En México ser mujer es en sí mismo una agravante para ser discriminada, violentada e, incluso, asesinada. Desde –el no tan lejano– 1993, en Ciudad Juárez, los homicidios de mujeres han aumentado a cifras preocupantes; un problema que se expandió en toda la República. No obstante, las autoridades hicieron pocas o nulas acciones para detener esta situación. El conjunto de negligencias hechas por las autoridades mexicanas ha ocasionado que diariamente mueran siete mujeres, en principio, por mero hecho de ser mujeres, es decir, se trata de siete feminicidios al día.1 Ante este fenómeno, surge la necesidad de un cambio, el cual no fue social, sino legal.

La antropóloga Marcela Lagarde fue la primera persona en introducir el término feminicidio a México, traducido del término feminicide que significa el asesinato de una mujer por ser mujer de la autora Diana Russell. Mismo que logró tipificar como delito en el Código Penal Federal (CPF) y en la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia durante su cargo como diputada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Conforme el paso del tiempo, los trabajos de Lagarde fueron modificados dando como resultado lo que tenemos en el CPF vigente:

Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;
III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;
IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;
V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;
VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;
VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.
A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos a mil días multa.
Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio.
En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio.
Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.2

Aunque la mayoría de las entidades federativas siguen la norma federal, lo cierto es que la tipificación jurídica3 del feminicidio no es igual en todas las legislaciones: cada entidad reconoce este problema con diversas características con las cuales puede ser identificado. Esto se debe a que, actualmente, cada entidad tiene la libertad de regular sus delitos y tipificarlos como ellos consideren pertinente. En este sentido, este texto tiene como objetivo  analizar los códigos penales vigentes4 de todas las entidades para conocer similitudes y peculiaridades de dichas tipificaciones.

Así, los diversos códigos  penales definen el feminicidio como quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Dicha descripción del delito parte de una visión androcéntrica que no reconoce que la muerte sucedió porque era mujer, puesto que género no es lo mismo a persona de sexo femenino. Aunque esta omisión es imitada en todas las legislaciones, lo particular de este análisis es reconocer qué circunstancias son indispensables en todo México para reconocer un feminicidio. Dichas circunstancias se encuentran plasmadas en las legislaciones bajo el nombre de ‘razones de género’, las cuales pueden ser divididas en dos categorías. La primera categoría refiere a actos de violencia en sus diversas modalidades:

La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo (fracción I del CPF)

Esta primera oración plantea que los feminicidas5 reconocen que la forma de lastimar la integridad y la dignidad de las mujeres y, con ello, demostrar su poderío y control sobre ellas es a través del acto sexual. Es decir, la dimensión sexual de la mujer ha sido utilizada como un arma para subordinarla al hombre donde la base del acto es el acceso sexual sin consentimiento. De ahí vienen estadísticas como la que ofrece la ONU donde se estima que, en Latinoamérica, 1 de cada 3 mujeres mayores de 15 años, ha sufrido violencia sexual.6 Es decir, la violencia sexual es una conducta que históricamente ha estado normalizada e invisibilidad en la vida de una mujer que da como resultado vulnerarla e imposibilitarla a vivir una vida libre violencia.

Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima (fracción V del CPF)

Esta oración establece que el feminicidio no es una práctica aislada que sucede sin alertas previas, de hecho, es el resultado de los continuos actos de violencia contra la mujer. El aspecto “oculto” de esta oración es que el feminicida es alguien que la víctima conoce porque ya ha sido violentada por este individuo antes de ser asesinada. Además de que el Estado ha sido negligente porque no detuvo estas agresiones para que no dieran como resultado la muerte.

A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia (fracción II del CPF)

Además del tipo de violencia referida en las oraciones anteriores, una característica visual del feminicidio son los actos de violencia físicos hechos por el feminicida como rasguños, moretones, cortadas, apuñaladas o disparos que reciben las víctimas. Cabe señalar que la oración es ambigua porque estos actos violentos están sujetos a tener un carácter infamante o degradante sin tener una definición o punto de referencia para categorizarlas como tal.

