En el número de septiembre de este año, el ministro de la Suprema Corte Arturo Zaldívar publicó un texto sobre la interrupción legal del embarazo. En respuesta, en el número de este mes, el ministro en retiro Sergio Aguirre Anguiano ofrece un artículo donde crítica varios de los puntos clave de la postura de Zaldívar. Este texto ha suscitado a su vez algunas reacciones críticas desde la academia y ciertas organizaciones de la sociedad civil. Así, con el ánimo de seguir siendo un espacio que dé cabida a una discusión plural respecto los diversos temas que giran en torno a la justicia constitucional, se publica ahora un texto escrito desde la perspectiva científica sobre el tema.

Estas reflexiones vierten en general sobre el uso de la “ciencia” en apoyo a ciertas posturas  ideológicas, y en el extremo cuidado que debemos de tener todos (la que responde, el que escribió, los lectores), en particular cuando tratamos de utilizar la “ciencia” para apoyar propuestas de leyes, sentencias judiciales del más alto nivel (por ejemplo, sobre la constitucionalidad o no de esas leyes), y por supuesto, para implementar políticas públicas.

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Ejemplos hay miles en la historia, donde se ha invocado a la “ciencia” para apuntalar credos, leyes, políticas: podemos mencionar algunos, empezando por aquellos con menor carga ideológica: El sol gira entorno a la tierra; los insectos se generan espontáneamente de la materia inorgánica putrefacta; la raza aria es superior a las otras razas humanas; las vacunas causan autismo; el tabaco no causa cáncer; el calentamiento global no existe.

Otros ejemplos más recientes evidencian directamente como se pretende poner la “ciencia” al servicio de ciertas creencias o posturas: La homosexualidad es una enfermedad mental; la anticoncepción de emergencia es abortiva; la educación sexual induce un inicio temprano de las relaciones; el condón no protege de las infecciones de transmisión sexual; el aborto causa depresión y suicidios; el aborto causa cáncer de mama.

Llegamos finalmente a los dos aspectos contenidos en el artículo en mención: la “ciencia” (la embriología, la genética, la proteomica, la biología del desarrollo) demuestra que el cigoto es persona –y como tal, sujeto de derechos humanos- y; por otra parte, la “ciencia” (en este segundo caso, los estudios epidemiológicos) demuestran que las restricciones legales al aborto no impactan en la mortalidad materna.

Sobre estas dos últimas afirmaciones, quiero focalizar brevemente mis argumentaciones. ¿Qué dice realmente la “ciencia”? ¿Qué dice la pseudo evidencia científica? ¿Y qué aporta la ideología? Por supuesto, en relación con esta última, la ciencia no tiene nada que decir: las ideologías, las posturas y las creencias y decisiones personales son las que valen, todas por igual (si creo que el aborto es pecado, no voy a abortar). Para la que escribe, existe un marco ideológico, que se inscribe dentro del pluralismo relativo liberal y que permite la convivencia entre ciencia y creencias, al que debemos aspirar en una democracia. Este es el laicismo. El laicismo es una ideología, pero su valor es que es neutra, apegada a la ciencia y eso permite que convivan muchas otras ideologías.En un Estado laico, como decidimos que fuera México, las ideologías y creencias no son traducidas como tales a leyes y políticas públicas. En un marco de laicidad, entonces, el Estado debe limitarse a garantizar el respeto de las creencias de todas las personas, sin limitar el ejercicio de ninguna de ellas. Por eso, consideramos que fue correcta (y la Suprema Corte consideró que fuera constitucional) la decisión de la entonces Asamblea Legislativa del DF que permite a las mujeres interrumpir un embarazo no deseado: porque cuando la ley prohíbe el aborto, las mujeres son obligadas a llevar a término un embarazo en contra de su voluntad; mientras que cuando el aborto se despenaliza, ninguna mujer está obligada a abortar —vale recordar que esta política pública fue considerada, en su momento, constitucional por la Suprema Corte.

En este sentido, el artículo del ministro en retiro Aguirre Anguiano reabre un debate ya dado, aporta muy pocos elementos novedosos y, más bien, se limita a repetir los argumentos utilizados durante el debate en torno a la constitucionalidad de la ley de abril de 2007, que abrió las puertas a la interrupción legal del embarazo a solicitud de la mujer, dentro del primer trimestre de la gestación, en la Ciudad de México.  El 27 de agosto de 2008, el pleno de la Corte ratificó la constitucionalidad de la ley, con una sólida mayoría de 8 votos a favor; sólo tres de los ministros argumentaron en contra, uno justamente Aguirre Anguiano.1 Para un análisis exhaustivo de los argumentos en pro y en contra que se esgrimieron en ese debate, mediante amicus curiae y ponencia públicas, me gustaría referir el lector a un excelente libro, recién publicado: Realidades y falacias en torno al aborto: salud y derechos humanos, escrito por las investigadoras Susana Lerner, Agnés Guillaume y Lucia Melgar.

