En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2018 se presentó Filosofía del Derecho y transformación social (Trotta, 2017). El nuevo libro del profesor Manuel Atienza, catedrático de filosofía del derecho de la Universidad de Alicante y uno de los principales teóricos de la argumentación jurídica en el mundo latino.

La relevancia de su última obra radica en haber generado una reflexión dual en torno al derecho, tanto en la forma de interpretar como aplicar el mismo. Pero, sobre todo, respecto a concebir al saber jurídico como una herramienta de incidencia en sociedad.

Aprovechando su visita a México se tuvo la oportunidad de charlar con él para desarrollar algunos postulados que encierra esta obra suya. A continuación se destacan las principales ideas del diálogo entablado.

Juan Jesús Garza Onofre (JJGO). Es conocida la frase de Marx sobre Feuerbach en relación a que los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos; cuando de lo que se trata es de transformarlo. Después de leer y aproximarse a los diferentes temas que planteas en tu nuevo libro es posible vislumbrar que, en línea con Marx, piensas que la interpretación como la transformación tienen que ir unidas pues, como tú mismo escribes, “pretender transformar sin haber entendido es un disparate”. De hecho, mencionas que esta obra puede entenderse como un complemento al Curso de Argumentación Jurídica que publicaste hace algunos años, ¿por qué?, es decir, ¿de dónde surge la idea de escribir algo que tienda puentes entre la filosofía del Derecho y el cambio social?

Manuel Atienza (MA):En contra de lo que algunos han pensado, la argumentación jurídica me parece que no es un sustituto de la filosofía del Derecho. Como lo expuse en el “Curso”, en relación con la argumentación jurídica puede distinguirse una parte general (destinada a elaborar el concepto de argumentación) y una especial (en la que se trata de contestar a estas tres preguntas: cómo analizar una argumentación, cómo evaluarla, cómo argumentar). Pero todo ello presupone una base iusfilosófica.

De manera que, después de llevar a cabo una recapitulación sistemática de mucho de lo que había ido trabajando en los años anteriores (lo que hice en el “Curso”), ahora, en este libro, lo que he tratado es de elaborar la concepción del derecho que estaría en el trasfondo de la argumentación jurídica (y no solo). Porque me parece que hay un serio riesgo de que perdamos de vista la necesidad de contar con una filosofía del derecho propiamente dicha. La argumentación jurídica es, en parte, filosofía del derecho, pero no es toda la filosofía del derecho. Por ejemplo, y ahora te hablo desde el punto de vista de un docente, yo creo que no hay nada más formativo para un estudiante, para un estudiante de derecho, que la historia de la filosofía del derecho, o sea, de las grandes ideas que los filósofos y los juristas han construido sobre qué es el derecho, cuáles son sus límites, cómo debería ser, si está justificado o no obedecerlo, etcétera; que los estudiantes sean capaces de enfrentarse con las obras de los clásicos, o con fragmentos de las mismas, que puedan entenderlas, yo creo que eso es fundamental. Volviendo a mi libro, los temas que ahí trato son, entre otros, el del post-positivismo en cuanto concepción más adecuada del derecho en el Estado constitucional, el de la posibilidad de construir una filosofía del derecho regional, el del objetivismo moral, el de la deontología de las profesiones jurídicas y, sobre todo, el de la conexión entre la filosofía del derecho y la transformación social, que es lo que enlaza con la famosa tesis XI sobre Feuerbach de Marx, a la que tú te referías.

JJGO: Terminas tu trabajo citando a Marcuse y llamando la atención sobre las graves desigualdades y problemas de organización social que afectan a todo el mundo. En ese sentido, utilizo una cita endosada a este mismo autor que menciona que “cuanto más importante sea el intelectual, más compasivo será con los gobernantes” para preguntarte así, ¿cuál piensas que debería ser el rol de los intelectuales en la contemporaneidad, en concreto de los filósofos, y de los filósofos del derecho?