Ahora bien, la segunda categoría refiere a otros tipos de actos previos y posteriores a la muerte de la mujer:

La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida (fracción VI del CPF)

Esta oración establece que durante la comisión de este delito la mujer está en un estado tan mínimo de control sobre su propia vida que no tiene la posibilidad de pedir la intervención de un tercero. Además, el carácter temporal de esta oración es ambiguo porque no define cuánto tiempo es “el tiempo previo a la privación de la vida”. A esto, las legislaciones de Colima y de Sinaloa extienden esta idea y la tipifican de la siguiente manera:

Cuando la víctima se haya encontrado en un estado de indefensión, entiéndase éste como la situación de desprotección real o incapacidad que imposibilite su defensa. Ya sea por la dificultad de comunicación para recibir auxilio, por razón de la distancia a un lugar habitado o por que exista algún impedimento físico o material para solicitar el auxilio.

Esta oración es mucho más clara y precisa sobre la idea que quieren legislar, por lo cual sería bueno que adoptarán esta descripción en la norma federal.

El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público (fracción VII del CPF)

Esta oración describe una situación que pasaba y aun pasa en Chihuahua y otros lugares de la República que aunque parezca circunstancial al delito, tiene un significado fuerte detrás de ello. Los roles de género han determinado dónde los hombres y las mujeres se desenvuelven en su vida; las mujeres han sido obligadas a permanecer en el hogar (esfera privada) y los hombres han ocupado las calles y el mercado laboral (esfera pública). Esta situación ha hecho que ciertos hombres se sientan “invadidos” cuando una mujer sale a las calles y decide trabajar, incluso sienten que todas las obligaciones y roles que –falsamente– deberían cubrir no están siendo realizados porque la mujer tuvo que dejar su rol impuesto para salir a la esfera pública. Es decir, estos hombres confunden la liberación femenina con una “intromisión” a la esfera pública que deshace todos los roles de género. Ante este hecho, ciertos hombres deciden someter a una espiral de violencia a mujeres –conocidas o desconocidas- que eventualmente concluye con la muerta de éstas y, además, dejar su cuerpo en la calle para mandar un mensaje psicológico al resto de las mujeres. Las mujeres no pertenecemos a la esfera pública y, aun así decidimos entrar a ella, esto es lo que nos puede pasar (la muerte). Incluso las demás mujeres escuchamos que cuando matan a otra fue “porque andaba en la calle e iba sola” o la culpan “porque no estaba en su casa como ‘debería’”.

Una vez cometido el feminicidio, el castigo que reciben los feminicidas si varía notoriamente entre las entidades.7 Juntando las penas de todas las entidades federativas y de la federación, un feminicida cumpliría en promedio 43 años en prisión.8 Como es posible observar, la pena es muy elevada considerando que, de todas las entidades y la federación, la pena mínima por el feminicidio es de 20 años en prisión y la máxima es de 70 años en prisión. Ahora, ¿dichas penas ocasionan una reducción en la realización del delito? La respuesta es no. Penas más altas no reducen la criminalidad, ni propician que los individuos dejen de hacerla, a menos de que exista una alta probabilidad de ser castigados con dicha sanción. Una cosa que no sucede actualmente en México debido a la impunidad.