En este libro se revisan precisamente las evidencias que hasta ahora ofrece la ciencia y que aportan elementos clave para evaluar la primera de las dos afirmaciones de Aguirre Anguiano que me interesaron: la “ciencia” demuestra que el cigoto es persona. Partamos de las afirmaciones de Anguiano que sí tienen sustento científico: que el cigoto humano (la célula resultante de la fusión del material genético del ovulo y del espermatozoide) es vida (como todas las células);  que es vida humana (como otras células del cuerpo humano); que pertenece a la especie humana (con el mismo DNA de nuestra especie); que posee un material genético único y diferente al material genético de origen (la madre y el padre); que no hay salto ontológico de prehumano a humano (no queda claro que entiende el autor por prehumano); que ese cigoto tiene un potencial y una programación intrínseca de desarrollo (genética y epigenética) hacia un embrión primero, a un feto después y, finalmente, a un recién nacido, cuyo grado de salud futura está largamente determinado por las condiciones de este desarrollo prenatal (teoría de Barker).

La ciencia además aporta evidencias sobre el desarrollo y diferenciación de los órganos y sistemas de un producto en gestación: el sistema respiratorio, cardiovascular, digestivo y, en particular, el sistema nervioso central –regulador y sustrato de las funciones esenciales para su viabilidad. Es decir, para su posibilidad de sobrevivir de manera autónoma afuera del útero materno. En particular, el sistema nervioso central es el sustrato sine qua non, el andamiaje anatómico esencial de los reflejos simples, de las sensaciones primero y, después, de las funciones complejas del pensamiento y de la conciencia. Lo que la ciencia dice es que en el primer trimestre de la gestación, este andamiaje anatómico y funcional está muy lejos de estar constituido, como tampoco hay posibilidad alguna de viabilidad extrauterina.

Pero, y aquí se rompe la continuidad de la línea entre ciencia e ideología y se identifica unclaro quiebre en la argumentación del ministro Aguirre, la ciencia nada dice sobre cuando inicia la persona; la ciencia no atribuye derechos humanos al DNA por el hecho de que sea DNA humano; la ciencia no da dignidad humana a un embarazo ectópico (que se implanta afuera de la matriz, y que no tiene ninguna posibilidad de viabilidad), o a un embarazo molar (que nunca desarrollará un embrión o un feto), a pesar de que tengan un DNA humano, único, irrepetible y diferente al de la madre.

No está aquí a discusión la protección que deben recibir las mujeres embarazadas; o la que se otorgue a la vida en gestación, y tampoco al embrión (adentro y afuera del útero materno, como en el caso de los embriones generados y conservados via reproducción asistida).  Por supuesto que la ley debe generar y garantizar mecanismos de protección civil, legal y patrimonial, así como el estado debe implementar políticas sociales de protección a la maternidad, que garanticen el derecho a la salud para todas las mujeres, así como su derecho a ser madres, aun en condiciones de vulnerabilidad social, emocional o biológica -incluyendo con técnica de reproducción asistida- si así lo desean.

La segunda argumentación que quiero exponer aquí, tiene que ver con las evidencias científicas que relacionan las restricciones legales al aborto con un aumento en la mortalidad materna. En el libro mencionado arriba, esta cuestión también se comenta con una excepcional amplitud y profundidad. Pero el Aguirre Anguiano niega la existencia de tal relación. Para hacerlo, se apoya en algunos artículos publicados recientemente por el doctor Elard Koch, que analizan las tendencias de la mortalidad materna en Chile en los últimos 50 años (donde el aborto ha sido penalizado siempre y en todas las circunstancias, hasta en los casos de peligro de vida de la mujer); y en México en el arco de diez años, comparando entidades federativas con diferentes marcos legales.2, 3 El doctor Koch (y Aguirre lo sigue) argumenta que la muerte por aborto –y la muerte materna en general- no depende del estatus legal del mismo; aún más, que los países como Chile y los estados en México con la legislación más restrictiva son los que exhiben la menor tasa de mortalidad materna.

Me voy a enfocar en particular a estas citas porque son de los pocos argumentos “novedosos” que se introducen en el debate. Llama la atención, en primer lugar, que Aguirre Anguiano haga referencia sólo y exclusivamente a este autor, ampliamente criticado en medios académicos y en artículos serios de divulgación científica.4, 5 En ciencia, esto se llama “sesgo de selección”.  La literatura médica abunda de robustas evidencias en relación a los efectos que las restricciones legales y la consecuente falta de acceso a servicios de aborto seguro tienen sobre la vida y la salud de las mujeres.6, 7 Estos efectos incluyen: elevada mortalidad materna, morbilidad severa y complicaciones a corto y largo plazo, y costos excesivos que recaen sobre el sistema de salud y las mujeres mismas, generando situaciones de discriminación y de profunda inequidad social.  El riesgo de enfrentar un aborto en condiciones inseguras aumenta cuando las mujeres son indígenas, pobres y menos escolarizadas. . Nada de eso se menciona en el artículo  señalado; en ciencia, ésto se llama “sesgo de selección”.  

