Durante la última semana y media la Suprema Corte de Justicia ha analizado las acciones de inconstitucionalidad 99 y 104 de 2016, en las cuales se cuestionó el decreto que modificó el artículo cuarto transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF), en el que se establecieron nuevos plazos de duración del cargo para cuatro magistrados que actualmente integran la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

constitucion

¿Qué fue lo que pasó?

El 20 de octubre de 2016, el Senado de la República designó a cinco magistrados y dos magistradas que hoy integran la Sala Superior del TEPJF, quienes serán responsables de calificar la elección presidencial de 2018 y 5 de ellos también la de 2024. Posterior a la designación, el Congreso de la Unión modificó la LOPJF a efecto de ampliar la duración del cargo de 4 de los magistrados.

Al momento en que se designaron a los 7 integrantes de la Sala Superior, los transitorios de la LOPJF señalaban expresamente los plazos de duración del cargo, de manera que la toma de protesta de los nuevos integrantes del máximo órgano de impartición de justicia electoral de nuestro país se hizo de la siguiente forma: Janine Otálora Malassis, Mónica Aralí Soto Fregoso y Felipe de la Mata Pizaña por 9 años; Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón por 6 años e; Indalfer Infante Gonzales y José Luis Vargas Valdez por 3 años.

A pesar de ello, y a partir de un acuerdo posterior que tenía como finalidad lograr consenso entre las diferentes fuerzas políticas, se determinó modificar el transitorio de la LOPJF a efecto de ampliar el tiempo de duración del cargo de 4 de los magistrados previamente nombrados. De esta forma, quienes originalmente fueron designados por 6 años permanecerán en el cargo 8 años y los de 3 años lo harán por 7 años.

Esto obligó a que se siguiera de manera formal el proceso legislativo correspondiente y una vez aprobada la modificación legal al artículo transitorio de la LOPJF por ambas Cámaras del Congreso de la Unión se tomó nuevamente protesta a los cuatro magistrados beneficiados con la ampliación en la duración de su encargo.

En reacción a este movimiento de la mayoría de las fuerzas políticas en el Congreso, los grupos parlamentarios que mostraron mayor oposición a la modificación a los transitorios (PRD y Morena) presentaron acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte.

El proyecto por la inconstitucionalidad

Las acciones de inconstitucionalidad fueron turnadas al ministro Gutiérrez Ortiz Mena quien en su propuesta de sentencia planteó declarar inconstitucional la modificación al artículo cuarto transitorio de la LOPJF. Sus argumentos en esencia señalaban1:

1. Se vulneró el artículo 99 constitucional ya que se amplió el tiempo de duración del cargo de cuatro de los siete magistrados mediante una mayoría simple de las Cámaras del Congreso, mientras que para la designación la Constitución establece que serán la Corte y la Cámara de Senadores los encargados de llevar a cabo el proceso para integrar la Sala Superior del TEPJF.

2. Se vulnera el principio de independencia judicial, ya que una vez que se concluyeron las distintas etapas por parte de la SCJN y el Senado existe una prohibición de inmodificación del legislador secundario de la duración de los cargos.

3. La modificación de la duración de los cargos realizada por el legislativo una vez que se llevó a cabo la designación y toma de protesta de los magistrados vulnera los principios de seguridad jurídica e irretroactividad de la ley.

4. Se vulnera el diseño de escalonamiento que se busca en la Constitución, pues se produce un largo periodo de acumulación de experiencia sin renovación y en un periodo relativamente corto se renueva a la totalidad de los integrantes de la Sala Superior.

La discusión en el Pleno

El proyecto de Gutiérrez Ortiz Mena se discutió en el Pleno de la Suprema Corte a lo largo de cuatro sesiones. En la primera, del 20 de junio, se discutió la procedencia de las acciones de inconstitucionalidad. Por una parte, se analizó si era posible conocer respecto de la modificación de un artículo transitorio. La mayoría de los ministros consideraron que al no haber cesado los efectos de esa disposición era posible conocer sobre su constitucionalidad. Mientras que una minoría de ministros consideraban que el transitorio se había agotado al momento de la designación y toma de protesta de los magistrados, por lo que debía desecharse.