MA: Quizás lo de la compasión tenga que ver con el problema de descubrir dónde radica verdaderamente el poder. Pudiera ser que la dimensión más importante de poder en nuestras sociedades no dependa ya tanto de los políticos profesionales, sino que radique en otros lados, en los poderes financieros, por ejemplo, que son poderes privados. Y si fuera así, entonces cabría pensar que la crítica que usualmente se dirige a los políticos profesionales está, por así decirlo, un tanto desencaminada. O sea, es posible que los “gobernantes” merezcan nuestra compasión si nos damos cuenta de que, realmente, lo que ellos pueden hacer es bastante limitado. O, dicho de otra manera, uno tiene que hacer una crítica a los políticos poniéndose en su lugar, no en términos puramente abstractos, sin considerar cómo es el mundo. Y ya sabes que la idea de compasión tiene mucho que ver con la capacidad para ponerse en el lugar de otro.

JJGO: En una parte de tu libro hablas de la socialdemocracia, del liberalismo igualitario, como el modelo filosófico-político que puede ser el más adecuado para satisfacer las necesidades básicas de las personas y garantizar sus derechos. Sin embargo, me parece que dicho proyecto solo podría desplegarse bajo algún gobierno de izquierda, y por lo que vemos parecería que actualmente esta ideología no se encuentra en su mejor momento a nivel global. ¿Qué opinas al respecto?

MA: Por supuesto que ese es un proyecto de izquierda. Las señas de identidad de la izquierda no pueden ser otras que los valores de la igualdad y la solidaridad. El problema es que ahora hay una presunta izquierda, por ejemplo en España, que parece querer sustituir eso por los llamados “valores identitarios”. Yo creo que es un terrible error.

Yo prefiero hablar de socialismo democrático, aunque ya sé que en América, sobre todo en Estados Unidos, la palabra ‘socialismo’ asusta porque la gente lo asocia a concepciones totalitarias. Pero no es así, o no tiene por qué ser así. Y te aclaro que lo que estoy proponiendo no tiene nada que ver con proyectos como el “socialismo bolivariano” de Venezuela, por el que no siento la menor simpatía, ni la he sentido nunca. De lo que se trata es de lograr la emancipación humana, la igualdad de la gente por lo que se refiere a la satisfacción de sus necesidades básicas, porque esa es una condición sin la cual no cabe que cada individuo pueda desarrollar un plan de vida razonable, que pueda gozar de una verdadera libertad. Y se trata de hacerlo mediante procedimientos democráticos. ¿Que esto es difícil? Por supuesto. Yo creo que vivimos en un momento particularmente complejo, en el que el neoliberalismo y el individualismo más feroz se han convertido en la ideología hegemónica, que está presente hasta en la manera de hablar; nos lo hemos tragado, y en muchos casos, sin ser para nada conscientes de  ello. Un buen ejemplo de esto último es el Plan Bolonia en las Universidades españolas que está contribuyendo de manera decisiva a degradar la universidad. A mí me asombra que no hubiera ni un solo rector que se diera cuenta de lo que estaban aprobando, cuando tomaron la decisión hace años. Pero nadie parece tener mucho interés por examinar críticamente lo que son nuestros planes de estudio (yo he vivido varios a lo largo de mi carrera y sin exageración puedo decir que cada nuevo plan, en las facultades de derecho, fue peor que el anterior) el vergonzoso procedimiento de selección y promoción del profesorado y muchísimas otras cosas.

En fin, hay muchas razones para sentirse pesimista. Pero, por otro lado, me parece incuestionable que el único proyecto político que merece la pena es el del socialismo democrático. O sea, que uno tendría que luchar por esos valores aunque al mismo tiempo sea muy consciente de lo improbable que resulta el que vayan a ser puestos en práctica, al menos en un corto plazo.

JJGO: Bobbio al revisar la obra que Mario Cattaneo hizo sobre el positivismo jurídico se preguntó si ¿es siempre verdad que el tres es el número filosófico por excelencia? Pues al igual que él mismo y que Hart, todos utilizaron una triple categorización para abordar sus concepciones.

Al parecer tú has multiplicado y aumentado dicho número, pues, me parece, eres más de decálogos…  De hecho terminas el libro con diez ideas que pueden resumir, en mayor o menor medida tus ideas sobre la iusfilosofía y la transformación social, ¿qué puedes decir al respecto?