De todo esto, hay varias consideraciones y puntos relevantes que mencionar. Primero, la legislación de Chihuahua es de las últimas en tipificar este delito, aun cuando dicho estado fue la cuna para crear y modificar el feminicidio. Segundo, Aguascalientes es de los estados que goza de menos fracciones para regular el feminicidio, mientras que Jalisco es el estado con más fracciones en su tipificación. Tercero, como consenso general, las legislaciones no enfatizan en proporcionar una caracterización del feminicida o sujeto activo, puesto que la mayoría de estados busca describir las agresiones y las situaciones que le hacen a la víctima. Por último, diversas entidades presentan consideración interesantes en sus fracciones del feminicidio que vale destacar:

Cuando el sujeto activo actúe por motivos de homofobia (Jalisco)

Esta oración jalisciense refiere a una variante del feminicidio conocido como el lesbofeminicidio que es definido como el asesinato de una mujer por ser mujer que ama/quiere a otra mujer. Incluso podría añadirse el transfeminicidio a esta oración, que es definido como el asesinato de una mujer por ser mujer trans (sexual o género). En sí, estas variantes del feminicidio se enfocan en atentar contra la comunidad LGBTTTI+. Lo particular de estas variantes es que no son tan populares y conocidas, debido a la poca resonancia que han tenido en los medios de comunicación.

El cadáver o restos de la víctima hayan sido enterrados u ocultados (Oaxaca)

La oración del Código Penal de Oaxaca describe una situación inherente al asesino que es cubrir su delito, con lo cual evitan ser castigados por el mismo. El problema que tiene el feminicidio para poder castigar a los responsables es que no hacen investigaciones adecuadas; por lo tanto, más que describir una característica del feminicidio, el Estado busca no complicar más las deficientes investigaciones que realizan para este delito.

Si la víctima se encuentra embarazada (Puebla)

Puebla en los últimos meses se ha convertido en un estado visiblemente feminicida, donde los medios de comunicación reportan continuamente muertes de mujeres. Por lo cual, esta oración tiene especial importancia porque la violencia durante el embarazo afecta tanto la salud de la mujer gestante como del concebido, donde el perpetuador de dicha violencia tiende a ser el padre biológico. Entonces, la peculiaridad de dicha oración es reconocer que ciertos individuos (padres biológicos) matan a las mujeres para evitar ciertos cambios en su vida como lo son la paternidad o la responsabilidad de una pensión alimenticia. De esta manera, los planes de vida de una mujer son frustrados por otro individuo incapaz de tomar responsabilidades en sus acciones.

Que el activo haya obligado a la víctima a ejercer la prostitución, o haya ejercido actos de trata de personas en agravio de la víctima (Quintana Roo)

La prostitución y trata de mujeres es un fenómeno poco atendido por las autoridades que afecta gravemente las vidas de las mujeres, esto porque son explotadas sexualmente, en condiciones indignas, donde se podría decir que su vida no les pertenece al estar obligas a realizar esas actividades. El Código Penal de Quintana Roo describe que una circunstancia del feminicidio sea ser explotada sexualmente, lo cual permite visibilizar este hecho y toda la red de explotación sexual. Si las autoridades del Estado utilizan esta circunstancia para erradicar y eliminar esta red, ocasionarían una mayor protección para las mujeres de todo México.

Como vemos, el feminicidio es un delito que demuestra una fuerte apropiación del cuerpo y la vida de otra persona; porque a partir de las relaciones de poder, la estructura social e ideología de odio contra el género femenino, ciertos individuos toman acción y asesinan a una mujer. Dicho esto, no falta el cuestionamiento sobre cómo percibimos las muertes y las agresiones en contra de los hombres. Es un hecho que los hombres mueren más que las mujeres, sobre todo considerando la profunda crisis de seguridad que vive el país a raíz del crimen organizado, pero no mueren por las mismas razones, ni en las mismas condiciones. Muchas mujeres son asesinadas por su género y antes de morir sufren violencia sexual y física que atenta contra su dignidad. Con ello, el feminicidio toma su relevancia al ser un delito con una clara intención detrás: el odio hacia la mujer.

