Los premios Stella

El derecho, al reflejar la cultura e historia de las sociedades, en no pocas ocasiones es a su vez espejo de los disparates propios de la condición humana. Este era el motivo, por ejemplo, según George Steiner, del interés de Dostoyevsky en hurgar en los expedientes de los litigios. Ahí, a juicio del autor de Crimen y Castigo, en ese mundo de papeles y rituales, se encuentra sin eufemismos los contornos de la sinrazón humana; sus debilidades y miserias. Por ello, con este texto, se abre una sección que, en franca oposición a nuestra fetichista y grandilocuente idea del derecho, busca recoger ejemplos de esos absurdos jurídicos (mucho más presentes de lo que algunos piensan).

En Estados Unidos se crearon los «Premios Stella» para premiar cada año, demandas judiciales absurdas pero reales. El premio toma su nombre de Stella Liebeck, la mujer de 79 años que en 1992 pasó por un McDonald, compró una taza de café -en los clásicos vasos de cartón térmico con la tapa de plástico-, subió a su vehículo para seguir su viaje, la puso entre sus piernas y, en una maniobra el vaso se abrió y le quemó las piernas. Stella demandó a McDonald y el jurado terminó fallando a su favor por la suma de 2.9 millones de dólares (después de la apelación, la suma se redujo a 600 mil dólares). Desde entonces, en las tazas de café se advierte de que el contenido está muy caliente y de su peligro.

La última entrega de este singular premio se registró en 2007, con los siguientes ganadores:

Tercer lugar. En Estados Unidos existe el programa Meals on Wheels que, con el apoyo de voluntarios, reparte comidas preparadas en diversos hogares de adultos mayores. Un repartidor resbaló con los restos de nieve de un hogar, resultando herido. La compañía aseguradora Sentry Insurance Company cubrió los daños sufridos por el repartidor, pero demandó y llevó a tribunales a la anciana de 81 años, dueña de la casa en donde resbaló el voluntario.

Segundo lugar. Robert Hornbeck se ofreció voluntariamente para el Ejército y combatió una temporada en Irak. Al regresar a su país, una noche se emborrachó e ingresó a la trastienda de un hotel, por las salas de máquinas, haciendo caso omiso del inmenso letrero que dice “PELIGRO”. Resultó mortalmente herido por una poderosa unidad de aire acondicionado. A pesar de que el difunto ingresó indebidamente a esa propiedad privada, su familia ahora demanda al Hotel por 10 millones de dólares.

Primer lugar. Como era de esperarse, para el Juez Roy L. Pearson. Este juez (ya destituido) reclamó 67 millones de dólares a los dueños de una tintorería en Washington por haber extraviado sus pantalones favoritos la víspera de su primer día de trabajo. Sobre unos inmigrantes coreanos pendió una demanda de daños y perjuicios por valor de 67 millones de dólares. El motivo: haber perdido los pantalones de un cliente. La historia empezó en 2005, cuando el juez Pearson, en vísperas de su primera jornada de trabajo como juez administrativo, decidió llevar sus pantalones favoritos a la tintorería de los Chung para que los ensancharan por la cintura. Cuando fue a recoger la prenda, ésta no apareció. Y ahí comenzó una pesadilla de terror para los tintoreros, un suplicio que les está costando una fortuna en abogados y noches de insomnio, hasta el punto de querer regresar a Seúl. Al principio Pearson pidió 1.150 dólares por los pantalones y la chaqueta a juego, aunque ésta no se extravió. Luego le pareció poco y puso en marcha un despiadado proceso legal. Los Chung le ofrecieron compensarle con 3.000 dólares. Más tarde subieron la oferta a 4.600 y finalmente a 12.000. Pearson siempre dijo no. El insaciable juez estudió las leyes vigentes y descubrió que el cartel con la frase «Satisfacción garantizada» que colgaba en la tintorería podía proporcionarle una fortuna. Según las leyes de la capital, interpretadas en su extremo, un cliente que se siente insatisfecho podía reclamar hasta 1,500 dólares al día.

Los “Premios Stella” son una crítica al fenómeno que algunos analistas denominan “explosividad litigiosa” y cuyos casos más extremos se han presentando principalmente en los Estados Unidos. Algunos ejemplos relatados en los estudios[1] de Robert Hughes, Charles J. Sykes, y Walter K. Olson son los siguientes:

–       En una noche de juego en Atlantic City, un funcionario del FBI pierde dos mil dólares del gobierno y por ello es despedido de su trabajo. Poco tiempo después, sin embargo, se ve rehabilitado en su cargo porque un tribunal determina que su ludopatía es una “minusvalía” que debe ser protegida por las leyes federales.

–       Un joven de Massachussets roba un automóvil de un estacionamiento y no tarda en estrellarse y morir. Al tiempo, su familia entabla un pleito contra el propietario del estacionamiento por no haber tomado las medidas necesarias para impedir el robo.

–       Despedido por llegar siempre tarde a su trabajo, un ex empleado del sistema educativo demanda a sus antiguos patrones alegando que padece lo que sus abogados denominan “el síndrome del retraso crónico”.

–       Un tribunal de Miami obligó a una empresa a pagar cuarenta mil dólares a una mujer en concepto de indemnización por el miedo que le provocaba trabajar con empleados negros en la misma oficina.

–       Una familia que, estando de vacaciones en Hawai, se había visto obligada, a causa del overbooking, a hospedarse en “un hotel menos deseable que el contratado” no sólo entabló una demanda por perjuicio económico, sino que también pidió una compensación adicional por “el desasosiego y la decepción emocional” que ello les había supuesto.

–       Un ciudadano de Orlando demandó a su peluquero por un corte de pelo que, según dijo, era tan malo que le provocó un ataque de pánico. Durante el juicio, el demandante alegó que el negligente peluquero le había despojado de su “derecho a disfrutar de la vida”.

–       Una vidente que dirigía sesiones de espiritismo en las que supuestamente conectaba con personajes como John Milton (quien al parecer hablaba a través de ella) y cuyos poderes desaparecieron, en su opinión, a causa de uno de los productos empleados para llevar a cabo una TAC (tomografía axial computarizada), demandó a su médico por haberla despojado de la habilidad con la que, hasta entonces, se ganaba la vida. Lo curioso es que los miembros del jurado tardaron menos de tres cuartos de hora en decidir indemnizarla con novecientos ochenta y seis mil dólares.

Alejandro Anaya Huertas. Licenciado en Derecho (UNAM); maestro y candidato a doctor en Administración Pública (INAP).