MA: Pues que es cierto que las clasificaciones en tres miembros han sido muy frecuentes en la filosofía o en la teología; pensemos por ejemplo en la trinidad. He visto también que en la tradición retórica, en la división, se aconsejaba distinguir solo tres o cuatro partes por razones, digamos, pragmáticas y que tienen que ver con una cultura de tipo oral: si el orador divide su discurso en muchas partes, corre el riesgo de que el auditorio no pueda seguirle, porque no retendrá en su memoria todas esas partes. Y recuerdo haberle escuchado alguna vez a Fernando Savater decir que estaba harto de que todas las clasificaciones fueran de tres miembros, y que por eso él se las apañaba para que las que él hacía no fueran así. Habría que revisar sus escritos, para comprobar si fue consecuente con ello. Para mí, lo del decálogo es una especie de manía, de broma al lector, pero que se me ha vuelto funcional. Las clasificaciones tienen siempre algo de arbitrarias y, por lo tanto, uno puede convertirlas en decálogos si se empeña en ello. Y a mí me hace gracia, porque, por un lado, refuerza mi idea de que la filosofía del Derecho tiene que tener necesariamente una dimensión normativa (y, en nuestra cultura eso va vinculado a los diez mandamientos) y, por otro lado, eso se vincula también con el sistema métrico decimal, que es una muestra de racionalismo, impuesto a partir de la revolución francesa.

JJGO: Parecería, precisamente, que en ese decálogo, realizas una defensa del activismo judicial aduciendo que, aunque dependerá de cada caso en concreto, de su contexto y demás circunstancias específicas, lo prefieres antes que al formalismo.

MA: Lo que trato de defender exactamente es que el juez no debe ser activista sino activo (activo en la defensa de los derechos fundamentales), aunque creo que hay cierto problema en relación a la manera cómo usamos la palabra ‘activismo’ o ‘activista’ referido a los jueces: es posible que no tengan exactamente el mismo significado en Europa y en Latinoamérica. Para nosotros, para mí, ‘activismo’ tiene una connotación peyorativa: un juez activista es un juez que no respeta los límites del Derecho y, por ello, un juez que actúa mal, que no cumple con las reglas del juego. Y el otro extremo que debe evitar el juez es el del formalismo. Pero yo creo que últimamente existe una preocupación excesiva, casi una obsesión, por combatir el activismo, cuando el problema fundamental de nuestras  culturas, las del mundo latino, no está ahí, sino más bien en la necesidad de superar el formalismo. O sea, creo que nuestros jueces pecan mucho más de formalismo que de activismo. Y esto es algo que no conviene perder de vista.

A mí me pareció que la contraposición entre ‘activo’ y ‘activista’ podía ayudar a aclarar las cosas. El juez activo es aquel que acepta los límites del derecho, pero que es también consciente de que los derechos del Estado constitucional son suficientemente complejos como para poner a su disposición muchos recursos, muchas técnicas, que le permiten, casi siempre, encontrar una solución correcta, una solución conforme con los valores del constitucionalismo. Ese, yo creo,  es el gran desafío al que se enfrentan los jueces y los juristas: contribuir a que el derecho pueda ser una práctica que contribuya a la emancipación social.

JJGO: En México, y sospecho que también en Latinoamérica y otras partes del mundo, existe, por llamarla de algún modo, una especie de “legislatosis”, es decir un animoso padecimiento tan desaforado como inconsciente en creer que la mera producción normativa genera cambios sociales de manera inmediata. Esto, en los últimos tiempos, se puede complementar y entender con la preponderancia que ha tenido en distintos contextos el uso simbólico del derecho, dejando de lado eficacia de las normas y, peor aun, también de las sentencias y, por ende, de la garantía de los derechos.