Pero además existen serios “sesgos metodológicos” que han sido identificados y señalados en los estudios de Koch. Su clasificación de “aborto” es aleatoria; su criterio de legislación restrictiva es totalmente arbitraria; sus conclusiones finales van en contra de sus mismos hallazgos contenidos en el cuerpo de los artículos.

Si un investigador poco curtido en los laberintos de la “ciencia” se asoma a sus artículos puede quedar asombrado por la cantidad de tablas, gráficas y análisis estadísticos multivariados que encuentra, más aún, un lector profano de la epidemiología. Pero investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública, con un sólido currículo en la materia, identifican rápidamente sus flancos débiles al intentar repetir sus análisis: sus metodologías no son robustas, su selección de variables está sesgada, tiene errores en la interpretación de los datos, asume falsas correlaciones entre mortalidad materna y estatus legal del aborto; y sus hallazgos no son reproducibles.9 Recordemos que la reproducibilidad es un principio básico de la ciencia: con los mismos datos, cualquier investigador debería llegar a los mismos resultados. Pero justo en este caso no es así: los autores no encuentran la evidencia epidemiológica sostenida por Koch. Y agregan: la transparencia y la integridad en una investigación son cruciales, especialmente en temas políticamente controvertidos como el aborto, donde se requiere de evidencias rigurosas a nivel mundial.

Por otro lado, no se necesitan análisis estadísticos sofisticados para interpretar la siguiente  realidad: entre los casi 170,000 procedimientos de interrupción legal del embarazo en el primer trimestre del embarazo que se han llevado a cabo en los servicios públicos de la Ciudad de México en estos casi 10 años de la despenalización, no ha ocurrido ninguna muerte. Es decir: la legalidad del aborto en esta Ciudad ha permitido alcanzar rápidamente indicadores epidemiológicos de letalidad absolutamente comparables con el perfil internacional.

Para concluir: la ciencia por su metodología es neutral; sus hallazgos no son absolutos ni infalibles, están hechos de aproximaciones progresivas; para ser validados, deben poder ser reproducidos en condiciones análogas. Por lo mismo, requieren de una metodología sólida, transparente y compartida; deben de tomar en cuenta el mayor número posible de variables y de factores que propicien confusión, con el propósito de evitar sesgos; además, de que deben distinguir entre asociaciones y relaciones de casualidad. El rigor científico, por supuesto, es un ideal.  Todos los estudios tienen sesgos, y aun así pueden contribuir al conocimiento científico, siempre y cuando se manejen consistentemente en dirección contraria a la hipótesis en estudio. Cuando el conocimiento científico se construye de acuerdo a estas reglas, se corrige así mismos, por lo que las teorías científicas se revisan constantemente de acuerdo a los resultados.

Mientras un científico piensa: estos son los datos, ¿qué conclusiones podemos sacar de ellos? Un pseudo-científico dice: estas son mis conclusiones ¿qué datos puedo encontrar para apoyarlas?

Por supuesto, esto aplica a ambos lados del debate: no se vale usar la ciencia para apoyar nuestras ideologías. Debemos tener la capacidad de analizar las aportaciones más rigurosas de la ciencia y tratar de modificar en consecuencia nuestras posturas. Pero si no somos capaces de hacerlo, podemos y debemos declarar genuinamente nuestras posturas y nuestros conflictos de intereses ideológicos, sin esconderlos detrás de argumentos científicos falaces y sesgados.

De una ciencia poco seria, se pueden generar muchas malas leyes; y existe evidencia creciente a nivel internacional de cómo operan investigadores y grupos de opinión que generan y utilizan pseudo-ciencia exclusivamente para impactar en la legislación y en las políticas públicas, así como hicieron en su momento los lobbies de la industria tabacalera.10 Hay que ser prudentes, informados, consultar muchas fuentes, checar autores, preguntar a expertos y a pares, para poder legislar y generar políticas basadas en evidencias, no en creencias, que beneficien a todas las personas, y les permitan vivir en el ejercicio pleno de sus derechos.

Concluyo: sobra mencionar, a estas alturas, que creo profundamente en la ciencia; pero, además, estoy a favor de que todas las mujeres puedan decidir si quieren y cuando quieren ser madres, sin arriesgar en eso su vida, su salud y su libertad. Y esta posición moral siempre la someto al tamiz de la investigación científica.

Raffaela Schiavon. Doctora en medicina por la Universidad de Padua (Italia), con especialidad en ginecología y obstetricia por la Universidad de Trieste (Italia); Actualmente, es directora de Ipas México A. C.


1 Ver sentencia en http://bit.ly/2gzFyGh

2 http://bit.ly/2g5028Z

3 http://bit.ly/2fTalyJ

4 http://bit.ly/2h5oZ62

5 http://bit.ly/2gTcJ5H

6 http://bit.ly/2fWMCZu

7 http://bit.ly/2gzqit3

8 http://bit.ly/2gzv6hI

9 http://bit.ly/2fSTzzP

10 http://bit.ly/2g4Is5g