Finalmente, a un par de días del aniversario de la tragedia que sufrieron decenas de niños y familias en la Guardería ABC, el día de ayer el ministro Arturo Zaldívar dio a conocer, ante sus colegas y la opinión pública, el proyecto de resolución del asunto[1]. La siguiente semana la Suprema Corte no sesionará, debido a que sus once ministros se avocarán a estudiar este proyecto. La discusión iniciará el lunes 14 de junio. Se trata, no hay duda, de un caso indígnate: estampa perfecta –y, por lo mismo, atroz- de las miserias de cada uno de los eslabones que integran nuestro sistema de justicia. La sociedad civil tiene algo claro: no ha habido hasta el momento una respuesta de las autoridades a la altura de la circunstancia. ¿Cuáles serán, sin embargo, las coordenadas del debate desde la arena judicial? ¿Cómo ha sido el recorrido de este caso en la Suprema Corte? Aquí un breve recuento:

Etapa I

El 6 de agosto de 2009, el pleno de la Suprema Corte, en una votación ocho[2] contra tres[3], consideró que el asunto reunía los requisitos mínimos para admitirlo e investigar si efectivamente hubo violaciones graves de derechos fundamentales. La comisión investigadora se integró por los magistrados Carlos Ronzón Sevilla y María del Rosario Mota Cienfuegos.

En esa misma sesión, se establecieron los lineamientos o protocolo de la investigación, entre los que destacan:

1. Analizar el marco jurídico federal, estatal y municipal respecto el establecimiento y operación de los servicios de guardería. Asimismo, analizar los alcances y grados de responsabilidad entre las diversas autoridades encargadas de implementar las políticas públicas en materia de guarderías.

2. Investigar el origen y situación actual de los convenios de subrogación celebrados por el IMSS con patrones que tienen instaladas guarderías en sus establecimientos.

3. Investigar el origen y situación actual de los convenios de subrogación celebrados por el IMSS con particulares, no patrones, para la prestación del servicio de guarderías.

4. Determinar el origen, contenido y cumplimiento del convenio de subrogación celebrado entre el IMSS y los particulares que prestaban el servicio en el Guardería ABC.

5. Especificar qué autoridades del IMSS celebraron dicho convenio, su competencia, así como el procedimiento que se siguió conforme las reglas establecidas para ello.

6. Investigar si las autoridades competentes realizaban visitas de inspección y con qué periocidad, para verificar las condiciones las condiciones del funcionamiento de la Guardería ABC y, en su caso, si se vigilaba el cumplimento de las observaciones.

7. Identificar los actos de negligencia médica posteriores al suceso.

8. Analizar si con la conducta de acción y omisión de los funcionarios responsables del correcto funcionamiento de las guarderías, la tragedia de la Guardería ABC pudieron haberse evitado.

9. Identificar a las personas que participaron, en su caso, en la violación grave de derechos fundamentales sea del IMSS como del municipio de Hermoso, así como del estado de Sonora.

Etapa II

El día 1º de marzo de 2010, la Comisión Investigadora rindió su informe al pleno de ministros, el cual le fue turnado al ministro Fernando Franco para que presentase un proyecto de resolución. No obstante, en aras de no poner en duda la transparencia del proceso, Franco sometió ante el resto de los ministros una excusa para no elaborar el proyecto, toda vez que una de sus hermanas labora en el IMSS. La mayoría de los ministros aceptó la petición y, por tanto, siguiendo el carrusel de turnos de la Corte, el ministro Arturo Zaldívar quedó finalmente como responsable de elaborar el proyecto de resolución. Ahora bien, entre las principales conclusiones de este informe tenemos las siguientes:

1. Quedó probada la hipótesis de que en el otorgamiento de los contratos, operación y supervisión de las guarderías existe un desorden generalizado. Aquí dos ejemplos, de los siete que menciona el informe: Por un lado, sólo 14 contratos de prestación de servicios del número total de 1,480 se otorgaron con plena satisfacción de todos los requisitos exigidos por la normatividad correspondiente. Y, por el otro, la operación de las prestadoras de servicios es también irregular en su inmensa mayoría, pues solamente el .3% de las guarderías cumple cabalmente los requisitos exigidos para su funcionamiento.

2. Quedó probada la existencia de un fuerte vínculo entre el desorden generalizado y la Guardería ABC. Las irregularidades encontradas en el otorgamiento del contrato, operación y vigilancia de dicha guardería son análogas a las que adolecen la casi totalidad de las guarderías de su tipo.

3. El incendio que quito la vida a 49 niños y dejó lesionados a otros 75 se originó en la bodega contigua a la Guardería ABC, donde la Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Sonora tenía almacenadas grandes cantidades de documentos.

4. En virtud de que en la bodega alquilada por el gobierno del estado de Sonora, había trabajadores permanentes se le considera centro laboral. Consecuentemente, el patrón estaba obligado a acatar la norma oficial mexicana en materia de prevención de incendios en los centros de trabajo. La evidencia demuestra que en la bodega no había ni siquiera detectores de humo o informe preliminar de extinguidores, ni tampoco sistemas contra incendios a lo cual era obligatorio por el alto riesgo que implicaban las grandes cantidades de combustible sólido ahí almacenadas.

5. Los servidores públicos involucrados en la violación de garantías son (se mencionan sólo los tres primeros de cada rubro):

Del IMSS: Juan Molinar Horcasitas (Director General), Fernando Gutiérrez Domínguez (Director Jurídico) y Jesús Ignacio Navarro Zermeño (Director de Prestaciones Económicas y Sociales).