El feminicidio en México es un delito que requiere de acciones efectivas e inmediatas para reducir y eliminar este fenómeno. En el caso de la normativa, todas las entidades tipifican el feminicidio de una manera muy homóloga; por lo tanto, no existe dificultad para comprender el problema a nivel nacional. En este sentido, el problema no radica en la tipificación, ni en la necesidad de aumentar las penas, sino en las actuaciones del Estado. Por ello, las autoridades mexicanas tienen una mayor obligación de realizar investigaciones eficaces que eliminen el problema de la impunidad y la no determinación del caso como feminicidio. Muchos de los asesinatos cometidos contra mujeres son categorizados como homicidios por diversas razones –como facilidad para castigar, desinterés en la tipificación, falsamente reducir las estadísticas, entre otras cosas– que ocasionan su invisibilidad. Si queremos erradicar el feminicidio, las autoridades tienen que enviar un mensaje a la sociedad donde establezcan que matar a una mujer por ser mujer no será tolerado en este país –ni por ninguna razón, por supuesto-. Esto se realizará mediante la no impunidad y el castigo firme a los feminicidas. Las mujeres mexicanas debemos continuar reuniéndonos y exigiendo a las autoridades detener estas violencias que sufrimos diariamente que terminan en nuestra muerte; no podemos seguir viendo como hermanas, amigas, conocidas o extrañas sufren violencia al grado de la muerte a manos de un feminicida.

Elizabeth V. Leyva. Estudiante de la licenciatura de derecho en la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Twitter: @elizaabethleyva

Bibliografía:

“Declaración oficial de ONU Mujeres frente a los casos de feminicidio y los niveles de impunidad en la región”. ONU Mujeres | México. Consultado el 4 de noviembre de 2017. http://bit.ly/2AUONeJ.

H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión Legislatura LXII. Código Penal Federal. Consultado el 4 de noviembre de 2017.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. “Estadísticas a propósito del Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer” Datos nacionales. México: INEGI, 2016. http://bit.ly/2zTgFfl


1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Estadísticas a propósito del Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer” Datos nacionales, (México: INEGI, 2016), http://bit.ly/2zTgFfl

2 H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión Legislatura LXII,  Código Penal Federal¸ Título decimonoveno, Capítulo V: Feminicidio, Artículo 325, consultado el 4 de noviembre de 2017.

3 Tipificación jurídica refiere a la descripción del delito en el código penal.

4 Link de los Códigos Penales vigentes: http://bit.ly/2iXnyJk

5 Entiéndase como el individuo que comete un feminicidio.

6 “Declaración oficial de ONU Mujeres frente a los casos de feminicidio y los niveles de impunidad en la región”, ONU Mujeres | México, consultado el 4 de noviembre de 2017. http://bit.ly/2AUONeJ.

7 Las penas por feminicidio según la entidad: Aguascalientes: 20 a 50 años, Baja California: 20 a 50 años, Baja California Sur: 25 a 50 años, Campeche 40 a 60 años, Chiapas: 25 a 60 años, Ciudad de México: 30 a 60 años, Coahuila: 20 a 50 años, Colima: 35 a 50 años, Durango: 20 a 60 años, Estado México: 40 a 70 años, Guanajuato: 30 a 70 años, Guerrero: 20 a 60 años, Hidalgo: 25 a 50 años, Jalisco: 25 a 45 años, Michoacán: 20 a 40 años, Morelos: 40 a 70 años, Nayarit: 30 a 50 años, Nuevo León: 40 a 60 años, Oaxaca: 40 a 60 años, Puebla: 40 a 70 años, Querétaro: 20 a 50 años, Quintana Roo: 25 a 50 años, San Luis Potosí: 20 a 50 años, Sinaloa: 22 a 50 años, Sonora: 30 a 60 años, Tabasco: 40 a 60 años, Tamaulipas: 40 a 50 años, Tlaxcala: 40 a 70 años, Veracruz: 40 a 70 años, Yucatán: 30 a 40 años y Zacatecas: 20 a 50 años.

8 Para sacar este resultado se realizó una media aritmética con todas las entidades y la federación, es decir, fueron sumadas las penas mínimas con las penas máximas, el resultado fue dividido entre dos y posteriormente fue sacado un promedio de los resultados.