Como se sabe, hace algunos días, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el amparo en revisión 1359/2015, en donde le concedieron el amparo a la asociación civil Artículo 19, por estimar que el Congreso de la Unión le violentó su esfera jurídica, al haber incurrido en una omisión legislativa, por no regular el artículo 134 de la Constitución respecto el tema de la publicidad gubernamental.

Si bien constituye un fallo histórico, en donde la Corte, como garante de la Constitución, dejó ver el grave daño que ocasiona la inactividad del Congreso al ignorar un mandato constitucional de legislar, también es importante destacar que se puso nuevamente tras el reflector una figura que acaloradas discusiones ha suscitado en la doctrina, la judicatura y en el ejercicio de la abogacía: el interés legítimo en el amparo.

Bajo este panorama, surge la pregunta: ¿De qué manera una asociación civil, que en principio no resiente una afectación “directísima” en su esfera jurídica, pudo acudir ante la justicia federal —y, más todavía, a la misma Suprema Corte— para ordenarle al Congreso de la Unión que legisle sobre un asunto? Este planteamiento, que ahora suena bastante normal bajo el nuevo paradigma de derechos humanos, quizás de haberse hecho en el siglo pasado inclusive habría resultado ociosa.

La actual regulación del interés legítimo, hecha a raíz del nuevo paradigma constitucional de 2011, reglamentada en la nueva Ley de amparo de 2013, y sobre todo según lo resuelto por la Suprema Corte en la contradicción de tesis 111/2013, supuso en gran medida la apertura a justiciar derechos que escapaban al esquema encorsetado y tradicional del derecho subjetivo.

Sin embargo, la todavía indefinición de este concepto deja la puerta abierta para definir ad libitum —y, en la mayor parte de los casos, para desechar o sobreseer amparos— a algunos tribunales constitucionales que, digámoslo así, se encuentran todavía ligeramente sesgados por el esquema tradicional de protección económico o jurídico al que están acostumbrados —que es, de hecho, el referido al derecho subjetivo kelseniano—.

Así, a los jueces constitucionales se les otorga un arma de doble filo, ya que, por un lado, deben de servir de contrapeso entre el Estado y el ciudadano y, por el otro, pueden desentenderse de su obligación so pretexto de no querer plantear resoluciones “poco ortodoxas”.

No sugerimos de este modo colocar “una camisa de once varas” a toda la judicatura para efecto de darle trámite a amparos que más bien sugieren un interés simple, pero sí que hay que tener en mente las enormes deficiencias con las que cuenta nuestro actual sistema político mexicano y, en especial, lo que le corresponde al Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. En la que, desafortunadamente, son ellos los que formulan las políticas públicas y las leyes en las que se ponen en entredicho muchas veces los derechos humanos.

En este sentido, Mauro Cappelletti aborda de manera “profética” —si se quiere— desde 1975 la importancia que tiene el ciudadano organizado para representar a la sociedad en su conjunto (y que resulta también aplicable al interés legítimo en el amparo):

Si la “parte ideológica” (individuo o asociación) que lleva en justicia un cierto tipo de interés meta-individual, representa de manera adecuada la clase entera a la que pertenece este interés, será perfectamente legítimo que la decisión extienda sus efectos igualmente a las “partes ausentes”. En efecto, todos los miembros de la clase, aun si no están individualizados, si no han recibido la notificación, en resumen, si no son “oídos” individualmente, habrán tenido sin embargo su fair hearing mediante las garantías de defensa y de respeto del principio del contradictorio aseguradas al representante ideológico o private attorney general de la clase misma.1

De esta forma, la sociedad democrática organizada puede hacer uso del juicio de amparo para lograr proteger derechos con planteamientos novedosos. Al día de hoy contamos con precedentes esperanzadores que rompen con el sistema decimonónico de administración de justicia. Muestra de ello, por supuesto, este amparo que recién ganó Artículo 19. Pero también vale considerar en estos avances a la legitimidad que se otorga a las asociaciones privadas que se dedican a la protección al medio ambiente, en donde fruto de su objeto social pueden velar por dicho derecho, siempre y cuando sean vecinos, del área a proteger.2 También, según lo resuelto por la Primera Sala en el amparo en revisión 323/2014, respecto la defensa del derecho a la educación, la Corte emitió un criterio que en el caso de instituciones que defendieran derechos colectivos “…el juzgador debe realizar un estudio integral de la naturaleza del derecho, el objeto social de la asociación y la afectación que se alega.”3

Como se ve, poco a poco van generándose propuestas interesantes que dan cuenta de la posibilidad de hacer justiciables diversos derechos bajo el nuevo panorama del interés legítimo, que de otra manera no soportarían el antiguo esquema tradicional. En este sentido, o se hace uso de la herramienta del derecho o viviremos a usanza de criterios estancos y cerrados.

Carlos Alberto Orozco Mendoza. Abogado por la Universidad Panamericana, campus Guadalajara. Twitter: @corozcomendoza


1 Cappelletti, Mauro, “La protección de intereses colectivos y de grupo en el proceso civil”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1977, p. 74.

2 Décima Época. Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III, pág. 2382. Tesis: XXI.1o.P.A.25 A (10a.). Con número de registro electrónico: 2009763.

3 Décima Época. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, pág. 442. Tesis: 1a. CLXVII/2015 (10a.). Con número de registro electrónico: 2009195.