MA: Sí. Yo no estoy completamente en contra del uso simbólico del derecho; creo que, en ciertos casos, puede desempeñar una función positiva y, además, me parece que es algo inevitable. El problema es que todo, o casi todo, se quede en uso simbólico y el derecho, los cambios legislativos o jurisdiccionales, no sean más que ideología. Hay muchos ejemplos de ello; lo más fácil en relación con el terrible problema de la violencia contra la mujer es endurecer el código penal, pero yo creo que es bastante evidente que eso no es lo más eficaz; no podemos prescindir del derecho penal, pero tendríamos que implementar otras medidas en las que también juega un papel importante el derecho. Pero para el político de turno es lo más simple y lo más productivo (electoralmente hablando); por eso, en todas partes, cualquiera que sea la orientación política del gobierno, a lo que estamos asistiendo es a un progresivo endurecimiento de las sanciones penales. Justamente lo contrario del derecho penal mínimo que tanto se han esforzado por promover autores como Ferrajoli.

Yo creo que en culturas como las nuestras, las del mundo latino, es muy importante insistir en esto, porque somos muy propensos al simbolismo y a la anomia. Hay, por ello, que poner poner mucho el acento en la eficacia del derecho y preguntarse constantemente qué efectos tienen las decisiones de los jueces, los cambios legislativos, etc. Para discutir a fondo el problema del activismo judicial, necesitamos saber con alguna precisión qué efectos han tenido (a corto, a medio y a largo plazo) las decisiones a las que solemos calificar así. Pero el problema es que la teoría del derecho (al igual que las dogmáticas jurídicas) se ha construido bastante de espaldas al saber empírico, a la sociología del derecho. Tenemos una verdadera necesidad de contar con una buena sociología jurídica, lo que tampoco es tan fácil de lograr; porque lo que necesitamos, yo creo, no son concepciones muy abstractas como la de Luhmann (aunque puedan –a pesar de su carácter tan conservador- ayudarnos a entender algunas facetas de interés para el jurista), ni tampoco investigaciones empíricas puramente banales y que vienen a decirle al jurista lo que él ya sabía a través de su experiencia; la clave estaría en estudios de un grado medio de abstracción y que se centraran en cuestiones relevantes para la práctica jurídica y para la teoría del derecho lo que, por cierto, no creo que pueda llevar a cabo un sociólogo que no tenga una buena formación jurídica.

JJGO: ¿Te parece que este libro en concreto es uno de los más sociológicos que has escrito?

MA: Es un libro de filosofía del derecho que reivindica la posibilidad, la necesidad, de que ésta tome en cuenta la sociología del derecho. Naturalmente, se puede ser las dos cosas, sociólogo y filósofo del derecho, pero es difícil y, desde luego, no es mi caso. Yo soy filósofo del derecho, pero creo que la buena filosofía del derecho tiene que integrar elementos de carácter sociológico. Este libro es un intento de ello, aunque se mueva en un plano general.

JJGO: Pero entras a estudiar temas concretos y clásicos para la sociología jurídica como las profesiones jurídicas y el rol de los operadores del derecho.

MA:Claro. Hay que hacerlo, porque si uno se plantea en serio transformar la sociedad a través del derecho, para ello habrá que contar con los juristas. Habrá que conocer algo sobre los operadores jurídicos: quiénes son los jueces, los abogados, los fiscales, qué se puede esperar de ellos, etcétera.

JJGO: Después de este libro, que en gran medida refleja las ideas que has trabajado durante los últimos años, ¿qué sigue?, ¿tienes en mente algo para escribir próximamente?

MA: En los últimos meses, después de haber terminado ese libro, he escrito una serie de trabajos breves, muchos de los cuales, podría decirse, de encargo, aunque no por ello carentes de interés para mí. Por ejemplo, aquí en Guadalajara he participado en una mesa redonda sobre Mariano Otero; un autor al que no conocía, pero de extraordinario interés: nada menos que un precursor del constitucionalismo contemporáneo a mitad del XIX. A más largo plazo, tengo el propósito de volver al tema de los derechos humanos. Precisamente, en uno de esos trabajos breves he planteado algo así como el programa de trabajo que pienso seguir; y que, naturalmente, tiene 10 puntos.

Manuel Atienza. Catedrático de filosofía del derecho de la Universidad de Alicante y uno de los principales teóricos de la argumentación jurídica en el mundo latino.

Juan Jesús Garza Onofre. Profesor de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey e investigador del CEEAD. Twitter: @garza_onofre