más bien, en su influencia en el equilibrio de los votos que definen el sentido de las resoluciones de la Corte. No hay que olvidar que si bien en una institución como la Suprema Corte –como en cualquier otro órgano colegiado- el peloteo de argumentativo sí importa, también es cierto que al final el juego aritmético es el que define los grupos mayoritarios y minoritarios al interior de éste.

Mayagoitia, por lo menos desde el año 2007, es parte de la coalición más establece y fuerte en la Corte integrada además por Fernando Franco, Margarita Luna y Sergio Valls. Su salida, por tanto, pone en riesgo el futuro de este grupo. El nuevo ministro tendrá varias opciones que al final podrían cambiar la correlación de fuerzas: sumarse a otra coalición, formar su propio grupo o votar de manera flexible con uno u otro grupo. Aguirre, por su parte, en los últimos años se erigió en el ministro más disidente al no formar parte de ninguna coalición. Esto es relevante porque es un comportamiento judicial muy peculiar, que difícilmente se repetirá con el ministro que lo sustituya: los jueces son jugadores estratégicos que buscan sumar o sumarse a otros para efectos de impulsar su agenda de criterios constitucionales. Lo más seguro es que el ministro que ingrese en su lugar se sumará a los vaivenes de sumas y restas entre sus colegas (datos del proyecto Monitor Judicial).

Con cada ingreso de un nuevo ministro efectivamente se abre la posibilidad de modificar la dinámica interna de la Corte. Sin embargo, la salida de Mayagoitia y Aguirre, uno por ser parte de la coalición más fuerte y el otro por una disidencia atípica, podrá impactar de manera muy significativa en el equilibrio interno de la Corte.

Concluyo: una de las características de los sistemas presidenciales es que tienden a exacerbar la figura del presidente. Se piensa que en la elección del titular del poder ejecutivo se juega enteramente la suerte institucional de un país. Es, por supuesto, un puesto medular. Pero ese culto a la personalidad presidencial corre el riesgo de ignorar el resto de la maquinaria estatal. La cual es decisiva para que el ejecutivo concrete su agenda. Valdría, por ello, no olvidarse de la Suprema Corte. Un proceso de renovación no sometido a escrutinio, unos nuevos ministros sin meritos suficientes o unas designaciones con el objetivo de construir una mayoría a modo, son escenarios que implicarían enormes costos para el país en los próximos años. No sería la restauración, pero sí otro bicho bastante desagradable.

 

Saúl López Noriega. Profesor e investigador del departamento de Derecho del ITAM. Twitter: @slopeznoriega