Del gobierno del estado de Sonora: Eduardo Bours Castelo (Gobernador del estado), Miguel Eugenio Lohr Martínez (Secretario de Hacienda), Eliseo Morales Rodríguez (Coordinador Ejecutivo de la Comisión de Bienes y Concesiones del Gobierno del estado) y Wilebaldo Alatriste Cadiani (Titular de la Unidad Estatal de Protección Civil).

Del Ayuntamiento de Hermosillo: Ernesto Gándara Camou (Presidente Municipal), Javier Hernández Armenta (Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipal), Alejandro Sugich Prandini (Dirección de Inspección y Vigilancia Municipal) y Roberto Copado Gutiérrez (Dirección de la Unidad de Protección Civil Municipal).

* Aquí se puede ver un debate respecto este informe entre los académicos Hugo Concha (IIJ-UNAM), Javier Cruz Angulo (CIDE), Karina Ansolabehere (FLACSO) y Saúl López Noriega (ITAM).

Etapa III

El ministro Zaldívar, a partir de la información contenida en el informe de la Comisión Investigadora, presenta un proyecto de resolución. El cual no es definitivo. Se trata apenas de un punto de partida para la discusión entre los ministros, quienes en conjunto definirán la resolución final de este asunto. Vale recordar que las consecuencias de esta decisión tendrán sólo carácter de recomendación. Los puntos clave del proyecto de Zaldívar son los siguientes:

1. Los servidores públicos señalados como responsables de las violaciones graves de derechos fundamentales son: involucrados en la violación de garantías son (se mencionan sólo los tres primeros de cada rubro):

Del IMSS: Juan Molinar Horcasitas (Director General 2006-2009), Daniel Karam Toumeh (Director General 2009-a la fecha) y Sergio Antonio Salazar Salazar (Director de Prestaciones Económicas y Sociales 2007-2009).

Del gobierno del estado de Sonora: Eduardo Bours Castelo (Gobernador del estado), Ernesto Vargas Gaytán (Secretario de Hacienda 2007-2009) y Wilebaldo Alatriste Cadiani (Titular de la Unidad Estatal de Protección Civil 2003-2009).

Del Ayuntamiento de Hermosillo: Ernesto Gándara Camou (Presidente Municipal 2006-2009), Jesús David Osuna (Director de Inspección y Vigilancia Municipal 2006-2009) y Roberto Copado Gutiérrez (Dirección de la Unidad de Protección Civil Municipal 2006-2009).

2. Un punto medular del proyecto de Zaldívar, y donde probablemente se centre la discusión entre los ministros, es su justificación de la responsabilidad de los servidores públicos por omisión. Para ello, se señala que la Constitución exige que las autoridades, en aras de proteger los derechos fundamentales, se abstengan de realizar ciertas conductas. Pero también les exige ciertos deberes (acciones positivas). En este sentido, la responsabilidad de las autoridades señaladas es fruto de su omisión para impulsar políticas públicas que evitasen las violaciones graves de derechos fundamentales de este caso. Asimismo, cuando se está frente a un caso como este la responsabilidad debe llegar hasta los titulares de las instituciones, pues finalmente éstos son los responsables de modificar las políticas públicas en su correspondiente ámbito para proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía.

3. Los derechos fundamentales gravemente vulnerados son:

– Derechos del niño y el principio del interés superior del niño.

– Derecho a la protección a la vida y a la integridad física.

– Derecho a la seguridad social.

– Derecho a la salud

– Principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en las relaciones laborales.

4. Siguiendo los criterios ‘cuantitativos’ y ‘cualitativos’ establecidos por la misma Suprema Corte, el ministro Zaldívar determinó que efectivamente las violaciones a estos derechos fundamentales se puede calificar de graves. De acuerdo con el criterio ‘cuantitativo’, los hechos pueden ser calificados de graves debido a que implican un número considerable de violaciones de derechos fundamentales, sea porque éstas son particularmente intensas o porque se presenten de forma generalizada, reiterada o prolongada en un espacio geográfico y periodo de tiempo determinados. Por su parte, en el criterio ‘cualitativo’ opera cuando se pone atención en alguna característica especial que acompaña a violación de derechos fundamentales –que en este caso esta característica especial se ubica en el hecho de que las víctimas hayan sido principalmente niños pequeños que estaban bajo el cuidado del Estado-.

5. Por último, toda vez que la construcción del ministro Zaldívar de la responsabilidad de las autoridades señaladas partió de una omisión, el proyecto de resolución señala una serie acciones positivas que deben realizar estas autoridades en sus tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), a fin de restablecer el orden constitucional. En términos generales, cada uno de estos deberes apuntados se encaminan a lo que el informe de la Comisión Investigadora denominó como el desorden generalizado del sistema de guarderías en el país.

El juego de la  Suprema Corte


[1] El caso de la Guardería ABC, formalmente, fue registrado en la Suprema Corte de Justicia como Facultad de Investigación 1/2009.

[2] La mayoría de 8 ministros a favor de la investigación se integró por los ministros José Ramón Cossío Díaz, Margarita Luna Ramos, Fernando Franco González-Salas, Genaro Góngora Pimentel –quien fue sustituido por Arturo Zaldívar-, José Gudiño Pelayo, Sergio Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza.

[3] En la minoría, por su parte, figuraron los ministros Sergio Aguirre Anguiano, el presidente de la Corte Guillermo Ortiz Mayagoitia y Mariano Azuela Güitròn –quien fue reemplazado por José María Aguilar-.