Por otro lado, también se analizó la legitimación de los partidos políticos promoventes para interponer una acción de inconstitucionalidad de este tipo, para lo cual debían valorar sí el contenido del decreto que se impugnaba era electoral o no. En este caso, también hubo una votación dividida, en la que una mayoría de integrantes del Pleno optó por la procedencia de la acción de inconstitucionalidad.

Al analizar el fondo del proyecto la discusión se centró esencialmente en tres temas: (i) si se afectaba o no la independencia judicial del TEPJF; (ii) si se había violado el procedimiento de designación al modificar los plazos de duración del cargo después de haber iniciado el proceso e incluso de haber hecho formalmente la designación y tomado protesta a los nuevos integrantes de la Sala Superior y; (iii) si la reforma impugnada rompía con  la intención del escalonamiento para la renovación del órgano jurisdiccional diseñado en la reforma de 2007-2008.

¿Qué resolvió la Suprema Corte?

La ampliación del plazo de los cargos de 4 magistrados es un poco inconstitucional, pero un poco más constitucional.

Cinco ministros (Gutiérrez, Cossío, Zaldívar, Franco y Piña) consideraron que sí se había vulnerado el proceso de designación previsto en el artículo 99 de la Constitución y, con ello, la independencia del máximo órgano de impartición de justicia electoral de nuestro país, así como el escalonamiento en su renovación que se buscó en la reforma de 2007-2008.

En sentido opuesto, los ministros Aguilar, Luna Ramos, Láynez, Medina Mora, Pardo y Pérez Dayán a partir de los mismos argumentos del proyecto, pero usándolos en sentido opuesto, y alegando que los precedentes no resultaban exactamente aplicables, sostuvieron que la ampliación de los tiempos de duración de los cargos fortalece la independencia judicial del órgano jurisdiccional y que la modificación legal es válida pues si bien los 4 magistrados habían protestado el cargo todavía no habían tomado posesión del mismo, de ahí que el proceso no había concluido. Habría que destacar que el ministro Pérez Dayán estuvo ausente durante toda la discusión y apareció en la última sesión para inclinar la balanza a favor de la constitucionalidad de la reforma legal cuestionada.

Un golpe a la legitimidad de las designaciones

Tras un proceso de designación en el que el desempeño poco transparente del Senado de la República levantó cuestionamientos respecto del reparto de magistraturas bajo la lógica de cuotas partidistas y la posterior modificación legal para ampliar la duración del cargo de 4 magistrados la legitimidad de la nueva integración de la Sala Superior se vio mermada.

La Suprema Corte tuvo la oportunidad de recomponer esta dañada legitimación a partir de un fallo con argumentos convincentes en un sentido u otro; sin embargo, después de 4 sesiones y con escaso debate, pues más bien cada integrante del Pleno únicamente se ocupó de fijar su posición respecto del proyecto, se validó jurídicamente un acuerdo político que desconoció el proceso constitucional para designar a los integrantes de la Sala Superior. Con lo cual seguramente de manera formal algunos podrán decir que el actuar del legislativo es constitucional, lo cierto es que los que seguimos la discusión sabemos que dicha constitucionalidad es endeble. Al menos 5 de los 11 integrantes de la Suprema Corte así lo consideran y a partir de argumentos mucho más sólidos que los de la mayoría –los cuales son más bien enteramente endebles-, como lo evidenció el ministro Gutiérrez Ortíz Mena en su última intervención.

Además, no podemos ignorar el peligroso precedente que se originó, pues la mayoría de ministros dejaron la puerta abierta para que en futuros procesos de designación los legisladores puedan manipular a su antojo los nombramientos mediante reformas legales que sobrepasan las disposiciones constitucionales.

Arturo Espinosa Silis. Abogado especialista en temas electorales y director de Strategia Electoral. Twitter: @espinosasilis


1 Para abundar en los argumentos del proyecto vale la pena consultar http://bit.ly/2thFBxg